domingo, 11 de agosto de 2013

Mujeres y política Asesinato de mujeres, quebranto social


Procurador de Oaxaca

Mujeres y política
Asesinato de mujeres, quebranto social

Soledad JARQUÍN EDGAR
Ante las palabras del procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, las oaxaqueñas, todas y eso incluye a las mujeres de las familias de quienes gobiernan esta entidad, tendremos que esperar sentadas, asumiendo que nada pasa, hasta que “existan condiciones” y se satisfagan todos los “requisitos para la alerta de género”, pues de acuerdo con el funcionario ni existe ingobernabilidad ni tampoco se ha quebrantado la paz social, para demandar la tan temida alerta de género que políticamente representaría para él y todo el gobierno de Gabino Cué el mayor quebranto al no garantizar “una vida libre de violencia” para las mujeres.
De los 48 crímenes contra mujeres reportados por la prensa local en lo que va del año, de los cuales hay constancia en los diarios que se editan en Oaxaca y con esto quiero decir que no es invento de nadie, solo 23 son considerados como feminicidios, según dijo hace unos días López López, secundado por la subprocuradora Ileana Araceli Hernández Gómez.
Lamentablemente para el procurador oaxaqueño su percepción no es la misma que tiene una parte importante de la ciudadanía. Él defiende su chamba, sí chamba, porque cuando las personas trabajan los resultados son otros, cuando uno chambea medio hace las cosas. Esa es la diferencia. Y lo digo por las cifras que dio a la prensa local, cuando reconoció que hay rezago en las investigaciones y apuntó que de cada 10 casos, cuatro se esclarecen. Es decir, ni la mitad. Percepciones como dice el señor procurador.
Luego para lavarse las manos, sostiene que este problema se “arrastra” desde administraciones pasadas, cierto, en eso estamos de acuerdo, pero es necesario decirle al señor procurador López López que mal de muchos es consuelo de tontos, como bien decía mi querida abuela Lucha. Y como expresó Carlos Salinas de Gortari mucho ayudaría si no se hicieran bolas.
El feminicidio no es otra cosa que el asesinato de mujeres. Si a eso le agregamos “por razones de género” como se hizo en el artículo 411 del Código Penal se ponen condicionantes que deberán interpretar, pero si quien interpreta nada sabe de la ciencia del género, los resultados son los que tenemos a la vista.
El afán de este funcionario es, sin duda, minimizar un problema latente, real, existente, por razones que no se entienden, sino a través de lo que explica la teoría de género precisamente, y me refiero a la condición de opresión, subordinación, menosprecio, discriminación, explotación y todo cuanto va encaminado a desvalorizar a las mujeres, cuyas vidas no importan. El resultado es lo que tenemos enfrente: tanto los perpetradores de la violencia contra las mujeres como quien procura e imparten justicia disparan desde la misma línea.
Si la sociedad juzgara la actuación del procurador de justicia del Estado, Manuel de Jesús López López tendría un solo calificativo: burócrata misógino, con el debido respeto a la burocracia y a quienes sí hacen su trabajo, porque insisto él solo defiende su chamba, su sueldo, sus beneficios…
Marcela Lagarde, antropóloga feminista, y quien siendo diputada federal encabezó la investigación sobre este “tema” como dicen los políticos como López López, plantea que “el feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina con la muerte violenta de algunas mujeres…Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con los agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad…conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que le ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado”.
Si el procurador y el séquito que lo rodean; sí la titular del IMO, Anabel López; si el titular de Seguridad Pública, Marco Tulio López, y el “defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimberg, se siguen haciendo a un lado, en esa pretensión de molestar con este “tema” al gobernador Gabino Cué, y siguen negando el tamaño del problema y apuntan sus baterías a descalificar a la sociedad que demanda que actúen, lamentablemente debo decirles, son un ejemplo claro y contundente de lo que la doctora Marcela Lagarde señala en su definición.
Lo cierto es que como hoy lo denuncian frente al Palacio de Gobierno las mujeres estamos desnudas ante la nula procuración de justicia, estamos solas ante actitudes de omisión y sin duda incapacidad de algunos funcionarios que se aferran al “hueso” con el grave costo que implica la impunidad.
La verdad es que no son números eran personas de carne y hueso, tenían un nombre: Nancy, Filiberta, Yesenia, Ana, Julia, Adolfina, Rosa, Leonarda, Rutilia, Lucía, Perla, Melisa, Sofía, Florinda, Yolanda, Abigail, Elizabeth, Dafne, Marcelina, Eulalia, Filogonia, Gloria, Verónica, Myriam, Catalina, Marlen, Florentina, Eulalia, Hilda, Araceli, Leticia, Florencia, Thalía, Linda, María Victoria, Guadalupe, Benita, Estela, Ivón y otras ocho que no fueron identificadas y que en la prensa aparecen como NN; a ellas se suman centenares de víctimas de estos delitos, es decir, sus familiares, padres y madres, sus hijas e hijos.
A todas ellas, sin excepción, se les violó el derecho humano de vivir libres de violencia, se les discriminó. Y una se pregunta ¿Entonces qué Gabino? Porque mientras no pasa nada grave “pues sólo son –dicen ellos-23 feminicidios”, “cosa de nada”, “pecata minuta”, “para qué tanto escándalo”,  lo cierto es que las mujeres estamos desnudas en un estado de inseguridad total.
¿Entonces qué Gabino? ¿Cómo recuperar la confianza, ante la burocracia misógina, la actitud de menosprecio y desvalorización hacia la vida de las mujeres con que actúan los empleados del gobierno que se comprometió en cambiar Oaxaca?
@jarquinedgar




