Violencia e incapacidad institucional
Soledad JARQUIN EDGAR
Un planeta violento. En 2011, en el mundo hubo 14 guerras más que en 2010 y aunque todavía haya quien diga que no, esas guerras incluyen a México, cuyo conflicto bélico fue comparado con los vividos por Egipto, Irak, Pakistán, Nigeria, Somalia y otras naciones, datos que da a conocer el Barómetro de Conflictos 2011 del Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg, Alemania (proceso.com.mx 23/02/2012). El resultado, ustedes ya lo conocen: inseguridad para la población, como en toda guerra que se precie de ser eso.
Uno de los resultados nefastos de la guerra sin duda es la pérdida de vidas humanas, en México, los que saben, contabilizan más de 60 mil hasta diciembre de 2011, y la cifra sigue en aumento dramático. Sin embargo, eso no es todo, se estima que unas 20 mil personas han desaparecido.
En estas cifras hay una enorme cantidad de mujeres y aunque efectivamente las estadísticas revelan que estos asesinatos y desapariciones se multiplicaron en las entidades del norte del país, no debemos perder de vista lo que sucede en otros estados mexicanos, muchos de ellos con el sesgo de violencia feminicida y no sólo como resultado de la guerra de Felipe “El Valiente” Calderón contra el crimen organizado.
En Oaxaca, la desaparición de mujeres es una constante, las familias afectadas y los grupos de amigos de las víctimas, emprenden acciones que se desdibujan frente a la omisa y negligente actuación de las autoridades que como “estrategia” de justificación, comparan a esta entidad –envuelta en conflictos sociales, agrarios y políticos- con lo que sucede en otros estados “más afectadas” por la guerra contra el crimen organizado, que dicho sea de paso no resolverá el problema, como han señalado quienes estudian este fenómeno.
Este mes de febrero que está por terminar se cumplió un año de la desaparición de la abogada Paula Moreno Gómez y también dos meses desde que corrió la misma suerte Maydelith Sulem Carmona Fabián, de quien nada se sabe desde el pasado 25 de diciembre pasado.
Hay otros casos no conocidos, pero según revela una amplia entrevista realizada por Yadira Sosa a la señora Reyna Fabián, madre de Maydelith Sulem, en Oaxaca durante el 2011 habrían “desaparecido” 18 mujeres, más de la mitad de los reportes que en este sentido recibió ese año la Procuraduría General de Justicia y que sumaron 31. (Imparcial 24/02/2012).
No conozco de manera personal a Sabina Gómez Álvarez ni a la señora Reyna Fabián, madres de las dos jóvenes mujeres desaparecidas con diferencia de 10 meses, no puedo, como usted ni otras personas, ni siquiera imaginar el drama que viven ambas mujeres, pero sin duda han dado la pelea, han salido a los medios a demandar justicia a pesar de todo lo que pudieran estar sintiendo, no se amedrentan, exigen justicia, demandan que las autoridades hagan algo.
Del otro lado, del lado de las autoridades nada o demasiado poco se ha hecho. Hay muchas más preocupaciones institucionales como para destinar todo un cuerpo de investigadores profesionales, rectos y capaces para investigar qué fue lo que sucedió con Maydelith, Paula y las otras 16 mujeres. Por ello, el llamado que han hecho ambas madres al gobernador Gabino Cué, ellas mismas han alertado al jefe del ejecutivo porque no hay resultado alguno, le han planteado que lo que observan es una total incapacidad de la institución investigadora, que está visto sirve para golpear, sólo para eso.
La respuesta es común, es arbitraria, es temeraria y hasta parece que los oímos, cuando las madres (porque son ellas las que generalmente ponen la voz de alarma, las que buscan a sus hijas): “no señora, segurito su hija se fue con el novio, hay que esperar”. “¿Tenía usted problemas con su hija?” “¿la maltrataba?” “¿iba mal en la escuela?”…
Y para muestra, basta un botón decía Lucha, mi querida y entrañable abuela, ahí está el caso de Daniela y Virginia Ortiz, desaparecidas desde 2006 hace cinco años siete meses sin que Antonia, su madre, sepa dónde están sus hijas, a pesar de que con bombo y platillo anunciaron la detención de dos implicados en el secuestro y desaparición de las dos jóvenes triquis. En este último caso, todo se reduce a “un grave y difícil conflicto étnico”.
