LA REEDICIÓN DE LA GUERRA SUCIA EN OAXACA.
Fase: “Los Caza recompensas”.
“Con el nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano”.
Definición según: Wikipedia.
Hoy en Oaxaca como en todo México se libran varias batallas, muchas de estas nos involucran querámoslo o no, la más visible es la no solicitada “Guerra contra el Narcotráfico” que ha emprendió el señor Presidente a nombre de una sociedad que no está convencida, de la belicosidad en que se ha tornado esta propuesta política que se ha salido de control de los estratos y niveles de “seguridad”, y que tampoco esta sociedad se convence de la legitimidad del propio gobierno que yerro tras yerro, conduce a un desánimo social.
Bajo el lema del Gobierno Federal “Vivir Mejor”, el primer bombardeo nos llega sin previo aviso en los medios de comunicación y de ahí saltamos kilómetros para que en otro frente de esta guerra al escuchar hasta el Cansancio un “Oaxaca de Todos”, ninguno de los dos requiere de conocer las cifras de sus engaños, para parafrasear sus dichos ni vivimos mejor y Oaxaca tampoco es de todos. Basta observar, leer o discutir con sentido crítico en el pozo en que nos han sumergido y que parece, no hemos tocado fondo. Hoy pasamos con asombro de la esperada y deseada protección en el tema de seguridad en los niveles de gobierno a la etapa de intentar generar “caza recompensas” eludiendo en esta nueva fase su responsabilidad de trabajar, para que sean los ciudadanos quienes ejecuten su labor, pero de esta nueva careta existe una delgada línea entre encontrar a las personas desaparecidas por dinero y desaparecer a las personas también por dinero.
Existen varias interrogantes con no son medulares, pero si necesarias para comprender esta nueva faceta del Gobierno local o federal, en este nuevo capítulo de la llamada Guerra Sucia, con la desaparición forzada del profesor CARLOS RENE ROMAN SALAZAR, exhiben y ofrecen sin ningún rubor la cifra de 500 mil pesos, por quien otorgue datos verídicos para su localización, y en la lógica del mismos estado, sería necesario preguntar si este dinero pertenece a los fondos públicos generado por los mismos impuestos, lo que propicia preguntar ¿en qué partida presupuestal está contemplado?, O ¿quién va a erogar esta cantidad? En ambos casos no hay explicación, por lo que es atinado preguntar que si no hay una partida presupuestal, ¿no se está cometiendo un desvío de recursos? o quien es tan dadivoso para colocar de su billetera esta cantidad.
Siguiendo estas mismas interrogantes y sacando cuentas según la revista electrónica emeequis (1) “Refieren el informe de la CNDH y la recomendación es 26/2001, que da cuenta de 275 desapariciones” lo que equivaldría a la suma de 137,500,000.00 (ciento treinta y siete millones quinientos mil pesos) por 275 personas desparecidas según la CNDH; pero es interesante el saber porque unas personas empiezan a tener valor comercial tazadas según criterios poco claros y otras el gobierno le apuesta al olvido, como es el caso de los dos presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que desde el año 2007 no tienen cabida ni en sus agendas, ni en su discursos, mucho menos en su presupuesto.
De vuelta al frente de guerra mediático, hasta el hartazgo las televisoras promocionaron “gratis” el documental de “Presunto Culpable”, situación que comparada, no sucedió con el largometraje de “Digna hasta el último Aliento” que versa sobre el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Placido, que en su última etapa de vida era la defensora en el caso de los hermanos (2) Cerezo Contreras; en donde señalan lo que sabemos de cierto, la disfuncionalidad del sistema de impartición de Justicia, en este detonante mediático no esconde la intención de una reforma Judicial que avalada por un parte de la ciudadanía para que a modo, se le dé cabida a una nueva estructura que siga ignorando los intereses sociales, en donde posiblemente se incluya la figura de “caza recompensas”, y en este contexto se encamine a marginar aún más los ya lacerados derechos humanos.
