Soledad JARQUIN EDGAR
Se acabó el 2011 y a las mujeres nos quedaron a deber. El sistema patriarcal en que vivimos no sólo arrebató los derechos de las mujeres sino que no pretende devolverlos y, peor aún, no piensa pagar lo que alguna vez, por designio social, le quitaron a quienes hoy componen la mitad de la población.
A estas alturas del siglo XXI, el que sería el siglo de las mujeres, los partidos políticos son un bastión masculino y ellas continúan buscando una rendija para gozar de un derecho constitucionalmente otorgado hace más de 50 años, ser electas y no sólo votar. La prueba fundamental de esta desigualdad son los porcentajes de mujeres en las cámaras de diputados, tanto federal como estatales y de senadores, y ya no se diga en los gobiernos.
Casi por la fuerza, se han generado las llamadas acciones afirmativas como las cuotas de género que buscan reducir esa brecha de desigualdad, pero de la mano vino la simulación colocando a las mujeres en las suplencias, o en otros casos, su relevo o sustitución a través de sus suplentes varones; ellas ganaban la elección, ellos ocupaban las curules.
Esto ya no va a pasar, para frenar a la misoginia política ha sido necesaria una reforma al Cofipe, luego de la resolución del Tribunal Electoral –a solicitud de mujeres de algunos partidos políticos- que validó el Congreso federal al aprobar el 15 de diciembre pasado las reformas que establecen candidaturas con suplencia del mismo sexo de quien es el propietario o propietaria en las fórmulas en busca de una diputación o senaduría. Se trata de evitar lo que yo llamaría efecto capullo-mariposa, para no llamar a ese hecho vergonzoso de la forma despectiva en que se conoce ahora. Lo malo es que también ya se vislumbran otras maneras de hacer trampa, utilizadas anteriormente, como ubicarlas en aquellos distritos donde tradicionalmente pierdan sus partidos o irán a la “cola” de las listas.
Si lo vemos con claridad, tendremos que decir que se avanzó un pasito que se tendrá que dar el próximo año electoral. También hay que decir que en 2011 quedó pendiente la paridad con la propuesta del 50-50 en candidaturas para varones y mujeres y seguirá la del 60-40, que de forma mañosa sigue aplicando en menor cantidad para las mujeres, cosa que no se establece así en los reglamentos respectivos, pero ellos, los hombres de los partidos políticos con la complacencia de los institutos electorales, lo permiten, al solapar y conjurar contra la paridad y el avance de las mujeres.
Esta falta de igualdad, dice la ex diputada federal, Norma Reyes Terán, se terminaría si la acción positiva de los sesenta, aquella que concluyó con la hegemonía priista en los Congresos, sugerida al presidente mexicano Adolfo López Mateos por el estadounidense John F. Kennedy, es decir, las diputaciones plurinominales. En los años sesenta, esta fue una acción afirmativa que permitió a los otros partidos, los distintos al PRI, que pudieran tener una representación y hacer equilibrio, más de 40 años después podemos ver que hubo un cambio. Entonces si se puede, comenta Reyes Terán, quien plantea que ahora esta acción afirmativa debería aplicarse a las mujeres: 100 por ciento de las diputaciones plurinominales a las mujeres, sin embargo, las resistencias persisten ¿acaso una acción positiva que fue válida para los hombres no puede ser válida para las mujeres? Si hasta en el futbol profesional hay acciones afirmativas, señala cuando se refiere a los minutos que se dan de juego a los más jóvenes.
Ahí esta el reto, de que se puede se puede, de que se quiera quién sabe. Ya veremos en este 2012 los resultados de esta nueva acción afirmativa que busca, como se ha planeado, terminar con la desigualdad o dicho de otra forma el patrimonio misógino partidista.
