A Reserva. El Derecho a Decidir de las mujeres

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Me considero una libre pensadora, defensora del Estado de Derecho y de la legalidad; es por esto que hoy escribo a reserva de parecer contradictoria e incongruente frente a la absurda y desatinada decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a declarar constitucional las reformas estatales que señalan que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida.

Una decisión con muchas aristas que pasan por los derechos de la mujer a decidir su maternidad, hasta los de un no nacido (óvulo fecundado) y si tiene o no personalidad jurídica; aparentemente enfrentados; pero también de la capacidad de los Estados a definir cuáles son los derechos humanos alejándose de los principios fundamentales del pacto federal.

Pareciera que la Corte se desentendió del fondo del asunto para no debatir seriamente la totalidad del proyecto del ministro ponente José Fernando Franco González, argumentando frívolamente que sólo se basó en un análisis estrictamente constitucional, es decir, únicamente acordó la autonomía de los Estados sobre su facultad de legislar respecto de temas no tratados expresamente en la Constitución Federal; en tanto que esta resolución deja a salvo los derechos de los cigotos, por encima de los derechos reproductivos de las mujeres y el ser sujetas plenas de respeto a su decisión sobre su cuerpo y su destino.

¿La SCJN violenta el Estado de Derecho y la legalidad establecida en el máximo ordenamiento jurídico normativo de nuestro país? Sí, de acuerdo con el siguiente análisis ético-jurídico.

Todo comienza cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba en abril del 2007 el dictamen de reforma que permite la interrupción del embarazo antes de la doceava semana; despenaliza el aborto y se obliga a las instituciones públicas de salud del Distrito Federal a atender las solicitudes de aborto, aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado.

Esta reforma se complementa, por un lado, con la penalización del aborto cuando se realice después de las doce semanas y de manera paralela con la obligación legal del gobierno de impulsar políticas públicas integrales tendientes a reforzar la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, fomentar y ampliar los servicios de planificación familiar y uso de anticonceptivos.

Por supuesto, a esta reforma, desde los trabajos previos legislativos, hasta su publicación, la acompañaron una serie de descalificaciones, ataques, amenazas y excomuniones de grupos políticos, sociales y religiosos, incluyendo la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno panista a través de la Procuraduría General de Justicia y, lo inconcebible, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces la SCJN falló por la constitucionalidad de las reformas que despenalizan el aborto antes de las doce semanas en el Distrito Federal.

Esa decisión, como lo dijo el Dr. Jorge Carpizo, fue sin duda la más trascendente que la máxima instancia de justicia de la nación haya emitido jamás en su historia en relación con los derechos humanos de las mujeres. Su alcance jurídicamente ratificó la constitucionalidad del derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo, y, en todo caso, el razonamiento jurídico establecía que las legislaturas de los Estados deberían ajustar en sus leyes secundarias la despenalización del aborto.

El impacto fue mayúsculo. Los poderes formales y fácticos de la ultra derecha no quedaron conformes y pusieron en práctica un juego perverso para revertir este avance democrático. Desde Acción Nacional, en complicidad con el PRI y un buen número de diputados y diputadas de “izquierda” lanzaron y apoyaron iniciativas legislativas en los Congresos locales para reformar sus constituciones, argumentando el derecho a la vida a partir de la concepción.

El objetivo a contrario sensu, distorsiona el concepto de vida humana desde el ovulo fecundado, es decir, unos minutos después del coito, despreciando la vida de las mujeres y sus derechos humanos. Aberración ético-jurídica.

Los acuerdos políticos trasgredieron los derechos de las mujeres, logrando la reforma en 17 Estados de la República. La movilización social, las luchas feministas y contra la discriminación de las mujeres, consiguieron convencer a las instituciones con competencia jurídica que interpusieran acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, previendo una actitud congruente con las dos últimas concernientes a los derechos reproductivos de las mujeres, la relativa a la ley aborto del DF y la que versa sobre la pastilla del día siguiente, ambas privilegiando los derechos humanos de las mujeres.

Claro que esperábamos un mejor debate. Claro que la intervención de la jerarquía de la iglesia católica es un atentado voraz contra la laicidad del Estado, es cierto que hay que reconocer la defensa racional de los seis ministros y los argumentos convencidos y apasionados de la ministra Olga Cordero, con quien coincido y rebato la supuesta constitucionalidad que alegan los cuatro detractores de la libertad: “El artículo 7 de la Constitución de Baja California viola los artículos 1, 4, 14, 16, 40, 41, 116, 124 y 133 de la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano”.