El Estado de Oaxaca como un perfecto laboratorio de este tipo de pruebas, generados por una poco visible “Guerra Sucia”, en contra de organizaciones, concibe el escenario adecuado para observar, así como “analizar” el desarrollo y respuesta organizativa; esto nos lleva a detectar que agrupaciones “legales” que se dicen “revolucionarias”, guardan un silencio cómplice, o que por puro “formato” emiten una exclamación de presunta indignación.
Esta etapa de crear las condiciones en que algunos estratos sociales al sentirse tan lacerados en lo económico, se explica en la versión que nos otorga Raúl Zibechi en su libro (1-1) “Contrainsurgencia y miseria” en donde señala “La principal finalidad de la labor de contra insurrección debe de concretarse en influir en el comportamiento y actuación del pueblo”, ahora bajo esta tesis, el aprovechar la miseria para ofrecer recompensas de “estado” no solo resultaría ilegal, si no perverso desde la óptica que se le desee observar.
Por hoy la denominada Guerra Sucia tiene varias acepciones: “Contrainsurgencia”, “Terrorismo de estado”, “Escuadrones de la muerte”, “Paramilitares”, “Parapolicías”, “Guerra de Baja intensidad”, “Miseria” y hoy se lanza en Oaxaca la fase de los “Caza-recompensas”, sin embargo ni con todo sus recursos económicos podrán cubrir los costos según sus “tabuladores de la muerte” la desaparición de las Mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el tráfico de personas e infantes, la muerte de los niños de la Guardería ABC, los opositores políticos, las comunidades desplazadas, los migrantes desaparecidos, así como un extenso listado de afrentas.
En la lógica del estado su pretensión de desgastar o debilitar al opositor sin el mínimo de pérdidas, se explica en su deseo de mantenerse en el poder bajo las circunstancias que el mismo genera, posibilitando la negociación, degradando de este modo el valor humano a meras mercancías de cambio, la columna vertebral del Movimiento Popular – la Sección XXII del SNTE – en Oaxaca se encuentra en esa encrucijada, al asumir como táctica central la Movilización-negociación-movilización; para el momento de definir el rumbo de cómo enfrentar esta nueva etapa de la Guerra Sucia, será necesario consensar, si es ético sentarse a negociar con quien te reprime y desparece, ya que no solo está en juego sus demandas económicas, ahora los costo tienen nombres y apellidos, tienen familia, empleos, amigos y un futuro hoy truncado; eso no lo solucionaran sus recompensas.
Queda en el aire un tufo de la participación del Estado Mexicano en estos hechos, sus deslindes ya no son creíbles, surgirán hipótesis o “líneas de investigación” donde se promuevan “suicidios voluntarios”, “crímenes pasionales” o su “inmersión en el crimen organizado”; nunca importaran tanto la multiplicidad de prácticas para estos hechos, un creciente sector de la sociedad comienza a entender que el peligroso es el Gobierno.
Ahora como antes solo nos resta acuñar la consigna de la madres de la Plaza de Mayo en Argentina: ¡¡¡ AHORA, AHORA, SE HACE INDISPENSABLE… PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES !!!
Oaxaca de Magón.
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Informe del Comité para la Protección de Periodistas denuncia aumento de la censura en América Latina
Fase: “Los Caza recompensas”.
“Con el nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano”.
Definición según: Wikipedia.
Hoy en Oaxaca como en todo México se libran varias batallas, muchas de estas nos involucran querámoslo o no, la más visible es la no solicitada “Guerra contra el Narcotráfico” que ha emprendió el señor Presidente a nombre de una sociedad que no está convencida, de la belicosidad en que se ha tornado esta propuesta política que se ha salido de control de los estratos y niveles de “seguridad”, y que tampoco esta sociedad se convence de la legitimidad del propio gobierno que yerro tras yerro, conduce a un desánimo social.
