domingo, 30 de junio de 2013

Mujeres y política Sexismo y misoginia en campaña



Mujeres y política
Sexismo y misoginia en campaña

Soledad JARQUÍN EDGAR
A sólo unos días de concluir las campañas políticas en busca de la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y otras 152 alcaldías de las 570 que tiene esta entidad (el enredo numérico), el tono sube y el lenguaje sexista surge de los pantanos de la misoginia. Increíble. Ese escenario no siempre viene de los candidatos (todos hombres) sino digamos de sus paleros y la prueba más fehaciente se puede encontrar en el twitter y de los candidatos provienen las mismas promesas de siempre en busca del voto de las mujeres.
En las últimas dos semanas, considerando la cantidad de votantes mujeres y la posibilidad de que ellas “inclinen el voto a favor de uno u otro”, las alabanzas a las mujeres no faltaron en los discursos de quienes aspiran a gobernar la capital oaxaqueña, hubo comidas y mítines con militantes que fueron llevadas y traídas como parte de la mercancía electoral, la recta final es el escenario para las soluciones mágicas sin perspectiva de género y si “mujeristas”.
La secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, por ejemplo, dijo que el candidato Javier Villacaña, “es el candidato de las mujeres”. La ex mandataria de Yucatán, la entidad más progresista en materia de avances para las mujeres después de la revolución mexicana, donde no sólo se le concedió el voto a las mujeres y fueron electas las primeras diputadas locales, además se realizaron los dos primeros congresos feministas en 1916 y se entendió que el avance de las mujeres tenía sus bases en la educación y en su independencia económica a través del trabajo remunerado.
Pero en Oaxaca, para Ortega las mujeres son votos para su correligionario, pues es evidente que carece de la visión progresista que entonces planteaban gobernadores como Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto.
Poco antes Villacaña emulando al hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó ante notario público compromisos con las mujeres, que dice cumplirá si llega a la presidencia municipal y señala que incluirá a más mujeres en su administración, es decir, debemos suponer que habla de las dirección municipales donde serán 60 por ciento para las mujeres, eso es incluir a las mujeres.
Otro compromiso apuntó es reforzar el Instituto Municipal de las Mujeres eso quiere decir que habrá presupuesto, mucho dinero y más especialistas atendiendo y acompañando a las mujeres, lo que sin duda irá de la mano con los programas para prevenir y atender la violencia de género -está claro no se compromete a erradicar el problema, le suena utópico-. Otro compromiso es crear una clínica para las mujeres que nadie sabe si se lo permitan porque con eso de que le pisan los cayos a los empresarios de la salud, luego se echan para atrás, como lo hizo el gobierno del cambio quien dijo no al hospital de la mujer.
Bueno eso requiere de mucho, pero mucho dinero, buenos programas de gobierno, servidores públicos sensibles y capacitados en materia de género o lo que es mas o menos lo mismo que reeducar a las y los funcionarios que tendría el gobierno de Villacaña, porque no se trata sólo de buena voluntad sino de hacer bien las cosas, para que después no se trate de elefantes blancos o paredes que nadie puede pasar.
En el fondo, si estas promesas de campaña se cumplieran lo que habría es una ciudadanía con derechos, en específico las mujeres, ciudadanas con bases sólidas, más educadas y con ingresos propios, como planteaban los gobernadores progresistas de Yucatán hace casi un siglo.
No se trata de programas para madres solteras que no tienen fin ni fondo como el que realiza el gobierno de Gabino Cué ni tampoco seguros de muerte como el que practica el gobierno federal de Peña Nieto. Se trata de reconocer a las mujeres por ser mujeres y no porque son madres, porque entonces valemos ídem. Un sexto compromiso tiene relación con lo antes expuestos, la asociación indisoluble en la mente social, y propone apoyos para menores en tratamiento de cáncer a través del DIF…en fin.
En ese acto, que pasó hace varias semanas, a Villacaña le salió el príncipe rescatador que todos llevan dentro para salvar a las indefensas mujeres (mujercitas, como piensan) cuando expresó que “El hombre que trata a la mujer como princesa, sin duda, fue educado por una reina”, ¡qué tal! O sea, Villacaña como en los cuentos de hadas nos promete un principado y por tanto el palacio municipal será un palacio real, atrapadas en el cuento de siempre.
