domingo, 27 de septiembre de 2015

Mujeres y Política Las desaparecidas, los 43



Soledad Jarquín Edgar
La desaparición de jóvenes estudiantes en México tiene una larga y dolorosa historia, décadas de lo mismo. Este fin de semana se cumplió un año de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.  
A diferencia de otros ataques y atentados contra jóvenes en otros momentos de la historia, ninguno había estado documentado desde el primer momento y ninguno había tenido el alcance mediático que tuvo Ayotzinapa. Recordemos que de México 68 la información a lo largo de sus primeros 40 años se vertió gota a gota. Sin embargo, nada hay de claro sobre el destino de los jóvenes estudiantes de Guerrero, solo tenemos claro que se cometió un crimen.
En este caso lo que ha operado es la desinformación que desde las propias instituciones gubernamentales se ha generado, una manipulación de datos, hechos y dichos, y que por diversas razones se caen del imaginario colectivo en un tris, cuando surge la otra verdad.
Ayotzinapa marca un antes y un después para Enrique Peña Nieto. El antes fue remar contra la corriente que no creyó en una elección legítima. Un antes que auguraba la vuelta al cacicazgo priista y una autoritarismo “blando” desde los Pinos. Un antes donde los baños de sangre seguían manchando pisos y paredes a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Un antes que intentaba demostrar que este era un “nuevo” gobierno, que los 12 años fuera del poder los había cambiado, que eran otros, que se trataba de un priismo renovado, lo mismo pero más barato, dirían algunas voces, y los muchos ojos y dedos que no dejan de seguir cada paso, cada instante de Peña, con la misma intención de no perderse de ninguna palabra o movimiento. Era ese mensaje de “te estamos viendo” que la ciudadanía a través de las redes sociales lleva de manera puntual y que provocó que el joven presidente rompiera en muy poco tiempo esa especie de record de pifias que ahora se le cuentan a los mandatarios.
Pero Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes, le dio una vuelta completa a la tuerca del andamiaje del gobierno, que hasta entonces había echado a andar la maquinaria de los grandes medios para presionar y luego “celebrar” las grandes reformas legislativas con toda esa gama de calificativos que se emitieron.
Sin embargo, lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y los desatinos de las autoridades precipitaron al gobierno hacia un verdadero “despeñadero”, ese donde la credibilidad no funciona y donde la realidad resulta contraria al discurso político. De ahí los resultados adversos a lo sucedido con otros mandatarios, a Peña la cuerda se le había acabado antes de entrar al tercer año de gobierno y pese a su eslogan de campaña del informe hay pocas esperanzas para creer en lo que promete: “entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza”.
Pero al margen del desastre que políticamente ha representado para Peña, la desgracia de Ayotzinapa pone sobre la mesa que el Estado mexicano no es garante de la seguridad, menos aún de la juventud históricamente agraviada, como sucede en este caso, por el solo hecho de ser diferentes y por tener un origen distinto, una discriminación de origen. Jóvenes, que como ya habíamos dicho, proceden de esa cadena odiosa que produce la pobreza que le debemos a la corrupción terminal que padece México y que llevó a expresar en algún momento una frase que resulta lapidaria: México es una fábrica de pobres.
Las historias de vida de cada uno de estos muchachos, que aspiraban a ser maestros rurales, revela la carencia de oportunidades construidas desde los escalones más altos de las propias instituciones, donde los privilegios solo alcanzan al poder, generación tras generación y sexenio tras sexenio.
Lo de Ayotzinapa volvió a poner en las calles la voz de miles de personas que se sienten agraviadas, en especial la voz de la juventud, cobijados por la intelectualidad del país, que cercaron el dolor de las familias, los huérfanos verdaderos de esta tragedia que hoy tras un año, el gobierno sigue sin poder explicar, pero que nos deja claro que el nuestro es un sistema político “guiado” por el narcopoder, ese sistema que hoy en la televisión abierta se proyecta como “benefactor” a través de melodramas, telenovelas y la producción de “noticias” sobre la vida y la obra de los narcos que operan en el país.
Ayotzinapa reveló la capacidad que la juventud universitaria tiene para salir a la calle y a todas las plazas del país para manifestarse por la desaparición de los 43…lo que lamentablemente no ha sucedido con las mujeres.
Por las mujeres, víctimas de la narcopolítica que las vende como carne, como dice Norma Reyes Terán, nadie o casi nadie ha salido a la calle. Todos los días en los diarios locales, a través de las redes sociales y en pocos noticieros de televisión, se habla, se dice, se cuenta que en México desaparecen las mujeres a puños.
Lo que impera en este caso es el silencio. ¿Dónde están? Es la pregunta que cada día se hacen las familias, familias cuyas fuerzas parecen desvanecerse frente a la falta de respuestas, la nula actividad de las instancias responsables de investigar este delito y sobre ellas hay temor, un temor permanente porque de su movilidad depende de la vida de sus hijas.