Bajo el lema del Gobierno Federal “Vivir Mejor”, el primer bombardeo nos llega sin previo aviso en los medios de comunicación y de ahí saltamos kilómetros para que en otro frente de esta guerra al escuchar hasta el Cansancio un “Oaxaca de Todos”, ninguno de los dos requiere de conocer las cifras de sus engaños, para parafrasear sus dichos ni vivimos mejor y Oaxaca tampoco es de todos. Basta observar, leer o discutir con sentido crítico en el pozo en que nos han sumergido y que parece, no hemos tocado fondo. Hoy pasamos con asombro de la esperada y deseada protección en el tema de seguridad en los niveles de gobierno a la etapa de intentar generar “caza recompensas” eludiendo en esta nueva fase su responsabilidad de trabajar, para que sean los ciudadanos quienes ejecuten su labor, pero de esta nueva careta existe una delgada línea entre encontrar a las personas desaparecidas por dinero y desaparecer a las personas también por dinero.
Existen varias interrogantes con no son medulares, pero si necesarias para comprender esta nueva faceta del Gobierno local o federal, en este nuevo capítulo de la llamada Guerra Sucia, con la desaparición forzada del profesor CARLOS RENE ROMAN SALAZAR, exhiben y ofrecen sin ningún rubor la cifra de 500 mil pesos, por quien otorgue datos verídicos para su localización, y en la lógica del mismos estado, sería necesario preguntar si este dinero pertenece a los fondos públicos generado por los mismos impuestos, lo que propicia preguntar ¿en qué partida presupuestal está contemplado?, O ¿quién va a erogar esta cantidad? En ambos casos no hay explicación, por lo que es atinado preguntar que si no hay una partida presupuestal, ¿no se está cometiendo un desvío de recursos? o quien es tan dadivoso para colocar de su billetera esta cantidad.
Siguiendo estas mismas interrogantes y sacando cuentas según la revista electrónica emeequis (1) “Refieren el informe de la CNDH y la recomendación es 26/2001, que da cuenta de 275 desapariciones” lo que equivaldría a la suma de 137,500,000.00 (ciento treinta y siete millones quinientos mil pesos) por 275 personas desparecidas según la CNDH; pero es interesante el saber porque unas personas empiezan a tener valor comercial tazadas según criterios poco claros y otras el gobierno le apuesta al olvido, como es el caso de los dos presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que desde el año 2007 no tienen cabida ni en sus agendas, ni en su discursos, mucho menos en su presupuesto.
De vuelta al frente de guerra mediático, hasta el hartazgo las televisoras promocionaron “gratis” el documental de “Presunto Culpable”, situación que comparada, no sucedió con el largometraje de “Digna hasta el último Aliento” que versa sobre el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Placido, que en su última etapa de vida era la defensora en el caso de los hermanos (2) Cerezo Contreras; en donde señalan lo que sabemos de cierto, la disfuncionalidad del sistema de impartición de Justicia, en este detonante mediático no esconde la intención de una reforma Judicial que avalada por un parte de la ciudadanía para que a modo, se le dé cabida a una nueva estructura que siga ignorando los intereses sociales, en donde posiblemente se incluya la figura de “caza recompensas”, y en este contexto se encamine a marginar aún más los ya lacerados derechos humanos.
El Estado de Oaxaca como un perfecto laboratorio de este tipo de pruebas, generados por una poco visible “Guerra Sucia”, en contra de organizaciones, concibe el escenario adecuado para observar, así como “analizar” el desarrollo y respuesta organizativa; esto nos lleva a detectar que agrupaciones “legales” que se dicen “revolucionarias”, guardan un silencio cómplice, o que por puro “formato” emiten una exclamación de presunta indignación.
Esta etapa de crear las condiciones en que algunos estratos sociales al sentirse tan lacerados en lo económico, se explica en la versión que nos otorga Raúl Zibechi en su libro (1-1) “Contrainsurgencia y miseria” en donde señala “La principal finalidad de la labor de contra insurrección debe de concretarse en influir en el comportamiento y actuación del pueblo”, ahora bajo esta tesis, el aprovechar la miseria para ofrecer recompensas de “estado” no solo resultaría ilegal, si no perverso desde la óptica que se le desee observar.