Pero si de cantar rancheras se trata, el abanderado de la Coalición Unidos por el Desarrollo de Oaxaca, Francisco Reyes, no canta nada mal, el exabrupto por contar con el nada despreciable voto de las mujeres es el motor que mueve a estos candidatos a decir cosas como que (su gobierno) “nunca sin ustedes”, como dijo en un acto realizado también hace varios días, en el que estuvo Luis Felipe Bravo Mena, ex dirigente nacional del PAN, uno de los tres partidos que conforman la coalición; los otros son el PT y el hermano menor del prian: el PRD, como dijo Dante Delgado cuando apuntó que el partido del sol azteca había pasado de ser el hermano mayor de los partidos progresistas a ser el hermanito del prian.
En ese mismo acto, Paco Reyes denominó como su madre política a la diputada con licencia e integrante de la panilla de la coalición Compromiso por Oaxaca, Clarivel Rivera. La expresión no cabe duda tiene su piso el pensamiento profundo que hace que todas las mujeres seamos vistas como madres, ahora con sus variantes: madres políticas o madres económicas, porque les resulta indisoluble el binomio mujer-madre. Mujeres-madres como destino y por tanto imposible no ver en una mujer a una madre, una maternidad sin fondo real considerando los altos, muy altos índices de violencia contra las mujeres, el feminicidio y la nulidad de prestaciones o programas sociales por eso tan venerado como es la maternidad.
Como en el caso de su hoy acérrimo rival político, Javier Villacaña, Paco Reyes citó una enseñanza de su madre cuando dijo: “Hay de este hombre, si lo que va a prometer, no lo cumple, porque si no lo cumple, va a deshonrar a su abuelo ya su padre”. Lenguaje patriarcal, sin duda, a pesar de que asume que la enseñanza es de una mujer, pero volvemos al punto inicial el valor del hombre deshonrado no es el mismo que de su madre y su abuela deshonradas.
Las propuestas de Paco Reyes por la ciudad fueron “inteligentemente” vinculadas a través de las mujeres, por ejemplo, que el tema del transporte es una de las “aristas de mayor relevancia, porque las oaxaqueñas que tienen hijos que estudian…merecen mejor servicio y de ser posible a menor costo”. ¿Y las mujeres que no tienen hijos? ¿Y las mujeres en sí, por ellas mismas no merecen un buen servicio de transporte público?
No es que los otros cuatro candidatos no desperdicien el potencial de votos que representan las mujeres, por supuesto que sí, y como los dos candidatos anteriores también literalmente les bajan el cielo y las estrellas, pero me interesaron los candidatos de las coaliciones a quienes poco les falta para subirse al ring y darte de zoquetes, como decía mi querida abuela Lucha. Su actitud no ayuda en nada para llegar a eso que tanto pregonan y que desde 2006 no se ha conseguido: la conciliación real y profunda de la ciudadanía divida entre tirios y troyanos que se disputan el poder.
Utilizando a sus paleros se desacreditan con twitazos, si la palabra existiera, mediante un lenguaje sexista que raya en la misoginia. Tal es el caso del tuitero @angelCS89 y otros cuyas palabras no voy a repetir pero que alguien debería detener, en específico Javier Villacaña, porque este individuo presume que es su colaborar en la campaña o al menos así lo hace ver.
Independientemente de quien gane, el resultado será el mismo para las mujeres. Las promesas harán agua como los muchos ríos de promesas que han corrido en los últimos días. Bueno hubiera sido que dejarán el lenguaje sexista, el menosprecio utilizando palabras en femenino para atacar al contrincante, como bueno hubiera sido que dejaran de ver a las mujeres como minusválidas a quienes hay que darles despensas o zapatos, como hicieron Villacaña y Reyes, pues frente a la necesidad financiera grosera y profunda que es inocultable en Oaxaca ciudad, pervierten el sentido del voto libre y secreto y mutilan la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía de elegir al que consideran mejor de todos, porque ya existe un condicionamiento, un beneficio económico que les imposibilita razonar el voto ante la nobleza de el agradecimiento que impera entre las personas.
Ya no hay vuelta de regreso. En unos días más habrá elecciones y veremos quien gana: la ciudadanía que razona su voto o la necesidad de la gente con la que juegan los aspirantes y sus brillantes asesores.



