lunes, 27 de mayo de 2013

Palabra de Antígona Rechazan Alerta de Género: Décima ocasión


Palabra de Antígona
Rechazan Alerta de Género: Décima ocasión
Por Sara Lovera
Al mensaje político de que no aceptará poner en marcha una Alerta de Género en cualquier parte del país, puesto que el martes pasado rechazaron esa demanda para  Guanajuato y están pendientes dos: Morelos y Estado de México, donde grupos de Derechos Humanos  insisten en solicitarla, tuve que indagar por qué es eso y cómo se lo puede uno explicar. No se entiende.
Primero decir que en la discusión extraordinaria del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que esta vez, no presidió el secretario de gobernación  Miguel Ángel Osorio Chong, 20 institutos de las mujeres la rechazaron; ocho se abstuvieron, en tanto que el Distrito Federal, Michoacán y Puebla votaron favorablemente.
Me parece inaudito. Según información confirmada sólo entre enero y mayo en el Estado de México más de 145 mujeres han desaparecido, principalmente en los municipios de Valle de Chalco, Chimalhuacán y Ecatepec.
Cualquier opinión sale sobrando. Cifras semejantes y terribles conocemos de Morelos (más de 400) y cientos en Guanajuato, sólo por mencionar dos entidades. Sabemos también que desde hace tres años que se solicitan estas alertas, en alrededor de 10 entidades, sin resultados.
Vele la opinión preocupante del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México,  Javier Hernández Valencia, en un foro denominado Mesa para la Construcción de Consensos sobre Derechos Humanos expresó que:  "Hay una demanda que se ha hecho pública desde hace días, sino semanas, tal vez hasta meses, en la que se ha puesto el tema de debate el feminicidio en Morelos. Déjeme decirle una cosa señor secretario (de Gobierno Jorge Messeguer Guillén) es una curiosa experiencia para mí como funcionario internacional, encontrar en muchos escenarios internacionales que la voz oficial del Estado mexicano, la integralidad del Estado no sólo la Federación, hablan de las bondades de ley y por supuesto de la institucionalidad que se ha construido alrededor de ella".
"Y, sin embargo, en los dos años y medio que llevo acá, encuentro que la ley tiene un candado, porque la percepción desde los gobernante de la declaración de la alerta de género es como si fuera un baldo, como si fuera un error, y se evita entonces poner a disposición y movilizar lo que en la institucionalidad se ha construido para ser más eficaces por evitar el costo político de ser, la primera entidad en la cual se declare la alerta de género. Es como si fuera un pecado de origen, en el que nadie quiere caer y eso ha atado de manos, de pies, vendado de ojos, amordazado, taponado los oídos a nuestra construcción institucional".
El representante de la ONU parece un mago. Parece haber dado en el clavo. Investigué y ¿saben lo que pasó? Que el ejecutivo de Guanajuato envió una carta al Instituto Nacional de las Mujeres, señalando que ha iniciado un programa de fondo para atender el problema de la violencia feminicida; que está a punto de resolver muchos casos, que ya tiene a todo su gabinete actuando…pienso que eso hizo hace tres semanas, pero en público, el gobierno de Hidalgo. No dudo ni tantito que lo mismo digan otros gobiernos.
Es posible, me pregunto ¿qué todo sea política?. Que nadie quiere tener el costo político de que sea el gobierno central quien mandate esta situación. Es claro que tenemos gobernadores e institutos locales, capaces de engañarse a sí mismo, de inventar que hacen, cuando no hacen.
El sorprendido y audaz representante de la ONU dijo más, sobre todo porque la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos ya está gestionando su queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que preside Emilio Álvarez Icaza.  Hernández Valencia afirmó que todo es contradictorio que "la legislación que presumimos en escenarios internacionales y que nunca hacemos funcionar, eso es como tener un Lamborghini guardado en un desván de vacas, perdiendo una enorme oportunidad. Creo que hay ahí cosas que suponen no sólo decisiones en el estado Morelos sino también, ojalá, decisiones en la Federación. Es una bonita pieza de arquitectura barroca que nos sirve cuando mucho, cuando las emergencias están ahí y eso, para lo que se diseñó (la ley), no permite que la utilicemos".
Sus palabras están grabadas no sólo por los periodistas de Morelos sino por otras personas de la Sociedad Civil. Ahora resulta que inmediatamente después de la mesa de debates sobre derechos humanos, el Secretario de Gobierno de Morelos, anunció que analizarán los informes y, ahora sí, estudiarán la posibilidad de solicitar la Alerta de Género. Pamplinas, no le queda de otra tras la crítica. Pero, dicen algunas feministas indignadas, que vigilarán, tras tomarle la palabra. Eso no libra a nadie de la queja ante la CIDH.
En el caso de Guanajuato, dijo la directora de las Libres, Verónica Cruz, que se irá al amparo. Al cierre de este comentario todavía no se conocen las razones de la negativa.
Pero algo más. Un brillante documento didáctico elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, dice que el procedimiento para la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género se inicia con una solicitud de investigación, que puede ser enviada incluso por correo postal a la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Que esa solicitud tiene que cumplir con requisitos como nombre, domicilio del solicitante y carácter con el que actúa, como institución u organismo de la sociedad civil. Sencillo.
Pero los solicitantes deben demostrar que en un territorio determinado (delimitación territorial) existe violencia sistemática contra las mujeres, etcétera, que son de orden común, que existe un contexto de impunidad o permisibilidad social y que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas…etcétera.
Esto es que la tarea del gobierno tiene que hacerla esa institución especializada en Derechos Humanos o civil. O sea que los requisitos son inauditos. Es probable que al tema político, se agrega esta barbaridad, sólo producto de esta deformación legislativa y aberrante, excesivamente precisa en leyes inútiles, que acaban siendo el maravilloso pretexto del Sistema, ese de prevención y atención, y de los gobernadores para decir que no.
Estoy alucinada con el exceso de reglamentación que se ha promovido, para algo tan evidente. No sé en qué momento este exceso, producto de mentes muy complicadas e ineptas, esté jugando en contra de la evidencia. No en vano me comentó una amiga, que van a cambiar semejante enredo. Sería bueno. Porque de tanto querer suplantar las tareas que sólo son del gobierno, quien haya hecho ese reglamento, quiere entrar al oscuro entramado de la ley que protege al sistema, la misma que usó en manos de Lutero a la Iglesia, como se dice, creo su propio cautiverio. Ahora entiendo que no, que será muy difícil esta empresa y que siempre es mejor la movilización y la denuncia. Mientras esperamos a ver qué pasa con las siguientes peticiones que están en puerta.
Antes de irme diré. Eso ya está pasando con el exceso de reglamentación que ha creado la figura del delito de feminicidio. Es posible que se enredará tanto que no habrá forma de comprobarlo. Mientras seguirán desapareciendo y muriendo mujeres asesinadas. Pero, me dirán, se trata de hacer visible el problema. ¿Será? Yo creo que es visible y preocupante. Las expertas debían saber que hoy lo que urge es acción política.
Veremos

