domingo, 2 de junio de 2013

Mujeres y Política Corrupción y censura

Dafne Denis Bengoechea Carreño

Mujeres y Política
Corrupción y censura

Soledad JARQUIN EDGAR
La semana pasada decíamos que de nada o casi nada sirven las leyes, cuando en medio se interpone el interés personal, la corrupción y los malos hábitos de los servidores públicos, tanto del Tribunal Superior de Justicia como de quienes hacen las investigaciones en cada caso. Entre quienes demandas justicia y los servidores públicos parece haber un ladrón. El escandaloso caso destapado hace unos días que involucra a Genaro Góngora Pimentel, ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien acusó a su ex pareja de fraude y ésta se encuentra en la cárcel desde hace varios meses, más el hecho de pichicatear los recursos para la manutención de sus dos hijos que, además, padecen autismo. Ambos hechos revelan cómo sigue operando en México el tráfico de influencias, en beneficio, claro está, de quienes tienen el poder, ya sea político o financiero o, peor aún, ambos.

Lo de Góngora no es un caso excepcional, como ese hay muchos, cientos y quien sabe si sean miles, y eso es lo grave, lo que lastima, lo que indigna a la sociedad mexicana, porque como si fuera una mercancía, la justicia se pone en las vitrinas de los tribunales de este país y aunque incomode, la justicia se vende al mejor postor, una vieja pero vigente frase.

Esta falta de justicia tiene un grave componente cuando se trata de una mujer, peor aún si esa mujer es pobre y máxime si esa mujer es indígena y pobre. Concepción Núñez Miranda, lo he expresado en varias ocasiones, ha documentado esa injusticia (Deshilando Condenadas, Bordando Libertades, 2013), en específico estudió los casos de mujeres indígenas y pobres que fueron detenidas y encarceladas en Santa María Ixcotel porque habrían cometido delitos contra la salud, se les llama “burreras”. Muchas de estas mujeres fueron juzgadas sin un traductor que apoyara sus declaraciones, entre otras anomalías en los procesos. Por supuesto purgaron sus condenas sin que a nadie le importara, antes que a Núñez Miranda, la condición en que se encontraban esas mujeres.

Hoy, en Oaxaca estamos frente a un problema que es verdaderamente vergonzoso y que además muestra que las reuniones de las organizaciones civiles pro-derechos de la mujer con el jefe del Ejecutivo y el “gabinetazo de justicia”, por el grave y creciente número del feminicidio, son sólo actos de simulación con buenos dividendos mediáticos para el Ejecutivo que se luce dando órdenes a diestra y siniestra. La pregunta es ¿qué está pasando? ¿por qué si el gobernador Gabino Cué dispone una cosa, se hace otra? Bien claro tenemos que el Judicial es otro poder, pero también sabemos que este sistema de tres poderes distintos tiene por encima a esa especie de dios verdadero que se concentra en quien está al frente del Ejecutivo, el electo por la ciudadanía, el gobernador del Estado.

En unos días más, se habrán cumplido 60 días desde que Alejandro Enrique Rivera López asesinara a sangre fría a su ex novia Dafne Denis Carreño Bengochea. De los hechos que ocurrieron en el departamento de la víctima en la ciudad de Oaxaca, hay testigos. Incluso, como ya lo hemos comentado, a Alejandro Enrique Rivera López lo detuvieron mientras corría con un cuchillo en la mano en plena calle y al verse acorralado se pasó el cuchillo por el cuello provocándose una herida. Bueno, pues hasta este viernes, el agresor y presunto asesino de Dafne Denis no había declarado.

Estas son las cosas que no se pueden entender. Hay una dicotomía entre el decir y el hacer, entre el discurso y la realidad, precisamente en 2013, el año que el gobernador Cué  “decretó” como el de la no violencia hacia las oaxaqueñas. Independientemente de lo que suceda después mañana o en unos meses, esta dilación, refleja todo lo contrario a lo que el gobierno dice que va a suceder y dejan mal parado al gobernante, tal parece que su palabra como la vida en la canción del guanajuatense José Alfredo Jiménez, “no vale nada”.

