miércoles, 20 de octubre de 2010

Recuerdan aniversario 57 del voto de la mujer



· En sesión de Cabildo la regidora Bárbara García Chávez realiza recuento histórico de la lucha de las mujeres por la ciudadanía

Faltan 90 años y voluntad para comprobar si la presente centuria será el Siglo de las Mujeres, afirmó la regidora de Equidad y Género, Bárbara García Chávez, al hacer un recuento histórico de la lucha de las mujeres por alcanzar la ciudadanía que en México cumplió 57 años el pasado 17 de octubre, fecha en la que fue reformado el Artículo 34 de la Carta Magna.

En la Sesión de Cabildo, la concejala destacó que a lo largo del siglo XX “a cada tramo de la historia universal, nacional y local nos topamos con una enorme riqueza de propuestas de las mujeres, de agendas reivindicativas, de acciones y transformaciones filosóficas y políticas”.

Hoy ya nadie discute si estos derechos ciudadanos de las mujeres son justos o no, “son nuestros, los hemos conquistado, sin duda uno de los objetivos es la alcanzar la paridad, el número de votos ejercido por las mujeres no corresponde a la cantidad de mujeres que son electas, que alcanzan concejalías o curules en las legislaturas”.

A nivel federal de las y los 500 diputados federales electos, sólo el 23.2 por ciento son mujeres; mientras que en los Congresos de los estados las mujeres ocupan el 12 por ciento de los escaños, y de los dos mil 427 municipios del país, sólo cuatro por ciento están encabezados por mujeres.

García Chávez fue enfática al señalar que a finales de la primera década del siglo XXI, las mujeres estamos dispuestas a consolidar la ciudadanía plena, es decir, a reivindicar nuestro derecho indiscutible a intervenir, con todas las garantías, en el ámbito público, en el gobierno y en la sociedad.

El recuento histórico

La regidora de Equidad y Género hizo un amplio recuento histórico de la ciudadanía de las mujeres cuya demanda de los derechos políticos en el mundo occidental inició en 1789 durante la Revolución Francesa y nacieron las asambleas de mujeres, en 1788 en algunos condados o entidades de Estados Unidos las mujeres podían ser elegidas, pero no votar, y tuvieron que pasar más de 100 años para que en 1893 las mujeres pudieran votar.

Este año cumplimos 56 desde que se sentó en la Cámara de Diputados federal la primera mujer y pudimos elegir y ser elegidas, también más de Medio siglo de ciudadanía y derechos y aun sin representación equitativa.

El origen de este sufragio se sentó el 24 de diciembre de 1946, cuando los diputados reformaron el Artículo 115 Constitucional que entró en vigor en febrero de 1947. A través de esta reforma se establece que: “en las elecciones municipales participarán mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho a votar y ser votadas”. La iniciativa fue enviada por el presidente Miguel Alemán, a propuesta del Frente Único pro Derechos de la Mujer.

Esta disposición legislativa de febrero de 1946, se hizo posible en Oaxaca hasta el 8 de noviembre de 1948 cuando la XL Legislatura local modificó el Artículo 98 de la Constitución Política, concediendo la participación de las mujeres en las Elecciones de Concejales de los ayuntamientos en igualdad de condición que los varones por decreto número 82, lo que hizo posible que en el proceso electoral del 7 diciembre de 1950, Sara Brena Torres fuera electa como la primera regidora que tendría el Cabildo de Oaxaca de Juárez para el periodo 1951-1952.

Sin embargo, agregó García Chávez, el sufragio federal se alcanzó el 17 de octubre de 1953 cuando se aprobó la reforma al artículo 34 de la Carta Magna promulgada por Adolfo Ruiz Cortines. Así, las mujeres adquirieron la ciudadanía y, con ello, el derecho al sufragio federal. En Oaxaca, la XLII Legislatura local promovió las reformas a la Constitución, adicionando el Artículo 24 el 6 de abril de 1956.

La concejala de Equidad y Género recordó que el resultado de esta lucha de las mujeres por su ciudadanía tenemos hasta hoy, en 22 trienios, apenas a 64 regidoras en la capital oaxaqueña. Una sola presidenta municipal interina y una regidora encargada del despacho municipal.

Por otra parte, el Congreso local ha tenido 48 diputadas propietarias, tanto de mayoría relativa o voto directo como de representación proporcional o plurinominales, estas últimas aparecen a partir de la LIII Legislatura local, es decir, hace apenas 24 años.

Mujeres campesinas


Soledad JARQUÍN EDGAR

El 16 de octubre pasado se conmemoró el Día Mundial de la Mujer Rural y ellas, explican las estadísticas, conforman la mayoría de las personas pobres del mundo.

