domingo, 24 de febrero de 2013

Mujeres y política: ¿Irresponsables?


Mujeres y Política
¿Irresponsables?

Soledad JARQUÍN EDGAR
La muerte materna ha sido una preocupación en todos los tiempos y lugares, México no es la excepción, se ha pasado por toda clase de creencias, desde aquellas que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres como algo que no les pertenece, pecaminoso con recomendaciones absurdas y en el que ellas no deciden, como si el cuerpo no les perteneciera, hasta la satanización de las parteras y su supuesta “responsabilidad” en la muerte que le llaman materno-infantil.
En el México independiente se llegó a decir que las mujeres “se abandonaban…” a las parteras, “…acompañadas de ridículas ceremonias y ritos encabezados por viejas ignorantes y supersticiosas”, como escribió el médico y periodista, editor del Mercurio Volante, José Ignacio Bartolache, quien además les proponía que estudiaran “El arte de partear, escrita y perfeccionada hoy por hombres muy hábiles” que tendrían que saber más del tema que una mujer, refiere Carmen Ramos Escandón en el capítulo titulado El cuerpo femenino, embarazos, partos y parteras, que compila Julia Tuñón en el libro Enjaular los cuerpos (Ed. Colegio de México, 2008).
Hoy, sabemos que el problema fundamental está en la corporalidad (el uso del cuerpo femenino por sobre todas las cosas y para todos los hechos) y en el rol que las mujeres debían desempeñar como destino ineludible: madres y además abnegadas. Siguiendo a Julia Tuñón podríamos decir que negar la naturaleza humana “propia” de las mujeres sería ir contra natura y en específico contra lo divino. La regulación del cuerpo de la mujer pasa por la maternidad. “La maternidad está privilegiada en la ley como el fin último no sólo del matrimonio, sino de la vida de la mujer”, escribe Ramos Escandón, y Tuñón sostiene que “Al enculturar al cuerpo humano se carga de “género” y se jerarquiza. La asociación común de lo femenino con el cuerpo y lo masculino con la Mente equivale a asociar a La Mujer con la naturaleza y al Hombre con la cultura…”.
El mundo patriarcal, donde ellas son destinadas a servir a otros a través de la maternidad y los otros papeles que en la vida les toca desempeñar y a ellos gobernar el mundo, decidiendo, con o sin mandato escrito el destino de más de la mitad de la población, incluyendo la de una mayoría de hombres (los sin poder). Así se determina el mundo y con esa determinación se cimenta la desigualdad.
Es esa concepción decimonónica con la que hoy piensa, se expresa y actúa el secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, al afirmar que la muerte materna es resultado de la falta de responsabilidad de las embarazadas y acusa que esas mujeres no acuden a la atención prenatal. Esa falta de cultura de acudir a la revisión médica es a lo que este funcionario llamó irresponsabilidad. Es su mandato incumplido por estas mujeres.
Sin embargo, antes de expresar tan lapidariamente el calificativo de “irresponsables” a las mujeres que fallecen durante la gestación, parto o 45 días después del parto o lo que es lo mismo muerte materna, vale la pena recorrer algunos escenarios de la realidad local, de la realidad de las comunidades que ahora en viajes relámpago “conoce” el funcionario de élite y que a todas luces lo muestra no solo irresponsable, superfluo, insensato, necio sino hasta ignorante e incapaz de entender la otra realidad, la que precisamente no conoce y que es la realidad en la que viven miles de mujeres en esta entidad empobrecida y saqueada por esa élite a la que él pertenece.
En las más de 10 mil comunidades de Oaxaca, a pesar de muchos esfuerzos y de algunos avances, más que hospitales y clínicas, lo que abundan son casas o centros de salud, lo que precisamente encontraron las dos mujeres de la comunidad mixe de Estancia de Morelos, municipio de Santiago Atitlán, que finalmente fallecieron y por quienes se originó la declaración de “irresponsables” por parte de Tenorio Vasconcelos.
En esas mismas clínicas de salud, cuando las hay porque no siempre hay un centro de salud en cada población, el personal médico actúa de forma negligente –no siempre aclaro, también hay personal médico rescatable-; pero la documentación de casos por parte de investigadoras que se han especializado en el tema de la muerte materna, revelan que la falta de interés, el desconocimiento y la no atención oportuna, de calidad, suficiente y necesaria, como “motivos” que favorecen el deceso de mujeres, como sucedió con las mujeres de Estancia de Morelos.
En esas mismas clínicas de salud, entre más lejos, menos preparados para atender emergencias están las y los médicos, porque se trata fundamentalmente de pasantes o prestadores de servicio social a quienes se les delega, esa sí, grave responsabilidad de atención a la población. Riesgo que se incrementa porque entre más lejos sea la población menor es el promedio del estudiante, algo que ha sido también revelado por las investigadoras e incluso por el Comité Estatal por una Maternidad sin Riesgos que intentaron en algún momento que ese sistema de designación cambiara sin ningún éxito aparente.