Atentado contra candidata

La violencia contra las mujeres no tiene fondo. Este sábado, la candidata por el distrito XIV, Teposcolula, en la mixteca oaxaqueña, Rosalía Palma López resultó con una herida de bala en la cabeza tras un atentado en el que lamentablemente perdió la vida su esposo Efraín Cruz Bruno, así como su sobrina Talía Cruz Ibáñez.
Sin duda se trata de un acto reprochable que nos habla de lo poco que se ha avanzado y que confirma mucho de lo que hemos planteado. De lo intolerable que resulta todavía que las mujeres ocupen espacios públicos, es reflejo del machismo, la misoginia y avisos del poder patriarcal para quienes pisan “indebidamente” sus terrenos, independientemente de lo que resulte de las investigaciones –si es que las hay-. Ratifico este dicho a pesar de lo que la rumorología pregona, tratando de desviar o descalificar a las victimas de esta violencia extrema.
Ojalá que en el caso de la candidata Palma no se repita la impunidad que ha prevalecido en estos atentados contra mujeres, porque entonces tendremos una cuenta negra más que se sumará a la larga lista de delitos contra mujeres que pisan el espacio público, asignado culturalmente a los hombres.
Aquí en breve un recuento de esos atentados del Oaxaca primitivo, en 2004 fue asesinada la perredista Guadalupe Ávila Salinas, quien era candidata a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Jamiltepec, por el entonces presidente municipal priista de esa localidad Cándido Palacios Loyola, quien hasta ahora casi nueve años después no ha pagado por su crimen.
Ese mismo año fue baleado el domicilio de la candidata a la presidencia municipal de Santa Ana Zegache, Estela Martínez Jiménez, también del PRD, quien sale ilesa. La historia se repite en 2009 cuando la representante del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, en Pinotepa Nacional, Beatriz López Leyva, es asesinada mientras descansaba en su casa. Años antes, en 1992, la priista Gloria Altamirano se salvó milagrosamente tras recibir varios impactos de bala tan sólo dos días antes de las elecciones para presidentes municipales.
Así las cosas en Oaxaca. Lo vean por donde lo vean esto es resultado de la falta de políticas de igualdad reales y concretas ¿dormirá bien Gabino Cué y su gabinetazo frente a estos lamentables hechos que ya costó la vida de otra mujer?