Claro que el caso de Dafne no es el único, hay otros casos de feminicidio y desaparición de mujeres sin resolver, un tanto porque los asesinos no han sido detenidos y otro tanto porque los procesos se han quedado en “veremos”, esa palabra que no lleva a ninguna parte. (Por eso resulta extraordinario y bueno que el gobierno federal haya empleado “instrumentos de alta tecnología” para dar con el paradero de los niños secuestrados y mantenidos en cautiverio durante más de cien días. ¡Qué bueno! ¿Por qué entonces no utiliza esa “alta tecnología para encontrar a las mujeres desaparecidas en el país?  ¡Ahora sí que alguien me explique!).

Como necesario es que alguien explique por qué Alejandro Enrique Rivera López no ha declarado, porque si no puede hablar, todo indica que sí puede escribir porque el resto de su cuerpo funciona perfectamente. Y ese es el reclamo que hace Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne, quien señala a la jueza tercera de lo Penal del Distrito Judicial del centro Betzzaida Cruz Mendoza, quien se ha negado a hacer efectiva la declaración del presunto feminicida por escrito, ante la “supuesta imposibilidad de hacerlo de forma hablada, porque se encuentra delicado de salud”, a pesar de las solicitudes hechas por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por ello, en conferencia de prensa, la madre de la víctima pidió que se inicie el procedimiento judicial correspondiente.

Pero la justicia está en manos de un poder patriarcal aunque quien decida sea una mujer, nada tiene de extraño eso. La acción de la jueza Cruz Mendoza hace que la sociedad ponga sobre el Tribunal Superior de Justicia bajo sospecha.  Se presume por la probable “compra de justicia” (muchos billetes) hasta posibles relaciones de parentezco entre Alejandro Rivera López, el agresor de Dafne y un alto funcionario del TSJ, como lo señalaron testigos. Eso es lo que suena entre el pueblo y no sería un caso extraño, porque si lo hizo o hace Góngora Pimentel lo puede hacer cualquiera que tenga dinero e influencias o ambas posibilidades.

No estamos hablando de cualquier cosa. El feminicidio, ese delito autónomo que cuesta tanto trabajo entender y que tardaron años en “comprender” en el legislativo para tipificarlo, de ahí que sigan vigentes los enredos; ahora tiene con los pies para arriba a las juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia ¿por qué? Porque en la hegemonia patriarcal resulta difícil de entender ¿por qué castigar el asesinato de mujeres de forma distinta al de un hombre? Una pregunta cuya respuesta sigue pareciendo imcomprensible a todas luces, tanto para quienes legislaron como para quienes ahora tienen que aplicar la ley.

En el poder ejecutivo las cosas no son de otra forma, ni cambian. Una cosa es “ponerse a tono” con las leyes nacionales e internacionales y otra comprometerse de verdad. Lo que sí hay es una verborrea frenética y nulas acciones concretas. Bastaría revisar algunos dicursos pronunciados en fechas clave por el mandatario oaxaqueño y contrastarlo con la realidad, la realidad de Dafne, de Verónica, de Filogonía, de Eulalia, de Marcelina, de Elizabeth, de Yolanda, de Abigail… y de 192 mujeres más que han sido asesinadas en los 29 meses del gobierno de Cué. Cómo explicar la gravedad del problema a quienes despachan desde sus escritorios, rodeados de guaruras, disponiendo en sus pequeños principados que tienen fecha de caducidad; cómo decirle que estos 200 asesinatos de mujeres representan un promedio de casi siete asesinadas por mes en ese lapso, la peor cifra, la cifra más catastrófica para las mujeres y más trágica para Oaxaca.

