En busca de tener un vientre libre

Por Sara Lovera

Desde 20 años, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano celebrado en Argentina, se acordó realizar cada 28 de septiembre una jornada de reflexión y de lucha en busca de la despenalización del aborto en la región de América Latina, tomando en cuenta que por sus características el aborto clandestino significa la muerte y secuelas inadmisibles en la salud de millones de mujeres.

Aunque para todo hay asignaciones eufemística y se habla de lograr interrupciones legales del embarazo en lugar de aborto; de abortos seguros como el contexto de la demanda y el lenguaje cambia a veces con el peligro de que cambien los contenidos, el 28 de septiembre se eligió en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, recordada como el día del "vientre libre" para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres.

Como principal argumento, en 1990 se plantea el aborto como un problema de Salud Pública y de justicia social. Hoy, no obstante se trata de un problema de la democracia, un problema de justicia e impunidad.

Los jueces, como se ha documentado en Guanajuato, condenan a las mujeres hasta por 25 años argumentando que la interrupción del embarazo es un delito equiparado a homicidio en grado de parentesco.

No sabemos cuántas mujeres están enfrentando procesos por esta torcedura legal, que fue puesta en los códigos penales como un recurso que agrava el abuso de la autoridad familiar cuando se comete homicidio, principalmente en menores o mujeres. Las abogadas están a favor de mantener este tipo delictivo, pero no de la torcedura mañosa que se aplica.

Este recurso torcido puede significar mayores desgracias a las mujeres. Se sabe que este tipo penal existe en 19 entidades del país, incluido el Distrito Federal y ya se hace un estudio profundo para saber dónde más se ha torcido la ley y se utiliza para castigar a las mujeres, que en uso de sus derechos, interrumpen su embarazo por alguna de las siete causas de no penalización que establecen nuestros diferentes códigos penales en la República Mexicana.

Con frecuencia en el caso del aborto se olvida que hay excepciones para no criminalizar esta acción, desde 1929. En el Distrito Federal el aborto no es delito, cuando se interrumpe el embarazo antes de cumplir 12 semanas la concepción por sólo la voluntad de la involucrada, lo que ha salvado ya miles de vidas.

Este 28 de Septiembre, las mujeres del país hacen una jornada de denuncia porque, hay evidencia de que hay un retroceso, en virtud de legislaciones estatales en 16 entidades del país que buscan nuevas formas de penalizar el aborto y criminalizar a las mujeres, principalmente a las mujeres pobres; de perseguirlas y condenarlas.

Parar el retroceso es vital. En América Latina, se une atraso, desigualdad, injusticia, a la negativa a liberar y ampliar las posibilidades de interrupción legal del embarazo. Hay zonas de Mesoamérica donde está totalmente prohibido, no hay excepción que lo permita.

De ahí las campañas de salud sexual y reproductiva, para que gobiernos y sociedades se sensibilicen en la problemática. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una de cada ocho muertes maternas es resultado de un aborto inseguro. Agrega que siete mujeres mueren cada hora en algún país en vías de desarrollo a causa de complicaciones post-aborto.

Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en países en vías de desarrollo, lo que significa que pobreza, desigualdad y ausencia de democracia conducen a esta injusticia, donde es la vida de las mujeres la que está en juego.

Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región latinoamericana y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Datos investigados por el Colegio de México y difundidos por el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, revelan que en México los abortos inducidos han aumentado en las últimas décadas en una tercera parte: de poco más de 500,000 abortos en 1990 a 870,000 abortos en 2006.

La tasa de aborto inducido subió de 25 a 33 por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, para ubicarse entre las más altas del mundo. La derecha y su avance en zonas de poder, son responsables de estos hechos.

Sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto obtiene atención hospitalaria o sea las otras cinco mujeres no buscan hospital o se les niega el servicio y recurren a la clandestinidad. Del 2000 a la fecha, en promedio en México, 500 mujeres son hospitalizadas diariamente tan sólo en los servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de un aborto.

