jueves, 14 de septiembre de 2017

Pobreza, característica de mujeres presas por narcotráfico



Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 11 septiembre 2017.- En México 4.3 por ciento de mujeres de entre 12 y 65 años de edad ha consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida (2016), en tanto que más de dos mil mujeres estaban acusadas por haber cometido algún delito relacionado con drogas (2013); la mayoría de estas últimas son mujeres pobres.

El consumo de drogas ilícitas, por un lado, así como su producción y venta son dos aspectos en los que las mujeres no están al margen y de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), las mujeres demandan un tratamiento médico-psicológico, pero también un abordaje jurídico desde la perspectiva de género.

En ese sentido, la doctora en sociología Concepción Núñez Miranda, sostiene que estas mujeres no son producto de la delincuencia sino de un sistema de desigualdad.

El consumo de drogas ilícitas entre mujeres

Las cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas refieren también que la edad de inicio de consumo de drogas entre las mujeres es a los 18.2 años; los hombres a los 17.7 años. De quienes consumen alguna droga ilícita solo el 12.8 por ciento de mujeres recibe tratamiento, frente al 20.3 por ciento de los hombres.

De acuerdo con los datos 2016 de dicha encuesta, “cualquier droga” ocupa el más alto porcentaje de consumo entre las mujeres (10.3 %), seguido de la mariguana (8.6 %) y la cocaína (3.5 %), seguido de los alucinógenos, inhalables y estimulantes de tipo anfetamínico, con 0.7, 1.1. y 0.9, respectivamente.

Comparativamente con otras encuestas, se observa un incremento en el consumo de mariguana, tanto en mujeres como en hombres, en tanto que el consumo de cocaína se mantuvo estable.

Otro dato relevante es que 12 por ciento de los 3.2 millones de estudiantes mujeres de secundaria y el 22 por ciento de los dos millones de mujeres que estudian bachillerato habían consumido alguna droga alguna vez en su vida.

En relación con la rehabilitación, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas indica que en 2015 se registraron seis mil 513 ingresos de mujeres a estos programas, ellas representan el 11.3 por ciento de los casi 56 mil que acudieron a los centros de rehabilitación gubernamentales.


Las prisioneras por narco

Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos relacionados con drogas el delito más común con un porcentaje del 12 por ciento en 2013; este porcentaje en América Latina alcanza al 70 por ciento de mujeres.

INMujeres señala que la pobreza es un factor que lleva a las mujeres a involucrarse en delitos de tráfico ilegal de drogas, muchas veces por imposición de sus parejas; ellas, además, tienen poca o nula educación y son responsables de sus familias.

Por ello, la dependencia federal propone una política con un enfoque realista basado en evidencias, que favorezca el tratamiento en lugar del encarcelamiento, una política basada en la perspectiva de género que permita mirar que existen motivos distintos que las llevan a cometer estos delitos por ser mujeres.


Deshilando condenas, bordando libertades

La doctora en sociología Concepción Núñez Miranda quien ha investigado el caso de mujeres presas por narcotráfico señala que estas mujeres comparten pobreza y olvido.

En el libro Deshilando condenas, bordando libertades explica que un mundo donde la pobreza en lugar de disminuir, crece, es necesario analizar qué ocurre con el modelo de reproducción económico social que provoca más pobreza y que haya más personas proclives a ser utilizadas para la producción, circulación y venta de sustancias prohibidas.

“La pobreza que se respira (en sus comunidades) al mismo tiempo las ahoga, dice Núñez Miranda, quien sostiene que invariablemente los procesos penales de estas mujeres están llenos de anomalías, uno de ellos la falta de traductores en los interrogatorios y que éstos son irregularmente demasiado largos.

El estudio, que le ha valido varios premios y reconocimientos, así como la sensibilización a jueces mexicanos, aunque el sistema mexicano no ha variado su postura, señala que la historia de vida de un grupo de mujeres presas por narcotráfico contribuye a explicar la situación extraordinaria que viven estas mujeres, principalmente indígenas.

Su investigación la llevó a articular diferentes fenómenos sociales actuales: el tráfico ilegal de narcóticos, la pobreza, la justicia y los derechos humanos, analiza sus repercusiones en un sector de personas pertenecientes a la clase social más desprotegida y vulnerable del país: las mujeres de los pueblos originarios, quienes sufren opresiones múltiples, las cuales son violentadas no sólo por una sociedad de desiguales, sino por costumbres que aumentan su opresión y su marginalidad, y cuyos cuerpos son utilizados de “mulas de carga” en la cadena de producción, circulación y venta de marihuana, convertidas en datos, en números utilizados
para que el Estado justifique ante el imperio que está combatiendo el “Narcotráfico”.