La misma nota de mi compañera Yadira Sosa, revela que esta misma semana hubo al menos dos intentos de secuestro de otras dos jóvenes. En un caso, el agresor huyó, en el segundo la víctima se desistió a pesar de que detuvieron a los dos delincuentes, uno de 19 y otro de 28 años y usted podría decir con alarma ¡pero qué barbaridad! Cierto, la joven que no ratificó la denuncia tiene una enorme responsabilidad, pero también habría que decir que ese “dejar pasar las cosas…” es resultado de la negligente y omisa actuación que los cuerpos policiacos han asumido por décadas y más décadas.
Cierto que muchas personas huyen de sus casas, al menos esa era una constante, pero en tiempos de guerra como la que vivimos en México, según la clasificación realizada por el Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg, Alemania, las razones podrían ser otras. Es tiempo de que nos digan qué pasó con ambas mujeres desaparecidas en la capital oaxaqueña y qué sucedió con las niñas triquis.
Lo último es preguntarle a la sociedad oaxaqueña ¿hasta cuándo vamos a tolerar tanta ineficacia de las instituciones? Ya viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer ¿quién dice yo para el discurso? ¿qué pretenderán los partidos políticos que siguen jugando al tío Lolo con sus diputados incapaces de aprobar el feminicidio? Seguiremos ¡Totalmente Indignadas! ante los crímenes que se siguen cometiendo todos los días y el silencio bochornoso, nefasto y cruel de las instituciones federales y estatales frente al dolor de una sociedad que se siente amenazada, lastimada e insegura. ¿Usted diga qué hacemos?
UNA DE PERIODISTAS
Frente al despido de una veintena de trabajadores y trabajadoras en un medio local, pienso en eso que el periodista Miguel Ángel Granados Chapa llamó Los excesos de la prensa mexicana: “Tampoco puedo dejar de señalar que una de las cosas que detesto del periodismo de hoy es su conversión en negocio. No digo que el periodismo no deba ser negocio, desde luego; me refiero a que es lícito hacer negocio con el periodismo, pero no es lícito convertir al periodismo en negocio, simular que se hace periodismo para hacer negocio”. (Tomado de Granados Chapa por Granados Chapa, escrito por otro gran periodista: Jenaro Villamil en octubre pasado).
Los señores del poder, políticos-empresarios o empresarios-políticos como se acostumbra ahora, no escapan a la tentación de poseer un medio, décadas y décadas viendo y viviendo lo mismo y haciendo que el “periodismo como tal” navegue por esas aguas turbulentas de las conveniencias. No es lícito, y por tanto no es ético, convertir al periodismo en un negocio, porque esos negocios terminan por quebrar como empresas ante su falta de credibilidad, en consecuencia por correr al personal, cometiendo fraude laboral y, por supuesto, por quebrantar la confianza de quienes los leen, pero sobre todo ensucian al verdadero periodismo ya de por sí escaso.
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lunes, 27 de febrero de 2012
A RESERVA
Violencia Institucional, constante de gobiernos
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El origen de la violencia institucional, ejercida desde los gobiernos que se califican de democráticos, es precisamente el ejercicio tramposo y simulado de una disfrazada democracia representativa que cuando mucho es una “democracia” delegativa en un régimen patrimonialista.
Weber define a los regímenes patrimonialistas, señalando situaciones en las que los gobiernos transforman a los estados en el gobierno privado de quienes poseen el poder necesario para el ejercicio de la dominación.
Son formas de democracia delegativa las que se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente, sólo restringida por los intereses de las relaciones existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato (lo que implica modificar a modo la Ley Suprema). La ciudadanía delega al gobernante el derecho de decidir a nombre de ella y el deber de administrar los recursos y políticas a su parecer siempre que sea por “el bien de la nación”.
Las democracias representativas, por el contrario, basan su existencia en la creación y fortalecimiento de instituciones políticas democráticas cuyo elemento fundamental es la representación que implica la responsabilidad del representante por sus acciones, ante quienes lo autorizaron a hablar en su nombre, dimensión republicana de la democracia: la existencia y la vigencia de una clara distinción entre los intereses públicos y privados de los funcionarios.
La violencia institucional es la violación a los derechos humanos desde las instituciones. Es decir, los abusos u omisiones en las atribuciones y responsabilidades de las instituciones y/o servidores públicos.
Sin duda, la violencia desde la estructura del Estado tiende a la disgregación y exclusión social y prácticas ajenas a la ley que son perpetradas precisamente por quienes tienen la responsabilidad social y legal de proteger a la ciudadanía, de mantener el orden en su territorio, de preservar la estabilidad y certidumbre de sus vidas constituyendo, una forma de violencia institucional que afecta a la sociedad en su conjunto.
