Soledad JARQUIN EDGAR
El peor agravio entre periodistas es ignorarse.
En México, Reporteros sin Fronteras ha señalado que en 2010, 57 periodistas fueron asesinados, un año antes la cifra fue de 76, por tanto México se convirtió en un país peligroso para el ejercicio de la prensa, entre los estados más violentos está Oaxaca.
Esta entidad ha estado en el ojo del huracán por las agresiones a periodistas, según los datos que refieren organizaciones estatales, nacionales o internacionales por la frecuencia de agresiones contra informadores y otros trabajadores de los medios de comunicación: ataques que van desde asesinatos, secuestros, agresiones físicas, “asaltos”, amenazas telefónicas o por internet, algunos despidos y denuncias penales.
El largo recuento es grave si pensamos que sólo en los últimos cinco años, siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido asesinados en Oaxaca, ningún caso ha sido esclarecido, es decir, estos agravios a la sociedad permanecen impunes. Y son agravios a la sociedad si consideramos su derecho a la información y la libertad de expresión.
Los trabajadores de los medios asesinados: Bradley Will, camarógrafo de Indymedia (27 de octubre de 2006); Raúl Marcial Pérez, columnista de El Gráfico (8 de diciembre de 2006); los voceadores del Imparcial del Istmo Mateo Cortés Martínez, Agustín López y Flor Vásquez (8 de octubre de 2007) y las locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, estación comunitaria de San Juan Copala, Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez (7 de abril de 2008).
A estas agresiones le siguen en Oaxaca los secuestros como el que sufrió Pedro Matías, corresponsal de la revista Proceso, el 25 de octubre de 2008. Las agresiones a otros periodistas como Ixtli Martínez, el 10 de junio de 2010 en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UABJO.
No sin antes, hacer el recuento de la violencia ejercida contra comunicadores, mujeres y hombres, durante todo el movimiento social-político de 2006, donde hubo de todo, provocado por la polarización de las ideas y la intolerancia de ambos bandos.
Es necesario sistematizar los hechos, hacerlos visibles y ponerlos sobre la mesa, porque como decía antes, la magnitud del problema tiende a crecer, sobre todo porque no hay ninguna investigación, hay injusticia para las y los periodistas.
Todavía recordamos las imágenes de la cabeza y rostro de Abundio Núñez golpeado el 25 de noviembre de 2006, por policías federales. Durante ese aciago año también resultaron agredidos reporteros gráficos como Jaime García, cuya situación es ahora delicada porque el pasado 15 de febrero la historia se volvió a repetir en él mismo. En aquel entonces también se cometieron actos violentos contra Humberto Cruz, Omar Gasga y Alberto Fernández, los dos últimos en la costa y el istmo respectivamente, así como otros muchos, algunos realmente serios porque van desde disparos a automóviles y actos casi de linchamientos contra las y los informadores.
En junio de 2007 fue baleado al llegar a su casa el reportero de Tiempo, Misael Sánchez; en 2008 fue agredido Melchor López de Radio Mixteca de Oaxaca, y Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez de la emisora comunitaria Zaachila Radio de Oaxaca.
En abril de 2009, otros cuatro periodistas fueron agredidos, en diferentes episodios: Federico Cabrera corresponsal en la región de la cañada; Rebeca Luna entonces reportera del Diario PM fue perseguida por motociclistas y asaltada por ocho sujetos en las inmediaciones del Mercado de Abastos, sufrió persecución, amenazas, amago y el robo de su computadora, y Jaime Méndez agredido cuando cubría una asamblea en San José del Progreso. El 30 de agosto de 2009, Guillermo Soto Bejarano, director del semanario De Opinión, fue víctima de un ataque, cuando desconocidos dispararon contra su casa, en Salina Cruz. Otro caso fue la violencia contra el caricaturista Mario Robles agredido físicamente y amenazado, hechos ocurridos el 19 de abril de 2009. En julio de ese mismo año, se denunció otro caso, esta vez cometido contra Ernesto Reyes –actual director de Comunicación Social-, quien se dijo fue detenido de forma arbitraria e incomunicación por miembros del Ejército Mexicano, durante la visita de Felipe Calderón.
