lunes, 7 de marzo de 2011

A Reserva Seguridad pública, garantía ciudadana

“Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia

del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo.

Miedo a los ladrones, miedo a la policía.

Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes,

al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir.

Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue

y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir”.

Eduardo Galeano.

Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés”.

El miedo global.

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

La capacidad de asombro y de indignación alcanzan su máxima expresión humana en el miedo, frente a la terrible implicación de violencia que se vive en nuestro país, ver oír y percibir la ansiedad y el terror que nos mantienen en zozobra y en la desconfianza.


No sentimos seguridad en nuestra casa, en la calle, en la escuela; la diversión implica riesgos, el trabajo es inseguro, la policía más que darnos seguridad nos asusta, incluso más que una pandilla de obvios maleantes; si vemos en la calle militares estamos seguramente cerca a un enfrentamiento donde en cualquier momento habrá balazos. Si vemos la televisión o leemos los diarios, la nota roja predomina, cada vez con más cruda violencia.


¿Qué está fallando? ¿En qué momento se perdió la seguridad que el Estado debe garantizarnos? ¿Por qué percibimos que el gobierno es parte de esta situación de inseguridad?
Priva la incerteza, la ilegalidad, la impunidad, por supuesto la corrupción y esa sensación de que cada quien puede hacer lo que se le dé la gana…en fin, si los políticos del gobierno y la policía lo hace, nosotros ¿porque no?


El concepto de “seguridad” hace referencia a aquello que tiene la cualidad de seguro o que está exento de peligro, daño o riesgo.


La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad física de las personas y sus bienes; implica poder convivir en armonía, cada quien respetando los derechos individuales de las demás personas.


El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable conservar el orden social.


Para lograrlo en el Estado existen las fuerzas de seguridad, que deben - en principio- prevenir la comisión de delitos y, en su caso, poner a disposición a quienes atentan contra el orden jurídico para que se les apliquen los castigos que estipula la ley, después de un debido juicio, que pueden ir desde una multa económica hasta la pena de privación de la libertad, según la gravedad del delito. La seguridad implica que las penalidades, nunca en ningún caso, involucran tortura o fuerza extrema que viole los derechos de quien es detenido. Lo contrario implicaría inseguridad e incerteza jurídica; violentaría los principios del Estado de Derecho. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como comisión proteger el libre ejercicio de los derechos, libertades y garantizar la seguridad ciudadana
.


La seguridad pública depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas federales, estatales y municipales y es correlativa, sin duda alguna, con las condiciones sociales que vive el país. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos.


La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la calidad de vida de la ciudadanía obliga a los gobiernos nacionales y locales, pero también a los sectores organizados de la sociedad, a diseñar esquemas alternativos a los existentes para disminuir los niveles de inseguridad sin sacrificar el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías Ciudadanas.

La intervención de la fuerza del Estado se justifica y limita desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 12… “La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita de una fuerza pública; esta fuerza es, pues, instituida en beneficio de todo el mundo, y no para la utilidad particular de aquellos a quienes ha estado confiada”.

La inseguridad, pues, afecta la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad de suerte que, sin seguridad, no hay ejercicio posible e igualitario de los derechos de las personas. También es un problema complejo, que no se puede abordar simplemente, con el recurso tosco de penas más duras y más policías en la calle.


La falta extrema de seguridad a menudo nos hace caer en errores de perspectiva por el anhelo de alcanzar certeza en las acciones del Estado y justificamos y a hasta exigimos, equivocadamente, la brutalidad policial en el marco de una política que tiene como eje la estigmatización de la miseria.

El problema radica, por otro lado, en que la ciudadanía razonando con los elementos a su alcance, ante la sensación de inseguridad, considera como acciones únicas, primero más presos y más penas, y segundo más policías. Aunque resulten ineficaces.

Los gobiernos a menudo caen en la tentación de fuerza y control populista, simplificando las acciones y políticas, dando la sensación de seguridad térmica, que cada vez más convence a la ciudadanía de que no hay una relación directa entre el número de policías y el nivel de seguridad. Es más, casi siempre la presencia visible de más policía aumenta la sensación de inseguridad.


Parecería que se ha criticado y cuestionado la falta de oficio de los gobiernos de México en lo que se refiere a garantizar la seguridad ciudadana, que es sin duda uno de los pendientes más sentidos y generalizados en nuestro país, en todas las entidades estatales y municipales, que por demás está claro, es un problema en ascenso y refiere la falta de oficio, la ineficiencia y los intereses cómplices con el capital criminal, cuando menos la inacción integral que se pretende disfrazar con armas y violencia, desatendiendo los orígenes y causas sociales y económicas.