En Oaxaca, 2011 fue un año de expectativas y al mismo tiempo de desilusión. El triunfo de la alianza de partidos de derecha-izquierda levantó la esperanza tras el sexenio convulso de URO, el cambio se dijo una y miles de veces se daría y las mujeres, habría dicho el propio gobernador Gabino Cué en su toma de posesión, no estarían ajenas a ese cambio. Para resumir en unas cuantas palabras lo sucedido podríamos citar la vox populi que dice: prometer no empobrece...y vino entonces la desencanto, el desencanto que llegó con un gabinete compuesto mayoritariamente por hombres y la pregunta de nueva cuenta se quedó en ¿y las mujeres qué? Salvo dos nombramientos de Secretarias de Estado, unos 11 puestos más fueron para los varones. De ellos, como la canción de los perritos, sólo queda una. Irma Piñeyro Arias, Secretaria General de Gobierno, decidió hacer la “honrosa retirada” ante la falta de elementos que pudieran ayudarla a resolver el entuerto en que se convierte Oaxaca tras el periodo electoral, los conflictos añejos y por ende desatendidos en materia agraria, pero sobre todo la voracidad de los propios nuevos miembros de la camarilla gobernante, incluido el ahora precandidato Benjamín Robles, quien mostró ese rostro misógino una y otra vez a lo largo el año, mientras quien decide callaba y aprobaba.
La que quedó, Perla Woolrich, sembró tempestades en vasos de agua a lo largo de este 2011 con noticias sobre desvíos, corrupción y malversación de recursos públicos por parte de ex servidores públicos ulisista, sin embargo, los peces gordos nunca fueron molestados y con el paso del tiempo se volvieron actos de distracción mediática ante una inocultable parálisis.
El embate del priista rayó en lo que tenía que suceder durante la comparecencia de la ex diputada Woolrich ahora como servidora pública del gabinetazo, sobre todo cuando el diputado Elías Cortés sacó a flote su cinismo y actitud misógina (no le salió sangre por la boca porque corrió con suerte, porque suerte si tiene, eso y sólo eso explica que es diputado, recordemos que es parte del efecto capullo-mariposa). Y digo esto por el regaño que le propinó a la panista, pidiéndole capacidad y llamándola monumento a la torpeza. De ese tamaño y de ese nivel el debate. Una pena, que algunos políticos crean que la ciudadanía no tiene memoria, hay que recordarle que tenemos tatuada en la piel 80 años de inolvidable corrupción, que ahora, claro está, se adereza con la actuación de algunos políticos que operan en el bando contrario pero que egresaron de la misma academia.
En suma, del Ejecutivo entonces nos queda a deber un gran número de cargos para mujeres. Recién en el nombramiento de 19 titulares más, algunos de nueva creación (más burocracia) y otros enroques preelectorales solo figura el nombre de una mujer, quien por cierto, no es titular, sino encargada de la Coordinación General de Financiamiento y Vinculación, Mónica Rodríguez Mandujano.
Los magros resultados están a la vista. El presupuesto del IMO es ridículo, menos que el que ejercía el anterior gobierno priista y aunque ahora aumentó todavía sigue siendo menor el presupuesto destinado a esa institución para 2012 en comparación con 2010. En suma, informó la misma titular del IMO, Anabel López Sánchez, ante la Junta Directiva, entre gobierno estatal y federal se ejercieron 17.6 millones de pesos, nada considerando que con ello se atiende la condición social de las mujeres y las problemáticas que implican, en un mundo androcéntrico, nacer mujer. Pero, sólo para explicar lo que no tiene explicación diré que en Oaxaca según INEGI, hay un millón 982 mil 253 mujeres –la población de atención en el IMO-, si lo dividimos, quiere decir entonces que a través de esta institución el gobierno estatal desina 8.8 pesos por mujer. Usted saque sus conclusiones. En su defensa dirán que no es para todas y bueno eso no tendrían que aclararlo, lo sabemos, está a la vista.