Mujeres y Política Terremoto contra elecciones



Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, 14 septiembre 2017.- Las tragedias azotan por doble vía a quienes menos tienen. Juchitán de Zaragoza, llamada la zona cero del terremoto del 7 de septiembre, y que afectó otros 40 municipios de esa región de Oaxaca, así como 18 en Chiapas, y algunos más en Tabasco, con sus respectivas comunidades, serán “una prueba” para quienes buscan desde la presidencia de México hasta las agencias municipales en el proceso electoral del próximo año.

Resulta lamentable hacer en estos momentos esa comparación, mezclar la tragedia con la política y sus expectativas hacia 2018, pero sería ingenuo pensar otra cosa. Más aún cuando tenemos un antecedente que cambió para siempre la participación de la sociedad civil mexicana en 1985. Y es que habría que recordar que la tragedia sucedió apenas unas horas antes de iniciar el proceso electoral 2018 en el que se renovarán 3 mil 416 cargos públicos en todo el país.

El problema es que las víctimas de la tragedia, que suman más de dos millones de personas en ambas entidades ubicadas al sur del país, esperan respuestas, hechos, frente a la tragedia de haber perdido a familiares o todo su patrimonio, es decir, sus viviendas.

Estas familias que al paso de los días experimentan un dejo de abandono, porque los gobiernos simplemente no tienen capacidad de respuesta frente a la magnitud de los daños y reciben –cuando lo hacen- “ayuda” a cuenta gotas. En tanto la sociedad, empieza como a despertar y se organiza, colecta víveres y distribuye comida, agua y otros productos que se requieren en lo inmediato.

Pero el tiempo corre y con esos días más de 900 réplicas del terremoto crean angustia, nadie quiere volver a habitar sus viviendas cuando las cuarteaduras atraviesan de un lado a otro de las piezas de sus casas, o cuando los techos de tejas, como en el caso del Istmo oaxaqueño, se han venido abajo. Pernoctan en la calle, otros se han refugiado en los establecimientos que para ello dispuso el gobierno, pero nadie puede acostumbrarse al movimiento de la tierra, menos cuando ya ha cobrado casi cien vidas.

Entonces la zona devastada por el movimiento telúrico de 8.1 grados en la escala de Richter demanda más de todo, atención médica y psicológica; requiere también dotar de lo necesario para pasar el día a día y tendrá que dar respuestas en tiempo moderado a la reconstrucción.

Y ese es el peor riesgo que enfrenan hoy los gobiernos y con ello las marcas de sus partidos políticos, que no tiene esa capacidad de respuesta, pese a la intervención de la sociedad que tiene todas las limitantes económicas.

La honesta y transparente distribución de los recursos públicos será vigilada por la sociedad desde ahora. El hecho de que no haya poder humano para responder en lo inmediato hace pensar en cómo van a hacer para lo que sigue.

El desaseo político empieza a ser la piedra de toque para muchas familias que a días de la tragedia no tienen una despensa en sus manos, pero sí ven el desfile de políticos que se placean por las calles llenas de escombros sin nada en las manos para las víctimas, solo la promesa de que la ayuda está llegando, pero no acaba de llegar para muchas personas.

Para comprobar este dicho bastaría con mirar las páginas de Facebook de diputados y diputadas que llegan a la zona, se toman la foto. Se establece una diferencia entre lo virtual y lo real. La gente lo dice, se queja, se manifiesta y entre más días pasen más angustia y más inconformidad se va a generar.

Otros políticos se han tomado la foto llevando ayuda a los centros de acopio, fotos oportunistas y de mal gusto, sin efecto entre la ciudadanía. Fotos propagandísticas porque al final de cuentas no tienen fondo, porque atender a la población es su obligación, aun cuando las personas afectadas no vivan dentro de las demarcaciones que gobiernan.

Los Senadores de la República han afirmado que donarán un mes de su salario, ojalá que sea con todo el bono. Lo mismo se pide para los Diputados locales y federal y hay quienes ya sugieren que presidentes municipales y cabildos hagan lo mismo (pero con todo y bono, insistimos) porque habría que recordar que en algunas regiones se invirtieron miles de pesos en las campañas, quienes ganaron deberán ser generosos con quienes gobiernan y que otros sean solidarios con la gente afectada. ¿Quién dice yo?


