Mujeres y política
Recordar a Regina Martínez
Soledad JARQUÍN EDGAR
No conocí personalmente a Regina
Martínez, la leí, sí. Ella como otros muchos mexicanos y mexicanas han pagado
con su vida el altísimo costo de la intolerancia de quienes advierten que decir
la verdad les significa la pérdida de poder político y económico, la exhibición
de su cinismo sin par y la molestia de una buena parte de la conciencia
mexicana que no está adormecida y que rechaza esa condición (in)humana del ser
político. Esas son las (sin) razones por las que se asesina a quien ejerce con
profesionalismo la cada vez más peligrosa tarea de informar y de opinar.
Por eso asesinaron a Regina
Martínez por ser una buena periodista, dispuesta a decir la verdad, demostrar
con hechos el abuso del poder político y económico; periodista incómoda para
quienes corrompen al Estado Mexicano y tienen las manos sucias (parafraseando
a Ana Lilia Pérez, otra brillante
periodista que ha tenido que exiliarse frente a las amenazas) y la conciencia
negra, tanto que esa oscuridad no les permite ver el mal que hacen.
Ser periodista en México, se ha
dicho en muchas ocasiones, es sinónimo de peligro para la vida. Se ha dicho
tanto que corremos el riesgo de que nos hayamos acostumbrado a oír lo mismo y
la indignación sea cada vez menor. Se repiten estos casos de violencia contra periodistas (violencia de la
narcopolítica, como denominó Miguel Ángel Granados Chapa) desde Manuel Buendía
hasta Daniel Alejandro Martínez, fotógrafo de Vanguardia cuyo homicidio se cometió
esta semana en Saltillo, Coahuila.
Regina Martínez, asesinada el 28 de
abril de 2012, acontecimiento lamentable cuya “investigación” consignó a un
detenido que fue sentenciado a 38 años de cárcel, las inconsistencias en el
proceso hacen pensar en que se trata de un “chivo expiatorio”, como tampoco se
creyó en el móvil del asesinato, que
según las autoridades veracruzanas fue un robo. Para otras personas, sus
colegas y quienes la conocían el crimen pudo ser cometido como resultado de la
información que manejaba.
Regina Martínez fue asesinada en
Xalapa la capital de Veracruz, entidad peligrosa para el ejercicio
periodístico, como lo es también Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y así
hasta recorrer la República Mexicana, pero Veracruz es un caso que se debería reclamar
especialmente. Hay demasiada sangre de periodistas en ese territorio, hay
despidos injustificados y amenazas en medio de todo, aunque los asesinatos
deberían indignarnos, siete han ocurrido en el último año contra trabajadores
de la prensa. El tamaño del agravio contra la sociedad no tiene nombre. El
problema más grave para las y los mexicanos en general es este sistema de
justicia que no da resultados y la inmensa mayoría de esos crímenes, como el
feminicidio, como las desapariciones, como el robo de infantes, como la trata
de personas, como todos los delitos quedan en la IMPUNIDAD, hay cifras que se
acercan entre sí, así tenemos que la macabra contabilidad de periodistas
asesinados y asesinadas desde 2007 a la fecha es de 85.
Pero no es sólo la impunidad, hay
detrás de cada asesinato el absurdo de las autoridades a minimizar los hechos
señalando que no se trata de crímenes relacionados con la tarea de informar y
sostienen que estos casos están relacionados con robos o crímenes pasionales
como les llaman, y peor aún sostienen que las víctimas tienen relación o
vínculos con la llamada delincuencia organizada.
Tal y como sucedió esta semana con
el caso del fotógrafo Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, cuyo cuerpo mutilado
apareció junto al de un estudiante de nombre Julián Alejandro Zamora García, en
Saltillo, donde la “autoridad” no tuvo más remedio que pedir disculpas a la
familia ¿de qué sirven?
El objetivo de estas falsas
acusaciones no es otra sino “justificar” estos hechos que no tienen
calificación alguna, además de mostrar las limitaciones de las instituciones
para realizar científicamente las investigaciones. Al final, en México la
delincuencia (institucional o no) está respaldada ampliamente por las
Procuradurías de la Impunidad en que se han convertido las Procuradurías de
Justicia de cada estado.
Oaxaca no es la excepción. Recién
la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. (CDP) envío una carta al gobernador
Gabino Cué y Arturo Peimbert, presidente de la Defensoría de los Derechos del
Pueblo de Oaxaca, en la cual manifestaron su preocupación “sobre el ambiente negativo para el ejercicio del
periodismo y la Libertad de Expresión, que está creciendo en el estado de
Oaxaca, más recientemente concentrado en localidades del Istmo de Tehuantepec.