Cuando la Constitución se refiere a persona como titular de derechos y libertades describe a quién ya nació y se relaciona, sin duda, con lo referido en los códigos civiles tanto federal como los locales que señalan la capacidad jurídica de las personas como la de ser sujetos de derechos y se adquiere con el nacimiento y termina con la muerte.

Es inaudito pero cierto, que la resolución de la Corte violenta el Estado de Derecho, considerando que la ley no es el Derecho sino un instrumento de éste para limitar y regular el poder del gobierno frente a las libertades y derechos humanos; la exclusión del abuso y la arbitrariedad y asegurar a las y los ciudadanos una existencia digna y libre.

Si el Estado de Derecho fuera sólo un modo de ejercer la fuerza del Estado, si el Derecho no constituyera un verdadero y eficaz límite a la fuerza del Estado, si sólo fuera el modo de manifestar su poder, llegaría a constituir únicamente una forma de despotismo jurídico. La SCJN tendría que resguardar en primera instancia su autonomía, que le permitiera precisamente actuar como contrapeso de las acciones del gobierno que violentan las libertades ciudadanas, ofreciendo certeza jurídica desde una actuación deliberada en su soberanía republicana y conocimiento del Derecho.

Para la mujer decidir un aborto siempre es sumamente complicado por las cargas sociales, culturales, religiosas, de salud y de responsabilidad, que las confronta con su proyecto de existencia individual y familiar. La judicialización del aborto como negación a su decisión ya no digamos libre e informada, sino a veces radicalmente necesaria atenta contra una de las libertades filosóficas más preciadas, el propio reconocimiento y la autodeterminación racional como persona humana.

Ahora toca a los Estados decidir el rumbo, caminar de frente a la igualdad, con verdadero respeto a los derechos humanos, a las libertades ciudadanas, promover leyes o reformas congruentes, o seguir las inercias de los poderes fácticos y facciosos que promueven la inequidad y el atraso oscuro que lleva al poder del control tirano.

Toca ver qué mueve las cuerdas en las campañas electorales del próximo año, si los derechos de las mujeres o la salvación de las almas.

Canalgentelibre.com

Caracolasfem.blogspot.com

Mujeres y política. Vigencia del patriarcado

Soledad JARQUIN EDGAR

Lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que ratificó el articulado que en Baja California y en San Luis Potosí confiere derechos al no nacido, es un recordatorio de que el patriarcado sigue vivo, imponiendo su estilo de disminuir a quienes no son como ellos y perpetuando la desigualdad.

Por siglos, las mujeres han sido consideradas como personas sin capacidad de decidir, por la construcción social que sienta sus bases en “el poder de los hombres”, negando de manera sistemática el reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, en específico los que tienen que ver con sus cuerpos, que también consideran su propiedad. La trata de personas es un ejemplo, la publicidad, otro. Una discusión trasnochada, dirán algunas personas que no ven ofensa en ambos casos, pero queda bien claro, con estos dos ejemplos, y como el vivido desde la Corte esta semana: nos hablan de la subordinación que el patriarcado pretende perpetuar hacia las mujeres.

Lamentable del todo la forma en que la derecha y el conservadurismo han vuelto a confabularse para actuar en contra de las mujeres. Era de esperarse la intromisión de la jerarquía católica, lo cual no es legítimo o al menos creemos no debe ser en un Estado que se declara laico o ¿es que dijeron “light” y la ciudadanía escuchó y creyó otra cosa?

De esperarse también la actuación de los grupos de poder retrógrados que operan hoy, hay que decirlo, con dinero del pueblo mexicano distribuido a través de programas “sociales” y hasta culturales, gracias a la benevolencia del gobierno que encabeza Felipe Calderón y antes el de Vicente Fox.

No olvidar el caso Jorge Díaz Serrano Limón, del grupo Provida, el antiabortista que se erige como salvador de las almas de las mujeres y que empleó dinero público, entre otras cosas, para la compra de tangas y que esta semana se pasea feliz, con toda la impunidad que le otorgó el sistema de las camisas azules en los recintos de la justicia mexicana. Desde ahí mismo, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le fotografío levantando el dedo en señal de triunfo ¿de quién se reía? Yo creo que de toda la Nación.