Además del caso de Ixtli Martínez, en 2010 hubo otras agresiones, entre ellas el cometido contra Félix García, reportero de radio ORO, el 27 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, cuando cumplía con su labor informativa.
Bochornoso fue el despido de Patricia Pacheco Guzmán, en marzo de 2010, de la radiodifusora XEPX La Voz del Ángel, ella aseguró que fue por presiones políticas del entonces presidente municipal de Pochutla, José Manuel Ricárdez López, quien estaba molesto por las críticas que la reportera le hacía. El grave problema es que estaba en embarazada y había solicitado su inscripción al Seguro Social, a lo que la empresa se había negado, pero en realidad era un pretexto, se trataba de un acto de censura, señaló entonces la periodista.
Este recuento, no está completo, faltan muchos actos de violencia, muchos que nunca fueron denunciados por razones personales de las y los trabajadores de la información, el problema es que esta situación parece no tener fin, el 15 de febrero de nueva cuenta periodistas fueron víctimas de la trifulca entre maestros y policías, ¿gajes del oficio? No, por supuesto que no. El periodismo implica riesgos, los cuales tendrían que ser indirectos no agresiones directas, como “confiscar” material fotográfico y equipos de trabajo o golpear a periodistas porque están haciendo su trabajo, como ha ocurrido hace unos días, en esa reminiscencia del 2006.
El 15 de febrero fueron agredidos Gildardo Mota, quien recibió un disparo de arma de fuego en la pierna, por supuesto fue un policía quien disparó. Rebeca Luna batalló para que una mujer de la policía Federal no le arrebatara su material fotográfico y grabadora, la respuesta fue una torcedura de brazo por parte de la mujer policía; José Montes tiene hoy en su brazo izquierdo las huellas de la agresión; Jaime García fue lesionado en el pecho, otro fotógrafo lastimado fue Darío Nolasco, hay más historias de este tipo, como resultado de la batalla campal que protagonizaron las hordas magisteriales y las que componen los policías, a ambos grupos, está visto los derechos humanos los tienen sin cuidado y la labor periodística les resulta peligroso, de ahí la razón del ataque.
El caso de Jaime Guerrero, es digno de estudio, por pretender detener a quienes agredían a Marco Tulio López Escamilla, resultó implicado en los hechos y es vulnerable frente al aparato de seguridad, pues hay un escolta que no está contento y lo acusa de haber agredido al titular de Seguridad Pública. Jaime en una carta responsabiliza a Marco Tulio de cualquier agresión que pudiera sufrir él y su familia.
Frente a la suma de hechos, que insisto no son todos los que son, el ejercicio de la labor periodística en Oaxaca es realmente un peligro y se incrementa, lo peor es la pulverización del gremio por diversas razones que sin duda es conveniente para el poder político: el resultado es que hasta ahora, salvo chivos expiatorios en los casos de Bradley Will e Ixtli Martínez, nadie, absolutamente nadie ha recibido justicia.
Es decir, en tanto el gremio periodístico siga considerando que hay distintas clases: los de arriba y los abajo; el top de estrellas y los estrellados; los “democráticos” y aquellos que siguen añorando el viejo régimen; los que tienen la neta del planeta y los que toman dictado, los revoltosos y los que son incapaces de manifestarse… En tanto esto persista será imposible que haya respeto al trabajo periodístico y seguiremos viendo caras irónicas y risitas burlonas de funcionarios, diputadas y diputados que en realidad parecen momentos de histeria que les ocasiona su falta de argumentos.
Durante una protesta el pasado miércoles en la Cámara, fue curioso observar a las diputados y diputados apuradísimos tomando fotos a quienes protestaban con mantas preguntando al sistema político oaxaqueño “a los periodistas ¿quién va a pedirles disculpas?
