lunes, 24 de enero de 2011

Mujeres y política Contradicciones, caprichos y ocurrencias

Soledad JARQUIN EDGAR

Esta semana al realizar un foro sobre lenguaje no sexista, el gobernador Gabino Cué señaló que una de sus prioridades será reducir y de ser posible erradicar la muerte materna en Oaxaca, incluso apuntó que ese propósito debe ser una realidad desde este 2011.

Oaxaca, junto con entidades como Chiapas y Guerrero, ha ocupado uno de los tres primeros lugares de mortalidad materna desde hace varias décadas. Es más, el promedio anual se mantuvo año tras año y no hubo política pública capaz de contrarrestar la grave muerte materna.

Hay otros padecimientos como el cáncer cérvico uterino, como consecuencia de algunos tipos de virus del papiloma humano, y el cáncer de mama que cobran la vida de cientos de mujeres cada año. En el cáncer de cérvix, Oaxaca –como en al muerte materna- ha ocupado por años deshonrosos primeros lugares. En ambos casos, el problema no es sólo médico, tiene un fuerte componente social, al priorizar y dar un mayor valor a la vida de los varones y dejar fuera de todo a las mujeres, incluyendo su salud. Aunado a esto, las mujeres no dueñas de sus cuerpos están sujetas a lo que diga el marido, la suegra, su padre o su madre, sobre su atención médica. Difícilmente acuden a la consulta prenatal, porque se considera que tener hijos es un asunto “natural” y que si se mueren es cosa de Dios. Peor aún, en pleno siglo XXI sigue prohibido acudir a la revisión ginecológica para la toma del Papanicolaou.

A esta situación habría que agregar la muy frecuente violación a los derechos humanos en la que todavía incurre algún personal médico, que las regañan porque tienen muchos hijos, porque no se cuidan, porque no se asean, porque tienen los pies sucios…

Sí, es de reconocer que el problema de la muerte materna y el cáncer cérvico uterino tiene fundadas raíces en la construcción social desigual, en esa “extraña” circunstancia que hace a las mujeres dar la vida por el resto de la humanidad.

Sin embargo, en todo esto el Estado no deja de tener responsabilidad partiendo sólo del principio constitucional del Derecho a la Salud y el grave problema radica en que tanto la muerte materna como el cáncer cérvico uterino podrían evitarse, pero no es así.

Por eso resulta interesante la declaración que el pasado miércoles hizo Gabino Cué, es muy tentadora la frase –otras veces repetida, insisto- de erradicar esos lastres sociales, lo que claramente se contradice con lo que ese mismo día dijo el titular de Salud en Oaxaca, Germán Tenorio, al señalar en declaraciones periodísticas que no habrá Hospital de la Mujer y que esta obra iniciada en la administración pública anterior y que está por concluirse, será convertida en un Hospital General.

Así, como un mago experto en desaparecer al conejo, Germán Tenorio echa por tierra una vieja demanda de las ciudadanas oaxaqueñas, un largo y esperado anhelo de las mujeres organizadas que finalmente habrían sido escuchadas considerando la problemática en salud.

Las oaxaqueñas constituyen más de la mitad de la población. En Oaxaca, como señalaba antes, las mujeres fallecen por enfermedades prevenibles y, peor aún, la pobreza es tal en la gran mayoría de la población que muchas carecen de recursos para recibir atención especializada. A menos qué, como sigue pasando en muchos casos, tuvieran que deshacerse de su patrimonio o endeudarse de por vida en las voraces cajas populares para ser atendidas en hospitales, clínicas o sanatorios particulares para recibir atención médica. Caso curioso, el Secretario de Salud es dueño de una clínica de salud de ese tipo. ¿Resulta explicable o inexplicable? usted saque sus propias conclusiones. Lo cierto, es que el hospital de la mujer, que dice Germán Tenorio que ya no existirá, sería un espacio de atención digno y especializado, ese era el objetivo, donde las mujeres podrían ser atendidas y con ello contribuir a reducir esos lamentables lastres, repito, que padece Oaxaca, especialmente en aquellos casos donde la medicina pública es la única alternativa para salvar la vida, que reitero sería en la mayoría de los casos.