Por hoy la denominada Guerra Sucia tiene varias acepciones: “Contrainsurgencia”, “Terrorismo de estado”, “Escuadrones de la muerte”, “Paramilitares”, “Parapolicías”, “Guerra de Baja intensidad”, “Miseria” y hoy se lanza en Oaxaca la fase de los “Caza-recompensas”, sin embargo ni con todo sus recursos económicos podrán cubrir los costos según sus “tabuladores de la muerte” la desaparición de las Mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el tráfico de personas e infantes, la muerte de los niños de la Guardería ABC, los opositores políticos, las comunidades desplazadas, los migrantes desaparecidos, así como un extenso listado de afrentas.
En la lógica del estado su pretensión de desgastar o debilitar al opositor sin el mínimo de pérdidas, se explica en su deseo de mantenerse en el poder bajo las circunstancias que el mismo genera, posibilitando la negociación, degradando de este modo el valor humano a meras mercancías de cambio, la columna vertebral del Movimiento Popular – la Sección XXII del SNTE – en Oaxaca se encuentra en esa encrucijada, al asumir como táctica central la Movilización-negociación-movilización; para el momento de definir el rumbo de cómo enfrentar esta nueva etapa de la Guerra Sucia, será necesario consensar, si es ético sentarse a negociar con quien te reprime y desparece, ya que no solo está en juego sus demandas económicas, ahora los costo tienen nombres y apellidos, tienen familia, empleos, amigos y un futuro hoy truncado; eso no lo solucionaran sus recompensas.
Queda en el aire un tufo de la participación del Estado Mexicano en estos hechos, sus deslindes ya no son creíbles, surgirán hipótesis o “líneas de investigación” donde se promuevan “suicidios voluntarios”, “crímenes pasionales” o su “inmersión en el crimen organizado”; nunca importaran tanto la multiplicidad de prácticas para estos hechos, un creciente sector de la sociedad comienza a entender que el peligroso es el Gobierno.
Ahora como antes solo nos resta acuñar la consigna de la madres de la Plaza de Mayo en Argentina: ¡¡¡ AHORA, AHORA, SE HACE INDISPENSABLE… PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES !!!
Oaxaca de Magón.
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Informe del Comité para la Protección de Periodistas denuncia aumento de la censura en América Latina
Agresión sexual a corresponsal en Egipto pone de relieve los peligros que enfrentan las mujeres periodistas
Por Sergio Duran/M&M
La censura a la prensa en América Latina alcanzó uno de sus niveles más altos tras la vuelta de la democracia a la región hace 30 años, denunció el informe anual “Ataques a la prensa en 2010: Análisis de Américas”, que publicó el miércoles el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por su sigla en inglés).
“Hubo un aumento significativo de los casos de censura en todo el continente, sea por censura judicial, sea por la violencia del crimen organizado o por la presión del Estado”, dijo Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. El reporte, que hizo un balance global sobre el estado de la libertad de prensa, mencionó a 44 periodistas muertos en el ejercicio de la profesión y 145 encarcelados en 2010. Según Lauría, la cifra de periodistas en prisión es el mayor número en los últimos 15 años. Desde 1992, 850 profesionales fueron asesinados y el 60 por ciento de las víctimas cubrían asuntos ligados a la política. Más de la mitad de esos crímenes (545) continúan sin resolverse, según un reportaje publicado por el sitio de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su nombre en portugués).
“Aunque la censura no llega a los niveles alcanzados en la era de las dictaduras militares, cuando numerosos periodistas eran ‘desaparecidos’ y las fuerzas armadas dictaban qué podía informarse, su resurgimiento es sumamente preocupante”, enfatizó el informe.
Para el CPJ, la situación es particularmente preocupante en México y Honduras, donde 10 y 9 periodistas fueron asesinados, respectivamente, el año pasado. En México, los riesgos que corren los periodistas son equivalentes a los de zonas de guerra como Irak o Somalia, dijo Vanguardia citando el reporte. Los motivos son las crecientes amenazas e “intensas presiones” sobre la prensa de parte de grupos del crimen organizado relacionados con el tráfico de drogas.
