jueves, 12 de febrero de 2015

Aceptan investigar feminicidios en Nuevo León


Aceptan investigar feminicidios en Nuevo León
·     Nuestro objetivo es construir otro mundo, donde se salvaguarde la vida y la libertad de las mujeres

Irma Alma Ochoa Treviño
Al fin, después de tres años de que Arthemisas por la Equidad A.C. presentó la solicitud de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (DAVG) para el estado de Nuevo León, organizaciones de la sociedad civil lograron que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (el Sistema), votara a favor de iniciar la investigación pertinente.
La solicitud fue presentada con el apoyo de las organizaciones Alternativas Pacíficas, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León y Pro Salud Sexual y Reproductiva, ante el alarmante número de asesinatos cometidos en contra de mujeres con características de feminicidios que aumentó 689 por ciento registrados en la entidad en los años 2000 a 2011.
El 8 de febrero de 2012 se realizó la sesión extraordinaria del Sistema para conocer la situación de Nuevo León. En la cual, en obvia violación al derecho a audiencia que nos asiste, nos fue negado el acceso por quienes, a nivel nacional y estatal, están a cargo de promover y fomentar el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres.
Al término de la sesión, se nos notificó que “el Sistema resuelve en definitiva no iniciar la investigación sobre la procedencia de la DAVG…”. Nada más dijeron no y fue no. Resultó decepcionante que tengamos una ley que ha trascendido las fronteras del país, pero que aquí es inoperante.
Con el respaldo del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), y de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos presentamos un amparo ante un Juez Federal, para que el Sistema fundara y motivara la negativa; el Juez lo consideró improcedente y resolvió darle carpetazo.
Después de este descalabro, en esta ocasión, propinado por la autoridad judicial, se presentó un recurso de revisión en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual concluyó que el juez de distrito había errado en su determinación, ordenó revocar la sentencia y reponer el procedimiento. Se repuso el procedimiento y nuevamente el Juez negó el amparo.
Perseveramos, hasta que el expediente llegó al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, quedando a cargo del Magistrado José Manuel Villeda Ayala la tarea de formular el proyecto de sentencia. Después de realizar un minucioso análisis de los antecedentes nos otorgó el amparo.

“la resolución del Sistema constituye una violación constitucional en materia de derechos humanos
mientras que la negativa de iniciar la investigación de la procedencia de la AVG en Nuevo León, es una forma de discriminación contra las mujeres..."

Es importante conocer algunos de los señalamientos del Tribunal respecto del expediente. Dice: “la resolución del Sistema constituye una violación constitucional en materia de derechos humanos, mientras que la negativa de iniciar la investigación de la procedencia de la AVG en Nuevo León, es una forma de discriminación contra las mujeres, restringiendo sin fundamentación y motivación los derechos que se les reconoce en la LGAMVLV, en la Convención CEDAW y en la Convención Belém do Pará”
El Tribunal determinó que el Sistema se encontraba obligado a garantizar el derecho de audiencia, dejara insubsistente la determinación de la sesión realizada en febrero de 2012 y convocara a nueva sesión extraordinaria para determinar o no la procedencia de DAVG en el estado de Nuevo León.
En la sesión celebrada el 30 de enero de 2015, ejerciendo el derecho de audiencia Arthemisas y el OCNF solicitamos:
1. Iniciar de manera inmediata la investigación de feminicidios en Nuevo León y presentar los resultados en un tiempo no mayor de dos meses, a partir de la fecha de esta sesión.
2. Que la conformación del grupo interinstitucional y multidisciplinario, responsable de realizar la investigación de los hechos afirmados por la organización solicitante, la integren personas que cuenten con reconocida experiencia en materia de violencia contra las mujeres, especialmente en desapariciones y feminicidio, procuración de justicia, evaluación de eficiencia institucional y litigio de casos de violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres, con la finalidad de que se garantice el debido proceso y la debida diligencia en las investigaciones sobre desapariciones y feminicidios.
3. Que con independencia del informe que presente el estado, el grupo interdisciplinario garantice la ampliación de la indagatoria a efectos de que se allegue a mayor información con las demás instancias del gobierno, y se tome en consideración a las víctimas, informes independientes y otras fuentes de  investigación autónomas.
4. En virtud de la problemática y el tiempo que se ha tardado en resolver esta situación, exigimos que, en forma paralela, el grupo de investigación debe trazar el tipo de acciones a implementar de manera inmediata para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres de Nuevo León.
5. El Sistema debe asumir su obligación de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como lo establecen diversos tratados internacionales, así como las recientes recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW y el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.
Estos han sido sólo algunos de los pasos que nos llevaron a la histórica sesión donde el Sistema accedió a iniciar la investigación para declarar la procedencia o improcedencia de la Alerta de Género para el estado de Nuevo León.
Con perseverancia y el apoyo de la sociedad civil organizada logramos este avance, en la búsqueda de justicia para las mujeres que han perdido la vida dolosamente, para quienes han sido desaparecidas, para quienes han sufrido y sufren violencia familiar, para quienes han sido violadas, para quienes son discriminadas y para todas aquellas a las que no se les reconocen sus derechos.
Nuestro propósito es contribuir, con el respaldo de la Ley, en la construcción de otro mundo donde se salvaguarde la vida, la salud, la libertad y la integridad de las mujeres. Otro mundo humano y libre.