Impiedad

Impiedad

Irma Alma OCHOA TREVIÑO

Por los índices de criminalidad alcanzados a causa de las desapariciones y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez y Chihuahua, sumados a la negligencia y la impunidad reinante, el 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del  caso González y otras vs México (Campo Algodonero).

A seis años de dicha sentencia es evidente que el Estado mexicano sigue en el foco internacional pues no cesa la violación a los derechos de las mujeres. Tanto es así que el Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, formularon sendas recomendaciones para poner un freno a la violencia perpetrada en contra de las mujeres.

Motivado por la violencia social que alcanzó niveles no vistos en la entidad, al registrar 221  mujeres asesinadas en 2011, el Comité de Seguimiento de la Cedaw expresó su profunda preocupación por el aumento de feminicidios cometidos en Nuevo León, entre otros estados; así como el número cada vez mayor de desapariciones de mujeres en Chihuahua, Nuevo León y Veracruz.

Ese mismo año las autoridades nuevoleonesas no identificaron al 33.3 por ciento de las mujeres cuyos cuerpos sin vida fueron localizados en la vía pública o en enterramientos clandestinos. De acuerdo con el registro sobre feminicidios en NL, iniciado hace más de tres lustros a la fecha, no fueron identificadas 183 mujeres asesinadas.

Las preguntas: ¿quiénes son?, ¿dónde vivían?, ¿quiénes son sus familiares?, quedan sin respuesta. De las víctimas se desconoce casi todo, excepto que su muerte fue violenta. No se sabe cuándo y dónde nacieron, se ignora quién es su familia o quiénes las buscan.  Menos se sabe quién o quiénes fueron los causantes de quitarles la vida.

 Sin información es difícil que las investigaciones apunten hacia el o los criminales. Es poco probable que se llegue a conocer la verdad de los hechos, que se haga justicia y que se juzgue y sancione al perpetrador del crimen.

No sólo se les privó de la vida, sino que sus cuerpos inertes fueron abandonados por sus agresores, en cerros, en parajes desolados, en brechas poco transitadas o arrojados a la vera de la carretera; también se les arrebató la libertad, sin piedad se les sometió a tratos degradantes, crueles e inhumanos, y se les despojó del derecho a las honras fúnebres acorde a los rituales o costumbres familiares.

En el lapso entre la consumación de los hechos y la localización de los restos de las víctimas, que puede ser de meses o años después del asesinato; se produce el deterioro natural de los tejidos blandos y se borran las pruebas de las lesiones. El paso del tiempo es un obstáculo para que el grupo investigador determine la causa de la muerte y representa un impedimento para la identificación de la persona.

La Corte Interamericana determinó que “la no identificación de los cuerpos [por el lapso de varios años] ha impedido a las familias vivir los ritos que acompañan la muerte y el entierro de su ser querido, alterando bruscamente su proceso de duelo”. Al desconocer quiénes son las víctimas se retrasa el derecho a ser inhumadas en los sepulcros familiares y el que su nombre sea grabado en la lápida que cubre sus restos.

También tiene mucho que ver “la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos…, el retraso en la entrega de los cadáveres…, ha provocado en ellos [sus familiares] un gran sufrimiento y angustia” según concluye la Corte IDH en la sentencia Campo Algodonero.  Esa aflicción la padecen todas las madres y padres de familia de las miles de personas desaparecidas en México.

Me resulta inexplicable que en el País haya tantas víctimas sin identificar, mientras existe un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuyo propósito es concentrar información, en el caso que nos ocupa, de las personas que se desconozcan sus datos de identificación, a fin de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda o localización.

Esto nos da el pulso de la situación reinante, pues los hechos revelan que no se ha logrado aún acabar con los actos de barbarie degradantes e inhumanos, a pesar de los avances en materia de derechos humanos y aprobación de leyes que los garantizan, así como recomendaciones y sentencias de organismos internacionales para aminorar la violencia ejercida contra las mujeres.