Fue –si no mal recuerdo- en 2009 cuando la construcción de un hospital para la mujer se planteó en la Cámara de Diputados, esa vez la solicitud de las mujeres fue puesta ante el entonces secretario de Salud, Martín Vásquez, por la que era diputada Perla Woolrich, presidenta de la Comisión de Equidad y Género. Sensibilidad –habría que reconocer- en la representante popular y en el funcionario público se concretaron para llevar a cabo ese proyecto que respondió y en menos de tres meses ya se había iniciado la obra.

Incluso, en alguna ocasión se hizo una supervisión, al acto acudieron varios cientos de mujeres, ahí mismo se conoció que el hospital tendría un área para el “parto humanizado”, otra vieja demanda de las organizaciones de mujeres que durante más de 15 años han trabajado por una maternidad sin riesgos en Oaxaca.

Por eso es lamentable que ahora, por ocurrencia personal del Secretario de Salud, se termine con el viejo anhelo de las oaxaqueñas bajo el pretexto de que será hospital general para reducir la excesiva carga de trabajo que enfrenta el “Dr. Aurelio Valdivieso”, que curiosamente tiene en la atención gineco-obstétrica el mayor volumen de atención, por no decir que la mayor parte de las atenciones se enfocan a ese rubro ¿se lo habrán dicho a Tenorio? Lo que no se si sepa el funcionario es que el destino de las obras públicas no se cambia por ocurrencias o decisiones personales, un presupuesto y ese presupuesto debe tener, sin duda, algún sustento legal.

No tengo la menor idea si el gobernador Gabino Cué permitirá que en Oaxaca se cambien los planes, sólo por llevar la contraria a la anterior administración, lo que sería un acto revanchista y hasta podría decir misógino. No sé tampoco qué dirán los colectivos de mujeres sobre el tema y también sería bueno que la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López, quien recibió otro espaldarazo de las organizaciones de mujeres esta semana, planteara su posición sobre la declaración del responsable de la salud de la población oaxaqueña, cuya idea parece, sin duda, contradecir a su jefecito, es decir, el gober Cué.

A RESERVA Una nueva justicia penal, indicio de voluntad democrática

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Los principios del derecho penal surgen de un largo proceso de gestación durante muchos siglos en que la humanidad ha luchado contra la barbarie, el abuso de la fuerza y el poder, el derramamiento de sangre en la búsqueda de formas civilizadas de convivencia, que consolidaron el derecho penal moderno, patrimonio común de la humanidad.

En México, tales principios considerados limites a la actividad punitiva (relativa a imponer castigo a conductas que el Estado considera inadecuadas y lesivas para la sociedad) fueron incorporados en la carta magna por el constituyente de 1917, dándole el estatus de Estado democrático a nuestro país, por lo que se incorporan a nuestro derecho los Convenios y Pactos de Derechos Humanos suscritos.

Sin embargo, la riqueza de valores en un orden jurídico, no depende sólo de sus principios constitucionales sino también de la actividad de las instancias que los aplican, de muchos integrantes del poder político y económico que se niegan a democratizar realmente el sistema penal.

En nuestro país se violan sistemáticamente los derechos humanos, sobre todo en el campo del derecho penal, y con las evidentes desigualdades y desequilibrios sociales, es obligación de los estudiosos y practicantes del derecho penal difundir los postulados garantistas de los derechos de las mujeres y hombres frente a las acciones de los gobiernos.

El derecho penal implica la legitimidad de la violencia del Estado hacia quienes cometen un delito, que debe prevenirse y si se comete se tiene la posibilidad institucional de castigar, pero debe hacerse todo lo posible por que la ley imponga limites y controles a la actividad del gobierno en el uso de la violencia y la potestad discrecional de criterios subjetivos para imponer castigos (potestad punitiva).

