lunes, 30 de julio de 2012

Palabra de Antígona, Diputadas al Congreso


Palabra de Antígona
Diputadas al Congreso

Por Sara Lovera
La LXII Legislatura que iniciará en septiembre próximo, contará con casi 37 por ciento de mujeres de seis distintos partidos políticos. En total 183, según el análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG), cifra que podría variar a favor o en contra, tras procesos que están en disputa.

Esto es ocho puntos porcentuales más que en la actual legislatura. Ello, dice el CEAMEG, sólo y nada más porque los partidos políticos fueron sentenciados por el TRIFE a simplemente cumplir con la ley. Los partidos siguen en actitud de  resistencia para otorgar en tiempo y forma el 2 por ciento de sus ingresos -prerrogativas de ley- para asegurar la capacitación de nuevas líderes. Además de sus tradicionales mecanismos de control o su ignorancia supina respecto a los derechos de las mujeres.

También los partidos, cuellos de botella para la participación política de las mujeres, si los dirigen los hombres tradicionales, pondrán escollos para avanzar en hacer efectivas leyes que hoy son solamente de papel y que podrían ser aplicadas, mitigar el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres y hacer efectivos  los derechos sexuales y reproductivos. Una demanda central es legalizar el aborto.

Del PRI y Verde, si logran tener acuerdos en el Congreso, habrá 83 mujeres que pueden no tener la misma visión, pero si alianza; de la izquierda 50 mujeres y de la derecha tradicional 36. Es decir un cúmulo de mujeres que podrían hacer la diferencia. Se ha llegado a sólo 4 dígitos del 40 por ciento de ley, pero al mismo tiempo esta vez se rebasó el ansiado 30 por ciento que ha propuesto la ONU como mínimo para asegurar una masa crítica femenina en las cuestiones de Estado. 

Lo grave de este asunto es que muchas mujeres llegan a las cámaras sin ningún interés por los derechos humanos de las mujeres. Con franjas de desconocimiento elemental sobre éstos y con visiones distorsionadas de la oportunidad de poder usar su curul y la tribuna para empujar y resolver  los problemas de la desigualdad. No se trata de que lleguen y ya. Esto es un pendiente histórico.

Si la gran mayoría de las que serán diputadas pertenecen a institutos políticos conservadores, como PRI/PVEM/PAN, no podemos estar muy contentas. Todas las que vienen de esta ideología torcida serán 123, o sea, la perspectiva es más bien negativa frente al tamaño del reto, aunque podríamos pensar que muchas pueden actuar con autonomía.

La última encuesta de INEGI, sobre violencia indica que cerca de 18 millones de mexicanas sufren algún tipo de violencia en sus hogares, sin considerar los millones de mujeres afectadas por la cadena de violencia institucional, los apresamientos ilegales, las desapariciones, las asesinadas (más de 2 mil al año) y por supuesto las que viven violencia por el sólo hecho de ser pobres, indígenas o sin opciones por edad, etnia o condición social y familiar.

LAS CIFRAS Y LOS RETOS

Las mujeres ganaron en elecciones de mayoría, votadas por quienes acudieron a las urnas el 1 de julio, 91 y 92 llegarán por la vía  de las listas  plurinominales.

En la mayoría, 45 por la colación PRI-Verde; 18 más por el PRI; del Frente Progresista (PRD-PT-MC) 20 mujeres, y 8 del Partido Acción Nacional.

Las que llegaron por lista (92), la mayoría fue de Acción Nacional con 28; luego el PRI con 23; PRD con 21; el Partido del Trabajo llevará cinco; el Movimiento Ciudadano cuatro, y por la votación conseguida el Partido Nueva Alianza, otras cinco, ninguna de ese partido ganó de mayoría.

Es decir, habrá una bancada femenina muy plural, que afrontará nuevos retos especialmente lo que significa desafiar a sus entidades de la República para armonizar las leyes de violencia e igualdad en códigos, constituciones, reglamentos, ideas, muy desiguales y que con frecuencia significan atajos para lograr poner en práctica lo que se acuerda desde el centro. Un gran problema.