Tenemos datos y documentos indicativos de que se están cometiendo actos de
gobierno, injustos y arbitrarios, que estimulan un clima de miedo y fomentan la
vulnerabilidad de comunicadores de radios comunitarias y periodistas, agravados
con amenazas y acoso”.
La carta firmada por Judith Calderón Gómez, presidenta de
la CDP, y por Rogelio Hernández López, Coordinador de Protección y Consejero
del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y
Periodistas de la Secretaría de Gobernación, enumera una serie de ataques
registrados contra periodistas en Oaxaca: Carlos Sánchez López, director de la
Radio Comunitaria “Radio Totopo”; David Henestrosa Carrasco, colaborador de
Radio TNT de Juchitán y Director del Informativo Generando Opinión; Filiberto
Vicente de Radio Xadani; Karina Martínez e Ignacio Garrido, además de María
Elena Ramírez, editora de las Voces del Pueblo; Said Hernández, de la revista
“Tucán”; Antonio Francisco Rodríguez, de ORP Comunicaciones; Fernando Palacio
Cházares y David Cilia Olmos, así como los ataques Radio Totopo.
Todos ellos han sido agredidos. Uno fue apuñalado y salvó
milagrosamente la vida, otros han sido amenazados de muerte y uno más fue
despedido. Así que mientras Veracruz es la entidad más peligrosa para el
ejercicio periodístico, todo hace pensar que en Oaxaca la región más peligrosa
es el Istmo, donde habría que agregar las agresiones a Martha Izquierdo,
conductora de Orientación Matutina y colaboradora de BBM; así José Luis López del Sol del Istmo y Canal 10 de Cable;
Rusbell Rasgado corresponsal de El Imparcial y Televisa, y Pepe Nieto del
diario El Sur, a quienes con lujo de
violencia este viernes les arrebataron su material fotográfico y grabaciones
cuando cubrirán un hecho en Nizanda, además de que fueron advertidos de muerte
si se publicaba algo.
Este domingo, en varias entidades del país se recordará a
la periodista Regina Martínez a un año de su asesinato y con ello habrá que
resonar lo peligroso que es ejercer esta tarea, sobre todo cuando las
advertencias por los excesos en que incurren desde gobiernos de todos los
niveles hasta caciques, ejidatarios, comuneros, empresas y trabajadores de esas
empresas molestos por lo que se publica en los medios de comunicación. No se
trata de exigir privilegios sino condiciones de seguridad.
Como en el caso del feminicidio, tenemos que vernos en el
espejo de Ciudad Juárez, Chihuahua, en las agresiones contra periodistas, hay
que mirarnos qué es lo que refleja Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y
tantas otras entidades donde periodistas han sido asesinados y asesinadas por
incómodas, por molestas, porque sacan de quicio a quienes ostentan el poder
político y económico.
Observarnos antes de que sea demasiado tarde y eso solo
se puede lograr castigando a los verdaderos culpables, lo cual requiere trabajo
real, eficiente, verdadero de parte de la hasta ahora Procuraduría de la
Impunidad bajo el mando de Jesús López, no ha podido; requiere atención del
nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, de quien
por cierto un amplio sector que lo conoce espera mucho, y claro tendría que
tener la atención del titular del Ejecutivo, pero eso es mucho pedir.
Alerta
de género…feminicidio
Este viernes trascendió que finalmente Arturo Peimbert Calvo,
titular de la DDHPO,
solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, declare alerta de violencia de género contra mujeres en Oaxaca,
basado –dice el oficio- en notas periodísticas de las que se advierten diversos
casos que pudieran considerarse como feminicidios, y que aún no han sido
resueltos” (por las autoridades correspondientes).
Y como todo requiere tiempo, la DDHPO actuó nueve días
después de que la LXI Legislatura del estado (17 de abril pasado) exhortara a
este organismo “que de manera urgente solicite a la Secretaría de Gobernación
federal la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres;
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracción III y 25 de la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Por tal situación y en atención al Punto de Acuerdo
número 548 de fecha 17 de abril de 2013 aprobado por la Sexagésima Primera
Legislatura del Estado, en el que se exhorta al titular de la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que de manera urgente solicite a
la Secretaría de Gobernación federal la Declaratoria de alerta de violencia de
género contra las mujeres; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24
fracción III y 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Así entonces, finalmente, Peimbert ya solicitó a la Secretaría de
Gobernación se declare la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Ahora la “bolita” está en la otra cancha y se espera una
respuesta, mientras tanto esta semana apareció la víctima número 199 de las
mujeres asesinadas en Oaxaca en el periodo del actual gobierno. Ojalá que la
alerta de género no llegue después de las 200 o 300.
@jarquinedgar
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