Es decir, se trata de un hecho que pone en riesgo muchas vidas, una cuestión que debiera no existir. Se trata con claridad de muertes evitables, que el derecho a la salud garantizado en la Constitución se viola y la igualdad entre mujeres y hombres signado por las naciones del mundo, es una mentira. Con lo cual el retroceso en 16 entidades del país y las demandas pendientes, son de una urgencia que lacera la esperanza de que un día en México, se pueda hablar de laicismo y democracia, ambos elementos base, contexto de las luchas libertarias de nuestras antepasadas.

En el Distrito Federal hace poco más de tres años se despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, la constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Frente al avance, la embestida conservadora no se hizo esperar: gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) subordinados a la Jerarquía Católica promovieron contrarreformas en las constituciones de 16 estados del país para perseguir y penalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.

Las contrarreformas no sólo imponen a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sino que institucionalizan la violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres; profundizan la injusticia y la impunidad y están poniendo en riesgo el uso de métodos anticonceptivos, especialmente los dispositivos conocidos como DIU y la anticoncepción de emergencia.

El texto del Pacto, para leerse este 28 de septiembre también denuncia que las contrarreformas frenan el avance científico en la investigación con embriones y células madre, la imposición moral religiosa conservadora con lo que se vulnera el carácter laico del Estado mexicano, además se profundiza el déficit democrático por razón de género.

Es decir, en la práctica en esta sociedad, fundada en una Constitución que fue producto de una gesta histórica en la que perdieron la vida un millón de mexicanas y mexicanos, sólo en el caso de este derecho: el de interrumpir legalmente el embarazo, evidencia el carácter patriarcal de un sistema en el que las mujeres, más de la mitad de la población, se someten a un Estado que viola la ley, una sociedad que lo permite y un mundo global que se dedica a elaborar bonitos proyectos y convenios, campañas, que no consiguen nada para las mayorías empobrecidas, sino que se convierten en guardianes del capital y sus intereses.

Son las campañas financiadas por los grandes capitales, mientras que en mi país se mueren las mujeres, muchas de esas 500 que ingresan todos los días a los hospitales. Una cruzada contra la desigualdad social, es lo que urge.

saralovera@yahoo.com.mx

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Participación ciudadana

Por Bárbara García Chávez

El tema de la participación ciudadana en los ámbitos de la vida pública se encuentra presente en las agendas políticas de todos los países desde los años ochenta, como elemento fundamental para lograr una eficiente política social y preservar de esta manera la gobernabilidad y la paz.

Esta preocupación surge en razón de que los gobiernos han comprendido que no es posible acceder al desarrollo y crecimiento de las sociedades sin la participación de la ciudadanía. Por otra parte, uno de los motivos por los que la sociedad civil se organiza ha sido precisamente para demandar espacios de participación en los asuntos públicos.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo como parece, pues cada una de las partes visualiza de manera diferente los mecanismos de intervención de la sociedad en el quehacer público, por supuesto de acuerdo a sus intereses, y en todo caso a criterios de grupo que no siempre resultan de interés general o adecuados a las líneas programáticas que pretende el gobierno en turno.

Es así que en nuestro país las instancias gubernamentales han considerado que la participación ciudadana es un requisito para justificar presupuestos y la aplicación de políticas públicas, así convoca a los grupos civiles para abordar temáticas diversas en foros, cuyas conclusiones en realidad no tienen la mayor importancia porque no son tomadas en cuenta a la hora de las decisiones, si éstas no resultan convenientes a los criterios –si los hay- de quien va en los hechos a responder a intereses y compromisos concretos que de antemano adquirieron.

Es decir, se juega a la democracia abriendo espacios para que la ciudadanía opine, proponga o simplemente exponga su molestia respecto a determinados asuntos, abriendo expectativas sin conducción que más temprano que tarde provocará malestar y conflicto en los muy diversos grupos ciudadanos con ideas e intereses distintos y a menudo contrapuestos.

La convocatoria del nuevo gobierno para la realización de foros ciudadanos ha generado amplias perspectivas entre la población oaxaqueña, que espera con verdadera esperanza un cambio positivo en la relación gobierno-sociedad, que se traduzca en un gobierno democrático, plural e incluyente.