Y no es que este gobierno sea peor que el anterior, no se trata de eso, pero este gobierno de Gabino Cué es el actual responsable de la vida de las oaxaqueñas y solo por eso debío emprender acciones más allá de los discursos, esa palabrería que ya se le vacío a Gabino Cué y a su “gabinetazo de seguridad y de procuración de justicia”, que ya se le hizo trizas al titular del TSJ, Alfredo Lagunas y que de paso chotearon los 42 diputados (con sus suplentes tomando turno) porque lo que sí nos queda claro a la ciudadanía es que una cosa es decir y otra es hacer y ese dejar de hacer tiene 200 cruces sobre cuerpos inertes de mujeres, asesinadas por ser mujeres y otras tantas desaparecidas sin que nadie haga nada por ellas y sus familias, pero en general por quienes habitamos en la entidad.

Foto: Enfoque Oaxaca

Más derechos violados

Gabino Cué anda de malas y se le olvida el papel que tiene en estos momentos. En la audiencia del pasado jueves pidió a su jefe, director o alto (co) mando de comunicación social, Miguel Muñoz que preguntara qué estaba pasando, porque Luis Cruz Hernández le tomó varias fotografías mientras fumaba. Luego, el (co) mando de comunicación social fue hasta el fotógrafo, por cierto premiado internacionalmente en 2008, para preguntar ¿qué estaba haciendo? La respuesta es la esperada: Mi trabajo, contestó Cruz Hernández. Miguel Muñoz reprochó por las fotografías que le toma al gobernador: “cuando no lo agarras bostezando, lo tomas fumando”, dijo el empleado del gobierno estatal. Yo solo hago mi trabajo, ratificó el fotógrafo de un diario local y corresponsal de otro que se edita en la ciudad de México.

No conforme con la llamada de atención, de la que han hecho mutis en el gobierno estatal, ordenaron ponerle una especie de “seguidor”, en otros tiempos se decía “cola” al fotoreportero. De lo cual se dieron cuenta el resto de sus compañeros. ¿Qué pretendía el señor Muñoz? ¿Intimidar al periodista? Y todo esto pasó con la complacencia del propio Gabino Cué y dentro del recinto oficial del principado, es decir, el palacio de gobierno. Lo otro que debería saber Gabino es que en los edificios públicos no se fuma y que si no quiere que lo vean, entonces que se esconda, no será la primera vez ¿qué fuma o que se esconda? Usted sabra.

A Gabino tampoco le gustó la pregunta de Juan Carlos Zavala, director del portal de noticias Estado20.com y demandó que el reportero le revelara “la fuente”. Además de advertirle que él contestaba las preguntas que quería. Perdón ¿acaso no es un gobernante obligado a responder? De nueva cuenta el co-mando de comunicación social intervino diciendole al gobernante que Zavala no era reportero ¿cómo ven? Ahora resulta que Muñoz dice quien sí y quien no es periodista y a quién si se le tiene que responder y a quién no.

Tal parece que Miguel Muñoz se da atribuciones que no le competen, como el de censurar a las y los periodistas como en el caso Luis Cruz o de decirle al oído a Cué a quién si y a quien no debe responder. Eso se llama censura aquí y en cualquier otra parte del mundo.

Gabino Cué sabe para qué sirve una oficina de comunicación social, alguna vez desempeñó ese papel en el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, por cierto, a propuesta de mujeres periodistas oaxaqueñas que ya estaban hartas del plagio de las entrevistas que hacía comunicación social para boletinarlas a diestra y siniestra y maltratos a la prensa muy parecidas a las que ahora hace Miguel Muñoz.

La prensa, la buena prensa, no está al servicio de ningún gobernante, eso lo debería saber bien el titular de comunicación social. Una pença que no sepa cuál es su “histórico” papel.

Otra que está de mal humor con la prensa es la candidata Leslie Jiménez, quien “ya le quiere dar la vuelta a la página” con el asunto del “angelito” que tiene como guarura y se molesta demasiado si alguien le pregunta del tema. Para cualquier información –dice- ahí está su página web y las redes sociales. Si usted, como parte de la ciudadanía, no tiene facebook o tuiter ni modo ya se la perdió.

