lunes, 4 de noviembre de 2013

Mujeres y Política Patriarcado institucional



Mujeres y Política
Patriarcado institucional

Soledad JARQUÍN EDGAR
Como categoría de análisis, las estudiosas del feminismo han dado definiciones claras al concepto del Patriarcado. Y me refiero a las definiciones que han hecho sobre el tema Victoria Sau, Gerda Lerner, Silvia Galby, Celia Amorós, todas españolas, y la mexicana Marcela Lagarde.
Es contundente saber que el patriarcado “es la toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres…”, señala Sau; “la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y niños en la familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general”, dice Lender; “un sistema de estructuras sociales interrelacionadas a través de las cuales los hombres explotan a las mujeres”, dice Walby.
Marcela Lagarde sostiene que es uno de los espacios históricos del poder masculino…y se conforma por varios ejes de relaciones sociales y contenidos culturales. Y, finalmente, Celia Amorós sostiene que “podría considerarse el patriarcado como una especie de pacto interclasista, metaestable, por el cual se constituye en patrimonio del genérico de los varones en cuanto se auto-instituyen como sujetos del contrato social ante las mujeres –que son en principio las pactadas”.
Estas definiciones breves que no suficientes por el espacio periodístico, tienen en Oaxaca ejemplos clarísimo y exactos en las noticias que todos los días leemos en la prensa local y que nos hablan de lo mucho que hay que hacer para terminar con la vieja y anquilosada estructura que no hace sino perpetuar la desigualdad y con ello la violencia contra las mujeres, precisamente en la tierra donde el gobernador Gabino Cué, en su versión de gobierno mediático, ha propuesto al declarar este 2013 como el año de la no violencia hacia las mujeres.
El 2 de octubre pasado una mujer tuvo un parto en la patio de la clínica de salud de San Felipe Jalapa de Díaz, porque la señora no pudo ser valorada por un médico, ya que eran apenas las 7:30 de la mañana y el médico iniciaría sus labores a las 8:00 horas. Es decir, a la señora con dolores de parto, la examinó una enfermera quien le dijo que permaneciera en el lugar hasta que llegara el doctor.
No hubo tiempo para la espera, la mujer dio a luz en el jardín de la clínica, donde otra persona tomó la fotografía del hecho que se conoció a través de las redes sociales en cosa de unos minutos generando indignación.
De acuerdo con el secretario de Salud, Germán Tenorio, no hubo tiempo para atender a la mujer que parió en el patio y que debido a los dolores no pudo regresar para ser ingresada y aunque señala que el “alumbramiento” se concluyó en la sala de expulsión, las fotografías muestran al bebé tirado sobre el pasto.
¿Acaso no la acaban de “valorar”? ¿Entonces qué fue lo que pasó? Como sea, dice el secretario de Salud, en su comparecencia ante los diputados Marlene Aldeco, Flavio Sosa y Pavel López, “se hospitalizó al binomio madre e hijo con evolución normal de la puérpera con sangrado en disminución sin complicaciones, el producto presentó evolución satisfactoria tolerando la lactancia materna. A las 19:15 horas del 2 de octubre, se dio de alta al binomio”.
La referencia de “binomio” aunque fuera un término que se emplea en el sistema de salud nos deja claro que las personas en las instituciones de salud se convierten en objetos, lo que no es cosa menor y tiene una enorme importancia y trascendencia en los resultados que hoy tenemos en la salud de las y los oaxaqueños.
El pasado 31 de octubre, El Imparcial consigna como nota principal la resolución que sobre este deshumano y lamentable caso ocurrió en San Francisco Jalapa de Díaz, por parte de ese organismo gris, perezoso y burocrático denominado Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) que afirma tajante que “No hubo negligencia en el caso de Jalapa”.
De acuerdo con la nota periodística de la reportera Mabeth Bolaños Aquino, el presidente de CEAMO, Mario Bustamante, sostiene “que no existe negligencia médica, ya que el turno del doctor empezaba a las 8:00 horas. Quizá a la enfermera le faltó mayor preparación, mayor sensibilidad, mayor insistencia en que la paciente permaneciera dentro de las instalaciones”.
Aquí es donde entran los pactos patriarcales, los acuerdos entre los señores del poder, entre los médicos del CEAMO y quien está al frente de los Servicios de Salud de Oaxaca. Quizá para tener más tranquilidad, las mujeres a punto de parir, tengan la necesidad de avisar a sus hijos por nacer que por favor lo hagan dentro del horario de trabajo del personal médico que es de 8:00 a 15:00 horas turno matutino, porque de lo contrario se arriesgan a no ser valoradas de manera adecuada y a nacer en el patio de una clínica, en una rampa o mientras se camina de una puerta a otra en el hospital.
