Mujeres y política. Contradicciones políticas

Soledad JARQUIN EDGAR

Con un gobierno que presume de haber surgido de una “esencia” diferente al partido de gobierno derrotado en las pasadas elecciones de hace 13 meses, se pensó en que todo iba a cambiar al menos en lo posible, que era el tiempo de destapar las cloacas y erradicar la fauna nociva.

Vaya sorpresa la que nos hemos llevado, las encuestas que algunos medios como e-Oaxaca y canalgentelibre.com han hecho no mienten al respecto, existe una amplia desaprobación hacia el gobierno de Gabino Cué, el gobierno del ilusionista.

Como se ha repetido hasta el cansancio estos políticos que presumen de puros no son puros, casi todos tienen un pasado priista: el gobernador Gabino Cué sirvió al gobierno priista de Diódoro Carrasco Altamirano; el nuevo Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez fue presidente municipal priista y gobernador interino también tricolor; Irma Piñeyro a quien sustituyó fue priista. Los reacomodados Gerardo Albino, Carlos Altamirano Toledo y el mismísimo demonio de demonios Benjamín Robles Montoya proceden de servicios priistas.

Salvo muy contadas excepciones, como la contralora Perla Woolrich, una gran mayoría de estos servidores públicos, ahora paladines de la democracia y la ciudadanía, tienen ahora con un incómodo pasado priista y hasta se avergüenzan de ello negando abiertamente que nunca militaron en ese partido. Una lástima, lo peor que puede hacer un político es negar su propia historia porque mienten.

Aunado a que niegan con palabras lo que no pueden seguir ocultando en los hechos, fingen demencia y tienen una insana verborrea que dispara palabras y más palabras. Por eso en la muy desgastada, pero aún efectiva táctica mediática más enajenación y fanatismo que por otra cosa, sus denuncias para combatir la corrupción y de la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres se suman en el Instituto Estatal de Educación Pública. Ni duda cabe se aplica ahí aquella lección antigua para aprender que el cero no vale nada: “cero mata a cero y cero a sus compañeros, el resultado es cero”.

Los casos de Miriam Velasco y Ernestina Jiménez nos muestran la cruda realidad de las mujeres. Miriam Velasco denunció que desde hace cinco meses era objeto de acoso sexual por parte de su jefe Timoteo Aquino Chávez, mientras que Ernestina Jiménez denunció actos de corrupción y malos manejos del Programa Educativo para Niñas y Niños Migrantes, responsabilidad de Emanuel de Jesús Ramírez Ríos, como resultado de ello le pusieron su renuncia en la mesa de trabajo.

Son dos hechos diferentes, pero en ambos casos existe “de palabra”, por sus declaraciones, el compromiso del gobernador Cué de combatir la impunidad y la corrupción y de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Por eso ambas trabajadoras del IEEPO decidieron ejercer su derecho ciudadano a la denuncia, vivir libres de violencia de género. Sin embargo, contrario a lo que esperaban de las instituciones y sus titulares, no han recibido apoyo sustancial alguno.

Ambas trabajadoras del IEEPO han tenido que ir de audiencia en audiencia, donde son cuestionadas por servidores públicos como si ellas fueran las que cometieron los delitos, en tanto los denunciados aún cuando fueron acusados, uno por acoso sexual y otro por posibles actos de corrupción, por lo menos deberían ser separados de sus cargos para realizar las investigaciones. Frente a la nada, ambas mujeres decidieron iniciar un largo ayuno en el sitio de todas las protestas: el zócalo.

Eréndira Cruzvillegas, comisionada (number three) de Derechos Humanos; la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López, y personal de la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, le dijeron a Miriam Velasco que una solución (?¿) podría ser que la cambiaran de oficina, de programa, para que no tuviera que estar viendo a su acosador sexual. Es decir, el director del programa Timoteo Chávez, acusado de acosar sexualmente a Miriam seguirá operando como si nada y ella tendrá que aguantarlo porque se negó a aceptar la “propuesta” de estas servidoras públicas. Esto prueba que hay un abismo entre lo que se dice a los cuatro vientos y lo que se acuerda “en corto”.