En esas clínicas de salud del sistema que dirige el doctor Tenorio se violentan de manera permanente y sistemática los derechos de las mujeres por el hecho de ser pobres, por ser indígenas y también por ser mujeres, la triada de la discriminación, situación en la que parece fue inevitable que cayera el funcionario y no es que se haya ”resbalado” o equivocado, no, por supuesto. Lo dijo con naturalidad, la naturalidad que le caracteriza a muchos “servidores públicos” de esta y otras administraciones, el mal del ladrillo, dirán algunos. Yo digo y sostengo que es el mal de ser ignorante y como dice una sabia señora de ser perversos.
En muchas localidades oaxaqueñas a falta de casas, clínicas u hospitales lo que se han ofrecido desde hace dos sexenios son ambulancias para el traslado oportuno de las pacientes o enfermos graves, se han tratado de implementar redes con las autoridades, pero en una entidad donde todo cambia cada año en un buen porcentaje de comunidades resultan inoperantes, estos mecanismos solo sirven para la foto, el resultado es que aún sigue prevaleciendo la muerte materna en Oaxaca.
Cierto que la atención prenatal contribuye a reducir los riesgos, pero en una población donde no hay sino un médico que no está o no está debidamente capacitado o de plano no hay ni centro de salud ni médico ¿qué se puede hacer? Entonces ¿quién actúa irresponsablemente? ¿Las mujeres que se embarazan o el Estado-gobierno cuyas políticas públicas, como se llama pomposamente a los mecanismos de atención a la población (cuando existen claro), no sirven para nada?
Una de las razones, también expuesta por las investigaciones realizadas en estas tierras objeto de toda clase de estudios, es la desarticulación de las políticas públicas, la visión parcial de un grave problema que no solo tiene que ver con la parte médica sino también con la social (la costumbre, la falta de valor que tiene la vida de las mujeres dentro del patriarcado de familia y de gobierno, el no permitir que tomen decisiones sobre sus cuerpos y con ello marcar otros destinos, una conquista y colonización, incluso, en el nombre de Dios) y que por infinitos celos, necedades, sabidurías mal entendidas e irresponsabilidades (insisto) de programas que se quedan en la superficialidad de la foto y la publicidad pero sin resultados concretos en la vida de las mujeres.
Razones suficientes para que Oaxaca, como Chiapas y Guerrero, desde que se mide la muerte materna no hayan dejado de aparecer en los primeros deshonrosos lugares, situación que se justifica en la pobreza de las comunidades, en la irresponsabilidad de las mujeres como acusó el secretario de Salud Tenorio Vasconcelos y no en la falta de eficiencia de las “políticas públicas”, que sí, es cierto han disminuido el número de decesos, pero esa disminución nunca será suficiente porque ninguna mujer debería morir como resultado de su maternidad. Tal y como lo han señalado: la muerte materna es un indicador que permite medir el grado de desarrollo humano y la atención que los gobiernos otorgan a las mujeres embarazadas y cuando ese indicador falla -como es el caso de Oaxaca- habla de lo poco que ha importado este problema de fondo y forma.
Entonces ¿Quién en realidad es responsable? ¿Las mujeres que no tienen ninguna oportunidad para saltar las barreras de la desigualdad  y todo lo que esto acarrea en sus vidas, estas mujeres a quienes los mecanismos colonizantes pretenden imponer soluciones desde los escritorios, sin ensuciarse los zapatos o los políticos que acusan a las mujeres de ser irresponsables por no atenderse o acudir a la atención prenatal, aún cuando lo que no hay son espacios dignos y un trato de primer nivel que como ciudadanas se merece sino lo que encuentran son políticas públicas de membrete, fantasmas o elefantes blancos? La realidad es el hecho concreto de la ausencia de políticas de Estado que se articulen con la comunidad para tratar de enmendar el daño causado por la desigualdad por la razón de ser mujeres, de ser indígenas y también no indígenas y de ser pobres, eso sí.
No sé a usted pero a mi me parece que la responsabilidad es bien clara, el que no haya ni una sola muerte materna, tiene responsables y esos responsables tienen nombre y apellido, pueden actuar juntos o separados, son los señores del gobierno empezando por el propio gobernador Gabino Cué y en segundo lugar su (porque él lo nombró) responsable de los Servicios de Salud de Oaxaca, German Tenorio Vasconcelos.
Women Deliver, organización internacional que reúne a las voces de todo el mundo para llamar a la acción para mejorar la salud y el bienestar de las niñas y las mujeres, ha sido muy clara, es necesario invertir en las mujeres, invertir en su educación las hará más proclives a solicitar, ahora sí los servicios de salud, por eso se dice que reducir la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres desde las políticas de Estado requiere de atención integral, ¿podrán? ¿tendrán tiempo? O es que a propósito del 8 de marzo seguiremos viendo “celebraciones” y escuchando discursos sin sustento y que provocan en el mundo que más de medio millón de mujeres muera cada año durante el parto o por causas vinculadas al embarazo. Mientras en países del norte de Europa a lo largo de toda la vida el riesgo de muerte es una entre 30 mil, en los países pobres (como estados pobres) es de una entre seis. Y por cada mujer que pierde la vida debido a un embarazo, entre 15 y 30 más sufrirán enfermedades o incapacidades permanentes, como revela Women Deliver.

