lunes, 29 de agosto de 2011

FEMINICIDIOS







En Oaxaca

Se incrementan asesinatos contra mujer

* En menos de 13 años han sido asesinadas 726 mujeres

* En la administración de Gabino Cué el promedio de asesinatos de mujeres al mes es de 7.2

Soledad JARQUIN EDGAR

Diseño gráfico: Alejandro CARRASCO


Entre 1999 y la primera quincena de agosto de 2011, en Oaxaca han sido asesinadas 726 mujeres.

Esta cifra de 726 asesinadas se obtuvo de diversos documentos oficiales como la investigación Violencia Feminicida en Oaxaca elaborada por la LIX Legislatura federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y de los recuentos hemerográficos elaborados por organismos no gubernamentales en distintos tiempos, como el Grupo de Estudios de la Mujer “Rosario Castellanos” y el Colectivo Huaxyacac.

En Oaxaca como en la gran mayoría de las entidades del país, las instituciones de procuración de justicia y otras instancias no han establecido un banco de datos de ahí que exista una recurrente disparidad en los resultados oficiales y los no oficiales.

Entre 1999 y 2003, se cometieron 351 asesinatos dolosos y culposos contra niñas y mujeres en Oaxaca, en este caso la investigación revela que la información se obtuvo del INEGI.

En 2006, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer informó que en 2004 hubo 35 asesinatos.

En 2005, la misma fuente reportó 42 crímenes, cuatro más de los que arrojó el seguimiento hemerográfico hecho por las organizaciones no gubernamentales.

Para 2006, la cantidad de crímenes contra mujeres fue de 48 según la misma Fiscalía, que reportó 10 más que el recuento basado de los diarios locales.

En 2007, la cifra de asesinatos de mujeres fue de 28 de acuerdo con dos diarios que se editan en la capital oaxaqueña.

En 2008, la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que un total de 55 mujeres fueron asesinadas, mientras los reportes periodísticos publican sólo 43 casos.

Para 2009, la cifra se basó sólo en datos de los diarios locales y sumó la cantidad de 58 mujeres asesinadas.

En 2010, los periódicos reportaron 56 asesinadas.

Entre entre enero y la primera quincena de agosto de 2011, son 48 crímenes contra mujeres.

En total, en los últimos 12 años, siete meses y 29 días, 726 mujeres fueron asesinadas, lo que nos da en promedio de 4.7 mujeres muertas al mes en los últimos 151.5 meses.

Si los crímenes contra mujeres se dividen en los periodos gubernamentales, podemos determinar que durante el sexenio de José Murat Casab, ocurrieron 392 asesinatos, lo que equivale a la muerte de 5.4 mujeres por mes.

En la administración de Ulises Ruiz Ortiz se cometieron 276 homicidios de mujeres, cantidad dividida en los 72 meses de su administración equivale a 3.8 asesinatos de mujeres por mes.

En los ocho meses y veintiocho días de agosto de la administración de Gabino Cué Monteagudo han sido asesinadas 58 mujeres, lo que equivale a 7.2 por mes.

Es decir, los crímenes contra mujeres se han incrementado en Oaxaca y esa es la gravedad del problema.




El Feminicidio como tipo penal

*El Estado debe intensificar sus esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

La desigualdad y la discriminación por razón de sexo constituye uno de los problemas apremiantes de nuestra sociedad siendo una de sus manifestaciones más graves la violencia que se ejerce contra las mujeres, lo que sin duda deteriora gravemente la dignidad humana.

En la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en Viena, en 1993, se estableció la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de ese mismo año, en ella se establece que:

“Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.”

También en 1995, tuvo lugar la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, cuyos contenidos han sido revisados en el año 2000 y en el 2005. Además, la Declaración del Milenio 2000 manifiesta que la violencia de género constituye la mayor vulneración de los derechos humanos en el mundo, y establece la colaboración de los Estados para lograr la erradicación de las desigualdades de género como uno de los objetivos estratégicos de la actuación de la comunidad internacional.

México, Estado parte de las Naciones Unidas ratificó esta exigencia garantizándola como derecho fundamental de las mujeres en nuestra Constitución, lo que sin duda es un logro mas de las propias mujeres y un paso adelante en el fortalecimiento de la democracia.

En definitiva, se definen compromisos precisos, en el campo legislativo, dirigidas a disminuir y desalentar todo acto de violencia contra la mujer, como principio para alcanzar una nueva cultura de igualdad.