La que patentó su conducta errática fue Eufrosina Cruz Mendoza, quien pretendió ignorar las voces de denuncia. En sólo cinco meses, doña Eufrosina Cruz se olvidó que viene del sitio de la gente desoída, donde la justicia social no existe. Sin duda tiene mala memoria doña Eufrosina Cruz que ahora aplica el mismo castigo a quienes no tienen poder, como el que ahora posee ella.
Sin embargo, los agravios contra periodistas no pueden ignorarse, porque se condenaría a la democracia y todas las libertades.
lunes, 28 de febrero de 2011
Palabra de Antígona. Carcel a golpeadores de mujeres
Por Sara Lovera
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un documento de política pública, orientador, incluso didáctico puesto que explica las distintas modalidades del fenómeno global de la violencia contra las mujeres.
Sin duda, fue un adelanto. Pero después de cinco años la violencia contra las mujeres sigue igual o, incluso, creció en número y “calidad”. La crueldad y lo que se define como violencia institucional -de autoridades civiles y policíacas- también ha crecido y es parte de esta guerra que desató Felipe Calderón.
Decía, cinco años después de la aprobación de la Ley General y casi inmediatamente, como no había sucedido antes, la promulgación de ordenamientos semejantes en toda la República Mexicana, han sucedido tres cuestiones preocupantes:
a) Que nadie conoce bien a bien esa ley, incluso las informaciones dicen "violencia familiar"; se desconoce que una disposición era urgente: dictar medidas de alejamiento para el agresor (prohibir que éste se acerque a la víctima).
b) Los ministerios públicos, los jueces y aún los abogados democráticos y fantásticos no la conocen, no saben que corresponde a previsiones internacionales que tienen entre una década y 35 años de haber sido emitidas; que no pueden seguir defendiendo códigos familiares o leyes civiles antiguas e inoperantes.
c) Las autoridades se niegan a operar acciones como la alerta de género que debe involucrar a un gobierno a dictar medidas especiales en lugares de alta peligrosidad para la vida y la integridad de las mujeres. Hace muy poco se negó a ello el gobierno del Estado de México y nadie logró obligarlo, porque además contó con la complicidad de las responsables de los institutos de las mujeres que pertenecen a los gobiernos estatales del PRI.
El colmo. Se ha llegado a decir que esa ley no opera porque no tiene medidas punitivas, así es en efecto. Es una ley marco y las estatales son una copia casi al carbón. Es decir, una ley indicativa, de contenido, muy interesante, pero que burlan todas las autoridades y nadie sabe dónde está el dinero para hacer un diagnóstico que la Secretaría de Gobernación escondió y no usa.
¿Para qué se querían tantas frases, párrafos y golpes de pecho? Hubo largas discusiones, incluso aquellas que iban desde “si ser mal querida” por el hombre con quién una se casa es violencia. Si las y los diputados no saben leer y escribir, es seguro que tampoco saben jueces y abogados, por más cultos o democráticos que sean.
Yo he criticado esa ley porque no tiene dientes. Ley que se contrapone a otras leyes y que no consiguió eliminar en estos cinco años, por ejemplo, las cuestiones de códigos penales que sólo reconocen la "violencia familiar", confundida con el maltrato a niñas y niños, a las personas mayores. Que a nadie ha dejado claro que hay una violencia que es contra las mujeres. Los códigos de violencia familiar retardaron 10 años esta comprensión. En el Distrito Federal existe una ley de este tipo y la otra, la de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, lo que ha confundido la prevención, el trato y todo.
El colmo, la Ley de Acceso ni siquiera ha servido para dejar bien claro que hay una violencia concreta contra las mujeres por ser mujeres. Se oscurece todo a su alrededor y se niega un problema realmente existente y que a diario pone en riesgo la vida de muchas mujeres, otras son asesinadas, por esa razón, por ser mujeres. Es claro que no se trata sólo de lo que se reconoce como conflictos dentro de las familias.