Por eso los resultados que hasta hoy tenemos: 93 mujeres asesinadas según el seguimiento periodístico hasta este 23 de diciembre, aunque las autoridades de la Procuraduría General de Justicia digan que son menos, como si se tratara de simples números y no de vidas humanas. Si a eso le agregamos las miles de denuncias por toda clase de violencias que se cometen contra las oaxaqueñas. Además de descalificación, en el feminicidio, lo grave es la impunidad en la que se quedan los casos por años y años, ejemplos sobran.
En 2011, reitero, las autoridades le quedaron a deber a las mujeres. Gabino pasó del entusiasmo al desinterés en los temas que preocupan a las mujeres de la sociedad civil, al menos así parece su actitud, de otra forma hubiera hecho algún tipo de cabildeo personal para que su propuesta de tipificar el feminicidio y otras violencias se discutiera en serio, para que –por decir lo menos- quienes integran el poder legislativo se interesaran, discutieran y aprobaran, considerando que la ciudadanía entiende cómo opera este sistema de política vertical. Bueno, al menos lo hubiera hecho en el sentido mediático para generar lo que se llama una corriente de opinión favorable, pero no, no mostró ningún interés.
Pero no hubo tal, las organizaciones civiles se quedaron con un palmo en la nariz. ¿Cambiamos la política? No para nada, como sucedió en 2007, en 2011 las iniciativas que buscan garantías a los derechos humanos de las mujeres duermen en algunas gavetas. Había otros asuntos “verdaderamente” importantes que atender en el Congreso.
La buena noticia para las familias de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez es que después de casi cuatro años y medio fue detenido uno de los presuntos responsables de su desaparición. Miguel Ángel Velasco Álvarez, líder de MULTI-Autónomo, es ahora la clave para conocer la verdad el destino de las dos jóvenes triquis desaparecidas. Es, por decir lo menos, un “pájaro de cuentas”, como los otros que intervinieron en este crimen contra las hermanas. En su haber, se denunció este jueves, están otros delitos como el asesinato (1 de enero de 2010) de Isaías Bautista Merino, de 17 años, hermano de Teresa Bautista, quien a su vez fue asesinada junto con su compañera radialista, Felícitas Martínez, feminicidios ocurridos en 2008.
Como expone la familia de Virginia y Daniela, el trabajo de la Procuraduría local apenas comienza y se espera que lo increíble no ocurra, considerando que Miguel Ángel Velasco Álvarez, tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH, por donde se mueven sus defensores. Pero el organismo internacional tendría que entender que hay testigos que lo vieron con las jóvenes desaparecidas amordazadas en un vehículo, su testimonio es clave para localizarlas o saber qué fue lo que sucedió y la familia, encabezada por Antonia Ramírez, inquebrantable madre, y sus incansables primas Emelia y Adriana Ortiz, quieren respuestas, pero también queremos respuestas el resto de la sociedad. Hay más que decir, pero el espacio simplemente no alcanza.
Feliz año 2012, esperemos que las cosas sean mejores para las mujeres, para ello es condición fundamental que se acabe el machismo.
@jarquinedgar
Caracolasfem.blogspot.com
lunes, 26 de diciembre de 2011
Palabra de Antígona. Violencia Sexual y Control Militar
Por Sara LOVERA
Al finalizar 2011 una cosa parece clara: integrantes del Ejército Mexicano torturan y vejan a las mujeres como una forma de control político y social. Desde las incursiones del ejército buscando guerrilleros en Oaxaca y Guerrero en los años 60, hasta el día de hoy.
La paradoja es que el gobierno, obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la voz del secretario de gobernación, Alejandro Poiré, pidió perdón y se horrorizó ante la historia de Valentina Rosendo Cantú, la indígena tlapaneca que esperó 10 años para que su experiencia y tortura fueran reconocidos.
Pero todos los demás casos están en la impunidad y el recuento es tremendo. No hay avance en las denuncias, no existe, a pesar de que como me explicó la diputada independiente Enoé Uranga, hoy la Constitución de la República obliga a los presuntos responsables y al Estado a reparar el daño, investigar y hacer justicia.