La corrupción es una de las maneras más obvias de violencia institucional, que se reconoce en acciones como tráfico de influencias, manipulación de licitaciones, malversación de fondos y otras más. En un país con escasa tradición republicana, se produce la supeditación servil de los legisladores al oficialismo de turno y la complicidad del ejecutivo con la justicia.
La corrupción es un problema de inseguridad jurídica que necesariamente va acompañada de la impunidad (es decir, la ausencia de expectativas ciertas sobre un castigo), un tema institucional que atañe a la inexistencia de una verdadera división de poderes republicanos que permita el juego de los controles y de los contrapesos. La impunidad requiere la primacía de la ley sobre las personas y la administración pública es decir dominio del Estado de Derecho.
De lo que se trata es que nuestras instituciones cumplan un papel protector. Cuando esto no ocurre, cuando las instituciones que deben proteger causan daño, lo hacen de una manera tal que, la violencia y el daño quedan mistificados y justificados, llegando incluso a desfigurar el Estado de Derecho.
Oscar Oszlak refiere que existe violencia de Estado cuando el propio estado impone desde el orden público una modalidad de funcionamiento excluyente, en la que diferentes sectores y organismos resultan marginados o discriminados. Situación que se asocia a regímenes patrimonialistas en los que el gobernante ocupa el centro de la escena política y desde donde ejerce un poder omnímodo fundado en relaciones personales y obligaciones recíprocas con carácter de complicidad (designaciones, reemplazos, traslado o remoción de funcionarios)
En su obra Transparencia de la Armonía, José Tesoro afirma que “Las herramientas de transparencia del Estado son instrumentos que cumplen un rol meramente ritual, dado que la opacidad es sólo un síntoma de una problemática de anomia que se manifiesta a través de: 1)la violación del Estado de Derecho por parte de las coaliciones en el poder, 2) la impunidad con que dichas coaliciones ejercen y promueven la ilegalidad y 3) las artimañas y pugnas en que incurren dichas coaliciones para bloquear o desvirtuar eventuales resistencias a sus designios”.
Estos supuestos justifican la afirmación contundente y evidente de que en México, hoy por hoy, la cacaraqueada democracia representativa no es tal; los intereses, libertades, y derechos humanos de hombres, y aún más, de mujeres no están garantizados. Los gobiernos, el federal, estatales y municipales ejercen violencia institucional en diferentes formas y grados. Oaxaca no es la excepción, día a día se reafirman hechos que lo demuestran. Referiré algunos recientes:
En relación al conflicto limítrofe de los Chimalapas, que ha sido ineficazmente atendido y violentado arteramente por Sabines, el gobernador chiapaneco; hace unos días, el congreso local aprobó irresponsablemente las modificaciones legales que permitan a la propia Cámara de Diputados dispensar el requisito del número de habitantes, a los centros de población o comunidades indígenas de los municipios cuyo territorio colinde con el de otras entidades federativas, argumentando que esta es una oportunidad histórica para que se reconozca y dé legalidad al pueblo zoque, ubicado en el territorio invadido por el gobierno de Chiapas. Esta aberración jurídica hace oscura y discrecional la actuación del legislativo que lejos de resolver le pone pólvora al problema, al que seguramente no meterán las manos cuando estalle.
Mientras eso sucede, concejales de San Miguel Chimalapas se instalaron en huelga de hambre en los corredores de Palacio de Gobierno, por malversaciones de los recursos públicos, valiéndose del conflicto con Chiapas.
Días atrás trabajadores sindicalizados del área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, iniciaron un paro de labores para exigir demandas internas. La respuesta institucional fue la represión con abuso de fuerza policiaca y el consecuente llamado al paro laboral y la movilización general; si bien pedía la remoción del Secretario de Seguridad, Marco Tulio López Escamilla, de manera sorprendente fue exonerado de toda responsabilidad, separando “temporalmente” a varios funcionarios menores, lo que implica violencia para la ciudadanía y para los propios trabajadores, e incluso, incerteza hacia los funcionarios que utilizaron como marionetas en el teatro que se montó.
La criminalización de la lucha social y la judicialización de las y los defensores de derechos humanos es una de las más aberrantes formas de violencia, tal es el caso de la detención por agentes federales de Lucila Bettina Cruz Velásquez, integrante del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas, acusada por los delitos federales de privación ilegal de la libertad de personal de la CFE, así como de supuesta “oposición a la explotación de las riquezas nacionales”.