El derecho penal no debe ser un instrumento político de los gobiernos para ejercer violencia a quien piensa diferente, ni instrumento punitivo de venganzas o simplemente el mecanismo de la más perversa demostración de poder tirano.

En ese sentido, sólo asegura el ejercicio mínimo de fuerza y garantista de los derechos humanos el cumplimiento irrestricto de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone: “1. Derecho a la integridad física, psíquica y moral 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

En junio de 2008 entró en vigor en nuestro país una reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual transformó prácticamente todos los aspectos de la justicia penal en México. A partir de ese momento, comenzó a correr el plazo establecido para que, obligatoriamente, tanto las autoridades estatales como las federales, instrumenten los nuevos preceptos constitucionales.

Es decir, cada Estado de la República Mexicana debe adecuar su constitución local así como los códigos penal y de procedimiento penal de las entidades federativas.

Lo complejo de estas modificaciones que deben realizarse desde las legislaturas de los Estados, tienen serias resistencias fundamentalmente en la falta de voluntad política, que se complica seguramente con el poco interés de los juristas que han dado pasos mayores hacia la política dejando de lado la cientificidad jurídica.

El gobierno federal ha implementado programas de apoyo legal y económico a los Estados que encaminen esfuerzos para armonizar las nuevas leyes y reformas federales con las estatales, logrando avances importantes en más del 70 por ciento de las entidades de la República.

Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz no presentaron proyectos en 2010 para recibir subsidio federal, por lo que no recibieron un peso en este rubro.

El proyecto de “La Modernización de la Justicia Penal en México” fue presentado originalmente en la LIX Legislatura 2003-2006 por el diputado federal del PRD, Dr. Miguelángel García Domínguez jurista destacado, maestro honorario de la UNAM, ex procurador General de Justicia de Guanajuato, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, Ministro Jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su proyecto, en principio, refiere que el desprestigio de la institución de justicia penal por los altos niveles de ineptitud y corrupción en la policía de investigación y en el Ministerio Público es tal, que debe cambiarse hasta el nombre de los órganos de procuración de justicia penal, así como su estructura orgánica, operativa y programática, con el fin de optimizar su funcionamiento y coadyuvar a recuperar la confianza de la sociedad. Para tal efecto, debe crearse el servicio civil de carrera.

De forma íntegra fue retomada por el Senado de la República y es la base fundamental de la reforma integral de la Nueva Justicia Penal en México que en síntesis concluye:

1. Crear nuevos órganos de procuración de justicia penal que sustituyan a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de cada entidad federativa.

2. Estas instituciones serán organismos constitucionales con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con una estructura y una forma de designación similares a las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para garantizar que no habrá interferencias en el cumplimiento de su función, esto es, que el Poder Ejecutivo no le impida ejercer su cometido respecto de determinadas personas o casos y no le ordene que se utilice el poder persecutorio con fines desviados o abusivos. En el caso del fiscal general de las entidades federativas, el nombramiento lo hará el Congreso del Estado.

3. Se modifica la estructura orgánica del órgano acusador que solamente conservará a la policía científica, o “Servicios Periciales”. La llamada AFI o policía ministerial debe pasar a formar parte de lo que ahora se denomina Secretaría de Seguridad Pública, porque un órgano constitucional autónomo no debe tener mando de fuerza.

4. A fin de combatir el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción y la impunidad, el órgano de procuración de justicia al recibir una querella o denuncia estará obligado a hacer el análisis, diagnóstico y prognosis de cada caso. Para este efecto, también se creará el servicio civil de carrera para los fiscales, que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

5. Desaparecerá el monopolio del ejercicio de la acción penal del ámbito de facultades de los órganos de procuración de justicia penal, para lograr que en el caso de delitos patrimoniales que se siguen por querella, sea el propio ofendido quien ejercite la acción penal directamente ante el juez, supuesto en el que el proceso podrá concluir por convenio judicial.