@jarquinedgar
www.caracolasfem.blogspot.com

Palabra de Antígona Alerta de Género en Morelos: Legislativo



Palabra de Antígona
Alerta de Género en Morelos: Legislativo

Por Sara Lovera
Las y los diputados de la nación, de diferentes entidades del país y distintos partidos políticos, no están sordos ni son indiferentes. Esta semana la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM) promueva la alarta de Género para el Estado de Morelos.
El Sistema nació teóricamente por dar a las mexicanas seguridad y buena vida, sin violencia. 
La noticia muestra cómo se han usado todos los recursos legales establecidos en la República para que simplemente se cumpla con la ley. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, en México cada año en promedio mil 800 mujeres son asesinadas y la impunidad es hasta del 90 por ciento.
Ello sucede aquí no en otro lugar, en este país donde se anuncia que vivimos el mejor momento del Estado de Derecho. Los asesinatos de mujeres no paran en todo el México, las cifras son alucinantes. Si sólo consideramos los datos de Morelos, estamos hablando de más de 400 homicidios; que hay 145 mujeres desaparecidas en el Estado de México, que cerca de 925 asesinatos se han acumulado en esa entidad, de donde proviene la actual administración federal. 164 casos se han documentado en Oaxaca y así, la lista es enorme, desgraciadamente.
Hasta el cansancio se han fundamentado los hechos, existen dos observatorios civiles que definen como muy grave la situación para las mujeres en el país. Hace unos días la ONU reveló el tamaño de la violencia en pareja, cosa que está preocupando a los probables socios norteamericanos y europeos, socios para aliviar un poco la condición de hambre y pobreza en México.
Lo que hay que decir es que no para el asesinatos de mujeres ni la demanda, ahora en la cancha del poder legislativo, donde se han llegado a las mismas conclusiones que los organismos civiles. También las comisiones de Equidad y Género de diversos congresos están activas, sustentando que en el país los homicidios contra las mujeres nos dicen claramente el estado de la democracia en México.
Exhortos a las autoridades desde el legislativo del estado de Oaxaca en abril pasado señalan que debe encabezar esta demanda la comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; igual hicieron las legisladoras en el estado de Hidalgo y  en su momento  los congresos de Veracruz y del Estado de México. ¿Qué sucede que no hay oídos para respetar la división de poderes?, es decir para probar que vivimos en un Estado de Derecho.
¿Cuál es el problema? Que al parecer ningún gobierno quiere cumplir la ley. La negativa a dar curso a las alertas de género tiene bases sustentadas, análisis de hechos, estadísticas, fundamentación jurídica, acorde con el artículo primero de la Constitución. ¿Por qué las autoridades de la Secretaría de Gobernación se niegan? Esto es como una interrogante que va lastimando la credibilidad para la ciudadanía. ¿No que quieren quedarse en el poder? Digo los priistas.
En Morelos la situación es muy grave, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., ha tocado todas las puertas. Ya construye un expediente que en breve será enviado, tras varias cartas y solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma que deberá llamar a cuentas a los gobiernos estatales y federal. Esos gobiernos tienen varias y diversas solicitudes para que realmente se haga lo pertinente en los casos claros de zonas de alta peligrosidad para las mujeres. Se ha exhortado al gobierno Federal, constantemente.
Organismos civiles, como las Libres en Guanajuato, han documentado perfectamente su demanda, rechazada sin suficientes argumentos y como en Morelos, se ha mapeado cada zona. El SNPASEVCM tiene como Secretaria Ejecutiva a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, quien apenas el 20 de junio último, en Tlaxcala dijo: “El gobierno federal y los gobiernos estatales deben mandar un mensaje claro a la sociedad, ante delitos que la aquejan como la trata de personas: No toleraremos la impunidad para quienes violen los derechos de las mujeres y atenten contra la vida de ellas y de jovencitas”.
Se tratará sólo de palabras, me pregunto, ella parecería interesada y podría desencadenar el procedimiento. Sin embargo, la respuesta en Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Morelos es el mismo: que no hay razones suficientes para la alerta.
Quien lee esta semana Palabra de Antígona deben saber que el asunto es sencillo, se trata de investigar si quienes solicitan la Alerta tienen datos, si efectivamente en los lugares señalados hay peligro sistemático para la vida de las mujeres y, si es así, las autoridades deben intervenir, investigar y tomar medidas preventivas y correctivas, que eso dice la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
No encuentro razones para negarse. ¿Qué harán ahora que la Comisión Permanente lo está solicitando? El punto de acuerdo incluye que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos coadyuve en las investigaciones, que verifique los datos largamente investigados que la Comisión civil ha realizado y verificado, datos de los últimos 25 años verdaderos oprobios acumulados. Eso simplemente, por las 400 mujeres asesinadas y por la Ley.
Lo interesante de este punto de acuerdo es que se ha puesto en evidencia la contradicción entre los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus legisladores. Su actuación frente a gobiernos como el de Morelos, presidido por Graco Ramírez, del PRD y en otros casos con gobiernos del Partido Acción Nacional.
El exhorto ha sido solicitado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Senado de la República, que preside senadora panista María del Pilar Ortega, convertida en congreso permanente y constituida por 15 senadores y diputados, entre ellas seis priistas, cuatro panistas, tres perredistas, uno del Partido del Trabajo y otro del Partido Verde Ecologista. Los y las priistas firman el exhorto; un panista, el verde y uno del PRD no firmaron, es curioso. La segunda en importancia en esa comisión es la senadora priista Cristina Díaz Salazar, promovida en el PRI para un nuevo encargo en su partido. Es increíble que la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es emanado del PRI, se niegue.
Es importante ver el curso que esta solicitud tendrá en próximos días. Será una gran lección ver cómo y de qué manera el Ejecutivo se negará a desplegar las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en desfase absoluto de cara a las declaraciones pomposas de hacer transversal la visión de género en el Plan Nacional de Desarrollo. O será nada más pura demagogia.
Veremos.

jueves, 27 de junio de 2013

Contra la violencia: Necesarias políticas pública contundentes



Contra la violencia:
Necesarias políticas pública contundentes
*Hay cambios legislativospero el alcance es parcial