Es decir, según datos de Naciones Unidas en el globo terráqueo hay más de 550 millones de pobres que viven en las zonas rurales, de los cuales 70 por ciento son mujeres, en América Latina y el Caribe se estima que las mujeres representan la mitad de 86 millones de personas que viven en zonas rurales.

Sin embargo, es preciso decir que el campo mexicano se encuentra cada día más solo, hay un evidente abandono a la producción de alimentos, cada día somos más dependientes del exterior y los programas gubernamentales se han convertido en dádivas para las y los campesinos, ejemplo de ello es el programa PROCAMPO.

Ese abandono del campo mexicano por parte de los gobiernos favorece que las mujeres y los hombres sigan migrando hacia zonas urbanas o hacia Estados Unidos, principalmente, en busca de lo que llaman el cada vez más difícil sueño americano.

Pero habría que decir que las familias que viven las zonas rurales no emigran juntas, los primeros en buscar mejores horizontes son los hombres, así las campesinas se quedan al frente no sólo de sus familias, a las que tienen que alimentar; también están solas frente a la parcela, una tierra que debido a un sistema ejidal o comunal no les pertenece, muy pocas de ellas son las propietarias, , la mayoría de las campesinas accede a la parcela a través de sus maridos y padres.

Gisela Espinosa, Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, planteaba que la población rural mexicana –de hace 10 años- estaba apenas compuesta por 27 millones de personas, poco menos de la mitad eran mujeres. Hoy, quizá y debido al éxodo de campesinos varones, la cifra de mujeres que están solas en la producción de alimentos –casi siempre de autoconsumo- es superior a la mitad.

Enfrentadas a un sistema de políticas públicas que no atiende a la población rural, las mexicanas cultivan una importante cantidad de productos y alimentan a sus hijas e hijos. En parcelas que dependen en gran medida de las lluvias de temporal y que ahora con el cambio climático tienen frente a sí un reto que debería preocupar a todo el país.

Sin duda, estamos frente a un panorama dramático. Las mujeres rurales tienen muchas menos posibilidades de educación formal, mueren tres veces más que las mujeres urbanas como resultado de padecimientos prevenibles o como consecuencia de la maternidad y tienen que emplear muchas más horas que el resto de las mujeres para desarrollar el trabajo doméstico debido a la falta de servicios tan elementales como acarrear agua potable o recolectar leña.

Por ejemplo se estima que en 59 de cada cien hogares rurales las mujeres aún cocinan con fogón, lo que implica un tiempo infinitamente mayor; aunque se ha avanzado, aún existen comunidades rurales sin energía eléctrica, por tanto las mujeres no pueden usar licuadoras (muelen con piedras, en molcajete y en metate), ni planchas (todavía se utilizan las pesadas planchas de carbón que en las ciudad se venden como antigüedades), ni refrigeradores (se hace necesario preparar los alimentos cada día pues no pueden conservarse frescos), en fin, no hay alivios modernos para el trabajo doméstico; la falta de agua potable y drenaje afectan la salud de las personas .

Como señala la investigadora Gisela Espinosa, es cierto que toda la familia padece estas carencias, pero son principalmente las mujeres quienes con su trabajo las resuelven y suplen a costa de un enorme desgaste físico y emocional.

A pesar de esas circunstancias, tenemos que recordar que desde hace varios años se determinó que el 80 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por mujeres, algo que se invisibiliza, que no se conoce, que se ignora porque existe la creencia que las tareas del agro son tareas masculinas.

Hay problemas fundamentales en el agro de México y del mundo, la producción de alimentos como un hecho de soberanía nacional y no dependencia de otros países, así como la producción y consumo de alimentos no transgénicos –ambos escenario marcados por los fenómenos migratorios y el cambio climático- y, como consecuencia de ello, erradicar la pobreza y con ello el hambre que en 2009, se alcanzó el umbral crítico de mil millones de personas hambrientas en el mundo, en parte debido a la subida de los precios de los alimentos y a la crisis financiera.

Frente a esa condición, sin duda en este día Mundial de la Mujer Rural no hay mejor homenaje para ellas, para las campesinas de México que reconocer la valía de su trabajo, pero lo más importante sería que los gobiernos vieran en ellas a ciudadanas de primera y no a las últimas en esta cadena que se produce frente al incumplimiento de los gobiernos a proporcionar bienestar en cuanto a la prestación de servicios y calidad de vida a quienes gobiernan.

Laicidad: tres sentidos

Bárbara García Chávez

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define laico como relativo a la escuela o enseñanza en que se prescinde de la instrucción religiosa, en tanto por laicismo se entiende la doctrina que defiende la independencia de las personas o de la sociedad, y particularmente al Estado de toda influencia eclesiástica o religiosa.

En la esfera política laicidad tiene al menos tres sentidos: la separación o no intervención del Estado en cuestiones religiosas; el sentido de neutralidad de las instituciones estatales, y el de libertad de conciencia independientemente del culto o credo de las personas.