De ahí la iniciativa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 24 de febrero pasado. Se acabaron las contemplaciones y la posibilidad de hacer cambios culturales que detengan a los hombres que por imponerse, por ser autoritarios y simplemente maridos, creen que las mujeres -esposas, amantes, concubinas, hermanas o hijas-, son de su propiedad y si no obedecen, hay que castigarlas.
Seguramente, Alejandra Barrales, presidenta de la Asamblea, se dijo a sí misma o a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género -así solitas, una tarde, pensaron, que como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no opera, por mejor escrita y culta que sea-, lo que necesitamos es que los violentadores sepan con claridad que golpear a una mujer es un delito, por tanto debe castigarse y que cualquier persona los puede señalar, cualquier policía detener y que vayan a la cárcel mínimo 48 horas.
Es posible a la Asamblea del Distrito Federal que aprobó por unanimidad de 39, y no de 66 integrantes, estas modificaciones les asista la razón. Es posible que si se consigue que los vecinos denuncien, cuando escuchen que un individuo le pega a su compañera -simplemente por estar de mal humor, por impositivo, por "muy macho" y autoritario-, puede servir porque se pondrá en ridículo a este señor, que tranquilamente hace de las suyas y que su compañera no lo denuncia o denunciando la situación se ve obligada a retirar esa acusación por temor social.
Las modificaciones en el Distrito Federal a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, por primera vez, en la historia señalan que será de oficio detener a los golpeadores y si causan daños graves a las mujeres se les abrirá un juicio penal inmediato. Lo de fondo es que no consigan la libertad bajo fianza ni de otra forma, hasta ser juzgados.
Yo creo que estas modificaciones son muy importantes. Durante años las feministas dijimos que no era con la represión como se podría evitar la violencia contra las mujeres y que ellas debían denunciar; donde sí estuvimos de acuerdo en penalizar fue en los casos de violación, agresión sexual, golpes duros y acoso.
La timidez histórica para abordar el tema de golpeadores, que sabemos son en 67 por ciento los “queridos” esposos, condujo a la muerte a muchas mujeres. Es nuestra responsabilidad social no consentir que eso suceda más; es nuestra ignorancia supina pensar que "ellas aceptan" y, peor aún, suponer que las mujeres siguen pensando que si no les pegan, celan, acosan y torturan, no las quieren. Esos tiempos pasaron.
Pero los golpeadores cotidianos no entienden. Ahora, los habitantes del D.F. podremos denunciarlos, cualquier persona podrá hacerlo. ¡Eureka! ¿Las cárceles alcanzarán, los policías no se echarán para atrás, los jueces no los declararán inocentes, sus compañeros de trabajo no harán manifestaciones para defenderlos?
En el feminismo pensábamos denunciar a muchos políticos que golpean a sus esposas; a muchos hombres "importantes" que siembran el miedo para evitar ser denunciado. Al convertirse un delito que se persigue de oficio, la ciudadanía consciente del daño que provoca la violencia, podrá salvarlas. Poner un hasta aquí.
Lo que sigue es explicar cómo sigue pasando: mil 500 denuncias en el Distrito Federal, miles o tal vez millones en la República, 18 mujeres asesinadas al día en el país; decenas de acosos y maltratos de otras formas, no sólo de pareja, todo esto es absolutamente inaceptables.
Es urgente tomar otras medidas, pero mientras tanto los machos autoritarios en el Distrito Federal no caben más. Si la sociedad los sigue consintiendo y las mujeres dan el perdón, eso será sólo algo transitorio. El paso está dado. No es permisible más violencia contra las mujeres.
Ojalá otros congresos estatales emularan estas medidas. Ojalá hubiera conciencia de la importancia de estos cambios. Muchas mujeres pensamos que había que poner un hasta aquí realmente.