Reformas, leyes, fiscalías y algunos aparatos de alto costo para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres, no sirven, y los militares siguen gozando inopinadamente del "fuero militar"; los responsables civiles gozan de la complicidad de ministerios públicos, jueces y magistrados. No parece importar a nadie, que la reforma a la Constitución, ésta fundacional que ha elevado al máximo rango la no discriminación y los derechos humanos esté vigente y deba cumplirse, porque en la práctica cotidiana esto no es más que papel mojado.
Igual sucede en la sociedad, que aplaude el reconocimiento a Valentina Rosendo Cantú, mientras permanecen en la nota cotidiana el feminicidio de al menos dos mil mujeres al año en todas partes del país, y siguen sin investigación casos horrendos contra las defensoras de los derechos humanos.
Duele esta indiferencia, y duele que mientras esto se escribe, lo único que parece importar es el acomodo de nuevas y antiguas políticas que ya se han apuntado en las listas de precandidatas. Por cierto de decenas de nombradas, sacadas de los acuerdos y negociaciones, no existe más que una feminista y defensora de las mujeres indígenas, Martha Sánchez Néstor, a quien ya se le regatea su derecho ciudadano.
LOS HECHOS
La violencia brutal contra los cuerpos de mujeres tiene diferentes significados: en ellas la violencia sexual es una de las expresiones máximas del patriarcado donde su cuerpo se vuelve campo de batalla y botín de guerra. Tal vez por ello cuando la Fuerza Armada de México, a través de su ejército, recurre a la violencia sexual es para destruir la dignidad y la fuerza de las mujeres.
Miriam Isaura López Vargas, de 28 años es la última de las víctimas conocidas. Fue violada y torturada durante los meses en que fue recluida en instalaciones castrenses, desde febrero de 2011. Su denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVINTRA) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra integrantes de la II Región Militar en Baja California, incluye, señala el expediente "actos de tortura física y psicológica, entre ellos la violación sexual".
Ella cursó la denuncia el mismo día que todas y todos, y hasta quienes ni imaginan lo que sucede en los sótanos de este país, decía, el mismo día que celebramos el reconocimiento de los horrores que sufrió Valentina, la indígenas tlapaneca ultrajada por integrantes del ejército, en la montaña de Guerrero.
De ella supimos todo en un día mediático. Indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, originaria de Caxitepec, Guerrero. Dos elementos del ejército, igual que a Miriam Isaura, la intimidaron preguntándole sobre los guerrilleros, la torturaron sexualmente y escaparon. Hoy, a pesar de todo, apenas se harán las investigaciones, según dijo ese día la Procuradora General de la República, Marisela Morales. Informó que el 20 de septiembre de 2011, el caso se abrió en la justicia civil, cuando ya la CIDH había terminado la investigación. Diez años después.
De Inés González, atropellada en el mismo año de 2002, en la misma zona. Nada. De las tres jóvenes Tzeltales, violadas por el ejército en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994, nada. De las violadas por el ejército en la Zona Loxicha y de las Tiquis asesinadas en Oaxaca, nada. Tampoco hay justicia real y profunda para las atropelladas y violadas por integrantes del ejército en 2006 en Castaños, Coahuila.
Poiré, en el acto mediático, donde Valentina explicó cómo no dejó de pedir justicia entre sus 17 y 26 años, dijo que el gobierno mexicano "no admite actos de esta naturaleza" y aseguró que no se trata de una política. Llegó a decir que el de Valentina es o fue "un caso aislado".
Yo recuerdo que en los años sesenta, las trabajadoras de Camisas Medalla, que marcharon de Monterrey a la Ciudad de México pidiendo justicia laboral, fueron detenidas y enviadas a la Escuela de Policía. Veinte años después, una de las integrantes, llamada Celia, me contó cómo fueron torturadas sexualmente.
