lunes, 21 de marzo de 2011

Mujeres y política Las víctimas del Estado

Soledad JARQUIN EDGAR
Hay hechos con los que tenemos que aprender a vivir, pero no podemos resignarnos a vivir con ellos. La violencia contra las mujeres es uno de esos hechos, contra el cual las mujeres del mundo se han revelado permanentemente. En alguna parte de la historia reciente fue necesario reconocer que además de los derechos humanos de los hombres, había otros que no habían sido nombrados y eran los derechos de las mujeres que, a cuenta gotas, se fueron reconociendo en el papel y en los hechos persisten las deudas.

Tenemos que avanzar más rápido para que las leyes tipifiquen las agresiones contra las mujeres y establezcan sanciones severas contra los agresores de mujeres en todas las modalidades de la violencia y dejar de mirar esa violencia como si esta sólo tuviera lugar dentro del ámbito doméstico. Las estadísticas señalan que en la calle, el sitio más allá del “hogar dulce hogar”, la violencia tiene un rostro detestable y doloso, sobre todo cuando la justicia no llega, se ampara la impunidad y no a las víctimas, entonces estamos frente a la violencia institucional.

De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer, en los dos últimos años fueron denunciados casi mil delitos sexuales. Cifra que sumadas a las denuncias presentadas este año 2011 superan ya las mil agresiones. Del subregistro nadie tiene la certeza, pero sabemos que es alta, muy alta, porque existen muchas razones para que ellas no denuncien, entre las que podemos mencionar la condena social a la que todavía se enfrentan las víctimas de este delito y el hecho de que muchas veces el delincuente que las agredió pertenece a su propia familia, es decir, es un pariente cercano y “todo queda en familia”.

Así, de nueva cuenta el “hogar dulce hogar” es tan peligroso como la calle, donde lo que falta es seguridad. ¿Dónde están los policías? Ya los vimos, cuidando las plazas como el zócalo o las de toros y en lugar de arremeter contra los delincuentes lo hacen contra quienes protestan por tal o cual cosa. El teléfono de emergencia no funciona, si usted llama, seguramente le responden y la policía llega –cuando llega- de media hora a una hora después. A plena luz del día se cometen toda tipo de actos violentos contra mujeres, de lo que llega a la Fiscalía podemos decir que en 2009 y 2010 se cometieron 1.4 abusos sexuales al día y de violencia intrafamiliar se reportaron casi tres agresiones cada 24 horas en esos dos años.

Para unos no es nada, para otras personas bastaría con que le sucediera a una sola mujer para indignarnos frente al vigente machismo, la misoginia y la ginopia, que no sólo invisibiliza a las mujeres, también les impide ver la gravedad del problema.
El feminicidio también tiene lo suyo, la misma Fiscalía reportaba hasta el 8 de marzo pasado 112 asesinatos de mujeres en los dos últimos años, a los que se suman otros 10 que han sido reportados por los periódicos locales en este 2011, el último caso fue reportado este viernes.

El mismo viernes una denuncia de violencia sexual contra una comunicadora detonó el problema que ha estado latente, que como ya vimos ocurre todos los días. El agresor fue detenido y al menos había abusado sexualmente a otras tres mujeres, se trata del nicaragüense de nombre Bismart Rodríguez Escalante de 32 años y es probable que en los pocos meses que llevaba viviendo en Oaxaca hubiera cometido otras agresiones de este tipo en la capital oaxaqueña.

Es impresionante la fuerza que esta periodista demostró la noche del viernes cuando en conferencia de prensa, declaró que lo más importante es que estaba viva, luego de narrar el terror que vivió durante la tortura a la que fue sometida por su agresor, quien la conocía, sabía que era periodista, le dijo que la había seguido durante varios días y que “su cabeza” tenía precio: 150 mil pesos por haber escrito sobre los zetas. Realmente, dijo ella, no era así, porque jamás había escrito nada sobre ese grupo delictivo, pero delincuentes como Bismart Rodríguez Escalante, saben que el río está revuelto y trató de confundir a su víctima, quien según sus palabras, conservó la calma para salvar su vida y no era para menos, este hombre es un peligro para la libertad y la vida de las mujeres. La periodista, llena de valor, pidió a las mujeres que denuncien estos hechos que no se queden calladas y además dijo que si reconocían haber sido víctimas de Rodríguez Escalante que lo denunciaran para evitar su impunidad.