Las fuerzas femeninas y los abogados del país, en entidades muy dispares, no reconocen que la máxima ley para garantizar la igualdad y los derechos humanos a las mujeres es la Constitución, avanzada años luz respecto de las legislaciones locales.

El otro problema que las diputadas tendrán que enfrentar es cómo llegar a una acuerdo para presidir las comisiones estratégicas. La de Feminicidio, la de Equidad y Género, el partido que dirigirá el CEAMEG y otras comisiones tan importantes como desarrollo social, salud, migración, población, seguridad y presupuesto donde las mujeres con conciencia de mujeres podrían hacer la diferencia.

Ello no significa desaprobar la importancia simbólica de esta bancada de 183 mujeres, tras muchos años en que las mujeres no llegaban a más del 20 por ciento, las que se ganaron el nombre de juanitas por renunciar inmediatamente para dejar el lugar a un varón –lo que no se podrá hacer hoy- y la sensación de incomunicación sistemática, por la falta de interés en las cosas de la mitad de la población.

Algunos grupos de mujeres ya festejan estos números. Los muchos años de esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por promover la ciudadanía femenina están dando frutos.

Lo contrario a esta sensación satisfactoria, es saber que lo que en el país se juega en estos tiempos, es la gobernabilidad, la violencia y, por supuesto, la democracia. Saber que el proceso presidencial es al menos ilegítimo, porque precisamente en la venta y coerción del voto, las mujeres del pueblo fueron fundamentales, su doble carga, su dependencia milenaria y su pobreza, no las coloca como actoras para la democracia sino todo lo contrario. Este también es un escollo que no se puede evadir. No festejar, sino asumir el tamaño del problema del país, es lo que ahora toca. Veremos.
saralovera@yahoo.com.mx

