miércoles, 14 de marzo de 2012

Violencia

Violencia contra las mujeres:
Enfrentarla demanda una política de Estado integral y transversal

Ana María HERNÁNDEZ CÁRDENAS*
Hasta la saciedad, las voces de las organizaciones civiles, otras del sector académico y algunas periodistas comprometidas, han colocado en cifras y testimonios la gravedad de la violencia contra las mujeres en Oaxaca. Se necesitan respuestas de Estado con un enfoque integral y transversal para hacer frente a este problema estructural que ha dejado en el transcurso de los 10 años anteriores más de 500 familias enlutadas y clamando una justicia que no se concreta.
El gobierno de Gabino Cué se comprometió a actuar con firmeza y decisión para combatir las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, a generar políticas públicas y destinar recursos del gobierno estatal para programas de prevención y atención a las mujeres que sufren violencia. El legislativo por su parte aseguró que habrían cambios en las leyes para favorecer la seguridad y garantizar la vida de las mujeres y el acceso real a la justicia.
Es evidente que la respuesta gubernamental actual, al igual que en sexenios anteriores, ha sido hasta hoy insuficiente y carente de una visión de Estado -como garante de la vida de las personas- para dar una respuesta contundente a esta problemática. Una política integral y transversal en materia de violencia contra las mujeres debe contemplar acciones múltiples y en los diversos niveles de gobierno. Apunto algunos aspectos que debieran ser adoptados para ir trazando una ruta en ese sentido.
1. Prevención de la violencia de género e impulso de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres
El Estado tiene la obligación de dar un mensaje contundente y claro al conjunto de la sociedad en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en la convivencia social, en la distribución del poder público y en la vida cotidiana. En este sentido todas las dependencias involucradas en los tres órdenes de gobierno deben impulsar y observar una Política de Estado del más alto nivel de “Cero Tolerancia a la Violencia de Género”. Deben impulsar acciones específicas de acuerdo a su ámbito de competencia que contribuyan a prevenirla y señalarla como una conducta reprobable y punible.
En particular aquellas dependencias como CORTV, IEEPO, IMO, SAI, SSO, PGJE, entre otras, tienen una tarea primordial en este ámbito para sensibilizar y concientizar a la sociedad oaxaqueña sobre la problemática de la violencia contra las mujeres como un asunto de interés público que atenta contra la dignidad de las mujeres, con énfasis en el derecho que tienen a disfrutar de una vida sin violencia y en favor de la igualdad de oportunidades y de trato.
Sancionar con energía también es una forma de prevenir. Por ello es prioritario que el titular del ejecutivo instaure un criterio claro para que todos los funcionarios del gobierno se abstengan de prácticas machistas y de ejercer violencia de género, en su conducta pública y en la vida cotidiana. El respeto a las mujeres debe ser un valor que junto con otros, determine la permanencia o no en los puestos gubernamentales. En este sentido habrá que enfrentar de manera firme el hostigamiento sexual dentro de las dependencias del gobierno, pues un estudio realizado por el IMO arrojó un prevalencia del 45% de este tipo de violencia contra las trabajadoras de dependencias del gobierno en el año 2009-2010.
2. Aplicación de leyes y reformas necesarias. Aprobación de la reforma integral a las leyes y normatividades contra la violencia de género en el estado de Oaxaca.
El Congreso del Estado tiene desde el 9 de agosto pasado en estudio un paquete de iniciativas de reformas en materia de violencia contra las mujeres. Pese a múltiples diálogos y compromisos de los legisladores con las organizaciones civiles para su aprobación, las y los legisladores siguen atorando las reformas por intereses políticos ajenos a las mujeres a quienes busca proteger.
Urgen reformas a distintas leyes y códigos para mejorar el marco legal en favor de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia:
*Presupuesto suficiente etiquetado en cada dependencia del gobierno en los distintos niveles para generar acciones hacia la prevención y atención de la violencia de género
*Tipificar los delitos de Feminicidio y el de la violencia obstétrica que se comete contra las mujeres durante el proceso de embarazo, parto y puerperio, entre otros.