Mujeres y política Las trampas de la ley


Mujeres y política
Las trampas de la ley

Soledad JARQUÍN EDGAR
En un país como el nuestro, en una entidad como la nuestra, elaborar “recetas”, con definiciones científicas, explicaciones de cada uno de los pasos que se deben dar - que pueden ser cinco o más de cien-, como mecanismos para resolver problemáticas donde lo que está en riesgo es la vida de las personas y en específico de las mujeres, simplemente parecen operar en contra de los supuestos objetivos para los que han sido creados.
Un ejemplo concreto y real es que a casi 50 días del asesinato de Dafne Denis Carreño Bengochea, el “presunto” feminicida Alejandro Enrique Rivera López, todavía no declara, porque supuestamente está delicado de salud.
Desde el asesinato de Dafne Denis reportado por los medios de comunicación el 10 de abril, la vida de otras siete mujeres han sido terminadas mediante esta violencia en Oaxaca. Pero a nadie parece indignarse de verdad excepto a las propias familias que deben ser “tolerantes”. Eso sin contar el altísimo número de casos donde los señores asesinos ni siquiera son detenidos. El colmo, es que el presunto responsable de haber apuñalado en varias ocasiones a Dafne, me refiero a Alejandro Enrique Rivera López, dentro de su departamento, quien amenazó a las vecinas cuando ella pidió auxilio, que fue detenido por policías a unos metros del lugar donde habría cometido tan horrendo crimen, con un cuchillo en mano, todavía no declara porque está delicado de salud…¿qué tal?
Primero hablaron de defensa propia, luego de que tenía problemas mentales, luego que está delicado de salud porque el mismo, frente a los policías, se lesionó el cuello, pero fue tan benévolo con él mismo como no lo fue con su ex novia…bueno, esas son las trampas de las que debemos hablar, de esos mecanismos de papel que sirven para unos pero no para todos ni mucho menos para todas.
No se trata de vivir en la arbitrariedad, ni de actuar conforme al criterio de una y otra persona, o para satisfacer la voluntad de unos cuantos ni mucho menos los caprichos de un grupo determinado. Pero, a veces, hay tanta falta de funcionalidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, tantos trámites, tanta burocracia que una empieza a sospechar qué detrás de cada uno de estos actos sigue como la vigencia y muestra su mejor estado de salud el patriarcado.
Lo peor, explica la feminista y periodista Sara Lovera, el problema es cómo muchas de esas leyes, esos reglamentos, son hechos para, al final, actuar en contra de nosotras mismas y hoy estamos viviendo esos resultados. Se pidió, porque se pensó que eso resolvería el problema se tipificara como delito (autónomo) el feminicidio, pero hoy resulta una muy cómoda camisa, casi hecha a medida de los servidores públicos de todos los niveles y de todos los poderes, que parece que se ponen a limpiar frijoles y a escoger “este sí y este no”. Entonces en lugar de 200 casos de asesinatos de mujeres (por cierto los ocurridos en lo que va de esta administración gubernamental de Gabino Cué) se les hará fácil decir que no son tantos, que realmente sólo un porcentaje son feminicidios. ¿Y…? ¿Acaso no están para salvaguardar la vida de las personas?
Para tipificar el feminicidio pasaron años. La primera propuesta sobre el tema fue puesto ante el Congreso local por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña en tiempos de Ulises Ruiz, hace unos seis años. Finalmente se aprobó en agosto pasado y no la propuesta primera del IMO sino otra propuesta, esta vez elaborada por el nuevo IMO, del IMO del gobierno democrático, que rechaza el autoritarismo... En 2007, la entonces titular del IMO, Norma Reyes Terán, sugirió que se solicitara una alerta de género en la zona triqui, pero nada pasó, como nada pasa ahora.