El señalamiento permanente, de la falta de obras y la poca transparencia para la licitación, así como el poco consenso en la definición de las pocas obras en Oaxaca que se explican con espectaculares sobre el distribuidor vial, en lugar de promover el diálogo entre los ciudadanos y la secretaría en cuestión.
Esta semana se desbordó la violencia en la Cámara de Diputados, por la ineficacia y el incumplimiento del Estado, cuando habitantes de Santiago Amoltepec exigían solución al conflicto que se vive en esa comunidad de la Sierra Sur.
Militantes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, demandaron la desaparición de poderes en San José del Progreso, Ocotlán, luego de la violencia en inmediaciones de la mina Cuzcatlán
Absuelto impunemente de cargos en la instancia de la policía municipal, Zenen Bravo Castellanos, ex funcionario del gobierno de Gabino Cué, fue detenido infraganti por ejercer violencia familiar y simplemente lo vimos días después levantando los brazos en evento político al lado de López Obrador.
La libertad inexplicable del comandante de la PGJE, Joaquín Jiménez Ogarrio, detenido por cometer en perjuicio de su esposa e hijos violencia familiar, delito grave sin posibilidad legal de perdón, quien levantó la denuncia y, evidentemente, fue coaccionada por el policía para retirar los cargos y sin duda ahora se encuentra en grave riesgo.
Esto es violencia institucional, violencia de Estado.
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Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El origen de la violencia institucional, ejercida desde los gobiernos que se califican de democráticos, es precisamente el ejercicio tramposo y simulado de una disfrazada democracia representativa que cuando mucho es una “democracia” delegativa en un régimen patrimonialista.
Weber define a los regímenes patrimonialistas, señalando situaciones en las que los gobiernos transforman a los estados en el gobierno privado de quienes poseen el poder necesario para el ejercicio de la dominación.
Son formas de democracia delegativa las que se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente, sólo restringida por los intereses de las relaciones existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato (lo que implica modificar a modo la Ley Suprema). La ciudadanía delega al gobernante el derecho de decidir a nombre de ella y el deber de administrar los recursos y políticas a su parecer siempre que sea por “el bien de la nación”.
Las democracias representativas, por el contrario, basan su existencia en la creación y fortalecimiento de instituciones políticas democráticas cuyo elemento fundamental es la representación que implica la responsabilidad del representante por sus acciones, ante quienes lo autorizaron a hablar en su nombre, dimensión republicana de la democracia: la existencia y la vigencia de una clara distinción entre los intereses públicos y privados de los funcionarios.
La violencia institucional es la violación a los derechos humanos desde las instituciones. Es decir, los abusos u omisiones en las atribuciones y responsabilidades de las instituciones y/o servidores públicos.
Sin duda, la violencia desde la estructura del Estado tiende a la disgregación y exclusión social y prácticas ajenas a la ley que son perpetradas precisamente por quienes tienen la responsabilidad social y legal de proteger a la ciudadanía, de mantener el orden en su territorio, de preservar la estabilidad y certidumbre de sus vidas constituyendo, una forma de violencia institucional que afecta a la sociedad en su conjunto.
La corrupción es una de las maneras más obvias de violencia institucional, que se reconoce en acciones como tráfico de influencias, manipulación de licitaciones, malversación de fondos y otras más. En un país con escasa tradición republicana, se produce la supeditación servil de los legisladores al oficialismo de turno y la complicidad del ejecutivo con la justicia.
La corrupción es un problema de inseguridad jurídica que necesariamente va acompañada de la impunidad (es decir, la ausencia de expectativas ciertas sobre un castigo), un tema institucional que atañe a la inexistencia de una verdadera división de poderes republicanos que permita el juego de los controles y de los contrapesos. La impunidad requiere la primacía de la ley sobre las personas y la administración pública es decir dominio del Estado de Derecho.
De lo que se trata es que nuestras instituciones cumplan un papel protector. Cuando esto no ocurre, cuando las instituciones que deben proteger causan daño, lo hacen de una manera tal que, la violencia y el daño quedan mistificados y justificados, llegando incluso a desfigurar el Estado de Derecho.