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
“La violencia contra las mujeres es una horrenda violación de los derechos humanos, una amenaza global, una amenaza para la salud pública y un escándalo moral”: Ban Ki-Moon, secretario general de Naciones Unidas.
A instancias de Naciones Unidas, hace más de 30 años que se firmó en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En su artículo 1 define "discriminación contra la mujer" como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
En su artículo 2, señala: Los estados parte convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen actuar en consecuencia.
En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en la que se define como “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La Declaración reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente se han dado entre el hombre y la mujer; asimismo, afirma que la violencia contra ésta constituye una violación de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales que le impide, total o parcialmente, disfrutar esos derechos y libertades.
Desde 1994, 32 estados americanos firmaron aceptando los alcances de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -De Belém do Pará- que en su artículo 7 sucintamente manifiesta:  
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer(…) y f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.
Se pudiera pensar entonces que después de múltiples foros y conferencias internacionales en las que se reconocen las libertades fundamentales, se construyen los cimientos de los derechos humanos en el derecho positivo y se definen los principios que los rigen: la dignidad, el valor de la persona humana y la igualdad entre las mujeres y los hombres. En este contexto el Estado mexicano firma comprometiéndose a consagrar dos principios fundamentales en toda su legislación: La igualdad entre mujeres y hombres, y la no discriminación.
Sin embargo, las leyes no se acompañan de acciones comprometidas de los gobiernos; mientras las políticas públicas no sean concluyentes y contundentes en acciones con perspectiva de género que promuevan la igualdad y la vigencia de los derechos ciudadanos plenos de las mujeres, solo habrá demagogia que en la práctica se traduce en violencia de género permitida y hasta fomentada por las acciones ineficientes y las omisiones criminales que se institucionalizan en la práctica social.
El origen de la violencia de género radica en los valores, principios y creencias de nuestra sociedad, que en un contexto sociocultural androcéntrico sitúa a la mujer en posición de inferioridad respecto del hombre.
La violencia es una construcción social, no una derivación espontánea de la naturaleza, por tanto, no es individual en su origen, es uno de los principales problemas estructurales que padece nuestra sociedad y sus consecuencias inciden en el ámbito de la salud, laboral, económico y familiar.
En los últimos años, la permanente preocupación frente a la violencia de género dio lugar a continuos cambios legislativos, pero con un alcance parcial. Se limitaban a determinados aspectos del problema, enfocando sobre todo al ámbito doméstico, incluso otorgando figuras delictivas en lo que se le denomina violencia familiar.
Este abordaje del problema de la violencia de género requiere una ineludible coordinación entre los diferentes ámbitos públicos que intervienen a lo largo del proceso como condición indispensable para una atención de calidad a las mujeres que padecen situaciones de violencia, así como a los menores que con ellas conviven.
Empero la violencia de género no solo estriba en el carácter privado en el que aún se le describe en ese ámbito asistencialista que los gobiernos perfilan a las mujeres violentadas. No como víctimas de un sistema machista y patriarcal sino como incapaces que requieren asistencia y no la garantía de sus derechos ciudadanos.
El problema de la violencia contra las mujeres debe referir respuestas contundentes y eficaces en el sistema de la justicia, desde su procuración como en la impartición, de tal manera que el pulso sea la percepción de las mujeres en tanto logre revertir las prácticas constantes de impunidad y violación constante  de sus derechos humanos, discriminación en el trato, tolerancia de la violencia; deficiencias de investigación, averiguaciones previas incompletas, mala actuación judicial, actuaciones procesales sin perspectiva de género, y muy pocas sentencias condenatorias a hombres a quienes se ha comprobado tener una conducta violenta.
En el mundo, los esfuerzos continúan. Así llegamos en 2013 a la más reciente declaración auspiciada por ONU Mujeres, conmemorando la 57 edición de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que concluyó condenando los datos que se registran en torno a que siete de cada 10 mujeres en el mundo asegura haber sido víctima de abusos físicos o sexuales en algún momento de su vida, en la mayoría de los casos a manos de sus parejas.
En éste documento firmado por más de 130 países aprobaron la declaración conjunta que condena con firmeza la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo. Se aprobó, entre otras cosas, prohibir los matrimonios de menores y los forzados, la mutilación genital femenina, al tiempo que pide que a las víctimas de violencia se les facilite contracepción de emergencia y se les posibilite abortar.
Estas referencias explícitas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres provocaron la discrepancia de algunos países, como Arabia Saudí, Irán, LIbia, Sudán, Egipto e incluso el Vaticano, causado polémica desde su oposición al texto, argumentado que viola los principios de la ley islámica y se contraponen a los principios del Corán, que destruyen la moral islámica y el núcleo familiar consagrados en sus Constitución.