lunes, 28 de febrero de 2011

Mujeres y política Agravios a periodistas

Soledad JARQUIN EDGAR

El peor agravio entre periodistas es ignorarse.

En México, Reporteros sin Fronteras ha señalado que en 2010, 57 periodistas fueron asesinados, un año antes la cifra fue de 76, por tanto México se convirtió en un país peligroso para el ejercicio de la prensa, entre los estados más violentos está Oaxaca.
Esta entidad ha estado en el ojo del huracán por las agresiones a periodistas, según los datos que refieren organizaciones estatales, nacionales o internacionales por la frecuencia de agresiones contra informadores y otros trabajadores de los medios de comunicación: ataques que van desde asesinatos, secuestros, agresiones físicas, “asaltos”, amenazas telefónicas o por internet, algunos despidos y denuncias penales.
El largo recuento es grave si pensamos que sólo en los últimos cinco años, siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido asesinados en Oaxaca, ningún caso ha sido esclarecido, es decir, estos agravios a la sociedad permanecen impunes. Y son agravios a la sociedad si consideramos su derecho a la información y la libertad de expresión.
Los trabajadores de los medios asesinados: Bradley Will, camarógrafo de Indymedia (27 de octubre de 2006); Raúl Marcial Pérez, columnista de El Gráfico (8 de diciembre de 2006); los voceadores del Imparcial del Istmo Mateo Cortés Martínez, Agustín López y Flor Vásquez (8 de octubre de 2007) y las locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, estación comunitaria de San Juan Copala, Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez (7 de abril de 2008).
A estas agresiones le siguen en Oaxaca los secuestros como el que sufrió Pedro Matías, corresponsal de la revista Proceso, el 25 de octubre de 2008. Las agresiones a otros periodistas como Ixtli Martínez, el 10 de junio de 2010 en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UABJO.
No sin antes, hacer el recuento de la violencia ejercida contra comunicadores, mujeres y hombres, durante todo el movimiento social-político de 2006, donde hubo de todo, provocado por la polarización de las ideas y la intolerancia de ambos bandos.
Es necesario sistematizar los hechos, hacerlos visibles y ponerlos sobre la mesa, porque como decía antes, la magnitud del problema tiende a crecer, sobre todo porque no hay ninguna investigación, hay injusticia para las y los periodistas.
Todavía recordamos las imágenes de la cabeza y rostro de Abundio Núñez golpeado el 25 de noviembre de 2006, por policías federales. Durante ese aciago año también resultaron agredidos reporteros gráficos como Jaime García, cuya situación es ahora delicada porque el pasado 15 de febrero la historia se volvió a repetir en él mismo. En aquel entonces también se cometieron actos violentos contra Humberto Cruz, Omar Gasga y Alberto Fernández, los dos últimos en la costa y el istmo respectivamente, así como otros muchos, algunos realmente serios porque van desde disparos a automóviles y actos casi de linchamientos contra las y los informadores.
En junio de 2007 fue baleado al llegar a su casa el reportero de Tiempo, Misael Sánchez; en 2008 fue agredido Melchor López de Radio Mixteca de Oaxaca, y Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez de la emisora comunitaria Zaachila Radio de Oaxaca.
En abril de 2009, otros cuatro periodistas fueron agredidos, en diferentes episodios: Federico Cabrera corresponsal en la región de la cañada; Rebeca Luna entonces reportera del Diario PM fue perseguida por motociclistas y asaltada por ocho sujetos en las inmediaciones del Mercado de Abastos, sufrió persecución, amenazas, amago y el robo de su computadora, y Jaime Méndez agredido cuando cubría una asamblea en San José del Progreso. El 30 de agosto de 2009, Guillermo Soto Bejarano, director del semanario De Opinión, fue víctima de un ataque, cuando desconocidos dispararon contra su casa, en Salina Cruz. Otro caso fue la violencia contra el caricaturista Mario Robles agredido físicamente y amenazado, hechos ocurridos el 19 de abril de 2009. En julio de ese mismo año, se denunció otro caso, esta vez cometido contra Ernesto Reyes –actual director de Comunicación Social-, quien se dijo fue detenido de forma arbitraria e incomunicación por miembros del Ejército Mexicano, durante la visita de Felipe Calderón.
Además del caso de Ixtli Martínez, en 2010 hubo otras agresiones, entre ellas el cometido contra Félix García, reportero de radio ORO, el 27 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, cuando cumplía con su labor informativa.
Bochornoso fue el despido de Patricia Pacheco Guzmán, en marzo de 2010, de la radiodifusora XEPX La Voz del Ángel, ella aseguró que fue por presiones políticas del entonces presidente municipal de Pochutla, José Manuel Ricárdez López, quien estaba molesto por las críticas que la reportera le hacía. El grave problema es que estaba en embarazada y había solicitado su inscripción al Seguro Social, a lo que la empresa se había negado, pero en realidad era un pretexto, se trataba de un acto de censura, señaló entonces la periodista.
Este recuento, no está completo, faltan muchos actos de violencia, muchos que nunca fueron denunciados por razones personales de las y los trabajadores de la información, el problema es que esta situación parece no tener fin, el 15 de febrero de nueva cuenta periodistas fueron víctimas de la trifulca entre maestros y policías, ¿gajes del oficio? No, por supuesto que no. El periodismo implica riesgos, los cuales tendrían que ser indirectos no agresiones directas, como “confiscar” material fotográfico y equipos de trabajo o golpear a periodistas porque están haciendo su trabajo, como ha ocurrido hace unos días, en esa reminiscencia del 2006.
El 15 de febrero fueron agredidos Gildardo Mota, quien recibió un disparo de arma de fuego en la pierna, por supuesto fue un policía quien disparó. Rebeca Luna batalló para que una mujer de la policía Federal no le arrebatara su material fotográfico y grabadora, la respuesta fue una torcedura de brazo por parte de la mujer policía; José Montes tiene hoy en su brazo izquierdo las huellas de la agresión; Jaime García fue lesionado en el pecho, otro fotógrafo lastimado fue Darío Nolasco, hay más historias de este tipo, como resultado de la batalla campal que protagonizaron las hordas magisteriales y las que componen los policías, a ambos grupos, está visto los derechos humanos los tienen sin cuidado y la labor periodística les resulta peligroso, de ahí la razón del ataque.
El caso de Jaime Guerrero, es digno de estudio, por pretender detener a quienes agredían a Marco Tulio López Escamilla, resultó implicado en los hechos y es vulnerable frente al aparato de seguridad, pues hay un escolta que no está contento y lo acusa de haber agredido al titular de Seguridad Pública. Jaime en una carta responsabiliza a Marco Tulio de cualquier agresión que pudiera sufrir él y su familia.
Frente a la suma de hechos, que insisto no son todos los que son, el ejercicio de la labor periodística en Oaxaca es realmente un peligro y se incrementa, lo peor es la pulverización del gremio por diversas razones que sin duda es conveniente para el poder político: el resultado es que hasta ahora, salvo chivos expiatorios en los casos de Bradley Will e Ixtli Martínez, nadie, absolutamente nadie ha recibido justicia.
Es decir, en tanto el gremio periodístico siga considerando que hay distintas clases: los de arriba y los abajo; el top de estrellas y los estrellados; los “democráticos” y aquellos que siguen añorando el viejo régimen; los que tienen la neta del planeta y los que toman dictado, los revoltosos y los que son incapaces de manifestarse… En tanto esto persista será imposible que haya respeto al trabajo periodístico y seguiremos viendo caras irónicas y risitas burlonas de funcionarios, diputadas y diputados que en realidad parecen momentos de histeria que les ocasiona su falta de argumentos.
Durante una protesta el pasado miércoles en la Cámara, fue curioso observar a las diputados y diputados apuradísimos tomando fotos a quienes protestaban con mantas preguntando al sistema político oaxaqueño “a los periodistas ¿quién va a pedirles disculpas?
La que patentó su conducta errática fue Eufrosina Cruz Mendoza, quien pretendió ignorar las voces de denuncia. En sólo cinco meses, doña Eufrosina Cruz se olvidó que viene del sitio de la gente desoída, donde la justicia social no existe. Sin duda tiene mala memoria doña Eufrosina Cruz que ahora aplica el mismo castigo a quienes no tienen poder, como el que ahora posee ella.
Sin embargo, los agravios contra periodistas no pueden ignorarse, porque se condenaría a la democracia y todas las libertades.