“En vastas áreas de México y Honduras, que están fuera del control de las autoridades, los periodistas están ejerciendo autocensura sobre temas esenciales como el crimen y la corrupción por temor a convertirse en blanco de represalias”, sostiene el informe. “Los periodistas se han visto obligados a escribir lo que los criminales ordenan o simplemente han dejado de informar”, dijo Lauría, citado por CNN.
El informe también cita a Venezuela y Ecuador como ejemplos negativos debido a las constantes presiones del Estado sobre los medios.
De acuerdo con el reporte del CPJ, el principal problema en Brasil es la censura judicial, aunque hay otros problemas, como la presión política sobre medios de comunicación y las amenazas del crimen organizado, “sobre todo de traficantes de droga”, dijo Lauría a Folha.
El coordinador del programa de las Américas del CPJ afirmó que la censura judicial es un gran obstáculo al trabajo periodístico en Brasil. De acuerdo con el reporte, en el primer semestre de 2010, Google registró 398 solicitudes de autoridades brasileñas para remover contenidos. Estas acciones pusieron a Brasil a la cabeza de los países que imponen más censura a los sitios de búsqueda de contenidos, dijo el Portal Imprensa. El segundo en la lista, Libia, tiene la mitad de los casos.
Además, en los días previos a las elecciones de octubre pasado, los jueces brasileños emitieron 21 órdenes de censura, señala el informe citando datos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin.
El CPJ es una organización independiente, sin fines de lucro, fundada en 1981 y con sede en Nueva York. Es dirigida por 25 periodistas y financiada por donaciones de fundaciones, empresas e individuos.
Este blog es producido por el Centro Knight de Periodismo para las Américas de la Universidad de Texas en Austin y financiado por la John S. and James L. Knight Foundation.
Por Summer Harlow/IB
Poco más de una semana después de que fuera detenida por las autoridades egipcias, la jefa de los corresponsales de la cadena de televisión estadounidense CBS Lara Logan se recupera en un hospital luego de ser agredida sexualmente y golpeada por una turba en El Cairo el viernes 11 de febrero, reportaron la agencia española EFE y el diario Washington Post.CBS informó sobre el ataque el martes 15 de febrero. Además de entregar un recuento básico de lo ocurrido, la cadena dijo que no tenía más comentarios sobre el asunto y que la corresponsal Logan y su familia pidieron que se respetara su privacidad en estos momentos. CBS también agregó que la periodista fue dada de alta y ya se encuentra en su casa. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su nombre en inglés) difundió un comunicado en el que se declaró “alarmado” por el ataque a Logan —quien es miembro del directorio de CPJ— mientras cubría las celebraciones tras la dimisión del presidente egipcio Hosni Mubarak. “Hemos visto la compasión [mostrada] por Lara al ayudar a periodistas que han enfrentado brutales agresiones en el desempeño de su trabajo”, dijo el presidente del CPJ, Paul Steiger, en el comunicado. “Ella es una periodista brillante, valiente y comprometida”.
Junto con elogiar a los periodistas que “trabajan en las circunstancias más adversas”, el Club Nacional de la Prensa urgió a las autoridades egipcias a investigar el ataque a Logan y llevar a la justicia a los responsables.
La agresión a Logan también pone en el tapete los riegos de las reporteras mujeres, dijo la revista The Atlantic. Dado que la mayoría de los medios estadounidenses no entrega los nombres de las víctimas de abusos sexuales, The Atlantic especula que la cadena CBS tenía el permiso de Logan para informar sobre su ataque, lo que la convierte “en una mujer muy valiente”.
En 2007, la revista Columbia Journalism Review examinó el tema de abusos sexuales a corresponsales en el extranjero y destacó que con frecuencia las agresiones sexuales a reporteros no son denunciados. “Tal falta de debate público podría explicar por qué, soprendentemente, no hay secciones sobre acoso y abuso sexual en los principales manuales sobre seguridad periodística [...]. Cuando se toma en cuenta el nivel de detalle para la protección ante otras eventualidades —como vacunarse y portar billeteras falsas— la omisión es asombrosa”.