Lo que una no se espera es que la maquinaria del Estado --que implica tiempo, dinero y esfuerzo-- haya intervenido a fin de presionar a quienes buscaban llevar a cabo un debate judicial, aunque también en algunos casos los invadió lo personal.

De esta intromisión nada nos queda claro. Tal es el caso de Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, quien criticó el proyecto del ministro Fernando Franco González, quien había propuesto invalidar las reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí para defender el derecho a la vida desde la concepción. Por supuesto que este funcionario se hizo escuchar pagando un desplegado en el que firma como Felipe de Jesús, pero también lo hace con el cargo que tiene. Luego dirían que el desplegado se pagó con dinero de particulares. Más impunidad azul.

La otra intromisión en este asunto fue la de Margarita Zavala, quien habló --especificó-- como mujer y abogada (una especie de subcategoría, porque no he oído ningún caso donde se diga: hablo como hombre y abogado). Pero habría que decir que sus palabras como “mujer y abogada” no son inocentes, porque ella es la esposa de Felipe Calderón, es decir, su peso político es otro y además, no olvidar que ella es militante de Acción Nacional, por tanto dijo -en tono dulce- que la vida empieza desde la concepción.

Peor aún, trascendió que previo al debate, el Vaticano, a través del Papa Benedicto XVI, también intervino. El Vaticano, claro está, lo desmintió, pero sí lo hizo. El asunto es más grave de lo que se puede pensar, porque el Estado vaticano se metió en un asunto que le correspondía sólo a este país y a nadie más, es más, le correspondía debatir únicamente a las y los ministros. Aunque habría que decir que no era necesaria la llamada del Papa a quien se haya hecho, pues la jerarquía católica mexicana hace su tarea con los hombres del poder mexicano. Recordemos los beneficios eclesiásticos que recibieron los llamados “niños de oro” (Jesús Romero y Lenin López) del padre Uvi, para hacerle al tío Lolo en el caso de la reforma al 12 constitucional en Oaxaca hace dos años.

Estas llamadas, desplegados y declaraciones no fueron inocentes y se hicieron con recursos públicos, quizás el Papa llamó por cobrar, y seguramente sumaron a las “buenas conciencias” de quienes se oponen al derecho a decidir de las mujeres (el más preclaro de todos es Serrano Limón, no lo olvide), claro que también hicieron lo suyo los monopolios patriarcales de algunos medios de comunicación, confirmando lo que planteaba en el primer párrafo: lo menos que quieren son ciudadanas plenas de Derecho, de ahí el regateo permanente sobre sus cuerpos, sobre su participación política y el no reconocimiento a la contribución económica que millones de mujeres hacen en este país.

Al final era de esperarse el resultado. El conservadurismo se impuso bajo un disfraz que busca –dicen--reconocer la constitucionalidad de la protección a la vida desde el momento de la concepción, tal y como existe en 17 entidades del país que para ese objetivo reformaron sus constituciones locales entre 2008 y 2010, incluyendo claro está a Oaxaca, gracias a la panista Perla Woolrich, apoyada increíblemente por perredistas, priistas y la demás realeza patriarcal ulisista, que entonces --como ahora-- convivían alegre y amablemente.

En algunos estados existen excepciones de aborto, es decir, hay normas específicas que permiten a las mujeres realizar dentro de determinadas condiciones un aborto, tal es el caso de violación, pero en otros estados hay mujeres presas porque se les acusa de asesinar al producto bajo el argumento de “homicidio en relación de parentesco”.

Como sea, lo cierto es que se ha criminalizado a las mujeres que abortan y se ha llenado de obstáculos el camino para acceder a él cuando es legal. Cientos de niñas violadas son condenadas a tener el producto de la agresión sexual y, como dicen las expertas, el niño o niña se convertirá en el recordatorio permanente de la agresión sufrida y encarna una segunda violación a sus derechos como persona.

Yo me pregunto y le pregunto a ministras y ministros conservadores, a Felipe Calderón y a su abogada esposa Margarita Zavala, a la jerarquía católica y a quienes consideran que las mujeres somos incapaces de decidir sobre nuestros cuerpos ¿qué vida es la que defienden? Porque los hechos muestran que este país, el régimen de guerra contra el crimen organizado ha provocado casi 60 mil muertes, más de mil mujeres entre ellas; y cientos de jóvenes violentadas sexualmente, raptadas y condenadas a la prostitución.