Palabra de Antígona. Carcel a golpeadores de mujeres

Por Sara Lovera
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un documento de política pública, orientador, incluso didáctico puesto que explica las distintas modalidades del fenómeno global de la violencia contra las mujeres.
Sin duda, fue un adelanto. Pero después de cinco años la violencia contra las mujeres sigue igual o, incluso, creció en número y “calidad”. La crueldad y lo que se define como violencia institucional -de autoridades civiles y policíacas- también ha crecido y es parte de esta guerra que desató Felipe Calderón.
Decía, cinco años después de la aprobación de la Ley General y casi inmediatamente, como no había sucedido antes, la promulgación de ordenamientos semejantes en toda la República Mexicana, han sucedido tres cuestiones preocupantes:
a) Que nadie conoce bien a bien esa ley, incluso las informaciones dicen "violencia familiar"; se desconoce que una disposición era urgente: dictar medidas de alejamiento para el agresor (prohibir que éste se acerque a la víctima).
b) Los ministerios públicos, los jueces y aún los abogados democráticos y fantásticos no la conocen, no saben que corresponde a previsiones internacionales que tienen entre una década y 35 años de haber sido emitidas; que no pueden seguir defendiendo códigos familiares o leyes civiles antiguas e inoperantes.
c) Las autoridades se niegan a operar acciones como la alerta de género que debe involucrar a un gobierno a dictar medidas especiales en lugares de alta peligrosidad para la vida y la integridad de las mujeres. Hace muy poco se negó a ello el gobierno del Estado de México y nadie logró obligarlo, porque además contó con la complicidad de las responsables de los institutos de las mujeres que pertenecen a los gobiernos estatales del PRI.
El colmo. Se ha llegado a decir que esa ley no opera porque no tiene medidas punitivas, así es en efecto. Es una ley marco y las estatales son una copia casi al carbón. Es decir, una ley indicativa, de contenido, muy interesante, pero que burlan todas las autoridades y nadie sabe dónde está el dinero para hacer un diagnóstico que la Secretaría de Gobernación escondió y no usa.
¿Para qué se querían tantas frases, párrafos y golpes de pecho? Hubo largas discusiones, incluso aquellas que iban desde “si ser mal querida” por el hombre con quién una se casa es violencia. Si las y los diputados no saben leer y escribir, es seguro que tampoco saben jueces y abogados, por más cultos o democráticos que sean.
Yo he criticado esa ley porque no tiene dientes. Ley que se contrapone a otras leyes y que no consiguió eliminar en estos cinco años, por ejemplo, las cuestiones de códigos penales que sólo reconocen la "violencia familiar", confundida con el maltrato a niñas y niños, a las personas mayores. Que a nadie ha dejado claro que hay una violencia que es contra las mujeres. Los códigos de violencia familiar retardaron 10 años esta comprensión. En el Distrito Federal existe una ley de este tipo y la otra, la de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, lo que ha confundido la prevención, el trato y todo.
El colmo, la Ley de Acceso ni siquiera ha servido para dejar bien claro que hay una violencia concreta contra las mujeres por ser mujeres. Se oscurece todo a su alrededor y se niega un problema realmente existente y que a diario pone en riesgo la vida de muchas mujeres, otras son asesinadas, por esa razón, por ser mujeres. Es claro que no se trata sólo de lo que se reconoce como conflictos dentro de las familias.
De ahí la iniciativa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 24 de febrero pasado. Se acabaron las contemplaciones y la posibilidad de hacer cambios culturales que detengan a los hombres que por imponerse, por ser autoritarios y simplemente maridos, creen que las mujeres -esposas, amantes, concubinas, hermanas o hijas-, son de su propiedad y si no obedecen, hay que castigarlas.
Seguramente, Alejandra Barrales, presidenta de la Asamblea, se dijo a sí misma o a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género -así solitas, una tarde, pensaron, que como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no opera, por mejor escrita y culta que sea-, lo que necesitamos es que los violentadores sepan con claridad que golpear a una mujer es un delito, por tanto debe castigarse y que cualquier persona los puede señalar, cualquier policía detener y que vayan a la cárcel mínimo 48 horas.
Es posible a la Asamblea del Distrito Federal que aprobó por unanimidad de 39, y no de 66 integrantes, estas modificaciones les asista la razón. Es posible que si se consigue que los vecinos denuncien, cuando escuchen que un individuo le pega a su compañera -simplemente por estar de mal humor, por impositivo, por "muy macho" y autoritario-, puede servir porque se pondrá en ridículo a este señor, que tranquilamente hace de las suyas y que su compañera no lo denuncia o denunciando la situación se ve obligada a retirar esa acusación por temor social.
Las modificaciones en el Distrito Federal a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, por primera vez, en la historia señalan que será de oficio detener a los golpeadores y si causan daños graves a las mujeres se les abrirá un juicio penal inmediato. Lo de fondo es que no consigan la libertad bajo fianza ni de otra forma, hasta ser juzgados.
Yo creo que estas modificaciones son muy importantes. Durante años las feministas dijimos que no era con la represión como se podría evitar la violencia contra las mujeres y que ellas debían denunciar; donde sí estuvimos de acuerdo en penalizar fue en los casos de violación, agresión sexual, golpes duros y acoso.
La timidez histórica para abordar el tema de golpeadores, que sabemos son en 67 por ciento los “queridos” esposos, condujo a la muerte a muchas mujeres. Es nuestra responsabilidad social no consentir que eso suceda más; es nuestra ignorancia supina pensar que "ellas aceptan" y, peor aún, suponer que las mujeres siguen pensando que si no les pegan, celan, acosan y torturan, no las quieren. Esos tiempos pasaron.
Pero los golpeadores cotidianos no entienden. Ahora, los habitantes del D.F. podremos denunciarlos, cualquier persona podrá hacerlo. ¡Eureka! ¿Las cárceles alcanzarán, los policías no se echarán para atrás, los jueces no los declararán inocentes, sus compañeros de trabajo no harán manifestaciones para defenderlos?
En el feminismo pensábamos denunciar a muchos políticos que golpean a sus esposas; a muchos hombres "importantes" que siembran el miedo para evitar ser denunciado. Al convertirse un delito que se persigue de oficio, la ciudadanía consciente del daño que provoca la violencia, podrá salvarlas. Poner un hasta aquí.
Lo que sigue es explicar cómo sigue pasando: mil 500 denuncias en el Distrito Federal, miles o tal vez millones en la República, 18 mujeres asesinadas al día en el país; decenas de acosos y maltratos de otras formas, no sólo de pareja, todo esto es absolutamente inaceptables.
Es urgente tomar otras medidas, pero mientras tanto los machos autoritarios en el Distrito Federal no caben más. Si la sociedad los sigue consintiendo y las mujeres dan el perdón, eso será sólo algo transitorio. El paso está dado. No es permisible más violencia contra las mujeres.
Ojalá otros congresos estatales emularan estas medidas. Ojalá hubiera conciencia de la importancia de estos cambios. Muchas mujeres pensamos que había que poner un hasta aquí realmente.
Hay que decir, por último, que una investigación que dio lugar a la ley sin dientes, si encontró con claridad que muchas mujeres que se quejaron de golpes, maltratos y acoso, cuyas parejas no fueron detenidas ni sancionadas, después las asesinaron. De modo que denunciar a los agresores, perseguirlos de oficio, salvará muchas vidas, siempre y cuando no prive la corrupción en el ámbito judicial.
saralovera@yahoo.com.mx