En aquél tiempo, así me dijo, "no podíamos atrevernos a contar nuestra deshonra" y eso me rebela más contra la vida, porque, y eso lo sabemos de Valentina rechazada por su esposo, todavía el entorno de las mujeres es tan tremendo que una mujer violada pierde valor social. Son sus cuerpos propiedad de todos, menos de ellas y "perder la virginidad" o "ser de otro", las desmantela como personas.
Lo mismo sucedió a las jóvenes Tzeltales, que tuvieron que huir de su comunidad, luego de hacerse la denuncia, porque encima se las desprestigió socialmente. Y no puedo olvidar el rostro de tristeza de su madre.
Nadie puede en su sano juicio suponer que el "acto de reconocimiento" por parte del gobierno puede ser festinado, mientras todas y cada una de las vejadas, perseguidas, atropelladas, violadas y algunas asesinadas, permanezcan sin justicia.
Éste, el de la violencia sexual, representa el signo de este año fatídico que termina el próximo sábado. Y muestra hasta qué punto el ejercicio de la fuerza discurre sin indignación. Miriam Isaura explicó a una revista cómo vivió en las cuarteles militares, en un arraigo, por un supuesto delito contra la salud del que fue absuelta el 1 de septiembre último, por el juez décimo de Distrito, José Neals André.
Hoy, Miriam Isaura tiene miedo, libre y decidida a olvidar los agravios, se siente amenazada nuevamente por militares. Y Poiré dice que esta no es una práctica contra lo que esta guerra descerebrada e impulsada por Felipe Calderón, hace con hombres y mujeres de este país. Y todavía Calderón sigue en los Pinos. Una verdadera desgracia.
saralovera@yahoo.com.mx
Al finalizar 2011 una cosa parece clara: integrantes del Ejército Mexicano torturan y vejan a las mujeres como una forma de control político y social. Desde las incursiones del ejército buscando guerrilleros en Oaxaca y Guerrero en los años 60, hasta el día de hoy.
La paradoja es que el gobierno, obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la voz del secretario de gobernación, Alejandro Poiré, pidió perdón y se horrorizó ante la historia de Valentina Rosendo Cantú, la indígena tlapaneca que esperó 10 años para que su experiencia y tortura fueran reconocidos.
Pero todos los demás casos están en la impunidad y el recuento es tremendo. No hay avance en las denuncias, no existe, a pesar de que como me explicó la diputada independiente Enoé Uranga, hoy la Constitución de la República obliga a los presuntos responsables y al Estado a reparar el daño, investigar y hacer justicia.
Reformas, leyes, fiscalías y algunos aparatos de alto costo para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres, no sirven, y los militares siguen gozando inopinadamente del "fuero militar"; los responsables civiles gozan de la complicidad de ministerios públicos, jueces y magistrados. No parece importar a nadie, que la reforma a la Constitución, ésta fundacional que ha elevado al máximo rango la no discriminación y los derechos humanos esté vigente y deba cumplirse, porque en la práctica cotidiana esto no es más que papel mojado.
Igual sucede en la sociedad, que aplaude el reconocimiento a Valentina Rosendo Cantú, mientras permanecen en la nota cotidiana el feminicidio de al menos dos mil mujeres al año en todas partes del país, y siguen sin investigación casos horrendos contra las defensoras de los derechos humanos.
Duele esta indiferencia, y duele que mientras esto se escribe, lo único que parece importar es el acomodo de nuevas y antiguas políticas que ya se han apuntado en las listas de precandidatas. Por cierto de decenas de nombradas, sacadas de los acuerdos y negociaciones, no existe más que una feminista y defensora de las mujeres indígenas, Martha Sánchez Néstor, a quien ya se le regatea su derecho ciudadano.
LOS HECHOS
La violencia brutal contra los cuerpos de mujeres tiene diferentes significados: en ellas la violencia sexual es una de las expresiones máximas del patriarcado donde su cuerpo se vuelve campo de batalla y botín de guerra. Tal vez por ello cuando la Fuerza Armada de México, a través de su ejército, recurre a la violencia sexual es para destruir la dignidad y la fuerza de las mujeres.