Otra muestra de los pactos patriarcales es la forma en que se gastan los recursos públicos para justificar lo injustificable. ¿Sabe usted cuánto cuesta una nota periodística de 10 minutos, transmitidos en un noticiario estrella de Televisa, es decir, en horario estelar? Porque fueron muchos miles de pesos los que seguramente pagó Germán Tenorio para explicar la situación del sistema de salud de Oaxaca en el programa Primero Noticias de Carlos Loret de Mola.
Su retahíla de quejas habla de la malas condiciones, del desvío de recursos y todo lo malo que encontró en 2010, pero no dice qué es lo que ha hecho. Se queja de presunta corrupción en la edificación del hospital de la mujer, que por su cuenta decidió no concluir, y que hasta el momento sigue pendiente, esto a pesar de que fue una petición hecha en la tribuna legislativa por la entonces diputada del PAN, Perla Woolrich, hoy contralora del Estado y quien se une al patriarcado para “desviar” la atención de los hechos y justificar lo injustificable: el caso de Jalapa de Díaz, que según CEAMO no fue negligencia médica sino una cuestión de horario laboral.
A casi tres años, la contralora del Estado sale, como decía mi abuelita Lucha, con su domingo siete y señala que el ex secretario de Salud no está exonerado. Vaya, eso se llama justicia pronta y expedita. Por mucho tiempo la señora ha guardado sepulcral silencio de ahí que en tiempos de muertos, muy a tono, salga con su valiente declaración y como si viniera de ultratumba su voz resuena en los tiempos de la revoltura mediática.
Es parte del pacto patriarcal hacer como si nada pasara, como nada pasa con algunos funcionarios del actual gobierno que siguen en la queja, como si les doliera algo, como enfermos, imposibilitados para hacer acciones positivas y no sólo declaraciones a los medios, quejándose a tres años de distancia de las mismas cosas de las que se lamentaban cuando llegaron con la promesa de cambiar a Oaxaca.
Pero eso no es todo, tan fuerte es el pacto patriarcal que al gobernador del Estado nada le preocupan ni le ocupan las 50 mil 500 firmas que entregó la red global Avaaz al gobernador de Oaxaca solicitando la renuncia del secretario de Salud, Germán Tenorio. Es decir, los pactos patriarcales también sirven para cubrir la corrupción y la falta de ética, porque a la mujer que tuvo a su hijo en el jardín de la clínica no sólo no la atendieron correctamente (por cuestiones de horario, según CEAMO) sino que además le colocaron el dispositivo intrauterino sin pedirle su consentimiento (esto sí, parece ser dentro del horario de servicio).
Pero no es el único caso. El patriarcado es un fenómeno social vivo. Le invito a leer la nota periodística de Carlos Alberto Hernández, también reportero del Mejor diario de Oaxaca, sobre las declaraciones hechas por el presidente electo de San Bartolo Coyotepec, Marciano Simón.
El pretexto para echar a las mujeres del gobierno municipal es tan cínico y misógino que solo él y los topiles que votaron por esa decisión pueden creerlo. El munícipe electo sostiene que las mujeres “siempre han desempeñado cargos menos riesgoso o en la casa como damas y como esposa de ciudadano”. Ni más ni menos que para Marciano Simón lo “normal” es que las mujeres estén en su casa, sin palabra, sin voz, sin derechos, y que al salir del espacio privado simple y sencillamente trasgreden la costumbre, lo cual en pleno siglo XXI no puede suceder en opinión de Simón.
Sus in-justificaciones son reales, no son una broma y nos hablan de los muchos atrasos que hoy vivimos a causa del machismo: “Qué le vamos a decir al marido cuando le digamos que la dama se lastimó por atrapar a un ladrón o por ir al cerro a sofocar un incendio? Mejor que se quede ahí (en su casa)”.
Luego las cuestiona y le pide a las mujeres que piensen si están haciendo un bien o un mal a su comunidad. Las declaraciones de Marciano Simón son sin duda una vergüenza para la humanidad. ¿De dónde sacó este señor que las mujeres no pueden desempeñar un cargo público? Bueno, la historia tiene más de 60 años, si consideramos, como consigna Carlos Hernández, que en San Bartolo Coyotepec las mujeres no tienen acceso  a los cargos de gobierno desde 1950, exceptuando el trienio que terminará en diciembre próximo donde hicieron “el experimento” dejando que tres ciudadanas ocuparan igual número de regidurías.