lunes, 21 de febrero de 2011

Mujeres y política El infiltrado


Soledad JARQUIN EDGAR

“Patas arriba, la escuela del mundo al revés” ni modo mi querido Eduardo Galeano, tu frase es nuevamente aplicable en Oaxaca.

Por unas horas, esta semana volvimos a una reedición del Oaxaca 2006. ¿Dos escenarios distintos? En 2006, gobernaba el PRI. En 2011, una coalición de partidos encabezados por Gabino Cué, están en el poder. Algunos defensores de “aquella” democracia aplaudían desde sus plumas, espacios académicos e intelectuales y, por ende, políticos, las escenas de violencia. En 2011, los mismos llamaban a la calma en las horas aciagas de la confrontación de este martes, aunque antes llamaron a otra cosa en “pro” de la democracia.

Si antes, quién vestía de blanco y se placeaba con “su gente” en las calles era Ulises Ruiz, en sus odiadas marchas por la paz (pas, pas, pas…) ahora son los otros, a través de terceros llamados ciudadanos organizados, los que llaman a marchar por la paz (pas, pas, pas… de Oaxaca). Bien, muy bien. En Oaxaca, la ciudadanía –se piensa- es una cajita de plastilina de muchos colores que se puede utilizar al antojo de los otros, los buenos, los lobos que tocaron la puerta disfrazados de ovejas y que se dejó que pasaran pensando que eran otra cosa.

En 2006, Ulises Ruiz actuó de forma artera en contra del magisterio oaxaqueño plantado en el zócalo durante varias semanas y ante la imposibilidad del ejercicio de la política, tal y como lo hacían desde hacía más de dos décadas en el mes de mayo. Este fenómeno dio nacimiento a otros fenómenos sociales, como la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En 2011, la visita del “Valiente” Felipe Calderón detonó la molestia de la Sección 22 y de otras personas que se solidarizaron con la marcha, todo esto sucedía mientras las autoridades locales, invitados especiales y el propio Calderón y otros funcionarios federales disfrutaban de la magia gastronómica de Oaxaca –donde por cierto se cuidó de no tomar la bebida de los dioses zapotecos para evitar malas expectativas mediáticas-.

En 2006, la cada vez más creciente confrontación, que dejó cientos de encarcelados y 26 personas asesinadas, provocó que URO y el gobierno federal –con la autorización del entonces presidente electo y a días de tomar posesión –el panista Felipe Calderón- se autoriza -reitero, siete meses después del conflicto-, la entrada de la Policía Federal Preventiva para detener la cada vez más mayor acción de los appistas.

En 2011, la policía Federal Preventiva ya estaba en el zócalo cuando llegó la protesta magisterial, junto a ella, los policías estatales bajo el mando del nada brillante Marco Tulio…. A los alrededores, agentes de tránsito vestidos de gala y varios cientos de hartos elementos del ejército mexicano que en corto acusan cansancio y enojo contra el soldadito de la patria y su jefe máximo.

En 2006, Flavio Sosa Villavicencio era el vocero de la APPO y después de las “batallas campales” Sosa aparecía en el escenario de los medios nacionales –si era televisión mucho mejor-, eso sí, no podemos decir que peinado, es decir, estaba pero no estaba, estaba en los medios y no siempre en la primera línea de aquellas batallas. En 2011, Flavio Sosa Villavicencio estaba y no estaba, su declaración tardó en llegar y esta vez su voz era necesaria considerando que ya no era vocero de la APPO sino representante popular en la LXI Legislatura y contrario a lo esperado declaró que Gabino Cué estaba cumpliendo. El mundo al revés.

En 2006, los excesos de la llamada burbuja que rodeaba a URO y por supuesto de los excesos de la Sección 22 del SNTE, provocaron el enfrentamiento que generó la polarización de toda una sociedad, harta –como los soldados- de los malos gobiernos, de la falta de políticos capaces de trabajar por Oaxaca y no sólo de llenarse las bolsas de dinero, como aquel reportero llamado Rito Salinas, hoy uno de los más ricos de Oaxaca.