*Que el delito de violencia intrafamiliar, ahora delito grave, se cambie por “violencia familiar” y se especifiquen medidas de protección concretas para las mujeres.
*Tipificar el delito de discriminación por diversas condiciones sociales, de género, de creencias, de orientación sexual, entre otras.
*Cuando los actos de violencia de género contra las mujeres sean cometidos por servidores públicos se proceda a la elevación de las penas hasta en 50 por ciento mas.
*Incluir con voto y no solo con voz a las organizaciones civiles especializadas en el Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres, órgano del sistema encargado de las funciones de planeación y coordinación de las acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
3. Garantizar el acceso de las mujeres a una atención integral de calidad y a la justicia.
*Establecer unidades regionales o centros de justicia de atención integral a la violencia de género.
Crear instancias que den una atención integral (psicológica, legal, médica) de calidad en las regiones que garantice al finalizar el sexenio uno por cada región, empezando por aquellos con mayor incidencia de violencia en el estado: Valles Centrales, Istmo, Mixteca, Mixe, Costa
• Establecer refugios regionales para la atención de mujeres en riesgo.
Creación de refugios regionales de atención a mujeres en situación de violencia que están en riesgo, pues el estado gobierno estatal no cuenta con dicho servicio contemplado en la Ley de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia de género de Oaxaca, existiendo sólo el refugio del Municipio de Oaxaca de Juárez, cuya capacidad y recursos son restringidos.
Estos refugios deberán contar con programas específicos de apoyo a mujeres que ingresen a ellos, garantizando una adecuada atención legal, médica y psicológica con personal especializado. Se requiere un programa educativo para los hijos e hijas de las mujeres que garantice la continuidad escolar de los menores. También se necesita capacitación laboral para las mujeres, acceso a bolsa de trabajo, así como un programa de becas y acceso a una vivienda digna, y garantizar la escuela para sus hijas e hijos, pues es difícil salir de una relación violenta sin el apoyo que el gobierno debe proporcionar.
*Atención de calidad en la Subprocuraduría especializada para delitos contra las mujeres por razón de género y la creación de fiscalías regionales especializadas en delitos contras las mujeres: violencia de género, sexual y trata de personas.
Con el actual gobierno y por presión de las organizaciones civiles de Oaxaca, el año pasado se creó la esta Subprocuraduría dependiente de la PGJE, sin embargo ésta sigue siendo insuficiente en personal y en capacidad de atención a las víctimas de todo el estado, por lo mismo se requiere de la creación de fiscalías regionales que atiendan la problemática de manera especializada, para elevar el impacto de sus acciones y su presupuesto y así coordine eficazmente los trabajaos de las fiscalías regionales en el estado.
*Seguridad y protección a víctimas y potenciales víctimas.
Se hace necesario mejorar los programas de seguridad pública poniendo el énfasis en la capacitación y sensibilización de policías estatales y vigilantes comunitarios/as para garantizar la asistencia y protección a víctimas y a potenciales víctimas de la violencia así como en la generación de mecanismos para garantizar seguridad a la participación ciudadana.
También es urgente establecer de manera eficiente las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia, contempladas en la ley, pero no aplicadas por las instancias de justicia.
*Garantizar el efectivo derecho al aborto por violación por la Secretaría de salud y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
A pesar de permitirse el aborto por violación en Oaxaca desde el año de 1944, es hasta el año 2010 que su procedimiento se establece por ley y se mandata a la Procuraduría de Justicia y a la Secretaría de Salud del estado a dar los pasos necesarios para cumplir con la ley. Esto es de gran importancia, pues Oaxaca se encuentra en el primer lugar de violencia sexual en el país, 10 puntos arriba de la media nacional.
Urge que las instituciones responsables de hacer efectivo este derecho refuercen su política de difusión institucional para informar y atender sin dilación a todas las usuarias que soliciten este servicio.
*Promover la re-educación y cambio de conductas en hombres adultos generadores de violencia.