domingo, 22 de julio de 2012

Mujeres y Política Otra vez de policías y militares


Mujeres y Política
Otra vez de policías y militares

Soledad JARQUÍN EDGAR
No es normal o no debería ser, por tanto la sociedad mexicana no debería permitirlo y sí condenar en todo sentido la violencia contra las mujeres, más aún cuando en este tipo de actos delictivos están involucrados policías o militares, quienes por el contrario deberían proteger a la población, pero no ha sucedido así; en muchos casos las mujeres y las niñas son objeto de violencia sexual que ha sido utilizada como una forma de tortura. Un acto inconfesable que nos habla y hasta mide de la calidad moral y de la tolerancia ciudadana. Nadie se entera o se da por enterada, pocas personas se indignan y menos personas actúan, como sociedad estamos prendidos del pleito entre políticos y partidos, la inalcanzable democracia que mide nuestra inmadurez ciudadana al permitir todo lo que no debe ser aceptado.
El recuento de este tipo de hechos de violencia sexual contra mujeres es tema de un libro, pero la memoria -aunque corta y subjetiva- nos recuerda que en julio de 2006 el país conoció de la violación sexual cometida en contra de 14 mujeres, eran tiempos electorales y los perpetradores de tales actos eran elementos del 14 Regimiento Motorizado del ejército mexicano que estaban en Monclova, Coahuila, para cuidar la paquetería electoral.
Los elementos del ejército, una veintena de los cuales 12 fueron reconocidos por sus víctimas respondieron de forma violenta luego de que uno de ellos, vestido de civil había sido corrido del bar Las Playas donde había protagonizado una riña con otros parroquianos en ese centro de divertimento. No conforme, el soldado amenazó con volver y volvió horas más tarde, esta vez eran 20 soldados uniformados, portando armas y vehículos militares para cometer la violencia sexual en los cuerpos de 14 mujeres de entre 18 y 40 años, quienes trabajaban en Las Playas y el Pérsico, además de asaltar, amenazar y golpear a quienes se les ponían enfrente en los dos antros de la zona de tolerancia de Castaños, municipio conurbado a Monclova.
Con la participación de policías y militares, así como de grupos paramilitares, se han cometido actos de tortura o venganza en los que está de por medio la apropiación del cuerpo de las mujeres y niñas; Castaños fue emblemático y, como muchas personas lo saben, cobró notoriedad internacional porque fue el primero en la historia mexicana donde los soldados fueron juzgados por el fuero común y no el militar por los delitos de abuso sexual, robo, amenazas y agresiones físicas.
Al final, sólo cuatro soldados fueron condenados, tres de ellos purgan alguna condenas. Incluso está pendiente el proceso contra un soldado que se dio a fuga, por lo que sólo 13 de las 14 mujeres recibieron “justicia”. Como se dijo entonces tras conocerse el fallo: justicia a medias o impunidad para ocho soldados, todo depende cómo se quiera ver, en la vida de estas 14 mujeres quedó la huella de sus criminales.
Sin embargo, hay testimonio y sobre todo víctimas en las zonas indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde los casos se cuentan por más de uno en cada entidad y uno de ellos llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de las guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo. En Oaxaca ni siquiera hubo denuncia, las indígenas zapotecas del pueblo Loxicha fueron amenazas y advertidas de que si no decían la verdad serían ellas las acusadas y saben ¿quién les hizo tal advertencia? Pues el entonces “ombudsman” oaxaqueño Evencio Nicolás Ramírez Martínez, a la postre Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, quien como tal no movió ni un dedo para detener a los señalados como responsables de la desaparición forzada de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez. También este julio sumaron ya cinco años de su ausencia y nadie sabe nada de ellas.
