lunes, 16 de julio de 2012

Mujeres y política, la impunidad


Mujeres y Política
La Impunidad

Soledad JARQUÍN EDGAR
El proceso electoral dejó lejos de las miradas la cotidiana realidad. Pero insisto, en las aguas flotan los cadáveres de las pésimas acciones humanas.
La violencia contra las mujeres es un problema estructural, es verdad. Cuando un hombre agrede a una mujer, sin duda, impera ese patriarcado que nunca se ha ido a pesar de todos los avances de la humanidad y que nos muestran que seguimos anclados a lo peor que tenemos como personas. Emplear la supuesta superioridad mental, más que física, inferioridad de facto por ser mujer, para golpear, violar, secuestrar, obligar a desempeñar actividades en contra de la voluntad de las otras y hasta asesinar, ahora con más saña que antes.
La multiplicación de estos casos que nos llenan de indignación, es uno de esos principios de ese machismo y misoginia de las que no hemos podido desprendernos a pesar de todos los avances en todos los sentidos, de las ciencias, las artes y en suma de nuestras gloriosas culturas.
Esta violencia que se manifiesta en agresiones físicas, emocionales, patrimoniales, económicas, sexuales y hasta en el feminicidio son resultado de un planteamiento de desigualdad profunda entre el ser mujeres y el ser hombres, no se trata de un asunto natural, por supuesto que no, es una mala invención humana y por eso puede cambiar, como plantea el feminismo. De ahí que las feministas del mundo hayan ido planteando toda clase de mecanismos, iniciativas, propuestas públicas, ideas, quehaceres en la pretensión de cambiar desde lo profundo esta desigualdad a través de una suerte de educación nueva para mujeres y hombres, que transformen la formas de relación y donde cada uno y cada una tenga su propio nombre y por tanto se les nombre; su propio espacio y libertad. Así de simple.
Sin embargo, es ahí donde todo se detiene, los hechos nos dan la razón. Entonces, no hay duda, la otra pata que ancla a muchas mujeres a vivir lejos de la violencia machista es una y es institucional, se llama IMPUNIDAD.
Me refiero con ello a ese principio que en 2005 promulgó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y señala en uno de sus documentos que la impunidad “Constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.
La impunidad que incluso tiene un día mundial y que curiosamente se conmemora el 23 de noviembre, es decir, dos días antes del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, fecha tomada por feministas latinoamericanas para recordar a las hermanas Mirabal víctimas del dictador de República Dominicana, Leónidas Trujillo, a principios de la década de los 60.
Es esta impunidad provocada por esta “infracción de las obligaciones que tienen los Estados” es la que hoy viven las familias de las mujeres triquis que han sufrido violencia patriarcal, machista, misógina… como es el caso de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas en julio de hace cinco años en la zona de la mixteca oaxaqueña; es la misma sensación de impunidad que viven las familias de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, jóvenes encargadas de algunas secciones de la Voz que Rompe el Silencio estación radiofónica de San Juan Copala, misma zona de la mixteca donde se asientan el pueblo Triqui.