La raíz de la violencia contra las mujeres está en la formación y conducta de los hombres ante los conflictos, sin embargo poco se hace con ellos. Las vías punitivas han demostrado sus limitaciones para reinsertar a quienes cometen un delito. La re-educación de los agresores en materia de violencia de género se hace indispensable, ya que un gran porcentaje de las mujeres regresan con el agresor, aún después de haber puesto una denuncia legal.
Desde 2007 la ley federal sobre violencia de género contempla la re-educación de los agresores y la totalidad de las leyes estatales homologadas también la incluyen; sin embargo poco se ha realizado para implementar espacios y centros especializados para esta compleja labor. También se deben realizar labores preventivas en los centros de readaptación social, los centros educativos y laborales, pues mucha de la violencia vivida cotidianamente se hace invisible, aun constituyendo delito, como el hostigamiento sexual laboral y docente.
4. Mejoramiento de capacidades de respuesta a la violencia de género.
*Sensibilización y capacitación
El Gobierno del Estado debe contemplar estrategias precisas para la sensibilización y capacitación de funcionarios públicos de dependencias claves relacionados a la atención integral de la violencia de género: Secretaría de Salud, Secretaria de Seguridad Pública, Procuraduría de justicia del estado, Poder Judicial del estado y Congreso del Estado.
Si bien las leyes actuales con todo y sus deficiencias, han sido un gran paso para hacer visible y establecer rutas para enfrentar la violencia de género en Oaxaca, aún falta mucho para que se cumplan y se implementen de manera efectiva. Las diversas dependencias involucradas aún no cambian sus antiguas prácticas y parámetros y están aún lejos de ofrecer una atención de calidad a partir de estándares y recomendaciones nacionales e internacionales.
*Sensibilización a autoridades municipales de las diferentes regiones del estado, especialmente a los Síndicos municipales.
Oaxaca cuenta con 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por los sistemas normativos comunitarios, en los que no se contempla la violencia de género como un delito grave ni las formas específicas para su atención y sanción.
La función de las asambleas y de las autoridades comunitarias es crucial para generar acciones encaminadas a atender esta grave problemática. El papel del síndico municipal es muy importante en la atención de la violencia de género, pues es la autoridad que imparte justicia y a él acuden las mujeres que se atreven a pedir apoyo.
La mayoría de ellos son hombres que no tienen la información ni los elementos especializados para enfrentar la violencia de género; su formación es clave para mejorar la atención en el nivel local de la comunidad.
*Sensibilización y capacitación de jueces.
El poder judicial es de los poderes del estado más atrasados en formación de sus integrantes en materia de violencia de género, imponiéndose muchas veces los criterios personales de los jueces que dictaminan juicios de violencia de género. Leyes locales, nacionales e internacionales son desconocidas por muchos de ellos, sin embargo no son receptivos a reconocerlo y prefieren regirse por los códigos, muchas veces desactualizados. La sensibilización y formación especializada es clave en este sector.
*Creación de un sistema de información estatal de violencia hacia las mujeres.
A pesar de estar contemplado en la Ley de acceso para a las mujeres a una vida libre de violencia de género en Oaxaca, no se ha implementado un sistema de información que dé cuenta de la violencia, sus tipos, la ubicación geográfica, perfil de víctimas y agresores, etc. Cada dependencia tiene formas parciales de recopilación de información que no son compartidas.
No hay informes estatales sobre la problemática a excepción de los elaborados desde redes de organizaciones civiles, con grandes dificultades hasta ahora de acceso a la información del gobierno. La posibilidad de contar con un sistema efectivo de información, permitiría tener estrategias más específicas para enfrentar los diversos aspectos de la violencia de género en el estado de Oaxaca.
*Feminista y pertenece a Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.

La perversa costumbre de excluir a las mujeres

En nombre de la cultura:
La perversa costumbre de excluir a las mujeres

El reto de impulsar el reconocimiento político y social de la desigualdad
de las mujeres por mandato social de género y con base en ello,
impulsar un diálogo político distinto, por ahora en México se antoja imposible.

