martes, 30 de abril de 2013

Migrante violada decide no denunciar por indiferencia de autoridades


ANTE INDIFERENCIA DE FISCAL DE MIGRANTES, MUJER QUE HABÍA SIDO VIOLADA DECIDE NO DENUNCIAR.

Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 30 de abril de 2013.


La migrante hondureña María quien en días recientes señalo haber sido violada por un grupo de personas en el lugar conocido como la “Arrocera”, Municipio de Huixtla en el Estado Chiapas, decidió seguir su camino en el tren y no denunciar.

Esto debido a que solicito el apoyo a la Fiscalía de Atención a Migrantes a través del Grupo Beta cuando recién había llegado en el tren a Ixtepec procedente de Arriaga, Chiapas. Incluso le señalo a una de las personas que decía, era uno de los que la habían violado y quien a su vez viajaba en el mismo tren acosándola.

El Lic. Nahúm Pineda Montero, Fiscal de Atención al Migrante al ser informado por el Grupo Beta se atuvo solamente a pedir el apoyo de una patrulla de la Policía Municipal para que diera su rondín y pedirle a la mujer que llegara más tarde a realizar la denuncia penal porque en ese momento no la podía recibir.

La migrante al no sentirse apoyada por la Autoridad encargada de Procurar la Justicia, decidió mejor continuar arriesgando su camino en el tren. 

Este y otros casos más quedan en la impunidad ante la indiferencia y omisión de las Autoridades quienes deberían de ser sensibles y entender que la Causa migrante requiere de su apoyo.

Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, A.C.
 Alberto Donis Rodríguez
"Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fuí migrante y me hospedaron" Mateo 25,35
"Albergue de migrantes Hermanos en el Camino A.C."Fundador: Pbro. José Alejandro Solalinde Guerra
Pastoral de la Movilidad Humana, Pastoral de Migrantes

Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca
Av. Ferrocarril Pte. No.60, Barrio de "La Soledad"
Cd. Ixtepec, Oaxaca, México.
C.P. 70110  

lunes, 29 de abril de 2013

Palabra de Antígona: Hablar sin riesgo


Palabra de Antígona
Hablar sin Riesgo

Por Sara Lovera 
Entre 1983 y 2013, en México fueron asesinados 112 periodistas, 13 mujeres y 99 hombres; solamente en 2012 existe el reporte de 7 desaparecidos. La lista de agravios, despidos y hostigamiento a la libertad de expresión  supera los mil casos.

En los  primeros cuatro  meses de  este año perdieron la vida: Jaime Guadalupe Domínguez, en Chihuahua, el 3 de marzo; Alonso de la Colina, el 16 de abril, en Puebla, y el fotógrafo Daniel Alejandro Martínez este 24 de abril en Coahuila. Este domingo se cumplió un año del asesinato de la periodista Veracruzana, Regina Martínez, sin que a nadie satisfaga el remedo de investigación que se hizo sobre este crimen inaceptable.

Las expresiones de indignación superan todos los cálculos y ahora alrededor del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, hace  exactamente 20 años. Esa proclamación por la libertad de circular ideas, para difundir escritos, para opinar, no ha detenido a los detractores de todos los tiempos que solamente pueden callar a periodistas matándolos.

Hoy de cara a la increíble tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales, la ONU  llama a todos los periodistas del mundo a que inicien una larga jornada para poner en el centro del debate político el derecho a hablar sin riesgo: por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios.

La situación es crítica, sobre todo en casos de conflictos armados. Pero es asombroso que sin ese marco de conflicto armado declarado, en México superemos las cifras de homicidios contra periodistas, como un signo de la barbarie en que vivimos. Es tiempo de pararla. ¿Quién escucha?

 La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), uno de los sitios de defensa y protección a periodistas en activos, que ha tenido que sacar fuerzas para exiliar a más periodistas de los que la imaginación cubre, está  llamando la atención del gremio, pero principalmente de las autoridades para que sean efectivas las medidas de protección y se deje a un lado la simulación. De nada sirven leyes y mecanismos de protección, si en la práctica las y los periodistas no la tienen y viven miedo y riesgo cotidianos.