@jarquinedgar




Palabra de Antígona Insoportable la muerte de mujeres


Palabra de Antígona
Insoportable la muerte de mujeres

Por Sara Lovera
Inaudito, inexplicable, inaceptable que los gobiernos de los estados, como el de Tabasco en tiempos de Andrés Granier, se roben dinero de los fondos para la salud. Es criminal  que hayan desaparecido mil 900 millones de pesos para ese rubro. Tan tremendo como hace dos años que se supo que un helicóptero que serviría de ambulancia para emergencias obstétricas se usó para los viajes de un ex alcalde de Acapulco, o que se haya quemado sin explicación el archivo contable del dinero que se transfirió desde la federación a Guerrero y nadie dé cuenta de 100 millones para disminuir la mortalidad materna. Y qué decir de otras entidades como Chiapas donde aumenta diariamente la dolorosa muerte de mujeres por enfermedades prevenibles.

Me parece criminal que los gobiernos estatales desvíen los recursos de la salud. Me parece inaceptable que se silencien los problemas reales de la salud de las mujeres para ocuparse sólo de los discursos de la política femenina según convenga. Hace más de 20 años, por razones de militancia, estuve muy cerca  de una campaña para mitigar las muertes por cáncer cérvico uterino (cacu), asunto casi olvidado entre los grupos político-feministas, tan importante como el cáncer de mama (cma) o tan doloroso como las muertes maternas, casi todo esto relacionado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con la necia negativa a reconocer como problemas de salud pública éstos y el tema de la interrupción legal del embarazo.

Y digo bien. Hablo de la muerte de mujeres, vivas, actuantes, productivas, bellas,13 cada día a causa del  cáncer cérvico uterino, mal que por no estar de “moda”, se nos olvida. Lo grave es que el cacu con atención preventiva y detención a tiempo podría evitar el deceso de  hasta el 97 por ciento de los casos. Lo tremendo es que a pesar de todos sus programas, métodos y el dinero que se ha dado a los gobiernos estatales, a 30 años de un programa de prevención del cacu y avances científicos, en lugar de disminuir el número de casos aumenta del 29 al 33 por ciento, se trata de cinco mil 200 mujeres que mueren cada año o sea una cada dos horas, según las estadísticas.

Sí hablo totalmente en serio. No es posible que la memoria se llene de tantas cortinas de humo. Acabo de consultar disque una fuente de noticias femenina y la última nota sobre este problema data de 2009. De organizaciones civiles feministas, nada. Se habla, eso sí, de la rutina hospitalaria y los esfuerzos por dar pláticas a las mujeres para que ellas se prevengan. Y no hallé ninguna campaña de organizaciones civiles, como la que hicimos en 1997, hace 13 años. Como si este problema se hubiera solucionado.

Según los resultados del Monitoreo de la Atención a la Salud de las Mujeres de 2012, hecho público el 27 de mayo pasado, los exámenes citológicos pueden tardar hasta cuatro meses y los de tamizaje con uso de coloscopía puede que nunca se sepa, porque hay muy pocos y el personal de salud, hasta en más de 25 por ciento, dice que no se atreve a leerlos por ignorancia.

Volviendo al monitoreo tiene que ver con la salud integral de las mujeres. Lamentablemente la noticia de su presentación, se redujo a una frase: México incumplirá la meta de reducir las muertes maternas. Y el tema de fondo no se trató en los medios ni tuvo eco entre los grupos de mujeres, aún cuando es terrible:

a)    No hay estado de derecho. Se incumplen las normas oficiales para atender el cacu, pero también para atender a las mujeres violentadas; no hay anticonceptivos suficientes en el 64 por ciento de los puestos médicos, de cualquier nivel.

b)    No hay coordinación entre los tres sistemas de salud fundamentales: IMSS e IMSS Oportunidades; ISSSTE y los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud conocidos como SESA.

c)    Hay por todas partes escasez de organización, control de calidad de los servicios, medicamentos y aparatos obsoletos, profesionales de la salud incapacitados y lo más grave los servidores de la salud no tienen idea cómo orientar a las mujeres o desconocen las normas, los manuales y, por supuesto, no tienen idea de que es eso de la perspectiva de género.