Hay que decir, por último, que una investigación que dio lugar a la ley sin dientes, si encontró con claridad que muchas mujeres que se quejaron de golpes, maltratos y acoso, cuyas parejas no fueron detenidas ni sancionadas, después las asesinaron. De modo que denunciar a los agresores, perseguirlos de oficio, salvará muchas vidas, siempre y cuando no prive la corrupción en el ámbito judicial.
saralovera@yahoo.com.mx
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un documento de política pública, orientador, incluso didáctico puesto que explica las distintas modalidades del fenómeno global de la violencia contra las mujeres.
Sin duda, fue un adelanto. Pero después de cinco años la violencia contra las mujeres sigue igual o, incluso, creció en número y “calidad”. La crueldad y lo que se define como violencia institucional -de autoridades civiles y policíacas- también ha crecido y es parte de esta guerra que desató Felipe Calderón.
Decía, cinco años después de la aprobación de la Ley General y casi inmediatamente, como no había sucedido antes, la promulgación de ordenamientos semejantes en toda la República Mexicana, han sucedido tres cuestiones preocupantes:
a) Que nadie conoce bien a bien esa ley, incluso las informaciones dicen "violencia familiar"; se desconoce que una disposición era urgente: dictar medidas de alejamiento para el agresor (prohibir que éste se acerque a la víctima).
b) Los ministerios públicos, los jueces y aún los abogados democráticos y fantásticos no la conocen, no saben que corresponde a previsiones internacionales que tienen entre una década y 35 años de haber sido emitidas; que no pueden seguir defendiendo códigos familiares o leyes civiles antiguas e inoperantes.
c) Las autoridades se niegan a operar acciones como la alerta de género que debe involucrar a un gobierno a dictar medidas especiales en lugares de alta peligrosidad para la vida y la integridad de las mujeres. Hace muy poco se negó a ello el gobierno del Estado de México y nadie logró obligarlo, porque además contó con la complicidad de las responsables de los institutos de las mujeres que pertenecen a los gobiernos estatales del PRI.
El colmo. Se ha llegado a decir que esa ley no opera porque no tiene medidas punitivas, así es en efecto. Es una ley marco y las estatales son una copia casi al carbón. Es decir, una ley indicativa, de contenido, muy interesante, pero que burlan todas las autoridades y nadie sabe dónde está el dinero para hacer un diagnóstico que la Secretaría de Gobernación escondió y no usa.
¿Para qué se querían tantas frases, párrafos y golpes de pecho? Hubo largas discusiones, incluso aquellas que iban desde “si ser mal querida” por el hombre con quién una se casa es violencia. Si las y los diputados no saben leer y escribir, es seguro que tampoco saben jueces y abogados, por más cultos o democráticos que sean.
Yo he criticado esa ley porque no tiene dientes. Ley que se contrapone a otras leyes y que no consiguió eliminar en estos cinco años, por ejemplo, las cuestiones de códigos penales que sólo reconocen la "violencia familiar", confundida con el maltrato a niñas y niños, a las personas mayores. Que a nadie ha dejado claro que hay una violencia que es contra las mujeres. Los códigos de violencia familiar retardaron 10 años esta comprensión. En el Distrito Federal existe una ley de este tipo y la otra, la de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, lo que ha confundido la prevención, el trato y todo.
El colmo, la Ley de Acceso ni siquiera ha servido para dejar bien claro que hay una violencia concreta contra las mujeres por ser mujeres. Se oscurece todo a su alrededor y se niega un problema realmente existente y que a diario pone en riesgo la vida de muchas mujeres, otras son asesinadas, por esa razón, por ser mujeres. Es claro que no se trata sólo de lo que se reconoce como conflictos dentro de las familias.
De ahí la iniciativa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 24 de febrero pasado. Se acabaron las contemplaciones y la posibilidad de hacer cambios culturales que detengan a los hombres que por imponerse, por ser autoritarios y simplemente maridos, creen que las mujeres -esposas, amantes, concubinas, hermanas o hijas-, son de su propiedad y si no obedecen, hay que castigarlas.