A partir de 2006, se han documentado otros casos de violencia en la que están involucrados policías o militares en Veracruz y en Michoacán, pero también existen reportes de hechos similares en Baja California, Chihuahua y Estado de México, el último puesto sobre la mesa de nueva cuenta como resultado de la contienda electoral: Atenco donde policías cometieron abuso sexual contra 26 mujeres, bueno ese es el número de las que denunciaron, y hasta ahora nadie ha sido castigado, mal precedente para las mexicanas como auguran las feministas.
Norte, sur y centro del país están atravesados por el mismo miserable problema, que deja huellas de la crueldad criminal con la que actúan los cuerpos de “seguridad” mexicanos, situación fortalecida a raíz de la estrategia guerrera empleada por el comandante en jefe, Felipe Calderón Hinojosa, las mujeres que transitan de un lado a otro del país o que ponen un pie fuera de sus viviendas, han visto limitados sus espacios, amenazada su libertad y su existencia en general, entre el comando de los malos y el comando de los que vestidos de buenos actúan peor, datos concretos están en el informe sombra de la CEDAW que revelan como se ha dicho un incremento del 68 por ciento en feminicidio entre 2007 y 2009; en Nuevo León el incremento es de casi 300 por ciento; también aumentó la desaparición de menores en 60 por ciento y las alarmas se encendieron porque son destinadas a la trata, más de tres mil mujeres, principalmente jóvenes, en sólo nueve estados. En suma exponen en el documento las organizaciones el incremento tiene una relación directa con la “estrategia” de combate al crimen organizado y Felipe “El Valiente” Calderón ni se inmuta, ni “no teme ser llevado a la Corte de la Haya”, notición de ocho columnas.
Las cifras nos revelan el tamaño del problema, pero pensemos en sólo una de esas vidas, en el sufrimiento de esas mujeres, en como impactan a sus familias cercanas, amigos y compañeros. Pensemos en eso y mejor aún pongámonos en sus zapatos, a ver si así nos movilizamos más.
Para casi todas las mujeres, resulta por demás indignante, humillante y dolorosa la forma en que la injusticia sigue marcando sus vidas y hay muchas muestras; en todas partes la impunidad sigue una marcha segura, se nota porque mientras unas siguen esperando que sus victimarios sean castigados, a otras se les castiga por tomar decisiones que ante los ojos de los otros resultan amorales, como sucede con las mujeres a quienes se les ha criminalizado por abortar, aun cuando haya sido por causa involuntaria.
Todos los días nos seguimos tropezando con esas historias de terror, pero sólo cuando las víctimas acusan y denuncian, a veces a pesar de sus vidas. El episodio indignante de violencia sexual cometido por dos policías en activo, un ex policía y un ex militar en un parque del Estado de México contra ocho adolescentes y jóvenes integrantes de una agrupación religiosa que se encontraban en un retiro, es una nueva laceración donde la marca de la impunidad y la falta de investigaciones científicas, pero sobre todo la parálisis y complicidad de las procuradurías estatales o federales está presente. Se trata de una herida para la sociedad, no sólo para las mujeres, porque ahora ya se sabe, que algunos de estos delincuentes que atacaron en campamento el pasado 13 de julio eran verdaderos pájaros de cuenta, pues al menos se les relaciona con tres homicidios y asaltos.
Como en algunos otros casos anteriores, de nueva cuenta la presión social y lo que nos queda todavía de indignación colectiva de mujeres y algunos hombres, favoreció en la detención de al menos 17 presuntos o confesos involucrados. ¿Cuánto dolor habrían ahorrado a todas estas mujeres, jóvenes y adolescentes si las autoridades del Estado de México hubieran actuado y detenido desde febrero o marzo pasados a estos delincuentes? Porque fue entonces que cometieron los otros delitos y a cuántas mujeres más lastimaron durante ese tiempo en que las autoridades ni investigan ni detienen.