Sin olvidar la participación de las fuerzas políticas que ahora asumimos están en la planeación y elaboración estratégica de la agenda política del próximo gobierno

-PRD, PC, PT, y PAN-, las mesas de dichos foros han contado con la presencia de personajes que se han asumido de izquierda, hecho que sin duda alguna también ha contribuido a direccionar la percepción ciudadana, sin embargo, ¿hasta qué punto se estarán utilizando sus nombres para aparentar que la izquierda tiene un espacio importante dentro del nuevo gobierno? Cuando en realidad el proyecto que se aplicará en el próximo sexenio tiene abiertamente una visión diferente e incluso opuesta elaborada convenientemente desde el Partido Acción Nacional.

No obstante que cada mesa tiene sus coordinadores, hay un equipo de “especialistas”, quienes decidirán si las propuestas ciudadanas son viables o se desechan- y, en su caso, cuál será el mecanismo de implementación. Algo que llama mi atención es que estos expertos no han sido presentados ante la ciudadanía para tener la posibilidad de evaluar cuál será el resultado de dichos foros, en base al perfil político y social de cada uno de ellos y ellas.

Lo que nos hace suponer que la inclinación de este equipo es predominantemente de derecha, es la identificación manifiesta que existe entre el gobernador electo y el partido azul, un claro ejemplo es el caso de la plenaria nacional de ese partido, en la que Gabino Cué se reunió con sus legisladores federales y les pidió apoyo y solidaridad para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 nuestra entidad tenga recursos suficientes para iniciar los trabajos del nuevo gobierno, aprovechando la ocasión para reconocer “la enorme generosidad de Acción Nacional” para postularlo como su candidato y también la solidaridad del presidente Calderón.

Lo anterior, no tendría nada de particular si no fuera por el hecho de que no reconoce de la misma manera la participación de los otros tres partidos que también lo hicieron su candidato y que poco o mucho también contribuyeron a su triunfo el pasado 4 de julio. Quizá lo hicieron su candidato pero de manera mezquina.

A reserva de que en esta ocasión se asuma de manera responsable y respetuosa la participación ciudadana en la vida pública del estado y de que se tenga el firme propósito de cumplir con las expectativas de las y los oaxaqueños otorgando a la sociedad no sólo foros de propuesta sino también un espacio en las mesas en donde se tomarán las decisiones de gobierno, garantizando con ello el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en la vida democrática de nuestra entidad, lo cual pasa necesariamente por el respeto y la tolerancia a las distintas formas de pensar, estaremos nuevamente frente a una decepción más, como aquella que se vivió en el 2000 con el llamado gobierno del cambio que se convirtió en morralla.