La CDP ha concluido con las cifras disponibles que en  2012, el último de la administración calderonista, 15 periodistas perdieron la vida, el 50  por ciento en los estados  Veracruz y  Chihuahua.  Y de las más de 55 agresiones, 22 sucedieron en Oaxaca. O sea está muy claro el mapa y los lugares donde debían actuar las autoridades. Ya es tiempo de obtener respuestas de los gobiernos y de los congresos; de los mecanismos de protección que parecen papel mojado. Se agota el tiempo de la protesta epistolar y la conmiseración. ¿Entenderán los reformadores? ¿Podrán hacer algo? Se necesita  una acción realmente preventiva y de respeto a las libertades fundamentales sustantivas y no demagógicas.

Lo que sucede a periodistas y el tamaño de la violencia general, evidentemente es resultado de la guerra desatada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, 12 años de cifras impresionantes: 75 asesinatos de periodistas. Un pálido reflejo de la violencia e impunidad que campea en todo el país, que  ha puesto en claro, que en muy poco tiempo se impuso lo que el analista Eduardo Guerrero califica como “permiso para matar”,  es decir, se ha definido culturalmente en México, un proceso donde hay permiso para agredir, violentar y matar. Es como un monstruo salvaje que salió de las catacumbas para mostrar el más terrible de los rostros de una sociedad y una nación en la cual el respeto a la vida no es más que una falacia y el estado de derecho otra.

Las demandas del gremio son elementales: que las autoridades hagan su trabajo, investiguen, castiguen, prevengan, pongan un dique a esta espiral de violencia que, además, afecta a otras miles de personas, familiares, ciudadanas y ciudadanos, que se levanta como un  huracán incontrolable. En abril 3 colegas fueron asesinados. Los peores años 2006, con 12 asesinatos, y 2008 con cifra semejante.

México ha sido llamado a cuentas por los organismos internacionales. La defensa de periodistas, tal cual el caso del feminicidio con 38 mil mujeres asesinadas en esos mismos años, nos hace uno de los países significativamente violentos e impunes, donde no hay ley ni gobierno.

Ante ello, la CDP ha lanzado una demanda específica para que el  gobierno de Enrique Peña Nieto muestre con hechos su deseo, su declaración de que en este país debe reinar el Estado de Derecho. Que este gobierno y su diligente Procuraduría General de la República haga algo y pronto. Detenga el asesinato, las agresiones y cumpla con lo estipulado en la Constitución. Ya es tiempo.

Urge poner en práctica, no sólo con recursos y discurso, la operación de las medidas de protección. Que las autoridades no se salgan por la tangente, señalando que esta situación es consecuencia del crimen organizado. Los análisis de asesinatos y agresiones señalan que el 62 por ciento de los lamentables hechos son atribuibles a funcionarios menores y mayores; a gobiernos estatales simuladores y corruptos; a excesos de la fuerza pública y a intereses locales, regionales o nacionales para quienes viven como incómodos el ejercicios de la libertad de expresión, de imprenta y el derecho de opinar.

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, así fue concebido durante la etapa de la  Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política, la democracia.

La libertad de opinar fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda),  de la Revolución Francesa y de la Revolución Mexicana. Miles de perseguidos por sus ideas en la etapa porfirista dejaron testimonio de estos hechos; miles de perseguidos en la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado igual. Hasta los magnicidios como el cometido contra el periodista Manuel Buendía, hace 29 años, y hoy parece que fuera ayer. Nada cambia, todo permanece, dijera el filósofo, tirando de sus cabellos, asombrado por la barbarie humana, en la época de los grandes avances de la tecnología y la información horizontal. Ya es tiempo de poner freno a la estulticia.