Sin duda es preocupante que en México sigan ocurriendo casos como el que vivieron estas jóvenes, donde los delincuentes son policías o militares, en activo o ya no. Estamos ante un hecho real: la apropiación del cuerpo de las mujeres como ejemplo claro y patente de las relaciones de poder desigual, donde ellas son el objeto, el trofeo que pueden tomar y humillar, muchas veces hasta la muerte de las víctimas.
En un país, dónde el jefe de jefes, a pesar de que su mandato está por terminar, presume a sus fuerzas castrenses y de forma velada también de los efectos sangrientos que esta guerra ha tenido, esta claro que no se les re-educa para que respeten la vida de la ciudadanía, en especial de las mujeres, a quienes insisto se les sigue viendo como cosas. Cuando ocurre lo contrario le llaman “efecto colateral” o se nos atravesó. Lamentable pero cierto, como me dijo en una entrevista don Raúl Vera, Obispo de Saltillo, Coahuila, los militares (y eso incluye a los policías) son enseñados a despreciar a la gente, más aún si se trata de gente pobre o de mujeres.
El desprecio a la vida humana es, sin duda, lo que reflejan estos delincuentes con uniformes o sin ellos, algunos como ya vimos surgidos de las escuelas castrenses de este país, donde se les dio enseñanza, comida y techo y, por si algo faltara, también sueldo, con dinero de los impuestos de la poca gente que los paga.
Las mujeres, como víctimas de este sistema machista, no sólo se enfrentan a la delincuencia de quienes tienen poder porque portan un uniforme, que les expropian la libertad a decidir sobre sus cuerpos, sino que también se enfrentan a la impunidad, a la falta evidente de capacidad del sistema y a la corrupción policial, esa que dice que investiga. Para muestra el doloroso caso de Jesica Lucero, una niña de 14 años que denunció a su violador y luego fue asesinada. Hechos ocurridos en el Estado de México, la punta del iceberg podrido de un sistema que no responde a las mujeres.
Capítulo Oaxaca
Sin duda a algunas autoridades les resulta difícil reconocer que tienen un grave problema de credibilidad. En Oaxaca, en lo que va del año 2012 han ocurrido 45 homicidios, al menos así lo revela el seguimiento hemerográfico, es decir, el de las notas publicadas en los diarios locales, incluyendo El Imparcial. Por eso hay que decirle que son 45 casos publicados y habrá otros que ni siquiera alcancen los medios que se editan en Oaxaca capital.
Sin embargo, la Subprocuradora de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Ileana Hernández Gómez, sostiene que son 33. Le aviso que ya las organizaciones feministas de Oaxaca iniciaron una colecta para regalarle un ábaco y unos lentes violeta a ver si suma bien y cuenta a las que le faltaron, por lo que sus dichos no coinciden con el recuento ciudadano que realizan Consorcio-Oaxaca y otros espacios.
Tal ves la confusión de la funcionaria radica en que inexplicablemente, la flamante Subprocuraduría no es la responsable de investigar los asesinatos contra mujeres, sino otra instancia de la Procuraduría y tal vez eso la tenga fuera de la realidad, hecho que ya se le hizo costumbre, por eso la urgencia del ábaco y los lentes violeta para la Subprocuradora Ileana Hernández Gómez y lo peor es que sean una o dos, insisto, persiste la corrupción, la impunidad y la falta de vergüenza. No se engaña a Gabino Cué en el Año de la no violencia contra las mujeres en Oaxaca como dijo –seguramente con sarcasmo el gobernador-, lo que se pretende es justificar es lo injustificable: su falta de credibilidad ante las personas.