Qué vida protegen si las cifras de muertes siguen aumentando como resultado del feminicidio, con nula eficiencia en la investigación y una enorme impunidad campeando a lo largo y ancho del país. En Oaxaca, esta semana pudimos cruzar información entre un recuento periodístico y datos oficiales. El resultado: 70 mujeres asesinadas en sólo diez meses. En promedio son siete las mujeres asesinadas al mes y las autoridades sólo guardan silencio y dicen verdades a medias, como las expresadas esta semana por el procurador Manuel de Jesús López en el Congreso federal.

Qué vida protegen si las cifras de muerte materna, es decir, como resultado del embarazo, parto y los 40 días posteriores al parto, siguen siendo lacerantes en México y en algunas zonas es tan terrible como en algunos países paupérrimos de África.

Qué vida protegen si la nula existencia de campañas y servicios siguen provocando desatención y olvido frente a enfermedades que van desde la anorexia hasta el marasmo, el VIH-SIDA y todos los cánceres femeninos, aunado, claro está, a la depresión cada vez más frecuente y aguda, consecuencia de la violencia, la crisis económica y la falta de oportunidades.

No entendía bien, ya despejé mis dudas: la vida de las mujeres no les importa.

Al final, lo único que me queda claro es que el patriarcado, el machismo, la intolerancia y la violencia contra las mujeres están vigentes; con estas decisiones judicializadas recobran cartas de naturalidad, mientras los derechos de las ciudadanas son pasados por la intolerancia de los intransigentes de la ultraderecha, tan viva y tan fuerte como la misoginia que las asesina.

P.D. ¡2 de octubre no se olvida!

@jarquinedgar

Palabra de Antígona. El delito del Feminicidio no puede volverse contra nosotras

Por Sara Lovera

El 30 de septiembre, un grupo de periodistas --hombres y mujeres--, llamado por el Grupo de las 100, se apostó frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para pedir que se acelere la investigación y conocer que se castiga a quienes cegaron la vida de Marcela Yarce y de Rocío González Trápaga, asesinadas de forma artera y con los agravantes de feminicidio, el 1 de septiembre pasado.

A un mes del asesinato estuvimos representantes de varias organizaciones de periodistas y de derechos humanos: la Casa de Protección a Periodistas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Sección Sindical de Radio Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de El Sol de Puebla, colaboradores de la revista Contralínea, integrantes de la Fundación Manuel Buendía, Reporteros sin Fronteras, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y otras organizaciones de derechos humanos y periodistas de la talla de Miguel Ángel Granados Chapa.

La protesta no consiguió reunir a todas las mujeres que hubiéramos deseado, pero consiguió que por primera vez en 30 días, el Procurador capitalino Miguel Ángel Mancera se sentara con una comisión para explicarnos qué están haciendo.

Lo único que se puede decir, como lo dijo en el mitin el abogado Manuel Fuentes, es que están abiertas las líneas de investigación, pero en la práctica todavía no hay respuestas suficientes, claras y precisas.

Es de entenderse que no pueden interrumpirse las investigaciones, pero quienes ahí estuvimos nos quedamos con una sensación de incomodidad. La conversación no sólo nos dio poca información y hubo momentos en que parecíamos dar vueltas a una noria. Nada parece haber avanzado y sólo se nos ofreció una política de puertas abiertas para mantener el diálogo.

Lo cierto es que los asesinatos de nuestras compañeras periodistas Marcela Yarce, de la revista Contralínea, y Rocío González, ex reportera de Televisa, se han sumado a otros 84 asesinatos de informadores e informadoras, que se quedan sin investigaciones serias y, por tanto, hasta ahora están en total impunidad.

En la Procuraduría capitalina exigimos que se destine suficiente personal para averiguar en todas las líneas de investigación necesarias, porque la ofensiva contra la revista Contralínea es grande y preocupa saber cuáles han sido los móviles reales.

Además, protestamos una y otra vez, por la manera como se trató el caso en el momento de ambos crímenes, utilizando trascendidos antes de aclarar qué pasó realmente, provocando confusión que podría incluso echar al olvido tan reprobable hecho. Aunado a que, como en la mayoría de los asesinatos dolosos contra las mujeres, hubo una intentona por juzgar a las víctimas.