Pero eso no es todo, el titular del IEEPO, Bernardo Vásquez Colmenares, ha solicitado pruebas de sus acusaciones, sobre todo en el caso de acoso sexual. No cabe duda o el servidor público es ignorante o pretende abusar de la afectada. ¿Desde cuándo Vásquez Colmenares es fiscal o juez?

Miriam Velasco ya ha presentado una denuncia ante las autoridades y llena de dignidad sostiene que buscará justicia, frente a esa denuncia, la Subprocuraduría le expresó, en la voz de una de sus colaboradoras que asistieron a una reunión, que no se preocupe, que “por instrucciones del Procurador de Oaxaca estarán muy atentas en este caso especial”. Declaraciones como esta, nos hacen pensar que la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género sólo actúa por voluntad, recomendación o ánimo del jefe. Es posible que así sea, pero sería más sano si no sean tan cínicas.

Ernestina Jiménez denunció –repito- las malversaciones de Emanuel de Jesús Ramírez Ríos a un programa dirigido a la educación de niñas y niños migrantes. Este funcionario no llegó con “el cambio”, es una de esas piezas inamovibles de IEEPO, de las que han podido transitar sin cuestionamiento alguno del lodazal del anterior gobierno que tanto señalan los gabinistas y que como el propio gobernante en turno dijo ahora “ya es bueno” porque está con las “fuerzas redentoras y democráticas” de Oaxaca.

En este caso hubo un despido injustificado, pretendiendo con ello ocultar una denuncia sobre malversación de un programa, debemos suponer que desde que la información salió en los medios de comunicación, la señora contralora Perla Woolrich ya investiga el caso. De lo contrario seguirán navegando en el mar de impunidad que fomentan al no molestar a los “señores”, uno acosador sexual y otro señalado por actos de corrupción contra la educación de niñas y niños migrantes.

Por si fuera poco, hay otras cloacas destapadas que tienen que ver con el delito de acoso sexual. Recién se dio a conocer en los medios de comunicación social sobre las denuncias por trabajadoras de la Procuraduría General de la República (PGR) las cuales habrían sido cometidas por el ex titular de esa dependencia federal, Enrique Correa Utreras.

Muchos pájaros de cuenta en la administración de la TOLERANCIA CERO a la violencia contra las mujeres y de la NO IMPUNIDAD a la corrupción. Miriam Velasco y Ernestina Jiménez se enfrentan al monstruo de mil cabezas en que está convertido el IEEPO y tienen una gran incerteza sobre la aplicación de la Justicia. Resultan de risa loca las declaraciones de Bernardo Vásquez, quien apunta que de comprobarse el acoso sexual, el funcionario Timoteo Chávez será separado del cargo, sin embargo, habría que añadir que no sólo eso, que también deberá enfrentar la pena de cárcel por chulo. Ya veremos si los dichos se vuelven hechos ¿Usted que piensa?

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Femicidios de la guerra contra las drogas

Patsilí TOLEDO

BARCELONA – La cantidad de mujeres asesinadas está en aumento en gran parte de América Central y México. En algunos países, como Honduras, el incremento es cuatro veces superior al de los hombres. Es más, muchos de estos asesinatos son cometidos con extrema violencia -salvajismo sexual, tortura y mutilaciones- por perpetradores (muchas veces involucrados en el crimen organizado) que actúan con un alto grado de impunidad.

En países como Chile, Argentina y Costa Rica, donde los niveles generales de violencia son más bajos, los asesinatos de mujeres normalmente son cometidos con menos violencia, por parejas o ex parejas en el contexto de un "abuso doméstico".

En América Latina, todos estos crímenes se conocen como "femicidios": asesinatos de mujeres precisamente por ser mujeres. Los casos vinculados con violencia doméstica son tratados con indulgencia por las cortes; en algunos países, los celos o la falta de condenas previas pueden reducir el castigo. Aquellos crímenes cometidos por extraños, muchas veces con una intensa crueldad -y muy a menudo asociados con grupos del crimen organizado como las maras centroamericanas-, rara vez terminan en los tribunales.