A Reserva: Prodecon ombudsman de contribuyentes


A reserva
Prodecon ombudsman de contribuyentes

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Hace poco más de año y medio se creó la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), después de azarosos transes legislativos, desafortunados arrebatos presidenciales y una acción de inconstitucionalidad resuelta por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modifica los artículos 5 fracción VII y 12 fracción II, de la Ley Orgánica de la Prodecon, en relación a la información de datos y transparencia y en el segundo caso a la forma de elegir consejeros.
La creación de esta institución se propuso hace ocho años, pero fue hasta septiembre de 2011 que empezó a desarrollar sus funciones, el debate que ocasionó la citada ley y las observaciones que en su momento emitió el Ejecutivo Federal, contribuyeron a mejorar y enriquecer el marco orgánico a efecto de que pudiera contar con los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con su misión de proteger y defender los derechos e intereses de las y los contribuyentes de manera eficiente y funcional.
Por ello, se da importancia al hecho de que en muy poco tiempo esta institución se ha consolidado como un organismo público que otorga a los contribuyentes una eficaz asesoría, representación y defensa de sus derechos sustantivos y adjetivos en materia fiscal.
La Prodecon es el primer Ombudsman fiscal mexicano, cuyo fin es la revisión y
mejora permanente de las acciones y prácticas de las autoridades fiscales
federales. Su fundamento deviene de la reforma que actualiza el artículo 1 constitucional que en su último párrafo reza:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Este contenido respalda la creación y funciones de un organismo en defensa del contribuyente en un país como México que se distingue por tener una legislación tributaria compleja formada por leyes y reglamentos fiscales complicados y muchas veces confusos, con vigencias cortas que propician frecuentemente situaciones desfavorables para las y los contribuyentes, lo que hacía necesaria la existencia de una instancia del Estado que garantice la protección de los derechos fundamentales de las y los pagadores de impuestos.
La Prodecon se establece como organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.
La Prodecon tiene competencia para conocer de cualquier acto en materia fiscal
federal, ya sea emitido por el SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA o autoridades fiscales coordinadas (entidades federativas y municipios que por convenio sean recaudadoras de impuestos federales).
Las facultades sustantivas que tiene la PRODECON son las siguientes:
• Dar asesoría y atender Consulta legal.
• Ofrecer representación legal y defensa.
• Atender procedimientos de quejas y reclamaciones.
• Investigar y analizar problemas sistémicos.
• Proponer al SAT modificaciones a su normatividad interna.
• Emitir opiniones técnicas a petición del SAT.
• Convocar a reuniones con las autoridades fiscales.
• Proponer modificaciones a las disposiciones fiscales.
De las anteriores facultades se podría pensar que la más relevante o representativa de sus funciones es la de atender procedimientos de quejas y reclamaciones, es decir, actuar como Ombudsman fiscal.
La Prodecon se constituye como abogado defensor de los contribuyentes ante las autoridades fiscales o los Tribunales Federales. En estos casos, hay un monto máximo del crédito fiscal que no debe exceder de treinta veces el salario mínimo en el DF elevado al año (709 mil 122 pesos) para efectos de que proceda a la representación legal en defensa del contribuyente.
En virtud de esas atribuciones, la Prodecon recibe toda clase de quejas por actos de autoridades fiscales federales, para verificar que los mismos no vulneren los derechos de los contribuyentes.
Tiene, además, amplias facultades de investigación; puede requerir informes a cualquier autoridad y nombrar observadores que verifiquen las actuaciones de las autoridades fiscales.
Las quejas o reclamaciones fundadas dan lugar a la emisión de recomendaciones públicas no vinculatorias.
La recomendación pública contiene un señalamiento directo respecto del actuar ilegal o inapropiado de la autoridad fiscal federal y propone las medidas correctivas conducentes.
Esta semana se abrió la delegación estatal en Oaxaca de la Prodecon, la novena en el país, y tendrá como reto representar a las y los pagadores de impuestos que soliciten sus servicios, garantizándoles la defensa de sus derechos ante los actos y disposiciones de autoridades fiscales federales que afecten su esfera jurídica y patrimonial y, sobre todo, a las personas que carecen de recursos económicos que no pueden contratar los servicios de un abogado en la defensa de sus derechos.