6. Los órganos de procuración de justicia penal, quedan impedidos para desahogar pruebas ante sí, por lo que en adelante sólo estarán facultados para ofrecer y desahogar pruebas ante la autoridad judicial; igualmente, se eliminan las demás facultades jurisdiccionales que indebidamente se habían ido asignando al Ministerio Público, como las de conceder al imputado libertad bajo caución y nombrarle defensor de oficio.

Lo anterior, engarza con otra iniciativa de reforma constitucional que determina que el proceso penal inquisitorio se transforme en acusatorio.

La nueva justicia prevé garantizar que los conflictos se resuelvan de manera expedita –excepto delitos graves o delincuencia organizada- a través de la conciliación, mediación, arbitraje, negociación y la suspensión provisional del proceso. Se trata de un esquema acusatorio fundamentado en la presunción de inocencia y en la oralidad del desahogo de procesos, que deja atrás el tradicional inquisitorio.

Sin duda alguna la reforma es correcta, al decir de excelsos juristas, digna de un país de primer mundo y garantista de los derechos de las personas, también expresan sus dudas en cuanto su aplicación por el requerimiento de una policía verdaderamente científica y la actual corrupción e impunidad, en que se desenvuelven las actuales instancias de la estructura penal.

¿Es un problema cultural? Sí, como también lo es el enjuiciamiento desde los medios de comunicación, que pueden crear delincuentes o eximir de culpas, hacer de victimas culpables y de victimarios virtuosos, por supuesto dependiendo de sus intereses…deplorable situación extrema de complicidades e intromisión de intereses privados al espacio público.

En otros países se logró, ya funciona, se trata de voluntad, de legalidad, de avanzar en un verdadero estado de derecho, transformando en pocos años la cultura de impunidad a la cultura de la legalidad, interviniendo los propios medios masivos de comunicación, asumiendo su rol social de informar y no enjuiciar a criterio de sus empresas e intereses.

La violencia como única forma de gobernar, viola nuestros derechos humanos, se naturaliza la muerte y vamos desapareciendo de a poco frente a quien gobierna lejos de su pueblo despóticamente y decide nuestra vida y nuestra muerte.

¿Oaxaca seguirá rezagándose en los procesos democráticos? ¿Estará al tanto el nuevo gobierno? estas reformas urgen, frenan la impunidad y el abuso… ¿Cuándo?

miércoles, 19 de enero de 2011

Palabra de Antígona La espeluznante realidad

Por Sara Lovera

La violencia en México se ha disparado. El investigador Fernando Escalante Monsalbo publicó en el último número de la revista Nexos un estudio basado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que muestra un aumento en los homicidios en el país hasta de un 50 por ciento, respecto de lo que él mismo publicó un año antes, cuando sostuvo que habían disminuido los homicidios sistemáticamente.

Reconoce que entre 2008 y 2009, en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón se rompió la tendencia de manera violentísima y dice, sin acabar de reconocerlo, que ello tiene relación con la forma como se ha enfrentado al crimen organizado y ligado a la declaración de guerra. Y si no está relacionado el crecimiento de los homicidios con la guerra ¿entonces? La conclusión es sencilla, en esas cifras están escondidos el feminicidio y la violencia contra las mujeres, que entre 2009 y junio de 2010 cobraron la vida de mil 728 mujeres.

¿Por qué tomo a Escalante como referencia? Porque su estudio publicado hace más de un año causó, frente a los hechos y las cifras, un verdadero escándalo, porque sólo le creyó Héctor Aguilar Camín, que está prendido de la idea de que seguimos en la transición democrática y ahora Felipe Calderón no sabe qué hacer frente a las elecciones del Estado de México, el próximo 6 de julio, donde se dará la batalla más importante hacia 2012.

Lo cierto es que la noticia de la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mueres (SNPASEVM) para establecer la alerta de género en el Estado de México, ha mostrado como nunca el límite de la norma legal frente a la realidad interesada en no mirar lo que está pasando en esa región del país, que por no ser la única, es una zona donde la muerte tiene permiso y todo mundo quiere ocultarlo, para quedar bien con Enrique Peña Nieto, el elegido del antiguo partido de Estado.