Es la impunidad que desde el 11 de julio de 2006 lacera los cuerpos de 14 mujeres de la zona de tolerancia en Castaños, Coahuila, violadas sexualmente por 12 elementos del ejército mexicano. Mujeres de entre 18 y 40 años. Una impunidad permanente por una justicia a medias que luego se convirtió en justicia a la cuarta parte de los violadores que hoy purgan castigos carcelarios que, por si fuera poco, les fueron reducidos en la segunda instancia. Es la profundidad de la desigualdad.
Impunidad que se refleja también en la pobreza. Justina es un ejemplo claro y certero de lo que hace esta falta de justicia. Se trata de una mujer zapoteca originaria de Loxicha, cuyo esposo está detenido y a quien atropelló un automóvil. La ayuda no llegó y ahora, gracias a ese mutis de la comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas, le cortaron la pierna. Ahora pide caridad, “estado de bienestar” al que algunas políticas públicas se insertan  y el funcionariato reduce a las mujeres.
Impunidad en el caso de “Rosa” violada por su médico, el ginecólogo Aníbal Hernández Guerra, en el istmo de Tehuantepec en 2010, sin que hasta el momento haya sido molestado y ¿saben cual es el fondo del asunto aquí? La victima tiene una sospecha: la repartición de dinero y la otra y peor razón es que no le creen. Tal parece que los responsables de investigar, esos que dicen ser los abogados del pueblo y que cobran mes a mes en la procuraduría, estuvieran para creer y no para investigar.
Impunidad del tamaño de 45 vidas, es decir tendríamos que escribir al menos más de 40 veces la misma palabra, se trata de las víctimas de feminicidio cometidas en contra mujeres oaxaqueñas en lo que va del año, el segundo del gobierno de Gabino Cué y que sumadas a todo el ejercicio de este  gobierno suman 140, según el recuento de Consorcio-Oaxaca. Y mire el tamaño de la impunidad, en sólo CUATRO casos el victimario o presunto responsable fue detenido, en otros CUATRO casos se tiene el nombre del sujeto, en UNO más el asesino se suicidó y en TREINTA Y SEIS casos más nadie sabe nadie supo quién asesinó a estas mujeres, esto según el reporte hemerográfico. Seguramente hay otros detenidos y tendrá tiempo si le interesa en informarlo la PGJE de Oaxaca, pero la IMPUNIDAD seguirá siendo grande porque mientras la justicia no enseñe los dientes nadie le tendrá miedo y seguiremos como en los tiempos de las cavernas.
No hay duda, en el año de la NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, como decretó verbalmente el ciudadano gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, se carece de recursos suficientes para emprender acciones preventivas; la diputación permanece adormilada, primero porque el tema les tiene sin cuidado, puras declaraciones sin fondo y las iniciativas de ley les machucan los dedos pero no les duelen, total ni de su familia son estas mujeres; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE) carece de personal capacitado científicamente y suficiente para esclarecer los asesinatos, permea la corrupción y se castiga a inocentes para llenar los huecos, eso habla de quien la dirige, las oficinitas que crean para atender la violencia de género sirven para crear una élite de privilegiadas y para darle trabajo a quienes no precisamente están ahí porque saben del tema sino porque consiguen un lugar en la vida mediante eso que el feminismo reprueba: sus cuerpos.
Y ahora sí, habrá quien disfrute el 80 aniversario de la fiesta del pueblo oaxaqueño, la Guelaguetza y poco le importará a quienes toman las decisiones que impere la IMPUNIDAD. Parafraseando a German Dehesa pregunto no cómo durmieron sino ¿vivirán tranquilos?
www.caracolasfem.blogspot.com