México ha asumido desde la actividad legislativa su responsabilidad de frente a los derechos de las mujeres, con las reformas legales que ha llevado a cabo en las últimas dos décadas -tal vez no con la prontitud y profundidad que amerita nuestra realidad- con la aprobación de leyes privativas para sancionar y prevenir la violencia familiar y la trata de personas; y de manera especial la publicación y vigencia desde el 2006 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo aún faltan leyes federales que obliguen a las legislaturas locales a hacer lo propio, constriñendo pisos jurídicos que homogenicen criterios conceptuales y directrices que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación.

Tal es el caso concreto del Feminicidio, ya que en nuestra sociedad implícitamente permean factores culturales de violencia y discriminación en un contexto de injusticia e impunidad. Por lo tanto es indispensable que nuestras leyes secundarias regulen estas conductas en el marco de los ordenamientos penales.

Conforme a las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hechas al Quinto Informe Periódico del Estado Mexicano sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recomienda en su Recomendación 8.b. lo siguiente:

El Estado parte debe intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, incluso abordando las causas profundas de este problema. En particular, debe: […] Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal”. En la Cámara Federal de Diputados, recientemente un grupo de diputadas, presento una amplia iniciativa integral que dentro de otras reformas contempla la modificación o adición de varios tipos penales, incluyendo el de Feminicidio; con la siguiente propuesta a incluir en el Código Penal Federal:

Artículo 308 bis.- Comete el delito de Feminicidio y se le aplicará sanción de treinta a sesenta años de prisión y hasta mil quinientos días multa, al que prive de la vida a una mujer cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Por motivo de una violación cometida contra la víctima.

II. Por desprecio u odio a la víctima, motivado en la discriminación.

III. Por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

IV. Cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor.

V. Cuando se haya realizado por violencia familiar.

VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose éste como la situación de desprotección real y/o sentida de la víctima, o su incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho.

Este año varias legislaturas locales han reformado las normas penales estatales, incluyendo la figura penal de Feminicidio como delito autónomo sin implicar una conceptualización unánime, lo que resultará a corto plazo un conflicto en la atribución de la culpabilidad y como consecuencia en impunidad.

Lo que es cierto es que se requiere la inclusión de un tipo penal funcional, que a partir de elementos sociológicos objetivos (realidad social) se compruebe el delito y que en el asesinato de cualquier mujer las autoridades establezcan en primera instancia que están ante un Feminicidio.

Encontramos que en el Código Penal de Chihuahua un agravante sobre el tipo general denominándolo solo como homicidio de mujeres, aumentando severamente la sanción solo por la determinación de género, hasta por sesenta años; el argumento es no conflictuar la calificación del delito con conductas de intención, es decir subjetivas, complicando su determinación y comprobación.

La tipificación de delito es un recurso fundamental del Estado para revertir la violencia contra las mujeres.





Seminario Internacional: Mujeres, Migración y Seguridad Ciudadana 26 y 27 de agosto, 2011


Migran mujeres en condiciones precarias

*La Ley Migratoria es un engaño

*500 mil personas ejercen la prostitución en el D.F., 90% son mujeres

Las mexicanas han huido principalmente a Canadá y Estados Unidos, ante la inseguridad que se vive en México, denunciaron académicas, activistas e investigadoras, durante el Seminario Internacional: Mujeres, Migración y Seguridad Ciudadana.

Además, establecieron que la crisis económica, la falta de oportunidades han hecho que en la última década, cerca de cinco millones de mexicanas salieran del país en busca de mejores opciones.

En el primer día de actividades del Seminario se examinó la nueva Ley Migratoria y algunas alternativas de apoyo y ayuda a las migrantes. Se habló de crear una red de asesoría, capacitación e información para las mujeres que deciden emigrar y de realizar campañas para su protección.

Tras un diálogo entre especialistas, propusieron que actúe el gobierno mexicano ante la explotación sexual y la trata de mujeres, que igualmente se transparenten la cifras y se clarifique lo que está pasando.

LA NUEVA LEY

La Ley que sobre migración se anuncia en los medios en realidad no protege a quienes cruzan la frontera mexicana rumbo a Estados Unidos. Al contrario, esta ley ha significado mayor endurecimiento y detenciones arbitrarias, dijo Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Lo más grave es que significa legalizar una política migratoria desde lo que se llama seguridad nacional y no seguridad ciudadana.

Al intervenir en el Seminario Internacional: Mujeres, Migración y Seguridad Ciudadana propuso que con la visión de proteger a las personas y darles el derecho seguro de transitar por México que se analice la ley, se construya un reglamento democrático y se exija transparencia al Instituto Nacional de Migración.