En la tierra de Peña Nieto no pasa nada. Es como puede interpretarse a las 20 funcionarias priistas que dirigen Institutos de las Mujeres que coincidieron en que no era necesaria la declaratoria de Alerta contra la violencia de género en tierra mexiquense.

Claro, se trata de funcionarias adheridas directa e indirectamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), mujeres que han logrado, a veces como parte de un gabinete, conseguir el ansiado sitio donde se toman decisiones, ese que denodadamente muchas desean.

En el Estado de México no existe un Instituto de las Mujeres y actualmente se concentran algunas ex militantes feministas que están asesorando el programa electoral del próximo candidato o candidata a la gubernatura.

Ahí, donde en dos años han sido documentados los asesinatos de 446 mujeres, donde existen al menos seis municipios de verdadera peligrosidad, el mismo lugar donde los índices de delincuencia se han disparado y hay más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplirse, relacionadas con ejecuciones, secuestros, homicidios, lesiones, robos con violencia y violación a mujeres. Sí, es el Estado de México donde –dijeron- no es necesaria la declaratoria de alerta de género.

El pasado 8 de diciembre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron ante el SNPASEVM, una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México, mecanismo creado a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad.

La respuesta fue sorprendente. El 11 de enero el Sistema Nacional decidió de manera infundada, en sesión extraordinaria, negar la procedencia de dicha solicitud. Dijeron que no ¿por qué no? No se sabe quién se come a quién, porque mientras tanto también en los pasillos calderonistas se oculta cómo crecieron los feminicidios en el país y se buscan justificaciones biologistas o neurolingüísticas para explicar la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres.

Lo más grave, dicen los pronunciamientos que han menudeado ante la inexplicable decisión, es que se anuló la posibilidad de sentar un precedente para operar un mecanismo de ley, encaminado a proteger a las mexicanas de la violencia feminicida y todos los estudios niegan los diagnósticos que colocan al Estado de México, como uno donde la discriminación femenina y la falta de valoración de las mujeres ha provocado que el feminicidio crezca y mutile miles de vidas y deje huérfanos a miles de niños y niñas, mientras el gobierno actual no ha resuelto la impunidad que lo rodea.

Las mujeres organizadas por ahora protestan y denuncian: la determinación tomada fue contraria a los estándares internacionales de protección a una vida libre de violencia, fortalece el patrón de impunidad y de discriminación y hace ver que en México puede haber leyes, pero mientras no haya cambio de conciencias y verdaderos compromisos, no podemos consentir a las autoridades, como se les justifica y consciente cuando únicamente cumplen con su deber, si es el caso.

¿Qué se buscaba con la Alerta? Se buscaba iniciar una investigación, apresar a los delincuentes, tomar medidas precautorias en los lugares peligrosos y salvar vidas. No sólo intentar detener la violencia contra las mujeres y sus asesinatos, sino hacer operar la seguridad, tan llevada y traída en los vacíos discursos.

Se trataba de revisar los 546 asesinatos, tener acceso a los expedientes, pedir rendición de cuentas, como cuando se solicitó en Chihuahua desde 1993. Se desoyó esa solicitud y el resultado fue fatal, la impericia y el desprecio son inenarrables.

Las frases incluso tecnocráticas: “modificar el patrón de impunidad”, tampoco fueron oídas. Lo cierto es que ahora esta decisión pone en evidencia el límite de las mujeres que consiguen esos puestos, han preferido proteger a su probable candidato que ejercer lo que muchas funcionarias de los Institutos de las Mujeres pregonan. Ellas no sólo encubren y manipulan, sino que forman parte de la simulación generalizada.

Es verdad que no tienen herramientas ni dinero, tienen limitación en sus intervenciones, algunas argumentan: “somos tan pocas” y “no nos hacen caso”, bueno entonces, como diría en su célebre frase el empresario Alejandro Martí: “sí no pueden que renuncien”.