@jarquinedgar

A Reserva. La educación y sus vericuetos


A Reserva
La Educación y sus vericuetos

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
La educación es el sistema de formación (enseñanza-aprendizaje) destinado a conseguir el desarrollo de las capacidades intelectuales de las personas.
La calidad educativa es un derecho fundamental, que además de ser eficaz y eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa.
Ejercer el derecho a la educación es esencial para desarrollar la personalidad e implementar los otros derechos humanos, por lo que nadie puede ser excluida de ella. El derecho a la educación está fundado en los principios de obligatoriedad y gratuidad, y en el derecho a la no discriminación.
La obligación del sistema educativo en un estado democrático, es proporcionar a las y los educandos la posibilidad de acceder al conocimiento y de prepararse intelectualmente para su propia superación y crear una sociedad más justa con oportunidades en igualdad de condiciones. Una educación de calidad es la herramienta por excelencia para la movilidad social y para el desarrollo del país.
Claro es que el proceso educativo requiere para su desarrollo de un gran número de condicionantes de diversa índole –económica, política, didáctica- que van a permitir alcanzar resultados mediante los cuales estaremos en posibilidad de evaluar su propio desarrollo y su nivel de calidad con respecto a lo que la sociedad está exigiendo del propio sistema educativo. También debe considerarse que el contexto es cambiante y las nuevas demandas exigen que todos los niveles educativos se adecuen y ajusten a nuevos escenarios.
En la actualidad una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía e incluso de algunos gobiernos en estrecha relación con la sociedad es el relacionado con la calidad en la educación. Desasosiego que  esencialmente se debe a los obtusos rendimientos académicos, muy por debajo de lo mínimo.
El bajo rendimiento académico en México considera al país como una sociedad de reprobados, en el sector de la educación primaria tres de cada 10 estudiantes que ingresan no la terminan. Los exámenes de admisión en los niveles de secundaria y educación superior confirman lo anterior, la mayoría de aspirantes reprueban o en el mejor de los casos obtienen muy pobres calificaciones.
Si las proporciones cuantitativas son alarmantes, las cualitativas son devastadoras. México tiene prácticamente cubierta la educación básica, es decir, primaria y secundaria; datos de la SEP informan que la terminan 73 de cada cien estudiantes; la pérdida aumenta a más de 50 estudiantes que abandona la escuela en media superior, situación que se agrava de forma que apenas llegan 40 de cada cien a las universidades, y aún menos estudiantes concluyen sus estudios superiores. Así, en México menos de 30 estudiantes por cada 100 que comenzaron la primaria llegan al término de sus estudios profesionales.
Aquí está el problema ¿por qué no terminan la prepa o el bachillerato? ¿Por qué no ingresan a los niveles superiores? Habrá, claro, quien refuerce la idea de que es por razones estrictamente económicas; sin embargo, no podemos obviar los miles de estudiantes que son rechazados de las universidades y tecnológicos de carácter público; entonces hay algo que tiene que ver con la pésima calidad de los estudios básicos y medios ¿No es cierto?
El problema educativo en el país no es de cobertura sino de calidad. Un sistema educativo que desee elevar sus parámetros de calidad debe comenzar por admitir que su funcionamiento presenta deficiencias serias que requieren de su atención inmediata si en realidad está buscando desarrollar un sistema de enseñanza con miras a elevar su calidad.
Hace unos días el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, afirmó contundente que la rectoría de la educación es una decisión presidencial y refrendó que la política en la materia la dicta el Estado. Sin duda así es o así debería ser, pero hace muchos años que el Estado lo hace mal, que los gobiernos tanto del PRI como del PAN y del PRD han solapado perversamente la violación permanente al derecho a una educación de calidad, sentenciando al pueblo a una vida a medias, ignorante y desinformada que promueve la desigualdad y por ende la pobreza.