La noticia del ataque a Logan ha circulado por varios medios, internet, Twitter y Facebook. La radio pública de Estados Unidos, NPR, publicó un comunicado en el que explica por qué eliminó de su sitio web los comentarios de la audiencia en su nota sobre el ataque a Logan: éstos “violaban las reglas de discusión en NPR.org”. La cadena también planteó qeu el público debía tener dos cosas en cuenta: 1) “Hay mucho que no se sabe sobre lo ocurrido. Hasta que sepamos más, por ejemplo, sacar conclusiones apresuradas sobre sus atacantes no añade nada a la discusión. Son criminales. Punto.” Y 2) “Culpar a la víctima es algo viejo y repetido. Por favor, no lo hagan”.
Reconoce Inmujeres DF logro de Lol Kin Castañeda y Judith Vázquez como derechohabientes del IMSS
Ciudad de México, 14 de enero de 2011
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México celebra el logro por el reconocimiento de los derechos laborales y de salud de Lol Kin Castañeda y Judith Vázquez –una de las primeras parejas del mismo sexo en contraer matrimonio en el Distrito Federal- al ser registradas como derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El Inmujeres DF manifiesta su beneplácito por la noticia, un logro que refuerza el ejercicio del derecho a la libertad, a la salud, a la libre preferencia sexual, a la salud, a la no discriminación y a los derechos laborales; y que marca un precedente favorable para que las parejas del mismo sexo gocen sin limitación ni perjuicio de todos sus derechos, como debe ser en una sociedad democrática, justa y libertaria.
Luego de nueve meses de lucha, Lol Kin Castañeda Badillo se convirtió en la primera mujer en registrar a su esposa en el IMSS, al recurrir a la figura jurídica del amparo para acceder con su familia a los servicios de seguridad social. Este hecho es -sin duda- un precedente importante en el avance de los derechos de las mujeres en nuestro país; confiamos en que este emblemático caso sea inspiración para que las mujeres y los hombres no desistan en su lucha por la exigibilidad de sus derechos.
Tras la validez constitucional que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al matrimonio entre parejas de mismo sexo, es claro que las instituciones públicas deben respetar, acatar, favorecer y promover el ejercicio de los derechos de todas las personas sin distinción alguna.
En este sentido, es necesario que los órganos legislativos realicen la armonización jurídica correspondiente para garantizar los mismos derechos para todas las personas, sin discriminación por preferencia sexual, género o condición social.
Manifestamos, una vez más, que el cuerpo de las personas no puede seguir siendo terreno de disputa de pensamientos controladores, mucho menos podemos aceptar que dichos pensamientos se instauren en las instituciones públicas ni en los procedimientos administrativos. Urge trabajar en la construcción de una nueva cultura, de respeto a las diferencias, sobre la base de la tolerancia y la diversidad que tanto nos enriquece.
Refrendamos, una vez más, nuestro compromiso por trabajar en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, tolerante y respetuosa de la diversidad.
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Un retroceso para las mujeres cancelar el Hospital de la Mujer
· Necesario invertir en la salud de las oaxaqueñas
Soledad JARQUIN EDGAR
La decisión de cambiar el destino del hospital de la mujer en un hospital general, sería desafortunada y representa un retroceso en lo que se había logrado para las mujeres en el gobierno anterior, señaló la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández Cárdenas.
En entrevista, aseguró que este gobierno para hacer una política de cambio, tiene que incluir, sin lugar a dudas, la atención específica a los problemas relacionados con las mujeres, uno de ellos, la salud sexual reproductiva, la salud materna, los procesos de salud-enfermedad que las mujeres vivimos a lo largo de nuestra vida.