Lo espeluznante es lo que pasa y lo que sabemos. De todas las víctimas la autoridad dice que en 99 casos no están identificadas. Recuerdo entonces a los y las funcionarias de Chihuahua por el feminicidio de Ciudad Juárez y las mil y una clasificaciones, si son o no feminicidios, si eran por razones de género, si en realidad son asesinos en serie y mientras tanto continúa esta barbarie.

Es grave que ante las grandes deficiencias del sistema de justicia, uno de los pocos mecanismos de protección ideal con los que cuentan las mujeres y la sociedad civil estén en manos de los intereses políticos y de autoridades que se encuentran en el poder. Este será uno de los arietes en la discusión política electoral, sin duda. Hace falta mayor presión.

En estos días habrá solidaridad con las mexicanas en muchas partes del mundo, se insiste en nuevos mecanismos legales como la modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia para que se incluya la participación ciudadana y académica en el Sistema Nacional con el objeto de que se garantice un mecanismo imparcial y efectivo.

También se pide la modificación del Reglamento de la Ley para eliminar los requisitos que van más allá de los establecidos por la Ley General y se exige que los Institutos de las Mujeres estén dirigidos por mujeres comprometidas con los derechos de las propias mujeres y no con los intereses políticos.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado la gravedad del problema en el Estado de México; los diagnósticos que la Secretaría de Gobernación tiene engavetados y despreciados, pudieran ser el comienzo de una solución global, siempre y cuando se pidan cuentas. Es curioso cómo se manipula la información en las televisoras que se benefician de estos ocultamientos y cómo se desvía la atención de los problemas de fondo. Mientras tanto veremos este año, en tierra mexiquense, la danza de los discursos y un constante enfrentamiento.

saralovera@yahoo.com.mx

martes, 18 de enero de 2011

No más sangre


Soledad Jarquin Edgar en Mujeres y política

Es tiempo de indignación, vaya capacidad la nuestra para no dejar de asombrarnos, para no dejar de lamentar nuestra realidad violenta. Indignación por los asesinatos y la violencia que se comete contra las mujeres, y peor aún, indignación que provoca la verborrea de la clase política que es capaz de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Las mexicanas soñamos con un país distinto al que tenemos, queríamos un país de oportunidades, de libertad… pero el sueño se esfuma. Ser mujer en México significa vivir en riesgo permanente desde que nacemos. Se ejerce violencia por sumisas o insumisas, no hay forma de escapar de ella, no hay manera de evitar que a lo largo de la vida de una mujer alguien le grite, insulte, golpeé, violente sexualmente, lastime, arrebate, prohíba, impida, obstaculice, reprima o asesine.

El sueño de libertad, el anhelo a una vida sin violencia para las mujeres se esfuma, frente a la impunidad que permiten los gobiernos emanados del PRI, del PAN, del PRD o de cualquier otra sigla política y que Felipe Calderón “El Valiente” ignora porque sigue empecinado en regar el país entero con sangre a pesar del clamor de la ciudadanía de NO + SANGRE. Todos son iguales: las mujeres “importan”, en tanto, puedan ser herramienta de descalificación en un proceso electoral, pero cuando eso no sucede, cuando no está de por medio el poder político, la violencia sexista no figura en las agendas de los “indignados políticos”.

Vayamos a los hechos, lamentables hechos que hablan de cómo se desvanece el sueño: en Chihuahua dos activistas han sido asesinadas en menos de un mes -Marisela Escobedo y Susana Chávez-. Chihuahua donde el feminicidio ha cobrado cientos de víctimas, sus familias no se ven ni se escuchan; en Colima una serie de violaciones sexuales han sido cometidas por cuatro encapuchados en los últimos días; en Oaxaca tres funcionarios del gabinete tienen antecedentes de violencia contra sus parejas o ex parejas; en el Estado de México más de 900 mujeres asesinadas en cinco años; en Guerrero la violencia institucional se refleja en la muerte materna donde persisten las más altas del país; en Tamaulipas un funcionario prohíbe el uso de minifaldas a las trabajadoras; en Guanajuato, el gobierno persigue a mujeres por abortar y en 17 entidades se reconoce el derecho y protección a la vida desde el momento de la concepción, criminalizándose la suspensión del embarazo; en Querétaro, la prensa local se permite encabezados como el de “Vampiresas contra policías”, cuando se refiere a trabajadoras sexuales; en Quintana Roo hay una nula actividad procesal contra los asesinos de mujeres originada por la ineficiencia, corrupción e impunidad…