Lo que revela el monitoreo que presentaron conjuntamente la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, en un esfuerzo de contar la verdad. El monitoreo, dice por ejemplo, que tal como hace 20 años son de mala calidad los reactivos que ayudan a detectar el cacu; que no es homogénea la vacunación a menores para prevenir este tipo cáncer, reconociento la fatalidad del contagio del papiloma humano y que es gravísimo, que el personal de salud ni idea global de la importancia de  esta trasmisión. O sea palabras van y vienen sin tomar cuerpo entre los servidores de la salud, frecuentemente mal pagados, sin capacitación y por supuesto sin conciencia.

El monitoreo de la calidad de los servicios, que la presidenta del INMUJERES calificó como mapa de ruta o una herramienta de diálogo, realmente es un documento fundamental, porque evidencia cómo en lugar de avanzar, tras la verborrea institucional y no institucional, las mujeres son hasta 50 por ciento más sometidas a césareas innecesarias; aún es tremendo que se sepa tan poco del cáncer de mama y que el 90 por ciento de las que llegan a atenderse es gracias a que se autodetectaron el problema, o sea nada de Estado, ni nada de derechos.

Es probable que ante este panorama global, no sujeto sólo a una de las cuestiones de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, haya hecho decir a la presidenta de INMUJERES que es inaceptable que existan las cesáreas innecesarias, que se hayan reducido las mastografías para las mujeres, y que se niegue el derecho a la salud que dijo, “no puede condicionarse ni arrebatarse”.

Es posible que estemos ahora haciéndonos un examen de conciencia. Que tuvimos 12 años de parálisis institucional para la salud y no solamente que nos han puesto un cerco para acceder al aborto legal, con los cambios constitucionales, sino que los desvergonzados gobernadores se robaron el dinero de la salud para las mujeres; que es una simulación eso del seguro popular y que hubo un gobernador, el de Oaxaca, Ulises Ruiz, que puso un hospital privado valorado en mil 500 millones de pesos, con el dinero federal para atender a las mujeres indígenas y campesinas de aquella entidad.

Es tremendo que se negocie así con el dinero para la vida y que hipócritamente se niegue el derecho a interrumpirse un embarazo, o se tenga ese miedo tremendo de los gobernadores miserables y mezquinos que no quieren ser el primero o los primeros en reconocer que hay violencia feminicida contra las mujeres, de consecuencias tremendas, porque será tanto como reconocer que no han cumplido con la ley, igualito que el caso del cáncer cérvico uterino, olvidado por las y los que hacen política de salud, porque no rinde ni en presencia física ni en recursos alternos. Ahora hay que estar con la educación sexual para las y los adolescentes.

Quizá lo que hay que poner en la mesa es que urge atender la salud integral de las mujeres realmente. Y es como dijo Lorena Cruz, este monitoreo es una herramienta. Salir con cada cosa a pelear el derecho y pedir rendición de cuentas, sería un comienzo. No sé porque soy tan mal pensada, pero seguimos al ritmo que nos tocan. Y diría junto a Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres, la salud de las mujeres depende de variados factores biopsicosociales, depende del lugar que las mujeres ocupen en la sociedad, o sea, necesitamos buena educación, empleo decente, acceso a la tierra, a la salud, a las políticas sociales y al desarrollo. Necesitamos estado de derecho. Que se cumpla la Constitución, sencillo, una demanda, en lugar de tantas puertas y tantos precipicios.

Veremos.

A Reserva: El Feminicidio, sendero penal


A Reserva
El Feminicidio, sendero penal.

Hay sin embargo una verdad universal,
aplicable a todos los países, culturas y comunidades:
la violencia contra la mujer nunca es aceptable,
nunca es perdonable, 
nunca es tolerable.
Ban Ki-Moon. ONU


Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Desde el 2008 en que la diputada federal  por el Partido Social Demócrata, Marina Arvizu Rivas, propuso la inclusión del feminicidio en el Código Penal Federal como delito y tipo penal autónomo con una pena de 40 a 60 años de prisión; se ha avanzado por ese camino, a pesar que su iniciativa no fue aprobada, desencadenó una serie de estudios y pronunciamientos por los diferentes grupos de feministas en México.