No hay estado del país que escape a este doloroso problema que ha crecido y sigue sin llevarnos a la calle al menos un día de cada mes para solidarizarnos con esas familias. En Chihuahua las madres de las desaparecidas y asesinadas hicieron visible el problema hace más de dos décadas, hicieron que se movieran algunos, pero otros siguieron postrados sobre la misma silla de la corrupción. Las mujeres de Ciudad Juárez obligaron a realizar investigaciones y llevaron a México ante las instancias de justicia internacionales. Pero el problema persiste, sigue, oculto tras la violencia del narcopoder.
De la mano del feminicidio, camina en silencio y casi de forma invisible la desaparición de las mujeres, que por si fuera poco está atravesada por el prejuicio y la incompetencia de las llamadas policías investigadoras.
Sabemos que algunos municipios de Tlaxcala eran el nido de enganchadores que desaparecían a mujeres jóvenes para ponerlas como carne en el mercado de la prostitución, la trata. Problema que todo indica se ha extendido dolorosamente al vecino estado de Puebla. En el estado de México las familias viven un grito ahogado, como revelan los testimonios de las familias que por su cuenta y riesgo se movilizan.
Recién la revista electrónica Contralínea (http://goo.gl/GuUupI) revela en su investigación periodística titulada: Más de 7 mil desaparecidas en México, cómo este delito se ha incrementado de forma inconcebible en los últimos dos sexenios, es decir, los seis años de Felipe Calderón con tres mil 144 casos, y menos de tres años, tres mil 725 casos en los tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Significa que en lo que va del sexenio hay el doble de mujeres desaparecidas comparado con su antecesor.
Detrás de estas 7 mil desaparecidas hay una mujer, generalmente joven, a veces una niña y mujeres adultas, pero también hay una familia que espera su regreso y que lucha denodadamente porque ese milagro se produzca, y resulta un milagro frente a la reiterada corrupción y omisión que priva en las corporaciones policiacas, en las procuradurías.
Las preguntas que me hago son ¿cómo pueden operar estas bandas de tratantes de mujeres con tanta impunidad? ¿Quién les facilita el tránsito y operación? ¿Cómo hacemos para generalizar la idea de los jóvenes, los varones, para rechazar la prostitución?  ¿Quién facilita en cada localidad y en cada municipio la instalación de servicios de prostitución desde catálogos hasta en la calle? ¿Quién supervisa los hoteles de todas las categorías y gustos donde se ejerce la prostitución? ¿Quiénes se llevan los moches? ¿Cómo cambiar los estereotipos que sostienen que las mujeres son objetos sexuales? ¿Cómo educar a esta sociedad doblemoralista que se asusta por una cosa pero permite y calla frente a la otra?.
Este fin de semana se cumplió un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también ya son ocho años desde que un día salieron de su casa Virginia y Daniela Ortiz en la zona triqui y nadie sabe dónde están.
Pero no son lamentablemente los únicos casos, de acuerdo con los datos del portal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, se han reportado en la capital oaxaqueña otros y la suma de estos alarma: ocho años de ausencia de Eloina Zárate Ventura; se van a cumplir cuatro años desde que fue vista por última vez Maydelith Sulem Carmona Favián; un año y un mes de ausencia de Italia Leah Quiroz Aceves, de 13 años de edad; más de un año desde la ausencia de Karen Trejo Triana; ya son más de dos años desde que desapareció Meiyli Aquino de 15 años; Daria López López, de 25 años de quien no se supo más desde hace casi tres años cuando desapareció de la puerta del aeropuerto ubicado en eso que llaman la zona metropolitana, y Paula  Concepción Moreno Gómez quien en febrero cumplirá cinco años desaparecida.
Además de que desde hace cinco meses nada se sabe de Valeria Vásquez Santiago desaparecida en el municipio de Tlacolula; va a cumplir un año de la ausencia de Selene Torres Becerril, en una comunidad de la Costa; un año también desde que no Esperanza Fabián Martínez, en una comunidad de Miahuatlán; también nadie sabe nada de Violeta López León de 16 años desaparecida en Putla de Guerrero; en Salina Cruz desapareció hace mas de dos años Sagrario del Carmen Salazar Lucero de 17 años; ya son casi cinco años desde que nadie sabe de Isis Itandehui Canché Barajas de 25 años en Tuxtepec.
Sin duda, apenas unos cuantos casos de mujeres desaparecidas por quienes la PGJEO ha colocado un anuncio en su página web, pero no más. Hay un letargo en la burocracia que encabeza el procurador Joaquín Carrillo Ruiz y claro deberían estar prendidos los focos rojos en la capital oaxaqueña, donde hay que hacer mucho, pero mucho trabajo y es, como en todo lo que tiene que ver con las mujeres, un asunto de voluntad política.
En el palacio del estado donde gobierna el desgobierno de Gabino Cué, no hay políticas públicas contra la violencia, no hay interés alguno, lo que sí existe es el protagonismo de algunas funcionarias y legisladoras empecinadas en seguir sus carreras políticas a costa de todo, incluso de las propias mujeres.
Esa falta de interés permea y es mal ejemplo para los gobiernos municipales. Necesario recordar a Javier Villacaña Jiménez que deberá tomar el toro por los cuernos. La trata está en sus calles, que además de bonitas, rescatadas y alumbradas requiere algo más.
@jarquinedgar