Por eso digo que el terremoto del pasado jueves será una medida para el proceso electoral que ya empezó, en la medida de la respuesta, oportuna, transparente y sin corrupción, tendrán votos. Así es la cosa.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Apropiación de derechos, avance para mujeres indígenas



* Tema emergente: la participación política 

Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 4 septiembre 2017.- La apropiación de las demandas sociales, culturales y políticas como derechos es, para mujeres líderes indígenas, el avance más importante que se ha registrado en los últimos 20 años.

En el contexto del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que se conmemora este 5 de septiembre, las mexicanas Martha Sánchez Néstor, Sofía Robles Hernández y Flora Gutiérrez Gutiérrez, analizan la condición social de las mujeres indígenas para SemMéxico y ponen sobre la mesa que en ese lapso también han surgido nuevos temas como la participación política.
Martha Sánchez Néstor, originaria de Xochixtlahuaca, Guerrero, y ex Secretaria de Asuntos Indígenas en esa entidad, dice que persisten los pendientes: A las indígenas no se les hace justicia social, presupuestal ni política.

Refiere que el avance más importante ha sido la formación de nuevos liderazgos de mujeres que formadas y articuladas buscan hacer valer los derechos de las mujeres indígenas para exigir al Estado Mexicano el cumplimiento de la agenda a sus derechos sociales y se cumplan los compromisos internacionales que México ha firmado.

Lo que se ha logrado hasta hoy, ha sido gracias a la sistemática demanda de las organizaciones de mujeres, el trabajo institucional con universidades como la UAM Xochimilco o la UNAM y la articulación con los grupos feministas.

Coincide con las otras dos entrevistadas, en la actualidad para las mujeres organizadas y que pertenecen a un grupo étnico hay un tema emergente, la participación política de las mujeres, un asunto que no se contemplaba hace 20 años, porque se pensaba que no correspondía a las mujeres indígenas, pero hoy se plantea desde la necesidad de una participación electoral formal.

Responde la pregunta sobre la participación de la posible candidata María de Jesús Patricio, quien como ella y como Sofía Robles fundaron la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), y afirma que es simbólicamente importante, sin embargo, advierte que pese a ser un país pluricultural, sigue imperando en México el racismo profundo que les niega sus derechos.

La presencia de María de Jesús Patricio, candidata independiente electa por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), contribuirá a cambiar el imaginario colectivo en ese sentido, simbólicamente es importante el mensaje que están enviando al país, pero lo que realmente nos preocupa es conocer el planteamiento y la agenda política que va a enarbolar, nos preocupa que no tenga la autonomía suficiente.

Por otra parte, expone, entre otros ejemplos, la falta de una iniciativa institucional que garantice la comercialización efectiva de apoyar de manera circular la economía de las mujeres, que se quedan solo en microcréditos, es decir, la problemática es la misma desde hace 20 años, dice en referencia a los dos decenios que han transcurrido desde la formación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), que nació en Oaxaca en agosto de 1997.

Avances en la construcción de espacios

Para la ex presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, Sofía Robles Hernández, hoy son más los espacios de mujeres que trabajan por los derechos humanos de las mujeres indígenas y han caminado para formar sus propias instancias, primero dentro de las organizaciones mixtas, luego creando espacios y forjando asociaciones civiles propias, y hoy vemos que están dentro de las tareas de gobierno y, además, con mujeres profesionistas y con propuestas más construidas.

Dice que la participación política de las mujeres en aquellas comunidades que se rigen por sistemas normativos internos no ha sido fácil. 

La Ley de Paridad obliga a incluir mujeres en los municipios, no así en las agencias. Su inclusión ha requerido de mucho trabajo, muchas veces se cumple y no pasa nada, pero hay incidencia cuando esas mujeres están conscientes de sus derechos.

Robles Hernández, quien es responsable del departamento Género y Mujer de los Servicios del Pueblo Mixe, explica que insertarse en la vida comunitaria para las mujeres en los sistemas normativos internos es muy difícil, porque se trata de un servicio, no de un trabajo, por tanto, no reciben sueldo alguno y por lo general son las mujeres “solas” es decir, las que no tienen pareja, las que desempeñan esta labor, como las solteras o las viudas.

Entre los pendientes refiere que aún es deplorable el servicio médico que se presta en las comunidades indígenas y en lo referente a la justicia, todavía hay mucho que hacer en las comunidades, donde la violencia familiar no se atiende.