Seguramente, Alejandra Barrales, presidenta de la Asamblea, se dijo a sí misma o a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género -así solitas, una tarde, pensaron, que como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no opera, por mejor escrita y culta que sea-, lo que necesitamos es que los violentadores sepan con claridad que golpear a una mujer es un delito, por tanto debe castigarse y que cualquier persona los puede señalar, cualquier policía detener y que vayan a la cárcel mínimo 48 horas.
Es posible a la Asamblea del Distrito Federal que aprobó por unanimidad de 39, y no de 66 integrantes, estas modificaciones les asista la razón. Es posible que si se consigue que los vecinos denuncien, cuando escuchen que un individuo le pega a su compañera -simplemente por estar de mal humor, por impositivo, por "muy macho" y autoritario-, puede servir porque se pondrá en ridículo a este señor, que tranquilamente hace de las suyas y que su compañera no lo denuncia o denunciando la situación se ve obligada a retirar esa acusación por temor social.
Las modificaciones en el Distrito Federal a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, por primera vez, en la historia señalan que será de oficio detener a los golpeadores y si causan daños graves a las mujeres se les abrirá un juicio penal inmediato. Lo de fondo es que no consigan la libertad bajo fianza ni de otra forma, hasta ser juzgados.
Yo creo que estas modificaciones son muy importantes. Durante años las feministas dijimos que no era con la represión como se podría evitar la violencia contra las mujeres y que ellas debían denunciar; donde sí estuvimos de acuerdo en penalizar fue en los casos de violación, agresión sexual, golpes duros y acoso.
La timidez histórica para abordar el tema de golpeadores, que sabemos son en 67 por ciento los “queridos” esposos, condujo a la muerte a muchas mujeres. Es nuestra responsabilidad social no consentir que eso suceda más; es nuestra ignorancia supina pensar que "ellas aceptan" y, peor aún, suponer que las mujeres siguen pensando que si no les pegan, celan, acosan y torturan, no las quieren. Esos tiempos pasaron.
Pero los golpeadores cotidianos no entienden. Ahora, los habitantes del D.F. podremos denunciarlos, cualquier persona podrá hacerlo. ¡Eureka! ¿Las cárceles alcanzarán, los policías no se echarán para atrás, los jueces no los declararán inocentes, sus compañeros de trabajo no harán manifestaciones para defenderlos?
En el feminismo pensábamos denunciar a muchos políticos que golpean a sus esposas; a muchos hombres "importantes" que siembran el miedo para evitar ser denunciado. Al convertirse un delito que se persigue de oficio, la ciudadanía consciente del daño que provoca la violencia, podrá salvarlas. Poner un hasta aquí.
Lo que sigue es explicar cómo sigue pasando: mil 500 denuncias en el Distrito Federal, miles o tal vez millones en la República, 18 mujeres asesinadas al día en el país; decenas de acosos y maltratos de otras formas, no sólo de pareja, todo esto es absolutamente inaceptables.
Es urgente tomar otras medidas, pero mientras tanto los machos autoritarios en el Distrito Federal no caben más. Si la sociedad los sigue consintiendo y las mujeres dan el perdón, eso será sólo algo transitorio. El paso está dado. No es permisible más violencia contra las mujeres.
Ojalá otros congresos estatales emularan estas medidas. Ojalá hubiera conciencia de la importancia de estos cambios. Muchas mujeres pensamos que había que poner un hasta aquí realmente.
Hay que decir, por último, que una investigación que dio lugar a la ley sin dientes, si encontró con claridad que muchas mujeres que se quejaron de golpes, maltratos y acoso, cuyas parejas no fueron detenidas ni sancionadas, después las asesinaron. De modo que denunciar a los agresores, perseguirlos de oficio, salvará muchas vidas, siempre y cuando no prive la corrupción en el ámbito judicial.
saralovera@yahoo.com.mx
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