Hay muchas cosas que decir de la educación en México, mil calificativos denigrantes que seguramente son imputables a la pésima acción gubernamental y aún más a las criminales omisiones y complicidades que han permitido que la educación sea rehén de una camarilla sindical, cuyo único objeto es mantener sus posiciones de poder político y económico inmutables. Esa camarilla enorme -se dice que es el sindicato más grande y poderoso de Latinoamérica- es a la vez la docencia inepta e ineficaz que rompe, en principio, el postulado de “calidad educativa”, ya que no puede haber educación de calidad si quienes la imparten distan con mucho de ella.
A mayor ignorancia, la pobreza y la marginación está presente y tal vez podamos entonces comprender por qué las escuelas públicas de educación superior en México presentan, por un lado, signos ineludibles de la pauperización compleja con altos grados de resentimiento social producto de una larga crisis que permea la vida de estos jóvenes desde que nacieron, agravándose por la descomposición socioeconómica y sus efectos.
Y, por otra parte, tenemos una segunda dimensión del aprendizaje que impacta en la calidad de la educación y tiene que ver con la cuestión ético-política. Habrá entonces que poner más atención en la relación enseñanza-aprendizaje, es decir, qué aprende la niñez y la juventud del profesorado en las escuelas. Lo preeminente durante los procesos educativos básicos y medios como valores que predominan paralelamente a la curricula escolar y que incluso hay casos en los que la superan. Me refiero al “movimiento magisterial”  que no educa y prioriza el posicionamiento político, la protesta, el abandono irresponsable de aulas y el uso indiscriminado de la violencia como mecanismo de chantaje. Las alternativas del desarrollo social siempre giran alrededor de las opciones clásicas entre democracia o autoritarismo, equidad o desigualdad, libertad o dominación.
La expansión de las nuevas tecnologías, para algunos es promesa de todas las utopías democráticas, mientras que para otros constituye una amenaza destinada a reforzar las desigualdades y los controles sobre la ciudadanía.
Estas dos dimensiones que acompañan a la “educación” escolarizada, omitiendo los estándares de calidad educativa redefinen en la praxis los objetivos mediante discusiones, compromisos y acuerdos de carácter político, radical, normalmente sin justificación en los procesos de aprendizaje, implicando muchas veces la organización cuasi clandestina, la reivindicación de supuestos derechos sociales,  declarando la integración de nuevos grupos de “poder político interno o el reforzamiento político de otros grupos externos o ambos; la constante es la intervención ideologizante sin atribuir ninguna reconstrucción del conocimiento propia de una escuela.
El conocimiento y la información científica y humanista queda de lado frente a los resabios sociales que no cambian porque no se modifican los cánones educativos.
Oaxaca se cocina aparte, la educación y los procesos educativos no los define ni el gobierno ni las y los maestros, es más perverso aún. Ni la educación como tal es un eje fundamental para el desarrollo social, ni mucho menos el gobierno la garantiza como derecho fundamental; la sección 22 del SNTE, como ente omnipotente fuera del alcance humano, decide sus acciones no para transmitir conocimiento en procesos de aprendizaje, como herramienta democratizadora para la igualdad. No, de ninguna manera, el alumnado solo es su instrumento  de negociación, la carne de cañón que utilizan 10 o 20 sujetos para conservar el poder insólito que le ha obsequiado el gobierno estatal, los de antes y el de ahora, que se traduce en la manipulación de 70 mil docentes para apoderarse de las calles y carreteras, tomar a la población de rehén impunemente y despojar las arcas públicas cada que  lo requieren con complacencia de grupos políticos que a su vez convienen con “el magisterio oaxaqueño” quienes actúan como mercenarios, aves de rapiña en pos de prebendas económicas y políticas.
Indignante resulta que sea precisamente el magisterio quien someta al pueblo a la dictadura más infame: la ignorancia.
Sin educación de calidad no hay desarrollo, sin desarrollo difícilmente se vive en paz y con dignidad.
Canalgentelibre.com