Es decir, la laicidad es la separación de lo sagrado y lo profano, de tal suerte que la religión y el estado pertenecen a esferas diferentes y, por ende, separadas en su campo de acción y de injerencia, lo cual hace posible que los asuntos terrenales puedan regularse con leyes y reglas independientes de cualquier credo religioso. En tanto que los asuntos de fe sean del ámbito personal.

No obstante, en los últimos días, el Vaticano nuevamente ha intentado quebrantar este límite al manifestar que el laicismo significa hostilidad o indiferencia contra la religión. Esta declaración evidencia la intención de confundir a la sociedad en un juego de palabras que es por demás equivocado.

En primer lugar porque hostilidad significa actitud de enemistad o aversión hacia alguien y la indiferencia es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni preferencia por algo o alguien. De acuerdo a las anteriores precisiones podemos deducir que ambos términos son incompatibles entre sí, ya que si algo nos produce aversión es porque de alguna manera nos afecta o es contrario a lo que preferimos, mientras que cuando algo nos es indiferente es porque no genera en nosotros ningún interés.

Lo cierto es que desde hace tiempo el clero ha redoblado su interés por atacar de manera persistente todo aquello que tenga visos de fortalecer el estado laico en el mundo, porque esto debilita el poder que durante siglos han detentado y que sin lugar a dudas va más allá del ámbito espiritual.

Al parecer la élite católica ha cambiado el “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” por el “lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío”, pues pretenden imponer su pensamiento no sólo en lo que corresponde a los asuntos religiosos, sino también en las leyes de orden jurídico que rigen la vida de los y las mexicanas sin importar el credo que profesan.

En el Derecho existen normas coercitivas y no coercitivas, dentro de las primeras se encuentran aquellas reguladas por el Estado cuya observancia es obligatoria para quienes integran la sociedad y su incumplimiento sancionado por del Estado.

Las segundas corresponden a las normas internas, que regulan el comportamiento ético de las y los miembros de la sociedad y que varían de acuerdo a los valores y principios de cada persona y su incumplimiento genera remordimiento, culpa o el rechazo social pero en ningún caso la intervención del Estado, es en este campo en donde la religión y su injerencia tienen cabida.

Así como el Estado no puede ni debe imponer credo alguno, sino por el contrario respetar y tutelar el derecho de cada mujer y cada hombre a profesar la creencia que mejor le parezca o a no profesar ninguna, de igual manera tiene la obligación de dotar a la población de leyes que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos y de ir adecuando el marco legal en base a las necesidades que el crecimiento y evolución social dictan, de lo contrario las leyes se vuelven anacrónicas y obsoletas. Estas normas son de orden público y deben contenerse en principios fundados en la razón y la lógica jurídica.

En éste contexto y considerando que nuestra Carta Magna nos define como un Estado laico, principio de nuestra soberanía republicana, circunstancia que parece agredir fundamentalismos religiosos que actúan en franco retroceso y se constituyen como poder fáctico que atenta contra la lucidez democrática de cualquier Estado moderno, desde el púlpito se promueven discusiones socio éticas en torno a temas legislativos, cuestionando asuntos públicos desde las buenas conciencias, violentando la laicidad del quehacer normativo, pretendiendo trasformar esta intervención en un debate “entre poderes de Estado”, es decir, el Estado político, representado por legisladores y gobernantes, contra el estado fáctico, representado por obispos y cardenales.

Podemos estar de acuerdo o no con el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no podemos negar que existe un número importante de parejas que prefieren hacer vida marital homoparental, preferencia que el Estado debe no sólo respetar sino garantizar que los derechos que se derivan de éstas relaciones sean tutelados, recordemos que uno de los fines del matrimonio es el de proporcionarse ayuda mutua.

El retroceso que el derecho mexicano ha sufrido en diversas entidades del país al penalizar el aborto es un claro ejemplo de cómo la religión impone su criterio y de cómo representantes populares en los Congresos locales olvidan su misión de tutelar los derechos de quienes representan, imponiéndoles leyes basadas en preceptos religiosos y penitencias de confesionario, actuando de manera sesgada e intolerante, sobre todo en franca violación y desprecio hacia las mujeres y sus derechos.

A reserva de que el Estado asuma su papel como garante de los derechos de todas y todos sus gobernados, el clero amparado en la libertad de expresión y en el concepto manipulado de laicismo, continuará socavando el valor y la necesidad de la prevalencia de la laicidad como medio para fijar los límites entre lo profano y lo sagrado, colocando en grave riesgo la vida democrática de los pueblos, poniendo en jaque la juricidad de las leyes, la certeza de su aplicación en el ejercicio público del gobierno frente a quienes gobierna.