Golpea el IMM la Libertad de Expresión

Por Sara LOVERA
Las tensiones entre la política feminista, el Estado y sus gobiernos han generado muchos conflictos entre las mujeres y sus agendas. Esta tensión se ha convertido en una verdadera amenaza para el avance de las mujeres.
Aunque es en dos sentidos: las instituciones que en muchas ocasiones pretenden ir más allá de la agenda feminista y quieren dirigir las acciones de los grupos de mujeres o quienes desde esas instituciones pretenden detener su avance.
El conflicto está en la mesa del debate: la agenda y los oprobios a las mujeres de pronto han llegado a excesos que ahora mismo significan confusiones varias. Queríamos, desde el feminismo, que los Estados propiciaran una verdadera política que libere a las mujeres, ahora esas políticas, algunas buenas voluntades, se vuelven contra nosotras en muchas partes del mundo.
El domingo 19 de septiembre, la derecha se reeligió en Suecia -el país que consiguió cerrar la brecha entre hombres y mujeres, según los organismos internacionales- y la derecha ganó anunciando la reducción de los derechos sociales que afectarán, evidentemente, a las mujeres. Ni en Suecia ni en ninguna parte del mundo se ha detenido la violencia. El 20 de septiembre en El País, diario español, apareció la nota de la asesinada número 9 del año. Hay una fuerte discusión en la Unión Europea contra las y los migrantes. Las opiniones se dividen frente a las expulsiones maquinadas por Nicolás Sarkozy, contra las y los ciudadanos rumanos, por su herencia gitana, que de pronto recibe decenas de solidaridades y pone en peligro las leyes migratorias de Europa que parecía abierta.
Cosas como esas de la creciente derecha nos tienen que poner en alerta. En México el Partido Acción Nacional y sus socios, muchos del Partido Revolucionario Institucional y de otros, no cesan el golpeteo contra el aborto legal, contra la educación sexual y la indiferencia creciente frente al aumento de la violencia contra las mujeres. Hechos preocupantes.
Pero las cosas han llegado más lejos. Ahora el Instituto Nacional de las Mujeres, que había venido patrocinando la aparición del suplemento feminista Todas -editado por la casa editorial que circula Milenio, que es dueña del grupo Estrella en radio y televisión y que se hace llamar Multimedios- es un ataque a la libertad de expresión.
El suplemento nacido de acuerdos publicitarios más que una política editorial de la casa de Milenio, siempre tuvo ese riesgo y esa tensión entre las demandas de las mujeres y la política oficial. Así, el INM paró la impresión del suplemento por no estar de acuerdo en el análisis de sus colaboradoras frente al bicentenario y las mujeres.
La edición, que criticaba cómo 200 años después de la Independencia las mujeres tienen muchos pendientes y que debió circular a partir del 13 de septiembre último, simplemente no se imprimió. De pronto, en un solo “acto” volvimos a aquellos tiempos cuando el entonces presidente José López Portillo aplicó la frase: "no pago para que me peguen" y retiró a la revista Proceso toda la publicidad con objeto de ahorcarla y contribuir a desaparecerla. Pero no pasó, Proceso vive y bien.
En cambio Todas, desaparecerá como la conocemos. Su directora Cristina Renaud, impulsora de la tradición de los espacios feministas, que orgullosamente inició en el diario El Día y continuó durante más de 15 años en La Jornada, ahora tendrá que retirarse ante la falta del apoyo esperado de su casa editorial. Todas se convirtió, en la mente de la directora del INM, en un patrimonio oficial. Grave sentido.
El número preparado para el bicentenario documentaba cómo tras las guerras en México por la Independencia, por la Revolución y por la democracia no han hecho justicia a las mujeres, que siguen excluidas y diferenciadas en discriminación con los hombres.
Se sigue con salarios disminuidos, con pocas oportunidades, para no hablar de los millones de mujeres pobres, las que mueren por abortos clandestinos y por la mascarada que constituye la participación política.
En Todas no se ofende a política alguna, simplemente no se quiso seguir haciendo propaganda a la política oficial de Felipe Calderón, con mentiras. Resultado: cierra, amenaza y viola al derecho a decir que en la Revolución costó un millón de muertos. ¡Una verdadera barbaridad!
Este freno a la libertad de expresión es un escándalo, cuando México tiene compromisos internacionales; forma parte de la cadena de oprobios a las mexicanas y se suma a la inequidad y la injusticia, a la impunidad. La portada del número censurado tenía una fotografía de Marcela Lagarde, la coordinadora de una Red contra el Feminicidio en México, un tema explosivo, por lo visto para la señora Rocío Galván, directora del INM.
Cabrían aquí algunas preguntas. En el reciente Encuentro Nacional Feminista, el tema de la autonomía fue tratado y discutido. Hubo quienes desde la postura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también quisieron controlar y dirigir el camino y las conclusiones de las feministas.
De ahí que las preguntas sean muchas. La autonomía del movimiento feminista tendrá que ser bien analizada, sobre todo en tiempos preelectorales, como los de 2011 y las promesas limitadas y constreñidas de quienes hacen política.
Asuntos de la agenda se dirá. Sí, de la agenda democrática para las mujeres, puesto que es claro que no es el gobierno quien garantizará el avance feminista. Todas, la agenda y el movimiento sólo podrán defenderse desde las mismas mujeres, las que urgentemente tienen que ir a las otras, a las mujeres del país para conseguir una verdadera masa crítica y volver a los años setenta, tomar la calle, ser libres, tener agendas propias. Eso urge.
saralovera@yahoo.com.mx