En 2011, fue la intolerancia, la incapacidad política, es decir, lo mismo que en 2006. Como en 2006, en 2011 se le buscan tres pies al gato, también se anda a la caza de culpables, materiales e intelectuales, de la gresca que dejó en claro –otra vez- que en “bolita”, como “montoneros” policías y maestros-appo pueden agredir a quién sea, como pasó con las tres mujeres policías federales retenidas y golpeadas cobardemente por la turba y como sucedió minutos antes a periodistas, mujeres y hombres, a manos de “los pefepos” y estatales. Aquí nadie se salva.

Como en 2006 ahora en 2011, como señalan el Colegio Oaxaqueño de Comunicación y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, en relación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión: “Es evidente que la CORTV sigue en la misma línea que le ha sido impuesta por gobiernos anteriores al mostrarse como un medio al servicio gubernamental”, por la forma en que se minimizó la gresca del pasado martes.

Como en 2006 en el 2011, las lecciones aprendidas se repiten. ¿Qué quiere la Sección 22? Pregunta apresurado el gobernante en turno. Sólo una disculpa. Bien, así humilde y sin humillarse, acude a los medios para disculparse, basta con que Chepi quede satisfecho por los excesos policiacos.

Pero la Sección 22 quiere fuera a Irma Piñeyro, a Marco Tulio y a Bernardo Vásquez. ¿Quién calma tanta sed? ¡A los leones, a los leones! Gritan las hordas, el vulgo, los enfadados maestros y appistas que aún no ven saciada su venganza. Se lo deben, se las debe Gabino, quien no está dispuesto a ceder más.

El resto, qué importa el resto. Por su parte la PFP ya interpuso las denuncias por las agresiones sufridas. ¿Doble discurso, no hay acuerdo con el gobierno federal, qué alguien me explique? ¿Qué no ya habíamos limado las asperezas señor Presidente? O es sólo hacer los trámites de rigor. Cualquiera que sea la intención habrá descalabros.

¿Por qué sí saben lo que va a pasar en Oaxaca, si uno de los agresores de las policías es detenido? Bueno, sencillo, volveremos al 2006 y sin necesidad de “infiltrados”. Ante este panorama me queda claro: el infiltrado se llama Felipe Calderón…

TIBIO CONGRUESO

Qué vengan los bomberos que me estoy quemando. La diputación local no encuentra la salida, lo que es claro es que argumentos sobran, las leyes están claras.

Por más de dos horas, diputados y diputadas discutieron sobre lo que tiene que pasar con los funcionarios que no cumplen con los requisitos que ordena la ley y son ellos, los que aprueban las leyes, los más obligados a cumplir con ellas. Tibia, muy tibia las fracciones (o facciones) de todos los partidos políticos. Mesurados, excesivamente mesurados. Alguien les tendrá que decir que en Oaxaca, como en México, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley y punto. Quién no cumpla se tiene que ir, de lo contrario lamentablemente, las “autoridades” seguirán violentando la ley, así de sencillo y ¿quién puede confiar en un gobierno que no se apega a las leyes? Y cuando escribo gobierno me refiero a todos sus poderes, claro está. Una salida “decorosa” aplicar la ley para los funcionarios que no cumplen con los requisitos para el ejercicio de la función pública, sin necesidad de echarles carne a los leones. No cedería pero tendría el mismo efecto.

GENOVEVA MEDINA

Se fue Genoveva Medina una de las tres mujeres que por Oaxaca han ocupado un escaño en el Senado de la República, una trayectoria larga en el PRI desde los años cuarenta, se fue esa mujer que no se sintió frágil nunca y que se permitió ser la misma pelada de siempre, como ella decía. Se fue dona Geno, la comerciante que quiso ser maestra y una de las impulsoras del folclore de la capital oaxaqueña. El último homenaje que recibió fue el de Ciudadana Distinguida, que le otorgó el gobierno de la ciudad a través de la Regiduría de Equidad y Género, con la concejala Bárbara García Chávez. Se fue doña Geno sin que el PRI, su partido, la reconociera como debía ser.

El PRI, como todos los demás partidos, pierden de vista a las mujeres, el viejo mecanismo del patriarcado se impone, el resultado es que sólo tres mujeres han sido Senadoras, todas del PRI hasta ahora, una de ellas doña Genoveva Medina.

http://caracolasfem.blogspot.com

A reserva Gobierno Democrático, certeza Jurídica


Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Hacer leyes, promulgarlas ex profeso con la intención obvia de regular situaciones que implican al Ejecutivo e impelen indignamente al Legislativo con el propósito de alcanzar popularidad, al regular circunstancias pragmáticas que redunden en laureles políticos, sin ética jurídica, improvisación y ausencia de deliberación legislativa, es indicio de soberbia política y centralismo autoritario.

Es el caso de la reforma a la fracción III del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que adiciona la obligatoriedad a las y los funcionarios estatales de presentar su título o cédula profesional, aprobada irresponsablemente el 29 de noviembre del año pasado, en una muestra inaudita de servilismo al entonces gobernador electo, próximo a tomar protesta; su intención mediáticamente escandalosa, se dirigía a resaltar un “gabinete de élite” (puros profesionistas, los mejores…) esta situación degenera con la imposibilidad de cumplimiento a la nueva ley por quien fuera designada y designado por el gobernador Gabino Cué a los cargos públicos en cuestión.

Es sin duda alguna una aberración ético-jurídica que no encuentra salida; que se complica aún más cuando nuevamente interviniendo la autonomía republicana del Poder Legislativo, el gobernador democrático, Gabino Cué mandó un oficio para que la LXI Legislatura dispensara la ausencia del título profesional de la funcionaria Irma Piñeyro. Lo que así sucedió en absurda incongruencia, política y jurídica.

La dispensa puede definirse específicamente como una exención o liberación de la ley en casos especiales concedida por el que gobierna la sociedad. Tiene su origen en el derecho canónico o leyes eclesiásticas, y se hacía indispensable para adecuar las conductas humanas imperfectas al objetivo o meta divina: la salvación eterna.

En el derecho positivo, el legislador no está obligado a conceder la dispensa, pues se borraría el límite entre ésta y la excusación de la ley; no debe concederla si ella no implica un bien mayor que su denegación. Esto significa que la dispensa nunca es lícita si no existe una causa suficiente.

Conceptualmente hay que distinguir con exactitud entre la dispensa y la excusación de la ley. La o el dispensado es puesto fuera del alcance de la ley por un acto jurisdiccional o del legislador en este caso; la o el excusado, en cambio, lo está por la misma naturaleza de las cosas, es decir, a causa de los perjuicios que implicaría el cumplimiento de la ley, los cuales serían superiores al bien que de su cumplimiento resultara.