Oscar Oszlak refiere que existe violencia de Estado cuando el propio estado impone desde el orden público una modalidad de funcionamiento excluyente, en la que diferentes sectores y organismos resultan marginados o discriminados. Situación que se asocia a regímenes patrimonialistas en los que el gobernante ocupa el centro de la escena política y desde donde ejerce un poder omnímodo fundado en relaciones personales y obligaciones recíprocas con carácter de complicidad (designaciones, reemplazos, traslado o remoción de funcionarios)
En su obra Transparencia de la Armonía, José Tesoro afirma que “Las herramientas de transparencia del Estado son instrumentos que cumplen un rol meramente ritual, dado que la opacidad es sólo un síntoma de una problemática de anomia que se manifiesta a través de: 1)la violación del Estado de Derecho por parte de las coaliciones en el poder, 2) la impunidad con que dichas coaliciones ejercen y promueven la ilegalidad y 3) las artimañas y pugnas en que incurren dichas coaliciones para bloquear o desvirtuar eventuales resistencias a sus designios”.
Estos supuestos justifican la afirmación contundente y evidente de que en México, hoy por hoy, la cacaraqueada democracia representativa no es tal; los intereses, libertades, y derechos humanos de hombres, y aún más, de mujeres no están garantizados. Los gobiernos, el federal, estatales y municipales ejercen violencia institucional en diferentes formas y grados. Oaxaca no es la excepción, día a día se reafirman hechos que lo demuestran. Referiré algunos recientes:
En relación al conflicto limítrofe de los Chimalapas, que ha sido ineficazmente atendido y violentado arteramente por Sabines, el gobernador chiapaneco; hace unos días, el congreso local aprobó irresponsablemente las modificaciones legales que permitan a la propia Cámara de Diputados dispensar el requisito del número de habitantes, a los centros de población o comunidades indígenas de los municipios cuyo territorio colinde con el de otras entidades federativas, argumentando que esta es una oportunidad histórica para que se reconozca y dé legalidad al pueblo zoque, ubicado en el territorio invadido por el gobierno de Chiapas. Esta aberración jurídica hace oscura y discrecional la actuación del legislativo que lejos de resolver le pone pólvora al problema, al que seguramente no meterán las manos cuando estalle.
Mientras eso sucede, concejales de San Miguel Chimalapas se instalaron en huelga de hambre en los corredores de Palacio de Gobierno, por malversaciones de los recursos públicos, valiéndose del conflicto con Chiapas.
Días atrás trabajadores sindicalizados del área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, iniciaron un paro de labores para exigir demandas internas. La respuesta institucional fue la represión con abuso de fuerza policiaca y el consecuente llamado al paro laboral y la movilización general; si bien pedía la remoción del Secretario de Seguridad, Marco Tulio López Escamilla, de manera sorprendente fue exonerado de toda responsabilidad, separando “temporalmente” a varios funcionarios menores, lo que implica violencia para la ciudadanía y para los propios trabajadores, e incluso, incerteza hacia los funcionarios que utilizaron como marionetas en el teatro que se montó.
La criminalización de la lucha social y la judicialización de las y los defensores de derechos humanos es una de las más aberrantes formas de violencia, tal es el caso de la detención por agentes federales de Lucila Bettina Cruz Velásquez, integrante del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas, acusada por los delitos federales de privación ilegal de la libertad de personal de la CFE, así como de supuesta “oposición a la explotación de las riquezas nacionales”.
El señalamiento permanente, de la falta de obras y la poca transparencia para la licitación, así como el poco consenso en la definición de las pocas obras en Oaxaca que se explican con espectaculares sobre el distribuidor vial, en lugar de promover el diálogo entre los ciudadanos y la secretaría en cuestión.
Esta semana se desbordó la violencia en la Cámara de Diputados, por la ineficacia y el incumplimiento del Estado, cuando habitantes de Santiago Amoltepec exigían solución al conflicto que se vive en esa comunidad de la Sierra Sur.
Militantes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, demandaron la desaparición de poderes en San José del Progreso, Ocotlán, luego de la violencia en inmediaciones de la mina Cuzcatlán
Absuelto impunemente de cargos en la instancia de la policía municipal, Zenen Bravo Castellanos, ex funcionario del gobierno de Gabino Cué, fue detenido infraganti por ejercer violencia familiar y simplemente lo vimos días después levantando los brazos en evento político al lado de López Obrador.
La libertad inexplicable del comandante de la PGJE, Joaquín Jiménez Ogarrio, detenido por cometer en perjuicio de su esposa e hijos violencia familiar, delito grave sin posibilidad legal de perdón, quien levantó la denuncia y, evidentemente, fue coaccionada por el policía para retirar los cargos y sin duda ahora se encuentra en grave riesgo.
Esto es violencia institucional, violencia de Estado.
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