Apenas el mes pasado la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, A.C., analizaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y los mecanismos para garantizar su aplicación en México, en pocas palabras, podríamos decir que las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido con lo que establece esa ley, pues es evidente la falta de voluntad política, lo que ha aumentado la violencia contra mujeres y niñas. Tienen toda la razón, la semana pasada decía en esta misma columna que sobre las conciencias de legisladoras y legisladores, de funcionarios del Poder Ejecutivo está la falta de seguridad para las mujeres y la falta de formas para garantizar el derecho a vivir libres de violencia; hay muchas carencias que impiden lograr el objetivo, y faltará más si quienes gobiernan siguen “chiflando en la loma” para no tipificar como delitos las conductas violentas y feminicidios. En Oaxaca la ley no sirve de mucho, es como se ha dicho un catálogo de buenos deseos.

Aunado a ello, expusieron las investigadoras de la red, tenemos una cada vez mayor militarización a lo largo y ancho del país, bajo la premisa de combatir a la delincuencia organizada, trasgrediendo los derechos humanos de las mujeres y de las niñas porque se encuentran ante mayores riesgos y mayor vulnerabilidad.

Estamos frente a un problema grave de violencia contra las mujeres: secuestros, levantones, violaciones sexuales, violencia psicológica, económica, física e institucional y los asesinatos permean la vida de las mujeres y las niñas todos los días. Ahora actuaron con prontitud, pero pudieron hacerlo antes porque ya tenían denuncias previas contra el delincuente de origen nicaragüense de nombre Bismart Rodríguez Escalante, así habrían evitado que lesionara la vida de más mujeres cuyo único delito es ser mujeres, tal y como pasó con la periodista.

Lo que es cierto y real es que la violencia tiene un repunte en Oaxaca y que vamos de lo desconocido a las personas conocidas, esta semana dos de sus víctimas eran personas conocidas, no es coincidencia, es parte de la realidad que vivimos y a la que me niego acostumbrarme, a lo que no quiero resignarme, como seguramente no quiere usted ni nadie.

El problema está en que todavía las aguas del tsunami político que vivió la entidad no acaban de ponerse en calma. Los políticos están ocupados en resolver sus problemas partidistas y lo que hiere y no preocupados por lo que lastima a la sociedad, en específico a más del 52 por ciento de la población, eso los tiene sin el menor cuidado, han aprendido con rapidez para qué sirve la indiferencia y el cinismo. Es curioso ver cómo aplauden la aprehensión del “violador serial”, mandan comunicados a diestra y siniestra para destacar el hecho, la actuación veloz, pero la realidad es cruel, tuvo que pasarle desgraciadamente a una persona conocida, a una comunicadora para que actuaran y brindaran una respuesta rápida. ¿Por qué no actuar siempre igual? ¿Por qué no evitar que la impunidad siga lastimando a las mujeres? ¿Por qué no cumplir con lo que dicen las leyes, al menos las federales, mientras le ponen dientes a las estatales? ¿Por qué permitieron que otras mujeres fueran lastimadas? Espero que alguien me responda y con ello le respondan a la última víctima de Bismart Rodríguez Escalante, que también es víctima de las instituciones negligentes e inoperantes que no detuvieron al delincuente desde el día en que otra mujer lo denunció.

A reserva Procuración de Justicia…emergencia superada

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El crecimiento de las actividades delictivas en Oaxaca como en todo el país han generando en la percepción ciudadana el sentimiento de inseguridad y desconfianza cada vez mayor, frente al rezago del sistema de procuración de justicia. Dos problemas que irrumpen de manera paralela y que se van agravando desde hace varios años por la criminal corrupción e impunidad, promovida y fomentada por las instancias de gobierno, local y federal.

Efectivamente, las libertades y derechos ciudadanos consagrados en la Constitución sólo pueden ejercerse en un ambiente seguro y justo, que únicamente será posible cuando el Estado garantice eficaz y eficientemente sus funciones dentro del orden jurídico establecido, restringiendo su actividad a las limitaciones jurídicas establecidas.

Desde una perspectiva ciudadana, el problema de la inseguridad tiene dos vertientes, una es el rápido crecimiento de la delincuencia, que afecta a más amplios sectores y la incerteza jurídica, considerando que una mínima proporción de las demandas de justicia encuentra respuesta adecuada. Por lo que se ha generalizado la sensación de encontrarse en indefención ante el crimen.

A lo anterior, se le aúna la complicidad eminente de actores oficiales, -diversos funcionarios públicos, instancias policiacas y militares- con la delincuencia, la criminalización de la disidencia y los movimientos sociales, tal vez otros o los mismos renovados que fueron detractores del gobierno ulisista .

Por supuesto que los conflictos políticos, que en ese tenor se pretende resolver desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, por inoperancia de la Secretaría de Gobierno, resultan deteriorar aún más la imagen del gobierno de la paz y el progreso.