Quienes estamos en la decisión de hacer todo lo necesario para que se limpie la integridad de las mártires de este horrendo crimen, les pusimos un límite a las autoridades: deben darnos resultados, ofrecer seguridad a las familias que sufren por la incertidumbre y rendir cuentas sobre la investigación.

Ahí se manifestó que las y los periodistas seguiremos en movilización constante. Más allá de las protestas, las cartas y los desplegados hay una decisión de vigilar los pasos de las autoridades. Hoy, en el Distrito Federal, dijimos: queremos congruencia y resultados, queremos justicia. Eso simplemente.

Esta vez nadie nos va a callar porque en lo que va del año han asesinado a cuatro mujeres periodistas: Yolanda Ordaz de la Cruz, quien colaboraba con Notiver, en Veracruz; María Elizabeth Macías Castro, jefa de información del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo Tamaulipas, apenas el sábado 24 de septiembre, y a Marcela Yarce y Rocío González.

Sin dejar de tener en cuenta la lista enorme de otros atropellos, como los que se viven en Quintana Roo, tal como se manifestó en un seminario organizado por la Casa de Protección a Periodistas, la única instancia de periodistas en activo que ha levantado la voz para detener la barbarie que la libertad de expresión atraviesa en todos los ejes, la seguridad para quienes ejercen esta profesión y lo que significa hacer callar a quienes hacemos posible el derecho de información de la población mexicana.

Le recordamos al Procurador que en el Distrito Federal, solamente en 2011, se han documentado 481 homicidios dolosos contra las mujeres y que están en la impunidad. No dejaremos que la impunidad nos cubra, como sucede con las ejecuciones por doquier, la inestabilidad de familias y víctimas, la desaparición sin respuesta y el ultraje como sistema contra más de la mitad de la población.

Tampoco vamos a dejar de exigir que el aparato de justicia de la capital del país responda y sea congruente con las políticas a favor de las mujeres que pensamos distinguen a este gobierno, pero no será con la parálisis y las cortinas de humo como van a resolverse los crímenes contra las mujeres.

No admitirse que, como en el país, en la ciudad donde el movimiento de mujeres ha avanzado tanto, ahora resulte igual que en el gobierno federal, que tiende a minimizar los asesinatos contra las mujeres en edades productivas, a quienes se les arranca de su desarrollo, sin culpables, sin investigación, sin seriedad.

Esta situación se da en un momento de emergencia nacional, donde miles y miles de familias sufren los estragos de una política irregular que ha dejado una estela gigante de dolor y angustia entre las y los mexicanos.

Por ello, en el llamado a no cejar, a estar en constante protesta y vigilancia, se señala que las y los trabajadores de los medios de comunicación estamos consternados por la creciente agresión hacia las y los periodistas, que como se dijera en la protesta, es una profesión maravillosa y satisfactoria.

Creemos, igualmente, que la definición del delito de feminicidio se está convirtiendo en una camisa de fuerza. Los móviles de los asesinatos no son exclusivamente, aunque los contenga, aquellos que castigan a las mujeres sólo por ser mujeres. Quizá por ello, habrá que revisar(,)si definir ese delito puede convertirse en un medio contra nosotras.

El acceso de todas a una vida sin violencia requiere de transformaciones amplias del sistema y de la democracia; de la justicia y la desaparición de la impunidad y de interpretaciones lacerantes y limitativas sobre la intimidad y la vida de las víctimas.

Hoy queremos libertad de expresión, libertad para las mujeres en las calles, en el trabajo, en sus hogares, mujeres que buscamos una mejor vida y sólo puede ser garantizado por un sistema donde todos y todas seamos dignas y respetadas.

Marcela Yarce y Rocío González fueron sujetas a tortura, a vejaciones; sus cuerpos, como el de María Elizabeth Macías, fueron arrojados como basura a la calle, tal como suman decenas, cientos de casos en el país, donde el feminicidio está presente.

En México se ha instalado el permiso para matar, porque no tenemos resultados, investigaciones ni culpables. Parar la muerte como destino, realmente, no con golpes de pecho y andanadas de las y los conservadores contra los derechos de la mitad de la población; las mujeres tienen derecho de interrumpir legalmente un embarazo, a obtener salarios iguales a los varones, a una ciudadanía completa, al ejercicio de sus libertades fundamentales que el Estado tiene y debe garantizar para salvar al país.

saralovera@yahoo.com.mx