A Reserva Inseguridad e incremento de feminicidios



A Reserva
Inseguridad e incremento de feminicidios

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El concepto de seguridad pública, se refiere a la cualidad de “seguro”, es decir aquello que está exento de peligro, daño o riesgo, también se entiende como algo cierto, firme e indubitable, por lo tanto la “Seguridad” refiere una certeza, un resguardo hacia las personas y sus bienes materiales.
Por mandato constitucional, la Seguridad debe ser garantizada por el Estado y en un estado democrático como el que se afirma por norma y aún más en airados y pomposos discursos políticos en México, cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, tiene el derecho y hasta la obligación de exigirla como un derecho fundamental universal, es decir sin excepción de rangos por raza, nacionalidad, condición social, cultura o género.
La seguridad se inserta en el sentido del orden social, en el que subyacen la paz social, la justicia y el progreso, en este sentido la seguridad es una exigencia social inexcusable, pero sin duda constantemente deficiente, por lo que la sociedad reacciona con indignación pero no con la  suficiente articulación y fuerza ciudadana que obligue a los diferentes niveles de gobierno a actuar en consecuencia.
La pobreza, la marginación, las desigualdades y la muy deficiente educación, frente a políticas publicas inexistentes en materia de seguridad, la inacción criminal de la procuración de justicia, la tibieza de los tribunales y el legalismo desbocado que llena páginas de letras sin ninguna incidencia practica que se traduzcan en mejores condiciones  de la población, sin duda son causa de la desesperanza y de esas reacciones sociales aisladas, difusas y egoístas que merman la capacidad solidaria de indignación, que van generando conformismos de grupo, autismo social que desgasta el asombro  y en consecuencia reduce lo que debería ser una exigencia contundente que obligue al estado a garantizar la vida de sus gobernados y su seguridad.
Esta situación de inseguridad que priva en México y se agudiza en algunas regiones más que otras, que algunos estados se vuelven foco rojo por diferentes fenómenos como el tan aludido narcotráfico, la delincuencia organizada, que se actualiza con el secuestro, el tráfico de infantes, niñas y mujeres, cobro de cuotas a negocios y comercios, situaciones de las que no están exentos los estados más pobres, los del sureste de la república, y en los que además, como es el caso de Oaxaca, se percibe la inseguridad como un golpe a traición, donde los de antes fallaron y los de ahora  no cumplen lo pactado, que quebrantan y desconocen los compromisos asumidos frente al pueblo.
Cierto es que la ausencia de seguridad en Oaxaca, se padece palpablemente por todos los sectores, pero sin duda es mayor en los sectores más expugnables, los más pobres, los indígenas, los desempleados, etc. Sin embargo la trascendencia de la inseguridad, alcanza grados mayúsculos cuando además impacta a la mitad de la población – cuando permea la sensación de que ser mujer implica alto riesgo, cuando ningún estatus las salva, de la violencia y que la muerte las asecha; que ninguna autoridad resguarda su derecho a vivir libres de violencia.  Esta percepción generalizada conlleva drásticas consecuencias sociales que se agudiza por la abierta omisión e impunidad, por el incumplimiento cínico del deber ético y constitucional de proteger y garantizar la vida de las mujeres y su acceso a vivir sin violencia.
La ciudadanía tendría que poder confiar en la congruencia entre lo pedido y lo prometido, entre el deber ser y el hacer del gobierno. No se trata de colores politizados, el gobierno debe, está obligado a proveer bienestar, para lo cual se requiere  preponderantes e imperativos de tal manera que se todo intento delincuencial se vea frustrado, sea por mecanismos de ley, sea por acciones en la prevención y procuración de justicia.
Las mujeres oaxaqueñas viven un estado de inseguridad e incerteza jurídica, que las coloca frente a la inactividad del estado y desprotección de sus derechos fundamentales, como víctimas potenciales de diferentes formas violencia, la más grave y peligrosa la violencia institucional, es clara la ausencia de herramientas eficientes que contribuyan a salvaguardar los derechos de las mujeres, que  las protejan  y faciliten el acceso a la justicia. 
Negar o falsear datos y números, solo demuestra la insensibilidad de los actores de gobierno, su falta de compromiso, incluso su desinterés y desprecio por las mujeres, que por cierto son las mismas que en actos demagógicos las nombran “nuestras mujeres” frente a las que se les suaviza el rostro y les piden el voto o apoyo, e incluso son las que los han legitimado en el poder.
Sera que ahora si con el miedo que ocasiona ver a una y otra y otra asesinada impunemente se le exija no solo con indignación si no con la razón que da el derecho inexpugnable frente a los gobernantes, que los obligue a pasar “del dicho al hecho”
@BarbaraEGCH