Gloria Zafra directora de Sistemas Normativos Internos del IEEPCO indicó que ya toman cartas en este caso y esta semana por tanto el actual presidente municipal Horacio Sosa será llamado a rendir cuentas sobre esa problemática.
Lo que sucede en San Bartolo Coyotepec lo que se nota es una clara violación a los derechos humanos de las ciudadanas consagrados en el Artículo 1 de la Constitución Mexicana. Esa razón es la que obliga a las autoridades a intervenir, incluso de competencia federal,
considerando que ya han sido amenazadas algunas de las mujeres que protestaron por la actitud misógina de los topiles y el presidente municipal electo.
Abigail Vasconcelos, por ejemplo, indicó que algunas mujeres le advirtieron que se corre el rumor de que habrá una asamblea comunitaria para expulsarla de la comunidad y quitarle su casa y una llamada telefónica en la que le dijeron “que la van a reventar…”.
Si ante estas circunstancias el IMO y otras instancias sigue guardando silencio, serán cómplices de la exclusión a las mujeres, violentarán sus derechos humanos. Silencio que no es circunstancial, tiene mar de fondo, la relación Sosa-organizaciones civiles que pusieron ahí a la titular del IMO en 2010, bajo el supuesto de la pluralidad y la democracia, en sacrificio claro está de la eficacia y la eficiencia gubernamental y por ende de la población oaxaqueña.
@jarquinedgar



Palabra de Antígona: 176 recomendaciones a México por la Violencia


Palabra de Antígona
176 recomendaciones a México por la Violencia

Por Sara Lovera
No se puede callar. No es posible obviar la situación. Ya nada puede alentarnos. La violencia es irrefrenable, tenemos años gritando. Tal vez mal. Probablemente no hemos podido crear una verdadera masa crítica. Tal vez nos hemos acostumbrado a protestar sin accionar.
Tenemos decenas de denuncias internacionales en trámite; nos enfrentamos a un sistema que no hace justicia a nadie y trata de ocultar lo que sucede. No es posible entenderlo y es posible que nuestros gritos un día se escuchen. Sólo en 2013 tres periodistas asesinados, tres desaparecidos, más de 90 agresiones. Al menos tres casos emblemáticos en Sonora, Guanajuato y Morelos de feminicidio; violaciones y hostigamiento sexual que se acumulan en los archivos de las procuradurías.
Lo peor es que en estos días los gobiernos, apoyados por sociedad civil, crean nuevas disposiciones legales. Como en los últimos 14 años, para luego ser desatendidas, violadas y de sólo papel mojado. ¿Para qué? Y tampoco sirven de nada las fiscalías o los mecanismos de protección, porque cínicamente, las autoridades dicen no hay dinero para hacerlas eficaces. Igual ineficaz ha resultado la Alerta de Género.
La violencia y la violación a los derechos humanos está documentada claramente, los datos y las declaraciones serán motivo que en noviembre da mucho que decir y habrá muchos nuevos y mentirosos discursos. Hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 20 recomendaciones para atender la violencia feminicida ¿Y qué?
El Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, reprobó a México. La información señala que el país tiene 176 recomendaciones que lo condenan  y es claro que en materia de derechos humanos, somos un país imposible. Todo ello cae en la indiferencia.
Según el abogado Rodolfo Domínguez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, los casos de violencia feminicida, del hostigamiento al asesinato están documentadas, hay volúmenes inmensos de pruebas y contundencia en los argumentos, pero ello sólo ha conseguido que el gobierno busque salidas inaceptables, de la impunidad cotidiana a una respuesta sistemática que busca ocultar y minimizar el problema.
De los datos disponibles y publicados, de 2007 a junio de 2012, se perpetraron cuatro mil 112 homicidios contra las mujeres, sólo en 13 entidades. Amnistía Internacional asegura que en 10 entidades la situación es muy preocupante. En los últimos años se ha pedido que se active la Alerta de Género en 11 estados, pero en todos los casos se desechó.
 Los relatos de los asesinatos no se pueden expresar, por su carácter inadmisible y sus características monstruosas. Los detalles hablan de tortura y acciones indescriptibles. En Guanajuato, las cosas han llegado al colmo, tanto que el Instituto Nacional de las Mujeres pidió al gobierno panista de esa entidad que resolviera en lugar de afirmar que no se trata de homicidios, sino de accidentes o enfermedades incurables. Nadie parece oír nada.