Protección a Periodistas


BOLETÍN DE PRENSA
DEMANDAN PROTECCIÓN OFICIAL
A COMUNICADORES DE TAMAULIPAS

  • Caso “Valor por Tamaulipas”, ejemplo del terror nacional
  • Piden medidas federales a favor de periodistas en riesgo
  • Llaman también a la solidaridad del país e internacional
La Casa de los Derechos de Periodistas demandó este domingo que el gobierno federal establezca de inmediato las medidas necesarias para proteger la vida de las y los comunicadores en riesgo en el estado de Tamaulipas, así como de sus familias, y garantice las condiciones para el ejercicio libre del periodismo en ese estado.
Tras la campaña de posibles narcotraficantes en contra del sitio civil “Valor por Tamaulipas”,la asociación pidió a la Secretaría de Gobernación la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a favor de la seguridad de las y los comunicadores de ese estado.
Mediante un comunicado, la presidenta de la Casa, Judith Calderón Gómez, llamó también a la sociedad civil nacional e internacional para promover la solidaridad hacia las y los comunicadores de Tamaulipas, tanto periodistas tradicionales como “blogueros” y demás personas que comunican como servicio a la comunidad.
“La visibilidad puede salvar vidas; por ello consideramos sumamente importante que se publique por todos los medios la gravísima situación que afecta a las y los comunicadores de Tamaulipas”, destacó.
Ante la circunstancia de Tamaulipas, dijo, el mecanismo de protección a periodistas “tiene la posibilidad de mostrar que su existencia y operación tiene alguna utilidad para la vida democrática de nuestro país, dado que aún no lo ha dejado claro”, y que el gobierno federal puede mostrar si le interesa la seguridad de las y los comunicadores.
Calderón Gómez consideró que la situación de Tamaulipas es sólo un ejemplo de la crisis que vive nuestro país por la violencia desatada en el contexto de guerra contra el narcotráfico y que, además de la de seguridad personal de muchísimas personas, “viola de manera continuada el derecho colectivo a saber”.
Explicó que en ese estado, como en otros lugares del país, después de asesinatos de periodistas y ataques armados a instalaciones de medios, el terror ha llevado a las empresas periodísticas a abandonar la cobertura sobre la violencia relacionada con el narcotráfico, dejando así a la población aún más inerme ante esa violencia.
“Ante ello, ciudadanas y ciudadanos han hallado mecanismos para cubrir ese vacío y hacer circular la información mínima para hacer un poco menos insegura su vida y la de sus conciudadanos, principalmente a través de blogs y redes sociales mediadas por Internet, como el caso de “Valor por Tamaulipas”, página creada en Facebook.
La aparición de volantes en los que se ofrece dinero por información que facilite la ejecución de sus editores o de sus familiares cercanos “es un claro intento por bloquear la última vía que permite a las y los ciudadanos cierto acceso a la información necesaria para sobrevivir en un estado de guerra”,dijo.
“Es un gravísimo intento por poseer el poder absoluto y el control total sobre la vida de las y los habitantes de Tamaulipas”, insistió. Expuso que defender a quienes ejercen la comunicación pública es proteger el derecho colectivo de acceder a información sobre el entorno, lo que es prerrequisito para el ejercicio de los demás derechos civiles y políticos, puntal de cualquier régimen democrático.
“Defender al periodismo libre es defender a la democracia”, acotó. Las agresiones contra informadores, continuó, no son sólo agravios contra la libertad de expresión y la seguridad de las personas que lo sufren de manera directa, sino también “un gravísimo atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada a través del ejercicio profesional de esos comunicadores”.
Los ataques a periodistas y medios son un agravio contra los individuos y a la vez contra la colectividad, contra la sociedad, que queda imposibilitada para acceder a información que le permita desenvolverse de manera consciente en su contexto para actuar sobre él, finalizó.