Soledad JARQUÍN
EDGAR
Las
estadísticas nos revelan una aproximación a la realidad. Si hablamos de más de
12 mil delitos de violencia familiar y sexuales en Oaxaca entre los años 2010 y
2016, es decir, el tiempo de la actual administración, quiere decir que el
promedio diario de denuncias es de casi siete.
De esa cifra,
casi nueve mil casos son denuncias por violencia familiar. Esto quiere decir
que al menos cinco mujeres se presentan cada día para demandar justicia frente
a hechos de violencia familia, es decir, en la inmensa mayoría por parte de su
pareja, a veces, incluso de su ex pareja.
Y, aunque no lo
creamos la violencia sexual contra niñas y mujeres sigue siendo alto, más de
tres denuncias por día.
Pero la
tragedia más grande que han enfrentado las mujeres que viven en Oaxaca ha sido
el feminicidio. En los cinco primeros años del gobierno de Gabino Cué
Monteagudo, poco más de dos mujeres han sido asesinadas por semana. En este
2016, 18 mujeres asesinadas según la propias Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Contra la Mujer por Razón de Género. Es decir, hay un ligero pero significativo
repunte en este inicio de año, pues supera los 2.5 asesinatos por semana y de
acuerdo con los datos proporcionados por Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca, se ha duplicado el número de asesinatos
contra mujeres y niñas comparado con el mismo periodo pero del año anterior
(2015).
Los datos fríos podrían no decir nada a nadie,
excepto a las familias y a las mujeres que desde sus muy diversas trincheras,
filias políticas e ideologías han puesto el dedo en el renglón porque lo que
sucede en Oaxaca no es normal, se ha normalizado, que es una cosa totalmente
diferente.
Lo otro es qué pasa después de un hecho de
violencia. Una situación tan dramática como el propio momento de la violencia
machista contra las mujeres.
¿Qué sucede con las denuncias? Pregunté esta semana a Ileana Hernández Gómez, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y el recuento es realmente espeluznante y del que ya habíamos planteado aquí, solo a partir de las quejas de las mujeres sobre la falta de contundencia para aplicar la ley por parte de las instituciones, llámese Fiscalía, el ominoso caso del Centro de Justicia para las Mujeres o el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, cuyo papel es distinto pero que resulta igualmente responsable.
¿Qué sucede con las denuncias? Pregunté esta semana a Ileana Hernández Gómez, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y el recuento es realmente espeluznante y del que ya habíamos planteado aquí, solo a partir de las quejas de las mujeres sobre la falta de contundencia para aplicar la ley por parte de las instituciones, llámese Fiscalía, el ominoso caso del Centro de Justicia para las Mujeres o el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, cuyo papel es distinto pero que resulta igualmente responsable.
De acuerdo con
la Fiscal solo el 10 por ciento de quienes denuncian a sus agresores llega
hasta el momento de la consignación. Pero después ese 10 por ciento puede reducirse
aún más si la pareja “acuerda”
con su violentador al tomar una salida alterna, la cual puede consistir en
obligar a su pareja o ex pareja a proporcionarle alimentos, o siguen la vía del
divorcio y en algunos casos vuelen con ellos con la condición de que acudan a
la escuela de reeducación para hombres violentos dependiente de la Secretaría
de Seguridad Pública. Aunque de estos últimos son los menos, pero mucho menos.
Esto nos habla de la construcción social que sí
importa y que sigue imperando en el mundo de hombres y mujeres totalmente
desiguales y en condiciones de desventaja para ellas.
Por un lado en la punta de iceberg, tal vez, podemos
decir que muchas mujeres desisten de continuar sus procesos, como así lo han
denunciado en repetidas ocasiones las víctimas, debido a la falta de trato
digno o malos tratos, para nadie nuevo que las mujeres además de agredidas por
la pareja o ex pareja sufren agresión institucional, la ineficiencia e
ineficacia de la burocracia que investiga los hechos o los delitos, y lo tardío
que resulta el proceso de investigación, la corrupción que impera en los
cuerpos policiacos -que como también se ha denunciado cobran para ejecutar la
orden de aprehensión-, solo por citar algunos casos.
Bajo el agua que oculta al iceberg de esta fatal
violencia están varias marcas de género. De acuerdo con la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la
Mujer por Razón de Género muchas mujeres dejan sus denuncias a mitad del camino
por miedo a su agresor. ¿Solo miedo al agresor? No, los miedos son muchos, uno
es a romper con lo establecido dentro de la familia de donde se proviene. Miedo
al qué va a decir la gente. A contradecir los mandatos eclesiásticos que
claramente establecen “que lo que Dios a unido no lo separa el hombre”.