En fin, bastaría con abrir los ojos y destaparse los oídos para percatarse que la dispensa otorgada a la Secretaria de Gobierno, no nos salvo de ningún mal, en todo caso solo ha ocasionado conflictos que se agudizan y se ignoran frívolamente.

El 21 de diciembre pasado, a menos de un mes de las torpezas cometidas, fue el diputado panista Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, encargado de presentar otra iniciativa, bajo el supuesto de “no es para echar atrás” su modificación realizada por la diputación en noviembre anterior, sino porque se ha interpretado como discriminatorio, lo demás es lo de menos.

Por otra parte, actuar en la ilegalidad con argumentos de mesiánicos con tintes populistas, parafraseando la democracia, violentando cínicamente el orden jurídico y el Estado de Derecho. Si toda actuación que emane del ejercicio de la función pública, debe constreñirse al mandato expreso de la ley, no hay justificación alguna para hacer y disponer, cuando la ley no lo establece. Sin legalidad no hay legitimidad.

Cuando el poder político se ejerce con la petulancia de -no oigo ni veo nada que cuestione o disiente mis mandatos- se llega a menudo a perder de vista los límites del Estado de Derecho, las acciones concurrentes con otras ocurrentes, hacen disponer de la fuerza pública con exceso violentando derechos fundamentales.

La gobernabilidad, el Estado de Derecho, la participación ciudadana, la justicia democrática, se vuelven conceptos sin sentido si no se forjan en el convencimiento ideal de la seguridad jurídica, que reúne dos dimensiones: la objetiva, relacionada con la estructura funcional y positiva del sistema jurídico, y la subjetiva o certeza jurídica.

Esta última, determina el principio de previsibilidad que tiene la y el ciudadano de las consecuencias jurídicas de sus propias acciones. En expresión del jurista italiano Cesare Beccaria, la lex certa permite “juzgar por sí mismo cuál será el éxito de su libertad”.

Así la libertad se hace reflexiva, proyectada y limitada por la ley; la ley entonces auto-regula la libertad consciente.

No obstante, es tarea del legislador, que la ley no implique gran dificultad comprensiva. Las leyes, como enunciaba Montesquieu, “no son un arte de lógica, sino el argumento sencillo de un padre de familia”, por tanto, la ley no debe resultar engañosa u oscura, ni paradójica y tampoco ambigua. Este postulado de técnica jurídica se formula para el Derecho como principio de estricta legalidad.

En La Política, Aristóteles argumenta el carácter ontológico de la ley en referencia a los gobernados y la certeza de su aplicación justa a partir de su creación humana “…La ley educa expresamente a los gobernantes y prescribe que estos juzguen y administren con el criterio más justo, lo que cae fuera de sus manos…”

Frosini, especialista en estudios de Derecho y Estado en su obra La letra y el Espíritu de la ley, sostiene con rigor ético, que la fuerza obligatoria de la ley tiene por primeros destinatarios a quienes hacen y han de hacer cumplir las leyes -los tres poderes del gobierno-, y sólo en última instancia estarán obligados la generalidad de ciudadanos, en efecto, es así, en esto consiste la certeza jurídica como solidez práctica, como hecho y como destino del Derecho.

La falta de certeza Jurídica, conlleva planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones como la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones, genera espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios, y lo más grave es que genera una percepción social de aplicación selectiva de la ley, la idea de “Si los que gobiernan no la cumplen, menos yo”

Si hay seguridad plena de que la ley se cumple siempre, aplicándola a quien se destine, sin excepción ni privilegios; a favor o en perjuicio, esto es certeza jurídica.

La certeza jurídica, debe hacer predecible la aplicación de la ley mediante el fortalecimiento de las instituciones garantizando el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz y elevando la calidad moral de la conducta de los funcionarios y servidores públicos, sólo así se desarrollará una verdadera cultura de la legalidad.

Esperamos que la actuación política fuera de la ley del gobierno democrático de nuestra entidad, que sin duda tiene su causa en el desconocimiento y no en la perversión política, recomponga sus caminos y de un marco legal a sus funciones públicas legitimando democráticamente y con certeza jurídica al tan esperado gobierno para todas y todos.

lunes, 14 de febrero de 2011

Mujeres y Política Libertad ¿condicionada?


Soledad JARQUIN EDGAR

Inevitable escribir de ello, las libertades de expresión e información están enfermas. El síntoma más grave ha sido lo sucedido con Carmen Aristegui, por el tamaño de la roncha roja (entre varios cientos de protuberancias pruriginosas e hirvientes) que ha dejado la más reciente de las acometidas lanzada desde el ya conocido laboratorio de Los Pinos.


La semana pasada planteaba la importancia de una relación, primero respetuosa y segundo transparente, entre el poder público y los medios de comunicación e información, lo que implica para quienes laboramos en ellos, tal y como lo hace la periodista Carmen Aristegui y todos y cada una de quienes componemos esa enorme industria de producir y reproducir noticias, información, difundir conocimiento, educar, incluso, entre otras muchas cosas.


Por eso, y sólo por eso, la noticia y el análisis de los hechos resultan peligrosos para el poder público. He escuchado con atención no una, sino varias veces, lo dicho por Carmen Aristegui en su programa radiofónico en MVS, del que fue despedida ese mismo día. La reconocida periodista plantea que frente al “señalamiento duro”, era necesario analizar los hechos de otra manera. En seguida, manda a la nota periodística que relata lo acontecido en la Cámara de Diputados, es decir, pone el contexto sobre la ya famosa manta del PT, donde se señala que Felipe Calderón tiene problemas de alcoholismo.


Aristegui cierra la nota que le resulta –dice ella- difícil de abordar, es que está no es la primera vez que se sabe de ese “presunto” alcoholismo de Calderón, citando como un medio de difusión las redes donde sí se ha difundido tal hecho y que llegó en una manta hasta el recinto camaral. Sin embargo, con sus pies de plomo, precisa que no hay información para corroborar el dicho de los petistas en la manta, esto es, ella vuelve a poner los hechos precisos sobre un tema. Finalmente, como analista que es, plantea que es un asunto que no se puede evitar y que se debe saber si hay o no esa problemática en el Presidente, por lo que pide a Los Pinos que respondan.


Suficiente, no hace falta más en México para boicotear, acabar y despedir a una periodista de la empresa a solicitud, se dijo más adelante, de la propia oficina presidencial que, por cierto, de inmediato se deslindó. Por supuesto que así iba a ser, jamás y nunca aceptaría si tuvo alguna intervención. Insisto los gobiernos nos quieren ver la cara.