domingo, 28 de abril de 2013

Mujeres y política: Recordar a Regina Martínez



Mujeres y política
Recordar a Regina Martínez

Soledad JARQUÍN EDGAR
No conocí personalmente a Regina Martínez, la leí, sí. Ella como otros muchos mexicanos y mexicanas han pagado con su vida el altísimo costo de la intolerancia de quienes advierten que decir la verdad les significa la pérdida de poder político y económico, la exhibición de su cinismo sin par y la molestia de una buena parte de la conciencia mexicana que no está adormecida y que rechaza esa condición (in)humana del ser político. Esas son las (sin) razones por las que se asesina a quien ejerce con profesionalismo la cada vez más peligrosa tarea de informar y de opinar.
Por eso asesinaron a Regina Martínez por ser una buena periodista, dispuesta a decir la verdad, demostrar con hechos el abuso del poder político y económico; periodista incómoda para quienes corrompen al Estado Mexicano y tienen las manos sucias (parafraseando a  Ana Lilia Pérez, otra brillante periodista que ha tenido que exiliarse frente a las amenazas) y la conciencia negra, tanto que esa oscuridad no les permite ver el mal que hacen.
Ser periodista en México, se ha dicho en muchas ocasiones, es sinónimo de peligro para la vida. Se ha dicho tanto que corremos el riesgo de que nos hayamos acostumbrado a oír lo mismo y la indignación sea cada vez menor. Se repiten estos casos de violencia  contra periodistas (violencia de la narcopolítica, como denominó Miguel Ángel Granados Chapa) desde Manuel Buendía hasta Daniel Alejandro Martínez, fotógrafo de Vanguardia cuyo homicidio se cometió esta semana en Saltillo, Coahuila.
Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, acontecimiento lamentable cuya “investigación” consignó a un detenido que fue sentenciado a 38 años de cárcel, las inconsistencias en el proceso hacen pensar en que se trata de un “chivo expiatorio”, como tampoco se creyó en el móvil del  asesinato, que según las autoridades veracruzanas fue un robo. Para otras personas, sus colegas y quienes la conocían el crimen pudo ser cometido como resultado de la información que manejaba.
Regina Martínez fue asesinada en Xalapa la capital de Veracruz, entidad peligrosa para el ejercicio periodístico, como lo es también Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y así hasta recorrer la República Mexicana, pero Veracruz es un caso que se debería reclamar especialmente. Hay demasiada sangre de periodistas en ese territorio, hay despidos injustificados y amenazas en medio de todo, aunque los asesinatos deberían indignarnos, siete han ocurrido en el último año contra trabajadores de la prensa. El tamaño del agravio contra la sociedad no tiene nombre. El problema más grave para las y los mexicanos en general es este sistema de justicia que no da resultados y la inmensa mayoría de esos crímenes, como el feminicidio, como las desapariciones, como el robo de infantes, como la trata de personas, como todos los delitos quedan en la IMPUNIDAD, hay cifras que se acercan entre sí, así tenemos que la macabra contabilidad de periodistas asesinados y asesinadas desde 2007 a la fecha es de 85.
Pero no es sólo la impunidad, hay detrás de cada asesinato el absurdo de las autoridades a minimizar los hechos señalando que no se trata de crímenes relacionados con la tarea de informar y sostienen que estos casos están relacionados con robos o crímenes pasionales como les llaman, y peor aún sostienen que las víctimas tienen relación o vínculos con la llamada delincuencia organizada.
Tal y como sucedió esta semana con el caso del fotógrafo Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, cuyo cuerpo mutilado apareció junto al de un estudiante de nombre Julián Alejandro Zamora García, en Saltillo, donde la “autoridad” no tuvo más remedio que pedir disculpas a la familia ¿de qué sirven?
El objetivo de estas falsas acusaciones no es otra sino “justificar” estos hechos que no tienen calificación alguna, además de mostrar las limitaciones de las instituciones para realizar científicamente las investigaciones. Al final, en México la delincuencia (institucional o no) está respaldada ampliamente por las Procuradurías de la Impunidad en que se han convertido las Procuradurías de Justicia de cada estado.
Oaxaca no es la excepción. Recién la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. (CDP) envío una carta al gobernador Gabino Cué y Arturo Peimbert, presidente de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, en la cual manifestaron su preocupación “sobre el ambiente negativo para el ejercicio del periodismo y la Libertad de Expresión, que está creciendo en el estado de Oaxaca, más recientemente concentrado en localidades del Istmo de Tehuantepec. Tenemos datos y documentos indicativos de que se están cometiendo actos de gobierno, injustos y arbitrarios, que estimulan un clima de miedo y fomentan la vulnerabilidad de comunicadores de radios comunitarias y periodistas, agravados con amenazas y acoso”.