Norma REYES TERÁN*
La cultura política de nuestro país está retrasando el cumplimiento de las libertades y los derechos de ciudadanía de las mujeres. Los cambios que se necesitan requieren forzosamente del convencimiento de los actores políticos. Y en México, no lo hemos sabido producir.
Desde luego, parece lógico y elemental que la clase política deba conocer y respetar los compromisos internacionales de su país, no obstante, frente a la discriminación de las mujeres, los partidos políticos sólo han sido capaces de mostrar una actitud mercenaria, apática e indiferente.
Es claro que si fuera por la clase política, los derechos de las mujeres continuarían postergados quién sabe para qué época del porvenir. No obstante, el recrudecimiento de la violencia machista, los asesinatos (feminicidios) y la trata de mujeres y niñas, así como la escasa participación de las mujeres en todos los niveles de gobierno y, en muchos otros ámbitos, nos llaman a romper ya con el orden establecido.
Pero, si los dueños del poder no son aliados de las mujeres, ¿con quiénes se cuenta para lograr esta titánica empresa? Con la opinión pública, no; con los empresarios, no; con la sociedad civil organizada, no; con la academia, no; con las religiones, no. ¿Con quiénes, entonces? Es triste reconocerlo pero no hay respuesta.
La esperanza de un vuelco, sostengo que es el activismo feminista. Dicho de otra forma, si los sujetos obligados no han sabido responder a la opresión y las demandas de autonomía de las mujeres, habremos de encontrar la manera de influir y propiciar el reconocimiento de nuestros derechos políticos, sociales, económicos y culturales. El reto del feminismo es construir colectivamente una agenda que responda a la autonomía de las mujeres.
En este contexto, la situación de las mujeres debe ser analizada a partir de las nuevas realidades sociales configuradas a partir de la globalización económica neoliberal, las nuevas tecnologías de la información y el multiculturalismo, es decir, de las prácticas frecuentemente violentas y hostiles -disfrazadas de tradiciones y sello de identidad cultural-, ejercidas contra las mujeres en las comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres.
Frente a la mundialización del capitalismo neoliberal y de las tradiciones que históricamente han sido fuente de desigualdad de las mujeres, el feminismo tiene la compleja tarea, por un lado, de deslegitimar lo que de forma silenciosa y subterránea vienen transmitiendo las instancias sociales y mediáticas, en el sentido de que la desigualdad no se encuentra relacionada con los procesos económicos y políticos, ni con las estructuras de dominación y las tradiciones, sino que se trata de una cuestión inherente a la propia condición humana y, por otro, la responsabilidad de diseñar la utopía de la transformación social.
Respecto al multiculturalismo, compartimos con el feminismo que, en lugar de hablar de prácticas culturales, debiéramos hablar de prácticas patriarcales, porque aquellos hechos que se pueden entender desde cierta lógica como choques culturales o como violencia cultural, tienen en realidad un trasfondo androcéntrico que legitima y reproduce una posición de poder, el poder de los hombres sobre las mujeres.
Esto habrá que aplicarlo a Oaxaca, el estado más multicultural de México: con sus 17 pueblos indígenas, entre zapotecos, mixtecos, nahuas, chocholtecos, zoques, chinantecos, huaves, triquis, mixes, afrodescendientes y más.
Oaxaca es el único estado cuya legislación reconoce expresamente a los pueblos y comunidades indígenas, su derecho de regirse bajo el régimen de "usos y costumbres", dicho de otro modo, tienen el derecho de mantener sus formas de organización social y gobierno no importando si estas se apegan o no a los derechos humanos o bien a la cultura democrática que rige al resto de la ciudadanía.
Así, los partidos políticos y una parte considerable del movimiento indigenista y organizaciones civiles, han conseguido legitimar en Oaxaca un salto bestial hacia el comunitarismo, sin darle oportunidad a la modernidad de establecerse plenamente, borrando los derechos individuales en perjuicio de las mujeres.