La Sección 22 del SNTE denunció penalmente ante la PGJE, la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar, integrándose la averiguación previa correspondiente; este evento complica sin duda el conflicto político suscitado entre el magisterio oaxaqueño y el gobierno de Gabino Cué, por los acontecimientos violentos ocurridos el pasado 15 de febrero, que se hace vigente al reiterar su exigencia de renuncia de la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeiro Arias; del encargado de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y del director del Instituto Estatal de Educación Pública, Bernardo Vázquez Colmenares.

En un primer momento pareciera que la respuesta, ocurrente e imprudente, venía del responsable de la procuración de justicia, que a falta de capacidad profesional y herramientas mínimas para realizar sus funciones de investigación, ofreció “recompensa” a quien le ayude a encontrar al desaparecido.

Ahora la prensa nos da cuenta del comunicado del gobernador donde puntualiza:
“Por considerar que se trata de un hecho de alto impacto social, el Gobernador del Estado avaló la decisión del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de ofrecer una recompensa de 500 mil pesos, a quien proporcione información relevante a los números de emergencia 066 y 089, que conduzca a la localización del Profesor Carlos René Román Salazar.

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su cabal apego a la legalidad y a la expedita procuración de la justicia, así como al respeto irrestricto de los derechos humanos.

Finalmente, reiteró a los familiares y al magisterio del estado, que su administración se mantendrá atenta a la evolución del proceso de investigación, y continuará actuando con seriedad y eficiencia hasta el esclarecimiento de este caso”. (Comunicado-CGM/Esclarecer caso maestro Carlos René Román Salazar/18 mar 11/Comunicación Social del Gobierno del Estado)

Hay, a mi juicio varias observaciones, de carácter lógico-jurídico sobre este asunto, a pesar de que es un asunto de carácter estrictamente jurídico tiene tremendo entramado político:
El acontecimiento que se denuncia es de carácter penal, toda vez que se denuncia ante la instancia investigadora como un posible secuestro de persona desaparecida, situación que previamente había sido puesta en conocimiento de la dependencia encargada de la seguridad pública. La presión política que implica la Sección 22 del magisterio, contamina y reviste de tintes políticos el asunto, que pone en entredicho las atribuciones del Procurador de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública, y el seguimiento procedimental de la averiguación previa y la investigación correspondiente.

La denuncia penal y la correspondiente investigación se desvirtúan, cuando se permite la implicación discrecional del gobernador para determinar, sin referencia legal alguna, la calificación del hecho delictivo como “hecho de alto impacto social”. No existen criterios para esa descripción y pasar por encima de los procedimientos legales, el gobernador o cualquier otro funcionario debe constreñirse a lo dispuesto en la Constitución de Oaxaca en su Artículo 2º “… El Poder Público y sus Representantes sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer…”. Entonces no actúa apegado a la ley. Lo contrario es abuso, es imperativo, violenta sus funciones, falta a su compromiso democrático para privilegiar a un grupo con el que tiene pendientes políticos y al parecer les adeuda favores.

Es incomprensible la retórica de los derechos humanos de un sólo hombre, cuando existe el pendiente de seguridad y justicia con los oaxaqueños y oaxaqueñas, es simulación mediática que agrede a la sociedad y vulgariza una respuesta que no alcanza a las mayorías y por ende las ofende.

Cabe precisar que para poder determinar el ofrecimiento y en su momento la entrega de una “recompensa” debe haber la posibilidad expresa de hacerlo en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, lo que no existe; después en base a esa posibilidad que en este caso la ley no contempla, tendría que publicarse en el periódico oficial; por último, las recompensas sólo se ofrecen cuando se haya girado orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, tampoco es el caso.

Por último, la Procuraduría de Justicia forma parte de la administración que el gobernador Cue encabeza ¿Los recursos financieros para pagar la recompensa de dónde saldrán? Tal vez del fondo propio, a pesar que no deberían desviarse de lo establecido en la ley, o puede ser del ahorro que resulta de la disminución inequitativa de los bonos complementarios al personal ministerial, que de cualquier manera por lo menos en este caso se ahorrarán la investigación, que se intercambia por “recompensa”.

Sin duda, por sentido común, este ofrecimiento está fuera de la metodología criminalística, agrava peligrosamente la situación de inseguridad que se vive en la entidad e incurre en actuaciones por demás ilegales, dejando no sólo la percepción de total ineficacia, también el irresponsable mensaje de que no hay investigación pero sí dinero que resuelva un posible delito.

Es indignante, oficioso y agresivo para el resto de la ciudadanía que todavía tiene la esperanza de que ahora sí, el gobierno de transición, el de los luchadores sociales, el democrático va a resolver el problema más sentido de la comunidad: la seguridad pública. Un derecho que el gobierno debe garantizar, con o sin presión política; seamos sus amigos, partidarios o aliados o no lo seamos, debe respondernos con la misma celeridad a quienes vivimos en Oaxaca ¿Lo hará?