Sin embargo, la realidad de América Latina en los últimos años demuestra cierta yuxtaposición entre estas categorías. Los asesinatos brutales de mujeres también ocurren en países como la Argentina, donde una asombrosa cantidad de mujeres fueron quemadas por sus parejas o ex parejas. En México, mujeres han sido asesinadas por asesinos a sueldo, contratados por sus maridos o parejas para hacer que el homicidio parezca obra del crimen organizado. Y, en los países centroamericanos, hay mujeres que son asesinadas por grupos criminales como una suerte de amenaza o mensaje a sus maridos o compañeros.

No obstante, el femicidio en América Latina sigue siendo una cuestión de realidades diferentes. La tasa para las mujeres en El Salvador es la más alta de la región: 13,9 cada 100.000. En Guatemala, la tasa es de 9,8 cada 100.000 mujeres; y en los estados mexicanos como Chihuahua, Baja California y Guerrero, la tasa casi se triplicó entre 2005 y 2009, a 11,1 cada 100.000. Por otra parte, las tasas en países como Chile y Argentina no superan 1,4 cada 100.000.

Esa diferencia subraya una realidad fundamental: la violencia asociada con la "guerra contra el narcotráfico" y el crimen organizado -incluyendo la corrupción estatal- en algunos países tiene consecuencias específicas para las mujeres. Como sucede en la guerra, la violación cruel de las mujeres es simbólica: crea cohesión dentro de los grupos armados, reafirma la "masculinidad" y es una forma de atacar "la moral del enemigo".

Pero la violencia "doméstica" también se está agravando: si bien hay mujeres en todo el mundo que son amenazadas por sus parejas, el riesgo se eleva sustancialmente cuando los hombres tienen fácil acceso a armas y una probabilidad menor de ser llevados ante la justicia, como sucede en México y Guatemala, donde la tasa de impunidad supera el 95%.

Desde 2007, se adoptaron varias leyes que sancionan específicamente los femicidios: en Costa Rica y Chile, estas leyes tienen como objetivo exclusivamente aquellos asesinatos cometidos por parejas o ex parejas, mientras que en Guatemala y El Salvador, también se incluyen los asesinatos cometidos por extraños. En los últimos meses, leyes e iniciativas similares proliferaron también en México.

No resulta claro si estas leyes efectivamente castigarán los crímenes o simplemente reducirán la visibilidad de los números: si un crimen exige ciertos elementos difíciles de probar para ser considerado un femicidio, una gran cantidad de asesinatos seguirán registrados en los libros como simples homicidios, y las autoridades podrán decir que "redujeron" la tasa de femicidios.

En países como Chile o Costa Rica -así como en gran parte del mundo-, los defensores de los derechos de las mujeres exigen que el estado prevenga los femicidios respondiendo de manera rápida y efectiva a las amenazas de muerte y abuso. En los países más afectados, también exigen que los asesinos vayan a juicio. Pero no basta con sancionar nuevas leyes, teniendo en cuenta que los sistemas policiales y judiciales están debilitados en gran parte de la región.

Mientras la "guerra contra las drogas" siga siendo un buen negocio no sólo para los traficantes y lavadores de dinero, sino también para la industria de las armas de los países desarrollados, la inundación de armas en la región seguirá alimentando la violencia -que incluye manifestaciones extremas contra las mujeres- y debilitando el sistema judicial. La falta de control de las armas, sumada a la impunidad, hace que los asesinatos resulten más fáciles y baratos.

Sin duda, la violencia contra las mujeres existe en tiempo de paz. Pero aumenta y empeora en tiempos de guerra. La "guerra contra las drogas" debe terminar y eso exige cambios a nivel mundial en las políticas de control de drogas que, desafortunadamente, ninguna iniciativa anti-femicicio menciona. Poner fin a esa guerra no erradicará los femicidios en América Central y México, pero al menos podría reducir la tasa de asesinatos de mujeres a las cifras más "saludables" de otros países afortunados de estar más lejos de las principales rutas del narcotráfico.

Patsilí Toledo es un abogado de la Universidad de Chile y miembro del Grupo Antígona de Investigación sobre Género y Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Copyright: Project Syndicate, 2011. www.project-syndicate.org