Hoy, sabemos, la palabra de Carmen Aristegui está contra los dichos de la empresa donde ella transmitía su noticiario y contra lo expresado por Los Pinos, acción a la que se ha sumado el “top ten” de Televisa-Milenio. ¿Usted a quién le cree? Yo, también, le creo a ella.


¡Qué atrevimiento! Y cuando digo eso no me refiero a la periodista. Me refiero al poder público que ha visto en el poder de la información a un enemigo y la censura ha sido un mecanismo utilizado desde los primeros manuscritos y hojas impresas que difundían las noticias.


En Italia, por ejemplo, los Menanti, novellanti, rapportisi y gazettanti (es decir a quienes hacían periodismo), fueron objeto de la furia de los Papas, Pío V publica el consistorio de 1569 contra los que redactan las noticias manuscritas hostiles a él, cardenales u obispos y mandó incendiar a un gazettanti llamado Niccolo Franco.


En 1572 apareció la bula Romani pontificis providentia o Constitución contra los menestrales del aviso por ser un peligro de las almas, mal ejemplo y escándalo. Gregorio XIII publicó la bula Ea est para perseguir a quienes ilícitamente recogen y redactan toda clase de noticias, falsas o ciertas, sobre su país o sobre los otros.


Y, finalmente, Sixto V ordena la detención de Annibale Capello en Roma, se le cortó la mano, se le arrancó la lengua y fue colgado con un letrero en el que se le declaraba falsario y calumniador.


El mal ejemplo cunde a lo largo de la historia. Las guerras y las revoluciones son el espacio de mayor persecución, enjuiciamiento y asesinato de periodistas. Ejemplos, hay muchos. La primera periodista mexicana y corresponsal de guerra, doña Leona Vicario, fue perseguida por su activismo y sus letras. Hay textos que narran las dolorosas situaciones que pasó para no ser encarcelada o asesinada. Más adelante, Ricardo y Enrique Flores Magón sufrieron persecución, encarcelamiento y exilio por parte del régimen porfirista y con ellos muchos otros y otras, a pesar de que en este país -el de Carmen Aristegui y varias docenas de periodistas más que han sufrido censura, persecución y hasta han sido asesinados-, la libertad de prensa está establecida desde 1824 y de ahí con sus altas y bajas. ¿Lo sabrán en Los Pinos?


El grave problema de esta libertad que hoy condiciona el gobierno de la derecha de Felipe Calderón -a mi no me queda ninguna duda-, está en que los regímenes siempre serán los mismos aunque digan que vienen de cunas diferentes, sin embargo, la tiranía y el conservadurismo han sido duros detractores de todas las libertades.


Don Porfirio Díaz instaura la “subvención” (que hoy persiste) y los gobiernos revolucionarios distribuyen el papel para imprimir periódicos, suficientes elementos para sentir el poder y la posibilidad de censurar como mecanismo de control informativo. Recordemos a José López Portillo y su frase que descobija y enrojece el quehacer de informar cuando señaló: “no pago para que me peguen”. Pero, por si no eso fuera suficiente, el caso Carmen Aristegui, tendría que llevarnos a mirar las otras formas de control en los medios electrónicos como la radio y la televisión y su transmisión en internet, a través de los medios concesionados y los permisionados, por supuesto. Tenemos que mirar quién sigue distribuyendo el papel a los medios y cómo aún sigue sin ser transparente la relación medios-gobiernos, la consecuencia ese autoritarismo y tentación permanente de quienes tienen el poder público para marcar un número telefónico y ejecutar la orden de “saca a esa periodista o…”


Pero, sobre todo, quienes hacemos periodismo no podemos dejar de ser críticos, no podemos dejar de preguntar a Los Pinos si le gusta tomar tequila, como Calderón lo había dicho antes y si esto interfiere con su salud física-mental en el desempeño de su quehacer público. Todavía no tenemos ninguna respuesta, aunque ya sabemos lo que nos van a decir.


Y mientras eso no cambie, mientras el control esté en manos del poder público, tengamos un estado de guerra con la amenaza permanente del narcotráfico, la delincuencia organizada y los delincuentes uniformados, en este país hacer periodismo será siempre peligroso, porque por un lado el poder público puede cerrar los medios y los otros poderes pueden asesinar. A río revuelto ganancia de pescadores como decía mi querida abuela Lucha.


Al término de 2010, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) reportó que al menos 44 periodistas habían sido asesinados en México, les ofenderá si preguntamos ¿cuántos asesinos están purgando alguna condena?


También recomendaría que echáramos un vistazo a los informes que elabora la Fundación Manuel Buendía, para que situemos esa realidad en la que se desarrolla la “libertad de prensa” en México, una libertad condicionada que debe ser materia de preocupación, como lo es ahora el caso de Carmen Aristegui, si dejamos que siga pasando podría pasarnos a todos y todas y por supuesto algunos casos serán conocidos, otros no, otros se quedarán entre el “patrón”, la empresa y quienes hacen periodismo.

A Reserva Gobernabilidad y gobernanza

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Cuando pensamos en el papel que los gobiernos han realizado o realizan es recurrente que la calificación gire en torno a actuaciones u omisiones que registramos de manera aislada y que por este afán de desagregarlos no encontremos parámetros adecuados. Es posible que si hacemos este análisis desde una perspectiva sistémica, nos sean de más utilidad las referencias contenidas en los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, como funciones que determinan explícitamente la gestión pública.


La categoría gobernabilidad nace para contribuir a fundamentar y diseñar la visión neoliberal del Estado y la política. Existen razones que le otorgan un valor metodológico indiscutible en la teoría política sobre El Estado Bienestar, relacionándola con componentes cruciales de la vida social y sus capacidades de desarrollo, que definen la sinergia en la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos internos, la calidad de vida de la ciudadanía y la capacidad de sobrevivencia de un Estado-Nación como tal, inserto en la comunidad internacional.


La gobernabilidad se define desde diferentes tratamientos conceptuales. Se concibe como una capacidad social y una relación social. De esta manera, gobernabilidad es igualmente un concepto social como relacional. "Las relaciones de gobernabilidad que permiten a una sociedad alcanzar objetivos incluyen la función y debida correlación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado”.


En efecto, frente a la perspectiva de la gobernabilidad, que esencialmente se preocupa por las capacidades de gobierno, entendidas como los recursos o poderes de que debe disponer el gobierno para estar en condiciones de gobernar a su sociedad, en un marco histórico concreto.