En su iniciativa, Arvizu explicaba que con el feminicidio debía sancionarse la pérdida de la vida de una mujer, que es el bien tutelado. Los medios de comisión y la conducta desplegada van desde la misoginia o el odio a las mujeres hasta la construcción de escenas del crimen que busquen impactar, humillar y degradar aún después de la muerte a las mujeres. "Esto hace una gran diferencia del resto de los homicidios y debe ser una tarea del legislador reconocerlo y del juzgador sancionarlo".

Hasta antes de que el concepto “feminicidio” permeara en el ámbito legislativo, el feminicidio se construye a partir del uso semántico del concepto femicidio como contraposición al término “homicidio” que corresponde al “género neutral”. El de “feminicidio” amplía al primero…“según la definición teórica que afirma que sólo existe feminicidio cuando hay impunidad”.

El feminicidio es un fenómeno social de escancia milenaria que se conceptualiza muy recientemente teniendo como premisa desde su construcción formal,  la forma más extrema de violencia basada en el género, entendida ésta como la violencia de hombres contra mujeres y niñas como una forma de poder, dominación o control; incluyéndose los asesinatos de mujeres ocurridos en espacios privados y públicos , lo que significa  que las mujeres ya tienen una historia reiterada de violencia y exclusión social, económica y política basada en su género.

La segunda premisa sine qua non es que el asesinato se efectúe por razones misóginas,  y sólo puede ser entendida en un contexto social donde la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas son algo generalizado.

El activismo político feminista dejó en claro que uno de sus objetivos para disminuir la violencia feminicida es fincar acciones que pongan fin a esta forma extrema de violencia contra las mujeres y que estas acciones se traduzcan en modificación del marco jurídico nacional y regional desde los códigos civiles y códigos penales, hasta los reglamentos municipales.

La violencia contra las mujeres y las niñas no es inevitable, no puede ser tratada como condición per se, persiste porque se permite, pero puede ser erradicada. El acceso de las mujeres a la justicia y el combate a la impunidad empieza en el sistema de justicia.

En este contexto la investigación socio jurídica amplia y profundiza las causas y consecuencias, los supuestos y la determinaciones que puedan referirse en el ámbito legislativo, así algunas autoras, plantean cuatro tipos de feminicidios:

1.    Feminicidio íntimo: Es el asesinato de una mujer, por un hombre, con el que la víctima tenía o tuvo una relación íntima familiar de convivencia o afines a esta.

2.    Feminicidio no íntimo: es el asesinato de una mujer, cometido por un hombre, con el que la víctima no tenía relaciones íntimas o familiares, de convivencia o afines a estas.

3.    Feminicidio por conexión o conexo: es el asesinato de una mujer cometido por un hombre que busca a otra mujer para matarla y que, al no encontrarla, asesina a otra de manera intencional.
** En estos casos el feminicidio se agrava  por previo o posterior ataque sexual.

4.    Feminicidio por accidente: es el asesinato accidental de una mujer. Su valor en la clasificación es meramente cuantitativo y hace referencia a la variable de género en razón del número.

El feminicidio, hoy tipificado como delito del orden común en 24 estados de la República Mexicana, algunos  considerándolo como agravante del homicidio doloso y los más como delito autónomo, sin embargo, según el análisis realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, presentan deficiencias y carencias.

Empero aún con las deficiencias, lo que hay es perfectible, si se cuenta con la voluntad política y el compromiso con la justicia; ya están las bases para enfrentar la impunidad con la que cotidianamente se aborda el feminicidio, ahora tocan los protocolos de actuación  en la investigación del delito de homicidio desde la perspectiva de feminicidio, que establezcan nuevos y mejores caminos procesales, aplicarlos de manera correcta, sin dejar socavones jurídicos por los que se puedan proteger los asesinos con argucias legales vergonzosas.

El rescoldo de la ley debe terminar con la impunidad de que gozan los agresores, abuso que genera miedo a las víctimas y a sus familias y falta de confianza en los aparatos de protección del estado.

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