En el seminario se examinó ayer todo lo relativo a los flujos migratorios con participación femenina. Gretchen Kuhner, del Instituto de Mujeres en Migración (IMUMI), destacó que hay cambios muy importantes en la población mexicana que migra y señaló que actualmente niños y niñas que antes migraban con sus familias, hoy lo hacen en solitario, en tanto el desplazamiento femenino ha significado que las mujeres transfieran el cuidado de sus hijos e hijas a las abuelas, cuestión que debía atender el Estado.

Por su parte, al inaugurar los trabajos del Seminario, Martha Heredia, vicepresidenta de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), afirmó que la crisis económica, el aumento desmesurado de la pobreza en México y la falta de políticas públicas ha puesto en situación de vulnerabilidad y violencia a millones de mexicanas que migran a Estados Unidos, manifestó su preocupación por las desaparecidas en los trayectos hacia el extranjero y las que pierden la vida, constituyendo el feminicidio migrante.

Durante las discusiones, en las que participaron unas 200 mujeres de distintas entidades del país, Leonor Aída Concha, de la Red Género y Economía (REDG), expuso que la migración, siendo tan dramática para las mujeres, es también una oportunidad para que se empoderen.

TRATA Y PROSTITUCIÓN

Teresa Ulloa, Directora Regional de la CATW-LAC, afirmó que en la ciudad de México 500 mil personas ejercen la prostitución. El 90 por ciento son mujeres y el 80 por ciento no son nacidas en el Distrito Federal, lo que implica que son resultado de la trata y la explotación sexual.

Ulloa agregó que el 80 por ciento se iniciaron en el comercio sexual a los 12 años; el 99 por ciento dependen de proxenetas y el 75 por ciento son analfabetas o tienen una precaria educación.

Planteó que es urgente que las autoridades paren este proceso de esclavitud sexual y trata que afecta a muchas mexicanas, cientos de mujeres indígenas son enganchadas por el crimen organizado para ser explotadas sexualmente en el extranjero, por lo que se negó a considerar que este fenómeno sea tomado en cuenta dentro de los flujos migratorios, dijo la especialista.

Se trata, dijo la Directora Regional de la CATW-LAC, de miles de vidas robadas. Desestimó la Ley General de Trata que está vigente y anunció que el pasado 3 de agosto se envió una nueva iniciativa al Congreso.

Durante el Seminario quedó claro que alrededor de dos millones de latinoamericanas han migrado de sus países de origen principalmente hacia Estados Unidos, pero se advirtió que existe un fenómeno a considerar: la migración interregional.

Es así como peruanas, bolivianas, ecuatorianas y colombianas se han movilizado a Chile, Venezuela y Argentina, donde como la mayoría de las mujeres migrantes en el mundo, se ocupan de trabajos precarios, sin derechos sociales, bajos salarios, en condiciones de discriminación y opresión crecientes.

También se examinó el problema de las mujeres que emigran hacia Canadá, y contrariamente a lo que se informa, viven procesos de alta marginación y mal trato. Incluso, se ha detectado que llegan a buscar refugio y ayuda, sin encontrarla.

A Reserva. Endiosamiento mediático

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

En Oaxaca se ha implementado una nueva política de comunicación social bien desgastada en el quehacer público de este país. Implica el endiosamiento de personalidades y la divinidad de actuaciones gubernamentales que carecen de relevancia y se autocalifican de vanguardistas, insólitas, nunca vistas, excelentes, innovadoras, y en el peor de los casos, resultan verdaderas ocurrencias irreverentes, muchas de ellas fuera de la ley.

Por supuesto esta estrategia mediática requiere la certeza cínica de quienes gobiernan, de “informar” a un pueblo que carece en términos generales de mediana educación, que permita y tolere eso de “pan y circo”.

La incidencia abusiva de procurar vendernos mesiánicamente bondades inexistentes, que de tanto repetirlas pretenden se vuelvan verdades, considerando que las y los gobernados carecemos de la mínima inteligencia y selectividad de criterio; lo que se traduce en una franca afrenta a nuestra inteligencia.

Tarde o temprano el encanto de la alternancia se convertirá en frustración, al comprobar que la anunciada transición democrática se va quedando en espasmos populistas que solo reditúan ganancias a los muy cercanos nuevos viejos políticos y ahora a sus vástagos que se acomodan en puestos claves, como “promesas” de una nueva clase política de élite; hijos e hijas que recién egresan de universidades propias de la aristocracia mexicana o del extranjero, la mayoría de estos jóvenes, criados entre algodones e incongruentes discursos familiares sobre las misericordias revolucionarias y las indulgencias canónicas; las caridades al prójimo y la lucha de clases.