Estos son los botones de muestra, son entidades gobernadas por las tres principales fuerzas políticas en México; en los tres casos sus actores políticos ven la paja en el ojo ajeno y no sienten la viga que traen en el propio.

El feminicidio en Chihuahua no tiene límite alguno, la victima de esta semana fue Susana Chávez, poeta y activista, a quien se le atribuye la frase “Ni una muerta más”, utilizada en las campañas de denuncia por los imparables crímenes que se cometen contra mujeres en esa entidad.

El territorio de la impunidad –gobernado en alternancia por panistas y priistas- donde apenas en diciembre pasado fue asesinada Marisela Escobedo, cuando protestaba a unos pasos de las puertas del palacio de gobierno. México y el mundo vieron los hechos. Pudimos imaginar a Marisela Escobedo reconociendo a su agresor, porque de otra manera ella no habría corrido pretendiendo salvarse. México y el mundo observó, a través de la televisión, como el asesino le disparó en la cabeza. México y el mundo fueron testigos de su asesinato y la vimos caer sobre la banqueta, inerte. Solo así podía estar quieta, pensaron sus asesinos.

Me pregunto si el señor Felipe Calderón vio lo mismo que el resto del país observó a través de la televisión. Chihuahua, la tierra de la impunidad, donde la jueza Catalina Ochoa decidió liberar al asesino de Rubí Marysol Frayre, hija de Maricela Escobedo. La segunda víctima de una misma familia, que no es la familia de Felipe Calderón “El valiente”, ni del señor César Duarte “El ingenuo”. Como tampoco nada tienen que ver con Susana Chávez, a quien sus asesinos le mutilaron una mano, para que dejara de escribir poemas y para que nunca más pudiera escribir “Ni una muerta más”. Su asesinato tampoco es motivo de dolor para el señor Calderón, para Duarte ni para nadie de quienes conforman los gobiernos en la entidad fronteriza.

En Colima, hay consternación entre las mujeres. Al menos 11 fueron violadas en 20 días por cuatro hombres encapuchados ¿de qué se trata? La respuesta de la autoridad que encabeza el gobernador Mario Anguiano, del PRI, es lenta y las organizaciones de mujeres tienen que exigir, demandar, que las víctimas sean atendidas conforme a la norma oficial mexicana 046 y que por otro lado esta violencia no quede impune. La clave está en las leyes. La violencia sexual es un acto en el que algunos hombres suponen la sumisión total de las mujeres, la reducción de ellas a objetos.

Como en Chihuahua y Colima no hay botín electoral que perseguir, los políticos guardan ese sospechoso silencio frente a la violencia sexual cometida contra esas 11 mujeres y frente a los arteros y cobardes crímenes cometidos contra Rubí, Marisela y Susana, tres de varios cientos de víctimas del feminicidio y a pesar de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez al gobierno mexicano, parece no importar a la clase política.

En cambio en el Estado de México, donde el rechazo de la alerta de género por los casi mil asesinatos cometidos contra mujeres en sólo cinco años, ha causado toda clase de indignaciones por parte del responsable de la política interior Francisco Blake Mora “El Feo” y por legisladores y gobernantes del PRD y PAN.

Como es usual entre muchos políticos se revuelve la gimnasia con la magnesia. En Chihuahua, son tres lustros de ignominia, de oprobio y vergüenza por parte de los gobiernos de la alternancia y no ha habido manifestaciones de indignación por parte de los secretarios de Gobernación (PRI-PAN) o del propio PRD que ahora consideran lamentable y vergonzoso el blindaje hecho por los gobiernos priistas para impedir que se investigue el feminicidio en Edomex.