Por esa razón, Oaxaca se asemeja con un laboratorio de pruebas que reta al planeta entero, en cuanto a la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos se refiere. Indiscutiblemente, todas las culturas son valiosas, pero no las prácticas patriarcales ni los privilegios masculinos confundidos y justificados en tradiciones culturales que atropellan los derechos humanos de las mujeres, por mas que éstas se encuentren legalmente reconocidas e institucionalizadas.
De la orografía de su territorio a su sistema electoral mixto; de su megadiversidad biológica a la megadiversidad cultural; de la exclusión de las mujeres en la elección de autoridades locales en más de cien municipios al rapto; del feminicidio a la trata; la única constante en Oaxaca es la complejidad.
La sociedad oaxaqueña es complicadísima, es la que concentra el mayor número de municipios de México, 570 con más de 10 mil localidades; con unos actores políticos que no saben leer ni escribir, frente a otros que ostentan posgrados. Aspira a vivir bajo un régimen democrático, sí, pero sus normas toleran otras formas de organización que nada tienen que ver con una elección universal, libre y secreta.
Más de 400 municipios de Oaxaca se rigen por usos y costumbres y en un centenar de ellos prevalece la perversa costumbre de no permitir el acceso de las mujeres a las asambleas generales donde se determina quienes representarán a la comunidad. No votan ni pueden ser electas, no estudian porque hacerlo es un privilegio de los hombres y, en algunos casos, no pueden elegir pareja ya que tendrán que vivir con quien su padre disponga previo arreglo económico o trueque.
La comprensión de la subordinación de las mujeres sigue siendo endeble en la cultura política nacional y local, los actores están acomodando sus parlamentos frente al tema; pero no para un auténtico reconocimiento de la aportación social y económica de las mujeres; tampoco para democratizar la vida familiar y llamar a compartir por igual el trabajo doméstico y de cuidados.
Presenciamos un uso político distorsionado de la defensa de los derechos de igualdad de las mujeres; constatamos cómo, en nombre de la opresión de las mujeres, se convoca, se moviliza y se reclama; pero no encontramos congruencia entre esos actos y la vida interna de los congresos, las organizaciones sindicales, los partidos políticos, los gobiernos emanados de cualquier signo o coalición e incluso las organizaciones civiles.
La revisión de los usos y costumbres es una exigencia pero no existe consenso ni en el Congreso de la Unión ni en los Congresos Locales para forzar dicho proceso. La responsabilidad de subsanar el déficit de participación política de las mujeres es del Poder Legislativo, que debería deliberar y establecer medidas que permitan a las mujeres el goce y disfrute de sus derechos.
En Oaxaca, el reconocimiento de las desigualdades entre culturas es hoy una verdad incuestionable; pero el reconocimiento de las desigualdades de las mujeres no; exigir el reconocimiento de esta forma de desigualdad todavía incomoda, ofende, molesta a la clase política y a la sociedad civil.
El trato desigual que durante décadas ha concedido el Estado Mexicano a las entidades del norte del país, en perjuicio de las entidades del sur, es criticable por injusto; el trato desigual que se da a las mujeres en la sociedad se hace pasar como una condición natural, como algo biológicamente determinado, no como lo que es: una práctica indecente, ofensiva e injusta.
Las religiones continúan influyendo en los asuntos públicos; el clero participa funcionalmente de las decisiones políticas. Los políticos consienten los abusos de las religiones, principalmente, del catolicismo y se impide desde los gobiernos, por ejemplo, los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres.
Perviven prácticas patriarcales legitimadas en la ley, en la religión y en los usos y costumbres, de consecuencias lamentables para la libertad y autonomía de las mujeres. Este es el escenario que se alcanza a ver y este es el escenario que urge transformar.
Se ha dicho que en un estado como Oaxaca, cuyos paisajes cambian de "pre" a posmodernos en tan sólo 10 kilómetros, el único feminismo posible es el de los libros. No lo creo.
Imaginar y construir otro mundo, es posible. El desenlace de esta utopía, requiere de la construcción de un diálogo político distinto y un gran acuerdo que redunde en los cambios que requerimos.
* Feminista de la Agencia para la Igualdad S.C.