La carta firmada por Judith Calderón Gómez, presidenta de la CDP, y por Rogelio Hernández López, Coordinador de Protección y Consejero del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, enumera una serie de ataques registrados contra periodistas en Oaxaca: Carlos Sánchez López, director de la Radio Comunitaria “Radio Totopo”; David Henestrosa Carrasco, colaborador de Radio TNT de Juchitán y Director del Informativo Generando Opinión; Filiberto Vicente de Radio Xadani; Karina Martínez e Ignacio Garrido, además de María Elena Ramírez, editora de las Voces del Pueblo; Said Hernández, de la revista “Tucán”; Antonio Francisco Rodríguez, de ORP Comunicaciones; Fernando Palacio Cházares y David Cilia Olmos, así como los ataques Radio Totopo.
Todos ellos han sido agredidos. Uno fue apuñalado y salvó milagrosamente la vida, otros han sido amenazados de muerte y uno más fue despedido. Así que mientras Veracruz es la entidad más peligrosa para el ejercicio periodístico, todo hace pensar que en Oaxaca la región más peligrosa es el Istmo, donde habría que agregar las agresiones a Martha Izquierdo, conductora de Orientación Matutina y colaboradora de BBM; así José Luis López del Sol del Istmo y Canal 10 de Cable; Rusbell Rasgado corresponsal de El Imparcial y Televisa, y Pepe Nieto del diario El Sur,  a quienes con lujo de violencia este viernes les arrebataron su material fotográfico y grabaciones cuando cubrirán un hecho en Nizanda, además de que fueron advertidos de muerte si se publicaba algo.
Este domingo, en varias entidades del país se recordará a la periodista Regina Martínez a un año de su asesinato y con ello habrá que resonar lo peligroso que es ejercer esta tarea, sobre todo cuando las advertencias por los excesos en que incurren desde gobiernos de todos los niveles hasta caciques, ejidatarios, comuneros, empresas y trabajadores de esas empresas molestos por lo que se publica en los medios de comunicación. No se trata de exigir privilegios sino condiciones de seguridad.
Como en el caso del feminicidio, tenemos que vernos en el espejo de Ciudad Juárez, Chihuahua, en las agresiones contra periodistas, hay que mirarnos qué es lo que refleja Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y tantas otras entidades donde periodistas han sido asesinados y asesinadas por incómodas, por molestas, porque sacan de quicio a quienes ostentan el poder político y económico.
Observarnos antes de que sea demasiado tarde y eso solo se puede lograr castigando a los verdaderos culpables, lo cual requiere trabajo real, eficiente, verdadero de parte de la hasta ahora Procuraduría de la Impunidad bajo el mando de Jesús López, no ha podido; requiere atención del nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, de quien por cierto un amplio sector que lo conoce espera mucho, y claro tendría que tener la atención del titular del Ejecutivo, pero eso es mucho pedir.

Alerta de género…feminicidio

Este viernes trascendió que finalmente Arturo Peimbert Calvo, titular de la DDHPO,
solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare alerta de violencia de género contra mujeres en Oaxaca, basado –dice el oficio- en notas periodísticas de las que se advierten diversos casos que pudieran considerarse como feminicidios, y que aún no han sido resueltos” (por las autoridades correspondientes).
Y como todo requiere tiempo, la DDHPO actuó nueve días después de que la LXI Legislatura del estado (17 de abril pasado) exhortara a este organismo “que de manera urgente solicite a la Secretaría de Gobernación federal la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracción III y 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Por tal situación y en atención al Punto de Acuerdo número 548 de fecha 17 de abril de 2013 aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, en el que se exhorta al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que de manera urgente solicite a la Secretaría de Gobernación federal la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracción III y 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así entonces, finalmente, Peimbert ya solicitó a la Secretaría de Gobernación se declare la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Ahora la “bolita” está en la otra cancha y se espera una respuesta, mientras tanto esta semana apareció la víctima número 199 de las mujeres asesinadas en Oaxaca en el periodo del actual gobierno. Ojalá que la alerta de género no llegue después de las 200 o 300.

@jarquinedgar
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