Para concluir cito las afirmaciones y definición de la declaración final en el Seminario de reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad de los habitantes, realizada en Costa Rica en octubre de 1995:


“Un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar social. El concepto del desarrollo humano sostenible que tiene la equidad como principio.

“La seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana. La criminalidad amenaza la calidad de vida de los habitantes, traumatiza a las víctimas y pone en peligro la voluntad cívica.

“La seguridad es un bien común esencial para el desarrollo sostenible. Es a la vez signo y condición de inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud y la calidad del medio ambiente. “

“Las políticas tendrán que comprender una amplia prevención primaria, con acciones en todos los ámbitos del bienestar social, y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población y promuevan la integración, y la no exclusión, de los sectores pobres y marginales, al considerar que a la problemática social la acompañan los fenómenos de la corrupción, el paro, la subocupación, la violencia, así como la pérdida y sustitución de valores.”


Del Consejo de Europa, en mayo de 2001, sobre inseguridad retomo las siguientes recomendaciones:

“Tomar las medidas para erradicar las actividades criminales dentro de ciertos barrios de la ciudad y evitar la formación de grupos desfavorecidos, en particular evitar que tengan el sentimiento de que no tienen nada que perder.”

“Proveer de instrumentos legales para luchar contra la violencia familiar, contra la cultura de la violencia, contra la discriminación por motivos de raza, religión, origen social y sexo, y hacer apología de la noción de ciudadanía.”

Mujeres y política No se nace mujer…

Soledad JARQUIN EDGAR

¿Podemos imaginar el mundo en que vivían las mujeres hace 200 años? Sí, es simple, su condición era secundaria en todo sentido. Sus derechos económicos-laborales, políticos, culturales y sociales simple y sencillamente no existían, menos aún era posible imaginar que tuvieran derecho a decidir sobre sus cuerpos y era impensable “una vida libre de violencia”, hoy hay un avance sustancial, al menos se nombran esos derechos, incluso hay quienes afirman que ya “estamos del otro lado”, pero la realidad es otra, algo así como el vaso medio lleno o medio vacío.

Este martes 8 de marzo, en buena parte del mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, acto de reflexión que impulsaron muy diversas mujeres en el mundo cuya característica principal era, sin duda alguna, la de ser mujeres de avanzada, de la izquierda verdadera que luchaban contra la subordinación y la marginación de las mujeres desde la reivindicación de los derechos laborales y políticos.

Sus nombres han sido sacadas poco a poco del polvo que curiosamente cubre la historia de las mujeres: Christine de Pizan, Poullain de la Barre, Olimpia de Guoges, Mary Wollstonecraft, Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Harriet Taylor Mill, Emma Paterson, Flora Tristán, Clara Campoamor, Huda Sha’ raoui, Clara Zetkin, Rosa de Luxemburgo, Emmeline Pankhurst , Lucretia Mott, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Simone de Beauvoir y Betty Friedan, por mencionar algunas, que lucharon por los derechos ciudadanos, laborales y económicos en Europa, África y Estados Unidos.

En México, la historia no es reciente tampoco, desde la época de la Independencia las mujeres demandaron sus derechos, como quizá lo hicieron las indias colonizadas obligadas a relaciones sexuales con los conquistadores, violadas pues; en la construcción de la nueva nación las mujeres han elevado sus voces para demandar su participación en la vida pública y a principios del siglo pasado destacan nombres como los de Juana Belén Gutiérrez, Dolores Correa Zapata, Columba Rivera, Hermila Galindo, Elvia Carrillo, Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelia González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Badillo, Rosina Magaña y Consuelo Andrade y muchas, muchas mujeres más que incansables lucharon por el reconocimiento de esa ciudadanía aún regateada en México y que nos revela las visibles huellas de la desigualdad y la exclusión que sigue costando la vida de miles de mexicanas.

Por eso se dice, con toda razón, que el Día Internacional de la Mujer, no es un acto festivo, se trata de un día que busca convocar a las mujeres y hombres a reflexionar sobre la importancia de la igualdad en derechos, no sólo puestos en leyes, sino también en la práctica cotidiana, lejos de la burocratización del género y esa supuestas políticas públicas que de tan vacías resultan la repartición de dádivas para más de la mitad de la población (como se muestra en el Censo de Población 2010) pero que al final no resuelven el problema social de la diferencia del nacer mujer en este país.