Miedo a quedarse sola ¿cómo si nos dijeron que somos
la mitad de otros? Miedo a enfrentar la vida cuando se ha dependido
económicamente de la contraparte, porque ellos son los proveedores. Miedo a no
saber qué hacer porque nunca se ha trabajado fuera de su casa, donde por cierto
nadie reconoce su aportación ¿acaso no era su obligación cuidar a los hijos, a
la pareja, a los padres y madres y tener la casa limpia, tanto como la ropa y
la comida caliente?
Miedo porque no se tiene a dónde ir. No es para
menos, recién conocimos que los hombres
poseen 91 por ciento de las viviendas en este país. Además, hay otro dato menos
del 15 por ciento de las mujeres son propietarias de la tierra en este país.
¿Cómo denunciar
al agresor, además el padre de sus hijos e hijas –que si son menores se quedan
desprotegidas, que sin son mayores cuestionan la conducta de su madre, porque
las patadas, los gritos, la violencia emocional o económica no era para tanto-,
si es el proveedor, mal o regularmente; a dónde ir a vivir, en qué trabajar?
Y como la
violencia familiar y todas las violencias machistas y misóginas se ven, se
analizan, se estudian, se enfrentan desde las instituciones, cuando eso pasa,
de manera parcial, no existen soluciones integrales. Ya se ha planteado en
otros países la Ciudad de las Mujeres, una especie de colonia donde las mujeres
encuentran eso que hoy hace que el mundo se le cierre a muchas mexicanas, como
en este caso a las oaxaqueñas que el 90 por ciento de los casos renuncia a
tener justicia para ellas y que la impunidad respecto a los delitos que se
cometen contra las mujeres alcanza el 99 por ciento.
Ese es el
cuestionamiento para quienes sostienen que “algo se ha hecho”, que en la
garantía al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia estamos del otro
lado, que ya crearon diversas instancias y se ha engrosado la burocracia de
procuración de justicia, además de que ahora sí el funcionariado entiende de
género y de igualdad.
¿Será
suficiente?
No, frente a la
realidad, se cae a cachitos la verborrea. Porque lo que no se ha hecho es
plantear una forma distinta para nuestra sociedad desigual, no hay acciones
claras y precisas de prevención de la violencia.
Gabino Cué
Monteagudo está a solo meses de terminar una funesta administración para las
mujeres. Y como decía Lucha, mi querida abuela, se irá con la cola entre las
patas. No tuvo nunca ni disposición ni ganas de enfrentar el problema, que
creció cobijado por la omisión y la impunidad, y permitió que las omisiones
vinieran desde el propio Instituto de la Mujer Oaxaqueña, desde todas esas
instancias donde se sigue conciliando la justicia entre el agresor y su
víctima, como si hubiera lugar para tomar esas decisiones tan pálidas y
equivocadas, que al cabo del tiempo llenan los panteones de cruces.
La verdad
siempre duele para quienes no son cínicos. El problema es que los nuestros son
gobiernos cínicos de ahí que el oportunismo persista. Si no cómo nos explicamos
ese acto de campaña anticipada de la ex directora del IMO, Anabel López
Sánchez, quien renunció al cargo hace 15 días y que hará –dice- “un balance de
los avances y retos de la agenda de las mujeres”, el próximo jueves en un
conocido hotel de la ciudad de Oaxaca.
Ella en busca
de una candidatura, -que se afirma por designio de Cué- utiliza la información
institucional para hacerse notar, adelantándose a quienes podrían ser dentro
del mismo PRD sus contrincantes. Ella que afirma ha luchado por los derechos de
las mujeres, pretende hacer a un lado a más de una en ese instituto político,
donde no ha militado, para tener un lugar. Y eso no lo dice quien escribe, lo
dicen las perredistas, molestas por el oportunismo de López Sánchez.
Cero tolerancia
a la violencia, empiezan a decir algunos futuros candidatos a la gubernatura,
como Alejandro Murat, que va por el PRI, o Pepe Toño Estefan Garfías o Benjamín
Robles Montoya que irán por la alianza PRD-PT-PAN (el mole de muchos colores),
la pregunta es ¿de verdad?
@jarquinedgar