Denuncian periodistas falta de
protección
Gloria
ANALCO/Especial de SEMlac
En los primeros ocho meses
del año, 52 mujeres periodistas han sido agredidas. Una de ellas, Citlali
Luciana López Velázquez, de Oaxaca, por escribir en favor de una mujer;
algunas, por no ceder ante su patrones; otras, por atender sus actividades
profesionales.
Un total de 12 han sido agredidas en la capital del país, que se
creía segura, todo ello según los reportes de la Casa de los Derechos de
Periodistas (CDP), conocidos por SEMlac.
A las agresiones de mujeres profesionales de la comunicación se
agregan 433 casos de hombres y cuatro asesinatos en lo que va de 2014, sin que
las autoridades hayan mostrado interés por investigar, según declaraciones de
la comisionada de género de la CDP, Sara Lovera, al participar en el Foro
"Violencia, poder y libertad de expresión", realizado a mediados de
agosto.
El 15 de agosto, el gobierno mexicano debía responder a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inquirió al gobierno
para que cesen los agravios y asesinatos a periodistas en el país. LA CIDH
considera que México es la nación más peligrosa para ejercer la profesión.
La CIDH intervino a solicitud de Miguel Badillo, director de la
revista Contralínea. Acosada durante cuatro años, las oficinas de esa
publicación fueron asaltadas este 2014 y robados expedientes periodísticos y
equipos de cómputo.
Apenas en julio, fue allanada una vivienda personal del
director, rentada a una compañera periodista, cuya vida e integridad fueron
puestas en riesgo. Hace dos años también mataron a la administradora de
Contralínea.
Por ello, en menos de una semana, la CIDH acordó llamar al
gobierno de México a ofrecer medidas precautorias a todo el personal de la
revista semanal Contralínea, puesto que, afirma el acuerdo, la vida e
integridad personal de los miembros de esa publicación "se encuentra en un
estado de riesgo inminente".
En el foro se recordó que el gobierno federal fue notificado el
30 de julio y tenía de plazo hasta el 15 de agosto para dar una respuesta a las
recomendaciones de la CIDH, por acuerdo de su pleno el pasado 18 de julio,
encabezado por Tracy Robinson, presidenta de esa Comisión.
También intervino en el foro el presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel
Granados Covarrubias, quien anunció que ese órgano legislativo alista una ley
integral a favor de periodistas y defensores de los derechos humanos, para que
tengan garantías de seguridad y certidumbre en el ejercicio de su profesión.
Granados Covarrubias aseguró que seis de cada 10 amenazas contra
periodistas provienen de funcionarios públicos y el resto del crimen
organizado, y señaló que, en algunos estados de la República, para vulnerar la
libertad de expresión, han legislado e impuesto la "ley mordaza".
"Quieren garantizar impunidad y se la están procurando por
todos los medios", dijo.
Durante el foro, la fracción legislativa del partido Movimiento
Ciudadano se comprometió a apoyar las tareas de la Casa de los Derechos de
Periodistas (CDP) y a intervenir en lo que haya lugar para que el gobierno del
Distrito Federal cumpla con el mandato de abrir un refugio para las y los
periodistas que corren riesgo en la República.
También a que cumpla el jefe de gobierno, Miguel Mancera, con
los compromisos contraídos con esa asociación, a la que pertenecen Sara Lovera
y Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea.
Lovera propuso que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
investigue el destino de los recursos destinados a garantizar la libertad de
expresión y presupuestados por ese órgano al gobierno capitalino.
Además, demandó su intervención para lograr el cumplimiento de
los compromisos contraídos con la CDP, a fin de que pueda continuar su trabajo
de seguimiento, asesoría jurídica y protección a favor de periodistas bajo
persecución y amenaza de muerte.
Pidió al órgano legislativo, organizador del Foro conjuntamente
con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que llame a
comparecer al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, para que
informe a la Asamblea sobre las tareas de protección a periodistas y las
garantías que ha instrumentado su gobierno en apoyo a la libertad de expresión.
Como representante de la CDP, Lovera pidió asimismo el apoyo del
foro para que se hagan efectivas las recomendaciones al Gobierno Federal de la
CIDH en el caso de la revista Contralínea, sus directivos y trabajadores.
Se trata de un caso emblemático, dijo, por reunir todos los
tipos de agresiones contra las y los periodistas en México: intimidación, daño
económico, obstrucción a su ejercicio periodístico y amenazas de muerte, entre
otros.
Veracruz y Distrito Federal son las dos entidades que registran
mayor número de agresiones contra periodistas mujeres: 11 y 12,
respectivamente, precisó la periodista y activista.
Recordó que entre 2000 y 2013 fueron asesinados 76 periodistas y
desaparecidos otros 16. Entre los asesinados se encuentran, al menos, 25
mujeres periodistas.
Agregó que hay zonas y regiones del país donde es casi imposible
desarrollar la profesión, por las condiciones de violencia, cacicazgo y poderes
que pretenden controlar la palabra. "La libertad de expresión está acotada
por los intereses de poderes diversos", dijo.
Sara Lovera alertó sobre los peligros de que las autoridades no
se empleen a fondo para resolver la violencia contra periodistas y recordó que,
en 2009, cuando se recrudecieron más las agresiones, la Comisión de Derechos
Humanos y el gobierno del Distrito Federal supieron dar una respuesta.