Las truculencias burocráticas y las ineptitudes de algunos servidores públicos se repiten. Son como magos sacando conejos de sus chisteras para entretener al público. Con toda calma, apareció el más lento de todos los organismos de gobierno, me refiero a la cámara de diputados local –donde desde enero pasado el quehacer principal era buscar presidencias municipales, así que las tortugas se volvieron chapulines -.
Este lento aparato de gobierno pidió el 19 de abril a Arturo Peimberg que solicitara la alerta de género para Oaxaca. El aplauso fue generalizado ¡Bravo! ¡Un conejo! El “ombudsman” tomó nota, consultó el oráculo y  casi ocho día después hizo su tarea, pero… ¡Oh, oh! En lugar de conejo sacó una flor porque el mensaje estaba equivocado.
A pesar de todo, otra vez aplausos y bravos. Peimberg como titular de la DDHPO envió la solicitud, como decía el mandato del Congreso, “al titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal”. Una tras otra…
Quien ya leyó el Reglamento de Alerta de Violencia de Género, le tuvo que decir al oído que el receptor estaba equivocado, que no era a Miguel Ángel Osorio Chong a quien se debía destinar el documento sino a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Otro organismo sin pies ni cabeza donde tarde o temprano se detiene todo y vuelve la calma chicha. Sabemos que Arturo Peimberg enderezó el error que le transmitieron desde el Congreso, el conejo no salió tomado por las orejas sino de las patas. Lo cierto es que hoy la ciudadanía, la preocupada por el altísimo número de asesinatos que se cometen contra mujeres en Oaxaca,  no sabe qué  pasó con la solicitud presentada por el titular de DDHPO.
Todo esto a pesar de que hoy sabemos que esos llamados solicitando la Alerta de Género no sirven para nada, como sucedió esta semana con el caso Guanajuato, donde las titulares de 20 entidades lo rechazaron, ocho se abstuvieron y ya saben solo tres aprobaron: Distrito Federal, Michoacán y Puebla, según se informó. ¿Y cuál fue el papel de la titular del IMO, Anabel López? O se abstuvo o lo rechazó. Ella sabe.
Así que la burocracia del género, toda una institución, sigue recibiendo mandatos del patriarcado, enredando las cosas con definiciones y reglamentos que luego nadie puede alcanzar y entreteniendo al público con esos chispazos mágicos que de vez en cuando nos regalan, acompañados de la “declaracionitis” de los titulares, una enfermedad severa que padece el sistema de gobierno.
Pero esta burocracia de reglamentos y leyes, que dejan rendijas para que se gesten toda clase de trampas, sigue, como hemos visto, obstaculizando la paridad en los partidos políticos; sigue obstaculizando el bienestar social que se interpreta en su máxima expresión en cocinas comunitarias y en apoyos miserables para las madres solteras por tres meses o cuándo ya se murieron como ahora lo hace el gobierno de Enrique Peña Nieto, además, claro está en la falta de justicia, como podemos ver pasa todos los días.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) hizo que los partidos políticos corrigieran sus listas para cumplir con la cuota de género. Y todo esto ocurrió la noche de este viernes, a última hora, es decir, veremos qué paso, lo que sí es que tuvieron que bajar a más de uno. Este sábado sin recato alguno empezó Joel Castillo del PRI su campaña, y por populista más que por católico, empezó con una misa en San Bartolo Coyotepec, como éste son los diputados que luego se amarran el dedo y piensan que los derechos de las mujeres tienen que ver con el demonio (por ignorantes, claro está).