Sin duda, falta mucho por hacer –ese es el vaso medio vacío- para desmontar el entramado del patriarcado que es violento a todas luces en la vida de todas las mujeres. El resultado más evidente es la violencia que sigue provocando asesinatos, la violencia física y emocional que también deriva en suicidios de mujeres, porque no existe una real justicia para ellas. Todavía hay jueces y juezas que creen que es su deber proteger a la familia como institución y niegan los divorcios necesarios, aún cuando esto represente toda clase de humillaciones para las mujeres y como lamentablemente hemos visto, algunas terminan siendo asesinadas por sus parejas. Hay quienes todavía creen que lo que sucede dentro del hogar se debe resolver ahí mismo, pero bien dicen las feministas “lo privado es público” y la violencia contra las mujeres es un asunto público, de ahí que corresponda a las instituciones brindar toda clase de mecanismos para resarcir los daños y castigar a los agresores. Pero luego resulta que los agresores, incluso los que niegan pensiones a sus hijos e hijas, son funcionarios en primera línea.

Reitero, el vaso medio vacío, se vacía más cuando vemos que todavía hay autoridades médicas que se niegan a reconocer –por ejemplo- la inmediata necesidad de contar con un hospital exclusivo para atender a las mujeres y en cambio afirman que ya se redujeron las cifras por enfermedades “propias” de las mujeres ¿De verdad?

Y de la otra justicia ni hablamos, las cifras de feminicidio en este país como la violencia sexual son escalofriantes y grotescas, pero las autoridades están en otra lucha por orden de Felipe “El Valiente” Calderón. Ellos están en lo suyo, y ahí en esa guerra interna las mujeres también llevan la de perder, al menos 30 por ciento de las víctimas, las que estaban en lugares y momentos equivocados son, sí, adivinó, mujeres. Hoy, me dice una querida amiga feminista con la supuesta lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico, ya no se sabe ni quien ataca, como sucede en los centros de diversión a donde acuden las y los jóvenes en Monterrey, en Tampico, en Guadalajara y en muchos otros sitios y cuyas noticias no se dan para “proteger” a las víctimas que son violadas y otros muchachos asesinados. ¿Quién fue? Nadie lo sabe, pudo ser cualquier resentido.

Equiparo esta violencia con la violencia sexual que todos los días sabemos se comete contra niñas y niños en las escuelas de Oaxaca por parte de “elementos” de la Sección 22 y de otras instancias, como el directivo que grabó a sus compañeras maestras en el baño y cuyas denuncias terminan hechas bolas en alguna dependencia de gobierno, porque ellos no reciben ningún castigo, basta, dice el SNTE Sección 22, con cambiarlos de escuela. Lo mismo que sucede en Oaxaca con las denuncias contra algún sacerdote que no paso de eso y que la intimidación llega a tanto que la niña violada se quedó sin justicia alguna.

Hay mucho todavía por hacer para que en Oaxaca, por ejemplo, las mujeres indígenas alcancen la igualdad. En ellas se concentra el más alto rezago de analfabetismo, las muertes por cánceres femeninos y muerte materna, la desigualdad social que provoca diferencia, la violencia machista y sexual que pulula en sus comunidades muchas veces bajo el velo “protector” de los usos y costumbres.

Si, las mujeres queremos el vaso medio lleno, no tan vacío y reconocemos los avances, tenemos algunas leyes pero falta concretar mucho en materia legislativa, como echar para atrás las reformas que llevaron a reconocer la personalidad jurídica del no nacido sobre los derechos de las mujeres. El aborto legal merece seguir poniendo el dedo en el renglón, como un derecho a decidir de las mujeres, aunque lamentablemente con el reparto de cuotas del gobierno democrático de Oaxaca –por ejemplo- parece que ya se olvidó.

El 8 de marzo hay que hablar sobre las mujeres y sus derechos y valorar hasta donde hemos llegado, pero cuando lo haga piense en todas las mujeres que conoce, en las que trabajan con usted y en cómo ha sido su vida; en las estudiantes que todavía son acosadas por los maestros y compañeros de clase; en las profesionistas y funcionarias que reciben menos sueldo que sus compañeros de trabajo; en las sindicalistas que siguen esperando que se reconozcan sus derechos como mujeres, piense en todas, pero en especial piense en las mujeres indígenas. Entonces vemos que todavía el vaso está vacío y que efectivamente no se nace mujer, se llega a serlo, como planteaba Simone de Beauvoir, hace más de 60 años.

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