A Reserva, la memoria histórica en la propuesta política


A Reserva
La memoria histórica en la propuesta política

La memoria colectiva, al igual que la memoria  individual, no conserva el pasado de modo preciso; ella lo recobra o lo reconstruye sin cesar a partir del presente‖. Marc Bloch, 1925 ―Memoria colectiva, tradición y costumbre-.
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
No hay fórmulas mágicas ni acciones legales que verdaderamente transparenten una elección que, de forma y fondo, está ultrajada por los vicios políticos que se repiten o reciclan o tal vez solo son comportamientos que derivan de una forma de ser aprendida o incluso genética,  gravitando en torno de estos dos procesos centrales de la Independencia y de la Revolución Mexicana, que redundan en historia hegemónica desde hace más de un bicentenario.
La Independencia de México, desde una perspectiva histórica, fue un movimiento armado contra la dominación española que se había constituido  avasallando y sometiendo a las poblaciones indígenas prehispánicas; así lo refiere la memoria colectiva que alcanza grados inhóspitos de negación de lo español, para reivindicar y restituir en su verdadero lugar a nuestra matriz indígena, de la que de vez en cuando, en fechas y circunstancias especiales, nos sentimos parte.
Sin embargo, la Independencia no deja de ser un mito construido para reivindicar a los pueblos indígenas originarios de nuestro territorio y/o a las poblaciones mestizas; los sectores criollos de la antigua Nueva España marginaron las demandas de los sectores populares y rearticularon la antigua dependencia respecto de España, ampliándola con los años a una nueva dependencia más extensa respecto de varias economías europeas.
La Independencia políticamente ha servido para negar ese dominio español, aún cuando se siga privilegiando a las clases políticas, precisamente de ascendencia directa española como es Vicente Fox y en Oaxaca nuestros actuales gobernantes. Así, la lucha contra lo no mexicano ha resultado bastante imprecisa, es decir, se limita a que el poder político es de los habitantes de nuestro país, nacidos sobre el territorio nacional, aunque sus alianzas políticas y económicas se extiendan ahora más con el justificante globalizador.
El refrendo de la independencia que registra la historia como la Reforma Juarista, acota y determina la defensa del poder público del Estado frente a los poderes privados de la iglesia y el clero mexicanos. Tiempo histórico que la memoria colectiva prefiere olvidar o cuando menos ocultar, si se trata de reivindicar y defender el proceso de desamortización de los bienes del clero, que al acotar y disminuir significativamente el enorme poder económico de la Iglesia en México, permitió que el Estado limitara y controlara el poder de la Iglesia mexicana, reaccionaria y profundamente conservadora que además apoyó abiertamente las intervenciones extranjeras que padecimos a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX.
Este poder fáctico, que aliado hasta hoy con las causas políticas de derecha e izquierda, más dañino por su imposición desde las conciencias, que permea al Estado, lo envuelve, lo manipula, se aprovecha de su concupiscencia, oponiéndose sistemáticamente a los cambios sociales progresistas y a las demandas populares; que pugna desvergonzadamente por la recuperación de los espacios públicos, sociales y culturales perdidos durante los últimos ciento cincuenta años. Ya lo vimos, el Estado laico esta explícitamente en peligro, ningún partido político lo ha defendido como eje motriz de un Estado soberano e independiente, aún cuando se desgarren las vestiduras.
La Revolución Mexicana decretó en los hechos, a fin de cuentas, la permanencia de una clase en principio militar “revolucionaria” que atacó hasta la muerte a los verdaderos revolucionarios –los Flores Magón, Zapata y Villa-, por supuesto estorbosos para la burguesía revolucionaria que prefirió adoptar el modelo de la modernidad del siglo XX, un modelo hegemónico en el mundo occidental, el  modelo norteamericano tecnocrático y consumista: American way of life.
El Cardenismo, que reivindica la vena agrarista revolucionaria y la glorificada expropiación petrolera, símbolo de soberanía que repudia el intervencionismo extranjero y abandera las causas de una izquierda, que hoy protagónica, se dice neocardenista y se ha olvidado del proyecto de Lázaro Cárdenas de impulsar una educación socialista en México.
El movimiento estudiantil popular de 1968, conservado en la memoria popular de las clases subalternas de México, rechazado y hasta denostado por esa memoria hegemónica dominante, que resultó años después incorporado y hasta deformado convenientemente,  tratando de reducirlo a la condición de un capítulo en la historia oficial que refiere un movimiento más por la democracia, minimizando la profundidad de una verdadera revolución cultural de grandes dimensiones y  consecuencias.
La cultura política vigente de todos los grupos y partidos de la izquierda, de alguna u otra manera, interpelan el papel del gobierno en turno debatiendo sus múltiples prácticas represivas, aludiendo al 68 y su detracción frente al capitalismo.
Los ejes político-económicos del movimiento del 68 han quedado acotados en el “2 de octubre no se olvida”, por la memoria colectiva tolerada e incluso promovida por la izquierda mexicana, que ahora ha sido rebasada por #yosoy132, que no es lo mismo ni es igual, pero evoca al 68 por su origen universitario.
La partidocracia, creada y fortalecida desde aquel autocrático episodio en que José López Portillo   “ganó” la elección presidencial siendo el único candidato inscrito en las boletas electorales, lo que en un afán por legitimarse y democratizar la política electoral, frente a un mundo que se vestía de color verde dólar e iniciaba un nuevo modelo denominado “neoliberalismo”, al que la clase política mexicana quería a toda costa pertenecer.
Partidos de izquierda, de derecha, nacionalistas y hasta uno sinarquista, que en ese momento no se le veía futuro. El PRI, entonces verdadero partido de estado se lograría legitimar jugando con los comunistas, que hasta entonces, se inscribirían en la legalidad oficial. La derecha conservó su lugar incólume desde el PAN y los otros partidos estarían destinados a ser satélites.
La hora de la alternancia llega en el 2000, el PAN se posiciona con su vieja versión clerical y conservadora de la derecha belicosa, hoy aún en el poder en nuestro país, intenta vestirse con nuevos trajes mostrando una historia pretendidamente más moderna y menos partidista, no hay memoria histórica, parece novedad, no reconocemos en el PAN aquello que fue la causa de las luchas, de las guerras, la historia hegemónica lo oculta, lo disfraza.
Ahora parece que la historia se desdibuja, los acontecimientos aparentan estar aislados, sin sujeción al pasado; el proceso electoral enjuicia y pone en tela de duda lo conocido, lo que sabemos se percibe desde posiciones subjetivas. En esa memoria histórica cada grupo, cada persona desgrana y selectivamente hace el recuento de lo que sabe, lo que le han dicho, lo que percibe que significa uno u otro, el ganador oficial o el ganador moral, tal vez son lo mismo, representen historias personales distintas, pero una sola memoria hegemónica: la del poder, que persiste en colocar a un poderoso como el legal y a otro poderoso como el legítimo. Serán ellos a fin de cuentas que ocuparán un lugar en la historia y aún no la escriben, aún no hay memoria.