A Reserva, sin leyes ad hoc los propósitos son ocurrencias


A Reserva
Sin leyes ad hoc los propósitos son ocurrencias

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
A pasar de los discursos, proclamas mediáticamente  exaltadas y mucho presupuesto público asignado y al parecer ejerciéndose en Oaxaca, la violencia de género contra las mujeres en todas sus expresiones, sigue su camino, un amplio camino ascendente que desfigura y desmiente cualquier intento anunciado de recomponer el estatus de riesgo que en un ámbito de desigualdad padecen las oaxaqueñas.
Haciendo el recuento de las “buenas voluntades” de los gobiernos -tanto federal como estatal-, podemos recordar la serie de eventos que sucedieron en el marco del día de la mujer, en marzo pasado: La firma de la declaratoria para consolidar la igualdad en el país, pronunciamiento que irresponsablemente hizo Felipe Calderón afirmando, sin recato, que este ha sido el sexenio de las mujeres; acorde con esta declaración de poca envergadura política, por la inconsistencia que supone, el gobernador de Oaxaca se suma a “las buenas noticias”: habrá medidas extraordinarias –dice- que ahora sí modificarán el estatus de riesgo permanente que ha puesto en peligro la integridad y la vida de las mujeres oaxaqueñas .
Ante estas “buenas noticias” nos cae como balde de agua fría el reciente informe sombra de las activistas de derechos humanos frente a la CEDAW que afirma que “han sido los peores años para el avance de los derechos de las mujeres, pues se ha agudizado la violencia contra ellas debido a la falta de estrategia de seguridad pública con perspectiva de género”. La vida de las mujeres –dijeron- está en riesgo, situación que se refleja ante el aumento de 68 por ciento de muertes violentas de mujeres entre 2007 y 2009 en el país.
Dieron cuenta de las recomendaciones de la CEDAW respecto a emitir alertas de violencia de género en Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, entre otros.
Asimismo, informaron de miles de casos de mujeres y niñas desaparecidas. Mientras, Jessica Sánchez Maya aseguró que “México es el segundo país del continente americano donde más se amenaza de muerte a las defensoras de derechos humanos y es el país más peligroso del continente para el desarrollo de la labor de los y las periodistas”. Entonces ¿de qué habla Calderón?
Oaxaca sigue estando en los primeros lugares de violencia familiar y a tan solo 20 meses del gobierno del cambio suman la escalofriante cifra de 140 los asesinatos de mujeres, un promedio de 7 víctimas por mes.
Coincidiendo con la declaratoria presidencial, el gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo -que ya antes había declarado al 2012 “Año contra la violencia de género hacia las mujeres”-, suscribió con el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, un convenio de coordinación entre los dos niveles de gobierno para crear el Centro de Justicia para la Mujer del Estado de Oaxaca, con una inversión inicial de 9.1 millones de pesos.
Hasta el día de hoy subsiste esta cantidad que se dijo inicial y casi al término del sexenio y del año presupuestal, al parecer no fluye el recurso completo ni se concreta el centro aludido, que seguramente requerirá mucho mayor presupuesto y más voluntad política del gobierno del estado y, por supuesto, se espera que en esta ocasión en principio quede debidamente integrado el marco jurídico normativo que rija la organización y estructura, como las funciones y competencias y también determine el presupuesto corriente de este centro de justicia que revista de  certeza jurídica a las usuarias de esta nueva instancia que aún no se encuentra debidamente regulada.
Tal vez, ofreciendo el beneficio de la duda, el Centro de Justicia para las mujeres, permita garantizar con mayor eficacia los derechos humanos de las mujeres, de manera especial, reducir la violencia estructural contra ellas, resarcir los daños que como estado no ha podido ni mínimamente garantizar, su integridad y su vida.
El acceso a una vida libre de violencia es, claro está, un derecho  fundamental que regula la norma internacional, nacional, en la Constitución Federal y reglamentado en una ley general de carácter nacional como estatal.
Este derecho humano requiere de políticas públicas integrales e interrelaciónales, y multidisciplinarias en relación a la prevención de la violencia de género, atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género, intervención a agresores y contención a personal que atiende a las mujeres en situación de violencia de género. El desempeño de estas funciones complejas debe ser consecutivo y permanente, para lo que se requiere en principio y necesariamente un marco jurídico apropiado que regule todas y cada una de las acciones públicas debidamente estructuradas.
Es un paso gigante que inicia con la armonización de leyes y normas reglamentarias, de carácter general y especifico, en el orden común como es el caso del Código Penal y Procesal Penal, que prevea, por ejemplo, una adecuada tipificación de delitos en la materia: violencia familiar, delitos sexuales, feminicidio; criterios que impliquen acciones positivas frente a crímenes contra mujeres, medidas de protección, etc.  En materia civil se requiere modificar los estándares jurídicos respecto a los derechos de propiedad y posesión, los testamentarios, registrales y otros, que modifiquen sustancialmente la óptica frente a la plena ciudadanía de las mujeres.
Se trata de transformar en serio las políticas públicas frente a los derechos y libertades de las mujeres, desde la garantía del derecho y la ley; la justicia no se alcanza por decreto y cualquier nueva institución, con el nombre que sea, si no está legalizada difícilmente podrá estar legitimada. Una vez más, hacer lo contrario solo serían ocurrencias los buenos propósitos de los gobiernos.
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