Protocolos sin perspectiva comunitaria

Para la fundadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Flora Gutiérrez Gutiérrez, hay avances sustanciales, pero asegura que es necesario analizar las políticas públicas y logros de las mujeres desde una perspectiva comunitaria.
Así explica que recientemente analizaron el Protocolo para Atender la Violencia Política por Razones de Género, el cual carece de una pertinencia cultural, pues solo habla de los sistemas de partidos políticos y no considera los supuestos de este tipo de violencia que pudieran ocurrir en los sistemas normativos internos.

Entre esos supuestos señala, primero, cuando no las dejan participar en la asamblea comunitaria; segundo, cuando ya participan, pero hay candados por el sistema de cargos, como el hecho de cumplir con cuatro cargos antes de poder ser electas presidentas municipales, lo que no siempre se exige del todo a los hombres, para ellos es suficiente que cumplan con dos o tres. Y, tercero, cuando a las síndicas o regidoras no las llaman a sesiones de cabildo, es decir, son electas, son nombradas en las constancias, pero no en los hechos.


La justicia, el gran pendiente

Por otro lado, apunta que un reciente estudio elaborado por la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Capítulo Oaxaca, reveló la falta de acceso a la justicia, sobre todo en aquellas violaciones a derechos humanos como la violencia de género.

Ellas acuden a la autoridad comunitaria, donde los estereotipos y la costumbre, imponen ciertos criterios para la autoridad, como el hecho de pensar que la violencia familiar “son chismes” o “asuntos de pareja”, de ahí que más del 70 por ciento de las mujeres que acuden a su autoridad no encuentran justicia y, por falta de dinero o conocimiento, o porque los Ministerios Públicos están fuera de su población, no acuden a otras instancias de justicia.

Ellas mismas, las mujeres de las ocho comunidades donde se realizó el estudio, calificaron en más del 80 por ciento como regular atención que recibieron; “nos preocupa cómo la cultura y los estereotipos influyen en la falta de acceso a la justicia para estas mujeres”, cuando se trata principalmente de problemas de violencia familiar, pensión alimenticia y abandono.


Mujeralia

Población 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México 6 millones 146 mil 479 personas que hablan alguna lengua indígena son mujeres, 200 mil más que los hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres. (INEGI)

Oaxaca (906,202) Chiapas (873,154 ) y Veracruz (561,295) son los estados donde hay más mujeres indígenas. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México CDI) 

Cerca de 900 mil indígenas viven en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento, y 2.6% de la población hablante de lengua indígena vive en una entidad distinta a la que vivían en marzo de 2010; de este total 54% son hombres y 46% mujeres. (INEGI)

Situación conyugal 

La situación conyugal predominante de la población indígena de 12 y más años es la de casada o en unión libre, ya que 55.6% de las mujeres y 57.8% de los hombres se encuentran en ese estado, seguida por la soltería, con proporciones de 31.4% y 37.4%, para cada sexo, respectivamente. (CDI)

En la población indígena las uniones suelen llevarse a cabo en edades más tempranas. En el grupo de edad de 15 a 19 años, el 19.3 % de las mujeres y 7.2% por ciento de los hombres ya han dejado de ser soltera o soltero. (CDI)

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2014) indica que la edad promedio a la primera unión de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil es a los 18.7 años, casi dos años menos respecto a las mujeres que no hablan lengua indígena (20.3 años). (INEGI)

Salud 

Quince de cada cien personas hablantes de lengua indígena no están afiliadas a servicios de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los varones: 57.7% no cuentan con ella, contra 45.3% en las mujeres. (INEGI)

Fecundidad 

Según la ENADID 2014, las mujeres que hablan alguna lengua indígena tienen en promedio un hijo nacido vivo más (2.5) que las mujeres no hablantes de lengua indígena (1.6). (INEGI)

De acuerdo a la ENADID 2014, 52.6% del total de mujeres hablantes de lengua indígena de 15 a 49 años no utilizaron algún método en su primera relación sexual por desconocimiento, y 22.5% no lo hizo porque deseaba embarazarse. (INEGI)

Trabajo 

Es de destacar la mayor participación de mujeres indígenas que trabajan por su cuenta (32.2%), en comparación con las mujeres no hablantes de lengua indígena (19.0%). (CDI)

Educación

Las mujeres hablantes de lengua indígena son las que presentan un mayor rezago educativo, ya que casi una de cada cuatro se encuentra sin escolaridad alguna y una de cada cinco cuenta con secundaria completa. (CONAPO)

SEM/sje/gr/lr