Canalgentelibre.com




miércoles, 18 de julio de 2012

PALABRA DE ANTIGONA, lo que nos espera


Palabra de Antígona
Lo que nos espera

Por Sara Lovera
Cuando leo que la defensora de derechos humanos, Margarita Martínez y su familia han salido de  Chiapas, porque ahí su vida está amenazada y no se puede estar  ante la indiferencia e ineficacia de las autoridades.

Luego veo un informe detallado de cómo  la violencia creció mil veces contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya geografía parece desvanecerse ante el cúmulo de protestas sin eco que nos definen como país sin remedio.

El colmo, cuando escucho al procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, que ni se inmuta por la violación de siete jovencitas en un paraje boscoso de Ixtapaluca, haciendo suponer que la violación equiparada no es violación y se defiende, señalando sin ambages, que por tres o cuatro "incidentes" no se puede generalizar y decir que el Estado de México es uno de los lugares más peligrosos del país, especialmente para las mujeres,  se me achica el alma.

Eso me envió directamente a la memoria. ¿Ya se olvidaron cómo fue  la superficialidad con que se trató a las mujeres de Atenco? 25 violadas por policías del Estado de México y, en retrospectiva, veo a las flamantes directoras de institutos de las mujeres consintiendo que el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, al negarse a activar la aleta de género, que tal vez hubiera evitado la atroz tortura de horas y horas  contra las jovencitas  en Ixtapaluca la madrugada del 13 de julio. Me siento peor que nunca ¿Qué nos espera? Me pregunto.

¿Qué esperamos si no levantamos nuestras voces en todas partes? Porque hay que agregar la lista enorme de mujeres asesinadas cada año, la cantidad inmensa de desaparecidas que se unen a la frivolidad con que las autoridades federales, socias del que ya siente que su casa está en los Pinos, me confirma la urgente necesidad de ser y estar fuera de las élites del poder, porque podemos convertirnos en cómplices de esta  espiral de violencia que se lleva periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, hombre y mujeres de la sociedad en los múltiples actos de violencia institucional.

Azorada me enteré esta madrugada que el periodista de derecha Pedro Ferriz de Con ha sido removido del noticiero en Cadena Tres del grupo Imagen  por su jefe Olegario Vázquez Raña, luego que dictó una conferencia a estudiantes donde dijo que Enrique Peña Nieto es ignorante, “un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar, todos sus colaboradores se han hecho millonarios y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano”, sátrapas –dijo- del grupo Atlacomulco y llamó a Peña Nieto arrogante que no hizo nada para que Arturo Montiel, ex gobernador, y "su padrino", fuera juzgado, por lo que en una ocasión le habría dicho que frente a ello, como comunicador “no lo podría respetar” y que su llegada a los Pinos era “una regresión”.

Tras lo que dijo, simplemente fue despedido. Observar que socios del sistema y anticomunistas como Ferriz de Con, es el primer comunicador impunemente reprimido,  sigo azorada. Su discurso está en YouTube y ahora Ferriz fue sustituido por un empleado de Carlos Salinas de Gortari, como lo es Pablo Hiriart, director del diario La Razón.

¿Qué nos espera? Ese es el problema supremo de este momento. La vuelta del PRI ratificará todos los temores y los asedios a la palabra, a la crítica y a la convivencia democrática que tanto anhelamos en este país herido de muerte por la impunidad y la injusticia. No se trata, es evidente, de cosas menores o insensatas. Es la vida de cada quien la que está en juego. Porque es vital poder hablar, discutir, decir lo que se piensa, sin que ello constituya un motivo de persecución o represión. Incluso de muerte.