@jarquinedgar
www.caracolasfem.blogspot.com
www.diezcomunicación.com.mx

A Reserva: La Alerta de Violencia de Género ¿En qué va?


A Reserva
La Alerta de Violencia de Género ¿En qué va?

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
La violencia contra la mujer persiste como una violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Esa violencia es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes, por parientes o por extraños, en el ámbito público o privado. El Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho que mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no podremos afirmar que estamos  logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
 México ha aceptado, firmado y ratificado los instrumentos internacionales que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, sin embargo,  aún con el consenso y el reconocimiento por parte del Estado mexicano del trato discriminatorio que tradicionalmente existe en sus diferentes sectores sociales, las mujeres siguen siendo víctimas expuestas a diferentes formas de violencia, que incluyen la violencia sexual, psicológica y física, y el abuso de sus cuerpos.
 El artículo 1 de nuestra Constitución establece la prohibición de toda discriminación basada en el género; asimismo, en su artículo 4 reconoce la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley; además, de la existencia de leyes federales y locales sobre igualdad y las de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
 El 1 de febrero de 2007 fue publicada en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual tiene por objeto “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación”. Es decir, las autoridades de todos los niveles de gobierno deben vigilar el eficaz cumplimiento de los programas sobre la no violencia contra las mujeres, como complemento de la labor legislativa, que en el marco del federalismo habrá de aplicarse en todas las entidades federativas.
Cuando la violencia feminicida no es controlada efectivamente por el estado sino al contrario se exacerba, va in crescendo, deberá emitirse una “Alerta” establecida en el artículo 24 de esta ley que establece: “La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y cuando las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional o internacional así lo soliciten”.
Este enunciado se perfecciona sobre regulando el procedimiento en el Reglamento de la LGAMVLV, iniciando con las competencias tanto del solicitante como de los organismos públicos que conocen y resuelven determinados en el artículo 32 que refiere: La solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de
Violencia de Género, podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales.
En lo que se refiere a la solicitud de  investigación sobre la procedencia de la Alerta, que se presentará por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema, requiere desde las generales del organismo solicitante, constitutividad y formalidades de representación hasta una investigación previa estadística con datos cuantitativos y cualitativos dignos de metodologías académicas.
Aquí el atorón comienza con demostrar que el organismo solicitante tiene acta constitutiva registrada y que el objeto permite la acción. Ya presentada la solicitud solo podrá ser admitida, reza el artículo 34, para ser considerada por el sistema cuando se afirme -ojo- basta con afirmar que existen los tres supuestos que implican:
I. violencia sistemática contra las mujeres;
II. Que dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y existe un contexto de impunidad o permisibilidad social, o que existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres;
III. Que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social.
Si a criterio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema falta algún requisito les dará amablemente tres días para cubrirlo si no es así simplemente se desecha la solicitud; si cumple lo requisitado se  resolverá la aceptación o no a la radicación de la solicitud, lo que se comunicará en los siguientes 30 días al solicitante.
Qué funciones tan omnipotente que deciden sobre la vida de las mujeres, son las de esta Secretaría Ejecutiva, función que desempeña el Instituto Nacional de las Mujeres, por la que peleó y ganó en 2012 formalizándose en la reforma que modificó el reglamento en comento.