Miriam Isaura López Vargas, de 28 años es la última de las víctimas conocidas. Fue violada y torturada durante los meses en que fue recluida en instalaciones castrenses, desde febrero de 2011. Su denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVINTRA) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra integrantes de la II Región Militar en Baja California, incluye, señala el expediente "actos de tortura física y psicológica, entre ellos la violación sexual".
Ella cursó la denuncia el mismo día que todas y todos, y hasta quienes ni imaginan lo que sucede en los sótanos de este país, decía, el mismo día que celebramos el reconocimiento de los horrores que sufrió Valentina, la indígenas tlapaneca ultrajada por integrantes del ejército, en la montaña de Guerrero.
De ella supimos todo en un día mediático. Indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, originaria de Caxitepec, Guerrero. Dos elementos del ejército, igual que a Miriam Isaura, la intimidaron preguntándole sobre los guerrilleros, la torturaron sexualmente y escaparon. Hoy, a pesar de todo, apenas se harán las investigaciones, según dijo ese día la Procuradora General de la República, Marisela Morales. Informó que el 20 de septiembre de 2011, el caso se abrió en la justicia civil, cuando ya la CIDH había terminado la investigación. Diez años después.
De Inés González, atropellada en el mismo año de 2002, en la misma zona. Nada. De las tres jóvenes Tzeltales, violadas por el ejército en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994, nada. De las violadas por el ejército en la Zona Loxicha y de las Tiquis asesinadas en Oaxaca, nada. Tampoco hay justicia real y profunda para las atropelladas y violadas por integrantes del ejército en 2006 en Castaños, Coahuila.
Poiré, en el acto mediático, donde Valentina explicó cómo no dejó de pedir justicia entre sus 17 y 26 años, dijo que el gobierno mexicano "no admite actos de esta naturaleza" y aseguró que no se trata de una política. Llegó a decir que el de Valentina es o fue "un caso aislado".
Yo recuerdo que en los años sesenta, las trabajadoras de Camisas Medalla, que marcharon de Monterrey a la Ciudad de México pidiendo justicia laboral, fueron detenidas y enviadas a la Escuela de Policía. Veinte años después, una de las integrantes, llamada Celia, me contó cómo fueron torturadas sexualmente.
En aquél tiempo, así me dijo, "no podíamos atrevernos a contar nuestra deshonra" y eso me rebela más contra la vida, porque, y eso lo sabemos de Valentina rechazada por su esposo, todavía el entorno de las mujeres es tan tremendo que una mujer violada pierde valor social. Son sus cuerpos propiedad de todos, menos de ellas y "perder la virginidad" o "ser de otro", las desmantela como personas.
Lo mismo sucedió a las jóvenes Tzeltales, que tuvieron que huir de su comunidad, luego de hacerse la denuncia, porque encima se las desprestigió socialmente. Y no puedo olvidar el rostro de tristeza de su madre.
Nadie puede en su sano juicio suponer que el "acto de reconocimiento" por parte del gobierno puede ser festinado, mientras todas y cada una de las vejadas, perseguidas, atropelladas, violadas y algunas asesinadas, permanezcan sin justicia.
Éste, el de la violencia sexual, representa el signo de este año fatídico que termina el próximo sábado. Y muestra hasta qué punto el ejercicio de la fuerza discurre sin indignación. Miriam Isaura explicó a una revista cómo vivió en las cuarteles militares, en un arraigo, por un supuesto delito contra la salud del que fue absuelta el 1 de septiembre último, por el juez décimo de Distrito, José Neals André.
Hoy, Miriam Isaura tiene miedo, libre y decidida a olvidar los agravios, se siente amenazada nuevamente por militares. Y Poiré dice que esta no es una práctica contra lo que esta guerra descerebrada e impulsada por Felipe Calderón, hace con hombres y mujeres de este país. Y todavía Calderón sigue en los Pinos. Una verdadera desgracia.
saralovera@yahoo.com.mx
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