Ahora mismo, un puñado de mujeres plantean en Nueva York cómo se violan los derechos a interrumpir un embarazo, a colectivamente pedir que se detenga la violencia, a solicitar que se cumplan los tratados internacionales que forman parte de la Constitución, que están en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y de Igualdad de Mujeres y Hombres, todas papel mojado, pero referencias necesarias de un supuesto Estado de Derecho.

CASO DE MARGARITA

En un comunicado difundido por las redes de mujeres se supo  que ante falta de garantías por su vida, Margarita Martínez y su familia salen de Chiapas porque hay ineficacia del gobierno estatal y del federal, para garantizar su vida, su integridad y su seguridad. Se trata de una  defensora de derechos humanos, entre decenas que son perseguidas por sus ideas y sus acciones de defensa. Una mayoría ligadas a las iglesias y a grupos simplemente humanitarios.

Margarita Guadalupe Martínez Martínez y su familia han decidido dejar temporalmente el lugar donde habitan,  porque aparentemente el Estado mexicano ha sido incapaz de protegerla a pesar de contar con medidas cautelares solicitadas por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Margarita Martínez  fue objeto de amenazas de muerte en varias ocasiones, la última el pasado 30 de junio, justo cuando preparaba su participación en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer  (CEDAW) en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, como parte de una delegación de defensoras de derechos humanos de México.

En el marco de la 52 sesión del CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras integrantes de la Red Nacional de Defensoras de México denunciaron ante esa representación de los gobiernos,  el contexto y la realidad de la violencia contra las defensoras en el país.

Su llamado fue elemental y dolorosamente conocido:  "En México se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la protesta social que vive el país."

La CIDH al conocer el caso fue muy  clara: El deber de prevención no se limita a proporcionar medidas materiales de protección, sino que conlleva la obligación de actuar sobre las causas estructurales que afectan la seguridad de las personas amenazadas. Para cumplir esta obligación, el Estado debe investigar y sancionar a los responsables de los hostigamientos, las amenazas y los ataques contra defensoras y defensores. Pero nada, lo menos es señalar que el gobierno de Chiapas es ineficaz, porque habría que llamarlo cómplice y omiso, por conveniencia.

¿Si eso sucede en un gobierno que fue perredista? ¿Qué nos espera? Margarita sufrió amenazas de tiempo atrás, desde el 2009. Incluso fue secuestrada y torturada. Por ello en el 2010, la CIDH emitió las medidas cautelares MC 52-10, a favor de Margarita Martínez y su núcleo familiar.

El pasado 30 de junio 2012, en la ciudad de San Cristóbal Las Casas, Chiapas, México, aproximadamente a las 18.00 horas, Margarita fue amenazada de muerte a través de un escrito, justo antes de asistir a Nueva York a una de las sesiones del Comité de la CEDAW.

¿Su pecado? su labor a favor de los derechos de las comunidades indígenas de Chiapas.

Las agresiones y las amenazas  contra las mujeres defensoras de derechos humanos,  se concreta con un dato simple: en los últimos dos años 11 defensoras fueron asesinadas. El diagnóstico indica que las entidades de mayor peligro son: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Se las persigue por denunciar las atrocidades y los homicidios contra mujeres, el tema de trata, de la desaparición forzada y los abusos de las fuerzas militares y policíacas del país.

En Nueva York muchas mujeres, encabezadas por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, discuten y alegan. Allá, entregaron 16 voluminosos informes y contra informes de lo que el Gobierno de Felipe Calderón señala, a través de Rocío García Gaitán, como el "adelanto de las mujeres".  No se trata sólo de tergiversar la realidad, sino de ocultar que la crisis de guerra desatada por el régimen de Felipe Calderón, que deja un gran desastre y una cadena de violaciones a los derechos humanos. Qué habrá que enfrentar en la próxima administración, la que por los antecedentes y las evidencias no ofrece nada. Al contrario.

¿Qué nos espera ahora?, sigo preguntándome.
saralovera@yahoo.com.mx