Una vez admitida la solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género, la Secretaría Ejecutiva convocará al Sistema a sesión extraordinaria, para que éste resuelva en definitiva si procede o no iniciar la investigación solicitada. Ojo… esta procedencia es para que el sistema sesione y en su caso inicie la investigación que estará a cargo de un grupo interinstitucional y multidisciplinario que se definirá y convocará para el estudio y análisis de la posible emisión de alerta de violencia de género contra las mujeres.
Ahora ya no resulta tan difícil entender porque esta figura implementada en la LGAMVLV y en su reglamento a juicio de muchas feministas resulta  casi ociosa por su complejidad y por lo visto inalcanzable efectividad. El “Sistema” -que preside el Secretario de Gobernación y está formado por la instancias de gobierno federal y los institutos de la mujer en los estados de la Republica-, y sus implicaciones desde su integración hasta sus funciones mínimas son un verdadero elefante blanco que por desgracia no solamente no coadyuva a la eliminación de la violencia contra las mujeres, también implica la asignación de recursos públicos millonarios que no se ejercen.
A tan solo unos días de habernos enterado sobre la decisión que tomaría el sistema, cuya votación mayoritaria está en manos de las responsables de los institutos para el adelanto de las mujeres ¿?, en relación a la procedencia de la Alerta de Género en los estados de Morelos y Guanajuato , tienen el precedente de otras solicitudes que refieren violencia sistémica y aumento preocupante de feminicidios en otros estados; es el caso del Estado de México,  Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, solicitud que también contenía a Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, según lo declarado entonces por  Sergio Méndez Silva, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
“No hay parámetros para determinar sí hay un alto o bajo índice de violencia, el                 -Observatorio concluye- lo que preocupa es la circunstancia humana que prevalece en muchas entidades, donde por las omisiones de las autoridades, existen muchos casos de mujeres asesinadas o desaparecidas, no es un tema de cantidades sino es un tema de las circunstancias que el gobierno no está actuando para erradicar la violencia”.
Lo que es claro y contundente es que el sistema nacional emanado de la LGAMVLV, es absolutamente inoperante ante la violencia extrema contra mujeres y niñas pese a que hay cifras claras y estadísticas que permiten conocer la gravedad del flagelo, incluso cuando estamos frente al feminicidio que es el indicador más claro de que el sistema de justicia ha fallado en la prevención, la atención, el acceso a la justicia y la protección a la mitad o más de la población.
Hace unos días se confirmó la ineficacia sistemática del “sistema”, salieron asestando el golpe como anunciando sin congoja el resultado de un juego de futbol, aplastante para las mujeres y niñas guanajuatenses, la propia directora del instituto de las Mujeres argumentó en contra defendió a ultranza las acciones de  su gobierno.
Como en los demás casos, la alerta no procede con argumentos legaloides, la impunidad continúa simulando con la existencia insustancial de una instancia miope y sin compromiso, incapaz de  garantizar la seguridad de las mujeres ni sus derechos humanos.
Por supuesto debido a la complejidad para emitir la Alerta de Violencia Género y su procedencia, tendría que haber mayor seriedad en las formalidades que refieran las solicitudes, sobre todo cuando emanan de un organismo público del estado como es el caso del trámite relativo en Oaxaca, que desde la excitativa de la cámara de diputados, es incorrecta y mal fundada al exhortar al Defensor de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, solicite al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  declare  alerta de violencia de género contra  mujeres en Oaxaca, misma equivocación que el reedita, sin revisar el asunto con la debida circunstancia, exhibiendo a la legislatura y al propio defensor como ignorantes de la ley cuando menos en esta materia.
Por último, habría que revisar la actitud de las responsables de los Institutos de las Mujeres en las entidades, que al parecer es más importante el compromiso con su gobernador que con los intereses y bienestar de las mujeres que representan, ya que siendo integrantes del “Sistema” que analiza la procedencia de la “Alerta”, su voto mayoritario no ha inclinado la decisión en el sentido de la declaratoria, salvando a sus jefes políticos del señalamiento implícito.
¿En este contexto, para que queremos esta ley?
www.canalgentelibre.com