En este sentido, resulta imprescindible identificar, caracterizar y calificar a los diferentes sujetos sociales que componen el universo relacional que define la gobernabilidad; se consideran los seres humanos en grupos, organizaciones, localidades, naciones, regiones.


Desde otro enfoque, predomina el componente operativo del concepto que precisa la gobernabilidad como la capacidad de un determinado gobierno frente a su sociedad para afrontar positivamente los retos y oportunidades que se le plantean en un momento determinado.


También por gobernabilidad se entiende "la capacidad del gobierno para legitimar sus decisiones con base en un desempeño eficaz de sus funciones”. En términos más amplios, la gobernabilidad igualmente puede definirse como la cualidad propia de una comunidad política, según la cual, sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía.


Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la gobernabilidad significa "el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas". Se complementa…"el reto de la gobernabilidad democrática radica en fortalecer las capacidades de los gobiernos y demás actores de los países de la región para profundizar la democracia, hacer más eficientes y competitivos los mercados y mejorar la equidad, como componentes indisociables del concepto de desarrollo humano".


Igualmente, el PNUD destaca que la gestión para el desarrollo humano, significa mucho más que instituciones y normas efectivas, la gobernabilidad democrática tiene ciertos atributos:


* Respeta los derechos humanos y las libertades de las personas.

*Vela por que exista igualdad entre hombres y mujeres.

*Lucha por la no discriminación por motivos de raza, origen étnico, clase y género.

*Es participativa y transparente en el proceso de toma de decisiones.

*Dispone de mecanismos para la exigencia de responsabilidades de la sociedad.

*Es eficiente en la utilización de los recursos.

*Es equitativa.

*Las políticas económicas y sociales responden a las necesidades de la sociedad.

*El objetivo de las políticas económicas y sociales tienen como fin el bien común.

*Promueve el Estado de Derecho.


Así, la promoción del desarrollo humano requiere de una gobernabilidad democrática tanto de forma como de contenido para el pueblo y por el pueblo.


La gobernabilidad democrática contribuye al desarrollo humano por tres motivos:


El hecho de gozar de una libertad política y poder participar en las decisiones que afectan nuestra vida es un derecho fundamental y forma parte del desarrollo humano.


Por ser la democracia, el único régimen que garantiza las libertades políticas y civiles, y el derecho a participar ayuda a proteger a las personas de catástrofes económicas y políticas.


Puede desencadenar un ciclo positivo de desarrollo, a medida que la libertad política hace posible que la ciudadanía exija políticas que amplíen sus oportunidades sociales y económicas.


La gobernabilidad implica necesariamente la reducción de la pobreza como determinante para medir la calidad de las instituciones, de los países y sus políticas, y que la democracia y el desarrollo sostenibles requieren instituciones transparentes con rendición de cuentas; funcionarios profesionales, competentes y responsables; así como leyes y marcos reglamentarios de la vida económica y política abiertos y equitativos.


El ejercicio de la democracia supone el acceso abierto a la información; la participación en las decisiones públicas; el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo a los marginados de los beneficios del desarrollo de la sociedad.


¿En qué momento gobernabilidad y gobernanza, para reafirmar la gestión pública legítima, encuentran su vértice determinante?


Gobernanza es un término que se origina a partir del intento de traducción, sin exactitud semántica, del anglicismo Self-Government, que tiene su origen en Gran Bretaña y se refiere a los gobiernos municipales pretendiendo autonomía de acción, respaldándose en los sectores sociales privados más poderosos y su intervención en las decisiones y funciones públicas.


La gobernanza se preocupa por el proceso directivo de la sociedad; equivale –de acuerdo a las más modernas teorías políticas- al proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia, fundamentales y coyunturales— y las formas de coordinarse para realizarlos constituye, por tanto, un nuevo ámbito conceptual y práctico que va más allá del enfoque estricto de la gobernabilidad.


Se trata, entonces, de una perspectiva que alude al proceso mediante el cual se define el futuro social deseado; la distribución de autoridad y responsabilidad entre los diferentes agentes sociales, con el propósito de que los actores sociales privados contribuyan con sus recursos, competencias, especializaciones, destrezas, acciones y productos al logro de los objetivos sociales.


Desde la perspectiva de la gobernanza, las sociedades débiles, proclives al desgobierno, la gestión pública será vertical, autoritaria y centralizada; en sociedades con amplia participación ciudadana, el modo de gobernación será más horizontal, descentralizado y asociativo, e incorpora la deliberación de la ciudadanía (organizaciones privadas y sociales, nacionales o multinacionales) en los asuntos públicos, sobre las acciones que emprenden para atenderlos.


Así, la gobernabilidad se afianza cuando queda asentada en normas, reglas y valores, que definen su calidad, a partir de un estilo de ejercicio del gobierno que convierte la interacción y la cooperación de actores -públicos y privados- en uno de sus puntales claves para el ejercicio del gobierno. Y si se trata de cooperación e interacción, estamos hablando de participación. Ello define un nuevo estilo de gobierno marcado por la participación de los llamados sectores públicos y privados (sin exclusión), en los procesos de toma de decisión del gobierno y la vida política en general.


Esta comprensión que hemos elaborado a partir de las definiciones esbozadas anteriormente, nos permiten entender que la gobernanza otorga a la gobernabilidad un matiz democrático que debe de tener, toda vez que entendemos por democracia el grado de armonía, identidad o correspondencia que existe entre los intereses del pueblo y la actividad del Estado, como concepto rector que rige todos los procesos políticos y no sólo aquellos que define el sistema de partidos y el ejercicio electoral.


Siendo así, la gobernanza tiene su génesis en las normas de su comportamiento político, en que los intereses de la coparticipación de los sectores públicos y privados sean inclusivos y se determine claramente el interés general.


Si privaran como protagonistas inequitativamente los actores que representan los intereses de la hegemonía del mercado universal, menospreciando los intereses de la sociedad, entonces, el rompimiento entre gobernabilidad y gobernanza deslegitimará el ejercicio del gobierno.


La gestión pública, que dirige sus funciones a satisfacer las condiciones del mercado, abre profundas contradicciones políticas frente a su sociedad, lo que conduce a permanentes crisis políticas, lacera la credibilidad y legitimidad del gobierno, redunda en lo que se ha dado en llamar falta de gobernabilidad y deficiente o nula gobernanza. Es el descalabro de la política para las grandes mayorías, el enraizamiento de la apatía política y el descrédito total de ella, que conduce a que el gran triunfador de los procesos electorales sea el abstencionismo, como ha sucedido en los últimos años de manera progresiva.


Se trata de un hastío del electorado con respecto a los partidos, el Estado y la política en general; la o el ciudadano común y corriente pierde la poca confianza que tenía en la dimensión de la política y en sus actores principales.