Retoños con conciencia social, que bajan de costosos vehículos seguramente blindados, con chofer y guarura, convencidos de que su hora será el tiempo de Oaxaca, que su inglés aprendido en Europa o al norte de América, modernizará –por fin- esta tierra indígena que les es simpática, en un espacio del mercado globalizado donde puedan practicar sus “estudios” y evangelizar pueblos.

Lo que sí es inaudito y ha asentado un pésimo precedente en la administración municipal a nivel nacional es la ilegalidad en la que se ha desenvuelto el gobierno de Oaxaca de Juárez, también de “la paz y progreso”, desde el primer día de su gestión y al parecer hasta terminar el primer año de gobierno, según lo anunciado por el propio cabildo que aprobó recientemente el “Bando de policía y gobierno municipal”, que sustituirá las Ordenanzas Municipales vigentes hasta el 31 de diciembre próximo.

El Ordenamiento jurídico municipal, cualquiera que sea su nombre –ordenanzas o bando- tiende a establecer los principios generales sobre el territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipal. Es el instrumento legal que permite actuar al Ayuntamiento en lo orgánico y administrativo, describiendo y acotando las funciones y actuaciones del funcionariato y servidores públicos municipales.

Sin entrar, por ahora, en el contenido jurídico de dicho bando, es claro que este regulará la función municipal a partir de su iniciación de vigencia, - el 1 de enero del 2012.

El actual Ayuntamiento encabezado por Luis Ugartechea tendría que haberse regido, sin excusa ni pretexto, gustándoles o no, de acuerdo o no, por las Ordenanzas Municipales vigentes al día de hoy, -y de acuerdo a lo aprobado por su cabildo hasta el 31 de Diciembre- en todas y cada una de sus expresiones regulatorias, orgánica y administrativamente.

La actuación pública municipal -para que se entienda- la de todos y todas los funcionarios de gobierno, el poder ejecutivo, que en el caso del municipio es el Ayuntamiento, lo que coloquialmente se conoce como la presidencia municipal y de manera errónea como “el municipio”, se constriñe en el principio de legalidad supremo que rige la función pública, conforme al cual, la autoridad sólo y únicamente puede hacer lo que la ley le permite -a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe-.

Dicho principio, aplicado a contrario sensu de manera particular, significa que la autoridad municipal de la capital de Oaxaca ha actuado desde el primer día de su gestión fuera de la ley, violentando el fundamental derecho humano de toda su población relativo a la certeza y seguridad jurídica, que debe garantizar precisamente éste gobierno municipal.

No ajustarse al marco jurídico municipal vigente, aún argumentando su desacuerdo en el propio cabildo, violentando de inicio la estructura organizacional del ayuntamiento y modificando estándares legales en su administración, es actuar ilegalmente, lo que implica responsabilidad del cuerpo de concejales. Tal vez su eminente consejero recién aplaudido por el cabildo no le informó al primer concejal municipal que un acuerdo político que ignore las leyes como forma de legitimarse despreciando de forma banal lo que hizo su predecesor, no lo absuelve de su responsabilidad de violentar tajantemente el estado de derecho.

Guardar silencio por ignorancia o tácita complicidad no exime de responsabilidad, incluso a la oposición, que pasan sin pena ni gloria, son siete bocas cerradas, siempre con el temor de ser cuestionados por su pasado reciente y al parecer por un sentimiento de vergüenza a su filiación política. Tal vez tendrían que redimirse poniéndose a estudiar y alzar la voz.

En fin, en algún otro lugar de mundo e incluso de México, la afrenta impúdica de una autoridad que actúa en la ilegalidad, cuyo gobierno está viciado de inconstitucionalidad por la violación sistemática al derecho humano fundamental de certeza jurídica, tendría que ser motivo de acciones legales y políticas que frenaran y revirtieran el cinismo que resulta más grotesco, cuando mediáticamente realzan la supremacía del tema de los derechos humanos y su insuperable majestuosidad, suscrito en el prócer quehacer de Ugartechea.

¡Qué desfachatez!

Por otro lado, como necesidad fundamental debo expresar mi profunda indignación por la cada vez mas imponente violencia que salpica de sangre las conciencias y exacerba el espíritu. Por supuesto que no podemos quedarnos con el luto nada más, hay responsables, los intereses de la derecha; un responsable: Felipe Calderón.

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