Pero no se trata de ver la paja en el ojo ajeno. Se trata del derecho de las mujeres a vivir sin violencia. No se trata de hacer “bolita” para ir en contra de un gobierno, como lo hacen ahora el PAN-PRD contra el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Se olvidan los políticos que su obligación es gobernar y mantener el Estado de Derecho, es decir, de cumplir y hacer cumplir las leyes y garantizar la vida –derecho fundamental-.

Es imperativo no permitir que los funcionarios, legisladores o gobernantes –todos varones- utilicen a las mujeres para sus fines políticos, menos aún que utilicen el feminicidio, el dolor de las familias de las víctimas, como premisa de campañas políticas.

Nadie niega la suma de equívocos en el gobierno mexiquense, que ahora pretende justificar la violencia contra las mujeres señalando que son ellas las que se arriesgan, las que se ponen en peligro por sus relaciones personales, por su condición social, por la pobreza en la que viven…Sin duda tiene razón Calderón cuando afirma con una amplia sonrisa en la boca que el dinero no da la felicidad y menos cuando es poco.

La supina ignorancia aflora en aquella entidad. ¿Acaso estas mujeres -922 asesinadas entre 2005 y 2010- no fueron violentadas desde que el gobierno no garantiza sus derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad? ¿Acaso ellas, forzadas por esa circunstancia de marginación, abandono y abuso permanente, tuvieron ninguna otra opción?

¿Sabrán que a mayor educación de las mujeres, se prevé menor violencia, más ingresos, mejores condiciones de vida para ellas, sus familias y la comunidad? No, por supuesto que no lo saben ni en Edomex ni en Chihuahua. Para ambas entidades es mejor la “mano de obra calificada” de las mujeres en la producción de fábricas y maquiladoras, así el señor Calderón dirá que el empleo creció en México, aunque el sueldo sea miserable y ellas, las mujeres víctimas del feminicidio, sean ahora víctimas de la verborrea política cuando se dice que ellas son las que se ponen en riesgo.

"Se involucran sentimentalmente con parejas a las que conocen poco; se involucran con varias parejas a la vez; forman parte de bandas de jóvenes; forman parte de grupos delictivos o sostienen relaciones con miembros de los mismos". Solo falta que digan que las niñas, por ser niñas, seducen a los pedófilos y, por tanto, son las únicas responsables y no sus violadores.

En Oaxaca -retomando la denuncia del columnista Felipe Sánchez- el gobierno de la alternancia, el de la derechaizquierda, nombró a tres funcionarios de primer nivel en su gabinete que cuentan con sendas denuncias por violencia contra sus parejas o ex parejas: Germán Tenorio, secretario de Salud; Rufino Domínguez, en el Instituto de Apoyo a Migrantes, y Rogelio Rodríguez en el Instituto Estatal de Educación para Adultos.

Gabino Cué “El Bueno” desoyó la solicitud de las integrantes del Colectivo Huaxyacac, que pidieron y advirtieron que no permitirían funcionarios con este tipo de antecedentes. ¡Bien! ¡Muy bien! Pero, no, la historia se repite sexenio tras sexenio y de esa forma los gobernantes en turno (del partido político que sean) confirman que lo que menos les importa es la vida de las mujeres. El problema con Cué es que prometió cambios, pero resultó igual que los otros.

Todo esto sucede en el país, desde el norte hasta el sur, bajo la mirada y el silencio cómplice de las instituciones creadas para las mujeres y lo peor aún, como plantea Felipe Sánchez, que las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres guardan silencio como si les hubieran llegado al precio, como dice el autor de la columna Escaparate Político.

A juicio político debemos llevar las mexicanas a varios gobernadores y ex gobernadores y nos harán caso cuando las mujeres pasemos de “botín de guerra” a “botín electoral”, pero de fondo nada.

No + sangre. No + feminicidios. No + violencia contra las mujeres.