La consecuencia es una clara pérdida de legitimidad del sistema de partidos y hasta del Estado, y en su disminuida facultad para captar y articular los anhelos y las exigencias de la población.


Conociendo el significad de los términos, que implica el buen gobierno, es deber de ciudadanas y ciudadanos exigir de quien elegimos responsabilidad en la gestión pública, que refrende la gobernabilidad democrática y la inclusión de todos los sectores sociales en las decisiones y actuaciones que promuevan el bienestar general, generando permanentemente condiciones de gobernanza.

Palabra de Antígona Nuevo Golpe a Carmen Aristegui

Por Sara Lovera

Hace unos días escuché de un amigo la posibilidad de responder con imaginación y trabajo a las grandes empresas de comunicación, que no sólo ocultan, sino que envenenan la mente y a veces el carácter de quienes son sus espectadores (escuchas, televidentes o lectores) y generalmente explotan y/o no defienden a sus trabajadores, a sus periodistas, a las voces que son las que están en contacto con la gente.

Promover medios en el mercado informal, volver quizá a un gran equipo de pregoneros de las noticias que realmente importan a la gente y armar una cadena informativa sólo entre la ciudadanía, parece no tan loco si leemos a Miguel Ángel Granados Chapa llamando a esa ciudadanía indignada por el despido de Carmen Aristegui, a que ponga en juego toda su imaginación y haga algo para responder a lo que consideran un verdadero atropello a la libertad de palabra.

Para enfrentar a los grandes empresarios -como Joaquín Vargas, dueño de MVS-, a los monopolios televisivos o a las grandes cadenas de publicaciones que hacen su juego con el poder, no informan y manipulan, es necesaria una salida imaginativa y audaz.

El maestro Granados Chapa sabe de eso. De un golpe a la libertad de expresión nacieron hace más de 30 años la revista Proceso y el diario Unomásuno; la primera haciendo gala de su libertad y el segundo perdido para siempre por la ambición empresarial, que a la postre genera la creación de nuevos medios, como el diario La Jornada, y otros espacios semejantes en revistas y hay una multitud de espacios informativos en el espectro digital que no imaginamos; las redes sociales son ejemplo de comunicación horizontal y no controlada, pero hay espacios de periodistas profesionales que se hacen escuchar.

¿Cómo rescatar una voz que tapa el sistema, el entramado, el poder, el poder presidencial y sus testaferros?, por cierto, situados como empleados de los grandes empresarios de medios, en el monopolio, en sus faldas, a su alrededor, en espacios que parecen hasta interesantes, pero que no lo son. Ellos, los voceros del sistema, los intelectuales orgánicos, los controladores de espacios de radio y televisión que se benefician del rey o del faraón que permanece en el poder, que son misóginos, que respiran por su espina dorsal patriarcal, que con una mano son críticos y con la otra difunden imágenes y textos denigrantes para las mujeres, etcétera.

Durante mucho tiempo en horario nocturno en la cadena Televisa se contribuía a la compra de sexo casi infantil, propiciando la pederastia que en sus series de investigación devela. Son eso, doblemoraleros que solamente están en el negocio y nada más. Con sus empleadas y empleados, que hasta se creen con frecuencia, de la misma calaña que periodistas de esa cepa verdadera. Vaya, de los de a pie o no tan de a pie, pero que se la juegan.

El sueño de mi amigo y el de Granados Chapa es diferente. El primero, dice simplemente, vayámonos a otro mercado, a hacer otras cosas, donde la ciudadanía tome en sus manos la información que les merezca importancia y la difundan entre iguales. Granados Chapa dice vamos a crear un sistema de radio propio, compremos espacios en concesiones vacías de programación, armemos paralelamente vías de comunicación con las nuevas tecnologías de la comunicación. Recuperemos para periodistas, como Carmen Aristegui, la voz.

Los dos sueños son válidos. El problema es cómo y con quién. Venir de una experiencia parecida, picar piedra para que los medios miren a las mujeres, armar frente al poder estrategias para dar importancia a la condición de las mujeres, me hace reflexionar profundamente con lo que ha sucedido a Carmen Aristegui, interesada en esa mi insistencia, mirar a las mujeres.

Pero su caso es más grave. Ella es señalada por el poder y le han cortado la lengua o han creído hacerlo. Lo grave es que en el país haya, en 10 años, 66 periodistas asesinados y tenga que construirse un entramado para parar estos atropellos, en los que personas muy reconocidas, no se suman y mucha gente que se reconforta de los comentarios de las estrellas, que admira a esas estrellas y ahí pone toda su esperanza, pero que no estaría por crear un sistema como el que pide Granados Chapa, a una la enfrenta con una pared alta de desazón.

Mientras, empresarios y gobierno, poder y poder, juegan al gato y al ratón. Ellos que tienen la sartén por el mango, deciden, elijen, ponen perfiles humanos en sus líneas, en sus imágenes, en sus textos. Pagan y aplauden mientras no son atropellados por una voz fuerte.

Carmen Aristegui fue la periodista más insistente en mostrar cómo los soldados atropellaron a Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, Veracruz, atacada a los 73 años, que según el faraón Felipe Calderón murió de gastritis; Aristegui que dio el último golpe a Marcial Maciel, al poner en el micrófono a su doble moral, doble familia, doble de todo que caracterizó al fundador de los Legionarios de Cristo y confesor de la ya olvidada Martha Sahagún, que algunas feministas creyeron era buena onda. Aristegui también en ese espacio puso las íes en el caso de Atenco, donde el que quiere llegar, Enrique Peña Nieto, tuvo mucho que ver y donde más de 30 mujeres fueron atropelladas sexualmente por los policías del Estado de México. O sea, Carmen puede ser estrella, pero también toma algunos de estos casos a fondo y ayuda a esa larguísima tarea de poner algunos temas en la opinión pública y es, sobre todo, honesta e inteligente para al preguntar abrir asuntos que molestan a miserables, poderosos y lastima frecuentemente a intereses en juego. Es la misma periodista que hace preguntas inteligentes y abre espacios a muchos grupos sociales. Al pretender callarla, renace claramente el autoritarismo sin reversa en México.

No hay duda de que eso es lo que sucede. Hay quien juega con estos autoritarios a ganar espacios, hay quien podría pensar como Granados Chapa, que es el momento de crear un medio ciudadano con un alta voz potente, donde haya una cadena ciudadana capaz de potenciarlo, tanto económica como comunicativamente.

Pensemos. No todo es dinero, buena paga y todo lo demás. Una empresa del pueblo, suena bien, aunque parezca un sueño, podría concretarse.

saralovera@yahoo.como.mx