El anular el proyecto del Hospital de la Mujer implica “un retroceso conforme a lo que se había avanzado en el gobierno anterior con todo y lo que podamos pensar, es lamentable”, añadió tras apuntar que la declaración hecha por el titular de los Servicios de Salud en Oaxaca, Germán Tenorio, “coloca en un peligro de retroceso la salud de las mujeres”.
Hernández Cárdenas, cuya organización pertenece al Colectivo Huaxyacac, indicó que no hay un argumento suficientemente valido que justifique “proteger al conjunto de la población sobre la base de desproteger a la otra mitad”.
Ana María Hernández Cárdenas sostuvo que Gabino Cué, con quien se han reunido para discutir y plantear la problemática de desigualdad, debe tener claridad sobre las políticas públicas que quiere marcar, dijo en referencia a los 590 millones de pesos que habría comprometido para impulsar programas para las mujeres “y eso tiene que ver en potenciar los servicios de salud para evitar que sigan muriendo las mujeres”.
En ese sentido, la feminista exigió al nuevo gobierno que sea consecuente con los planteamientos de campaña, como abatir la muerte materna, no se trata sólo de que todo se quede en intentos mediáticos e hizo un llamado para que se considere prioritaria la salud de las mujeres
No sería una decisión correcta
A su vez, la integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Desser Oaxaca) y de los Servicios del Pueblo Mixe, Sofía Robles Hernández, consideró incorrecta la decisión de destinar el proyecto del Hospital de la Mujer en un hospital general.
Sobre la obra que está casi concluida en la agencia de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Robles Hernández recordó que son las mujeres quienes más necesitan de los servicios de salud, como lo muestran las cifras sobre las causa de fallecimientos femeninos y “en ese sentido quitar la especificidad del servicio a las mujeres resultaría grave”. Dijo que aunado a la operación del hospital, que es vital, se requiere multiplicar los servicios de salud, estoy segura que ellos (los gobernantes) lo saben, planteó.
La feminista con años de trabajo en las comunidades mixes, concluyó que ayudaría mucho que continúe el proyecto del hospital siendo específicamente como hospital de la mujer.
Se debe invertir en la salud de las mujeres
En tanto, la Directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) del gobierno estatal, Anabel López Jiménez, consideró que sin duda se debe reconsiderar la importancia y necesidad que tiene el Hospital de la Mujer.
En entrevista, la funcionaria surgida del movimiento feminista local, apuntó que espera que el compromiso del gobierno de Gabino Cué con las mujeres siga viendo en esa perspectiva y que se deba invertir en la salud de las oaxaqueñas.
Reconoció que sobre el tema no ha hablado con Germán Tenorio, titular de Salud en Oaxaca, y aseguró que tratará de hablar con él, “espero que se pueda en estos días”, dijo tras señalar que la decisión de convertir el Hospital de la Mujer en hospital general es una determinación que no le fue consultada.
En ese sentido, afirmó que pediría al gobernador Cué como al Secretario de Salud que reconsideren la decisión, revisando las estadísticas de las enfermedades por las cuales las oaxaqueñas fallecen como los cánceres cérvico uterino y de mama, así como otras enfermedades que requieren atención especializada y exclusiva.
“El hecho de que una mujer muera un día sí y un día no de cáncer cérvico uterino, de verdad requiere de espacios adecuados para a la atención”, reiteró la directora del IMO quien se mostró preocupada ante la posibilidad de que el hospital que inició su construcción con la finalidad de atender la problemática de salud de las oaxaqueñas, tenga otro destino y se deje de lado una vieja demanda de las mujeres.
Por otro lado, las diputadas de Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza e Ivonne Gallegos Carreño, la primera presidenta de la mesa directiva y presidenta de la Comisión de Equidad y Género, respectivamente, dijeron por separado que podrían llamar al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca para que explique su decisión de convertir el Hospital de la Mujer que se construye en Reyes Mantecón en un hospital general.
Gallegos Carreño reconoció que el hospital beneficiaría a las mujeres de bajos recursos. En tanto que Cruz Mendoza planteó que se perdería un espacio que se había logrado para las mujeres.
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