Informes de la Cámara de Diputados señalan: en 2010, se registraron en México dos mil 335 muertes femeninas con presunción de homicidio, es decir, 6.4 al día. Esta cifra muestra que respecto de los últimos 25 años, 2010 fue el más violento para las mujeres.
Las entidades que para 2010 concentraron el mayor número de asesinatos violentos contra las mujeres son Chihuahua (567), Estado de México (270), Distrito Federal (142), Guerrero (115), Baja California (112) y Sinaloa (107).
Entre 1985 y 2010 el acumulado de muertes femeninas con presunción de homicidio fue de 36 mil 606. Un tribunal feminista que en Jalisco analizó un feminicidio, una desaparición forzada, condenó al Estado, pero muy pocos medios lo publicaron.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación sostiene que entre 2001 y 2010 ocurrieron 14 mil 991 muertes por homicidio en mujeres: el 39.38 por ciento de estos decesos (5 mil 900) datan del periodo 2008- 2010; la tasa de homicidios dolosos de mujeres para 2010 fue de 4.5 por cada 100 mil mujeres. Esta cantidad superó el promedio global reportado para el Continente Americano, que fue de cuatro e implicó un retroceso de 14 años para el país que desde 1996 no reportaba tasas similares.
Imposible continuar con datos y más datos.
Podemos poner algunos rostros a esta maldición: El asesinato de Priscila Carolina Hernández Guerra, de 21 años, ocurrido el 1 de julio pasado en un hotel de Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora, será estudiado el próximo martes por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Sonora. La joven fue asesinada por Singh Siddhart, un hindú de 26 años, quien la torturó con una espátula, con sierra, un tenedor y un abrelatas por más de una hora, después la estranguló y a pesar de que confesó su crimen, un juez no encontró los elementos necesarios para consignarlo por homicidio calificado con brutal ferocidad, alevosía y ventaja. Se trata del Juez IV penal, Mario Alberto Granados.
Como si fuera una burla en Sonora el pasado 23 de octubre las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Asuntos de Equidad y Género del Congreso local aprobaron el proyecto de dictamen para reformar el Código Penal de Sonora a fin de incluir el asesinato por causas de género.  Y en Chiapas se anuncia algo similar ¿Y para qué?, si la Constitución es muy clara, pero nadie parece leerla.
Los relatos indican que tipificar el feminicidio ha servido para minimizar el problema. Un caso emblemático es el de Oaxaca, donde el relato de la sociedad civil grita y grita.  Hay casos inadmisibles en todo el país. Y no hay respuestas, los gobiernos desestiman las peticiones de la Alerta de Género, que está en la ley, pero que nadie la respeta. Todo comenzó en 2010 en el Estado de México que gobernaba entonces el presidente Enrique Peña Nieto. Sólo el informativo Sin Embargo hace investigación buscando la verdad.
En Morelos donde la contabilidad de 2000 a 2013 indica 533 asesinatos, el gobierno perredista, encabezado por Graco Ramírez, considera que no hay tal. Por eso la Comisión Independiente de los Derechos Humanos llevó el caso a la CIDH y ha usado miles de recursos mediáticos, sin que obtenga respuesta.
A estas alturas se ha olvidado las violaciones de elementos del Ejército en Chiapas, de tres indias Tzeltales en 1994. Y está pendiente la justicia en la región Loxicha en Oaxaca. En Chiapas el gobierno verde reconoce 97 asesinatos recientes, 38 solo en 2013; en Jalisco la cuenta va en 98, sólo en este gobierno, que en el caso es del PRI.
En el Noveno Encuentro Nacional Feminista, celebrado en Guadalajara, Jalisco, la abogada María Guadalupe Ramos dijo que ante la negativa de las autoridades estatales a tipificar como feminicidio el crimen de una catedrática, llevarían el caso ante el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Jalisco, para que este lo presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes.
Hay audiencia de esa corte. Se darán nuevas recomendaciones, otra vez todo dios se lamentará. Mientras en noviembre, puesto que el 25 se conmemora el Día de la No Violencia Contra las Mujeres, servirá para nuevas lamentaciones. Pero de resultados nada.
Es posible que sea necesario reactivar la masa crítica, como nos dijo a periodistas Carmen Aristegui, que pidió ética y no olvidar. Tal vez  un día, movilizarse realmente contra estos crímenes de lesa humanidad hará la diferencia. No podemos callarnos, está bien, lo grave es que no actuamos.