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Buenas
Prácticas:
Mujeres en
la vida política, contribución actual y potencial
*La
perspectiva de género tiene que traducirse en acciones afirmativas
Bárbara
GARCÍA CHÁVEZ*
Las cifras de mujeres que participan en la
vida pública y política del país revelan una participación desigual, pero
también muestran que la contribución actual y potencial de las mujeres al desarrollo
político es una realidad.
Sin embargo, es necesario que existan procesos
de igualdad, condiciones equitativas normativas y estructurales que
contrarresten el acceso a posiciones de
decisión de carácter público, ya que subsiste una cultura política
discriminatoria en el aparato público y en los partidos políticos.
Es real que las mujeres que ocupan ciertos
espacios de poder suelen sufrir aislamiento y ser excluidas de la toma de
decisiones, si no cuentan o no logran obtener el apoyo mayoritario de los
hombres. Además, son tratadas como minoría y condicionadas a favorecer los
mandatos masculinos.
Lo cierto es que estas y otras restricciones
en la participación política no están determinadas por sus cualidades individuales sino que son
expresión de una cultura política androcéntrica que realza los valores
masculinos y establece oportunidades desiguales.
Las mujeres en los espacios políticos nos
hemos creído el discurso de que cuando nos insertamos en los escaños públicos,
nuestra mayor capacidad se traduce en lograr un mayor gasto hacia los sectores
sociales, reflejo del arraigado compromiso frente a la feminización de la pobreza.
Innovar democráticamente en materia de
gobiernos municipales significa readecuar las estructuras de administración,
los mecanismos de interacción con la ciudadanía y el marco institucional de
gobierno a un nuevo escenario, de tal forma que los resultados sean mejores
tanto en la calidad de las acciones y servicios del gobierno local, como en la
gobernabilidad democrática y en la confianza de la ciudadanía.
La fuerza de una experiencia innovadora está
en el compromiso responsable de las autoridades y en el impacto social de las
acciones, que dirigidas con una verdadera perspectiva de género tendrán
necesariamente que traducirse en acciones
afirmativas.
La transición democrática y la alternancia
política reviste posibilidades para introducir la innovación de la perspectiva
de género en las políticas públicas y la institucionalización de programas o
acciones afirmativas, es decir, estrategias que buscan garantizar la igualdad
de oportunidades, contrarrestar o corregir la
discriminación como resultado de prácticas sociales injustas.
Estrategias que pretenden reducir las brecas de desigualdad entre hombres y
mujeres.
Un ejemplo es la paridad en la reforma
electoral, que para efectos municipales no está contemplada, toda vez que, siendo
el cabildo un órgano colegiado debería estar conformado por hombres y mujeres,
alternadamente.
Conceptos como perspectiva de género,
igualdad de oportunidades, acción afirmativa, equidad entre los géneros,
ciudadanía de las mujeres, representan una sustancial innovación conceptual y
práctica en comparación con la larga tradición de asistencialismo y
paternalismo hacia las mujeres.
La perspectiva de género en las políticas
públicas locales facilita una nueva forma de mirar y pensar los problemas, las necesidades
y demandas, los procesos sociales y los objetivos del desarrollo local.
Significa:
• Una metodología de trabajo a favor del
principio de equidad de género y en contra de la discriminación-subordinación
de las mujeres.
• El reconocimiento de la heterogeneidad de
las necesidades y demandas de la población, considerando las de los hombres y
las de las mujeres sin confundirlas como lo mismo, así como el reconocimiento
de las consecuencias diferenciales de las políticas y programas en la vida de
las mujeres y los hombres.
• La posibilidad de establecer una nueva
relación de calidad entre el gobierno local y las mujeres, que privilegie la
identidad ciudadana de las mujeres, sus derechos humanos y su papel de actoras
estratégicas del desarrollo local.
Así, la innovación democrática en este
sentido hará una gestión municipal diferente.
Las instancias directamente responsables de
esta gestión son: el ayuntamiento como órgano de gobierno que decide las
políticas y el aparato administrativo como ejecutor operativo de dichas
políticas.
El enfoque de género, entonces, podrá lograr
la ampliación real y permanente de las opciones de las mujeres respecto de su
acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo, a la vez que potencia a
las organizaciones sociales, como actores estratégicos de la política pública
local.
Por medio de la incorporación de la
perspectiva de género en la gestión municipal, se contribuye a romper barreras
culturales y a redistribuir el poder entre los géneros en un esfuerzo decidido
por fortalecer la equidad social y lograr las metas del desarrollo humano.
La transversalidad de las políticas
municipales de género, así como la institucionalización de las mismas,
probablemente presentan el mayor grado de dificultad y constituyen un reto difícil
de consolidar en este campo de innovación. Para empezar, la argumentación de la
transversalidad quiere decir que la equidad entre los géneros es un asunto de
competencia intersectorial, que requiere del involucramiento de todas las áreas
de la organización política-administrativa municipal, y que es un criterio
básico opuesto al criterio de segregación de aquellos temas considerados de las
mujeres, desarticulada del resto de la institución, como asunto de competencia
exclusiva “de las mujeres” y de menor jerarquía frente a las otras competencias
municipales.
Hago hincapié: combatir el problema de la
desigualdad corresponde a todas las autoridades municipales y no sólo a las áreas
o personas que se encargan de las cuestiones relacionadas con las mujeres.
Perspectiva de género, transversalidad e
institucionalidad, triada que debe ser acompañada por el “triángulo ideal” que
contiene los componentes y requisitos que estimamos necesarios para establecer
las bases de la institucionalización de las políticas de género en los
gobiernos locales, lo que demanda su establecimiento dentro del organigrama
municipal, mediante una instancia específica, con cierta autonomía, que asegure
acciones para el adelanto de las mujeres.
La institucionalización, entonces, demanda ciertos
requisitos básicos que cumplir:
1.- Un posicionamiento de jerarquía dentro
del organigrama, con el propósito de evitar la marginación y el aislamiento de
la instancia específica de las mujeres, con el fin de que pueda ejercer
influencia y desarrollar la capacidad de sensibilización, coordinación y
transversalidad, sobre las áreas y órganos de la institución municipal.
2. Un piso de recursos propios garantizado
dentro del presupuesto municipal, de manera que inserte a las políticas y
acciones de equidad de género tanto para la instancia en particular como la
creación de un presupuesto con perspectiva de género debidamente transversalizado.
3. Una cultura institucional de género
dispuesta a la articulación de consensos abierta al pluralismo político y a las
alianzas por encima –y a pesar– de las divisiones partidarias, las contiendas
electorales, los desacuerdos y distanciamientos de militantes feministas.
Las políticas públicas locales que se dirigen
a la igualdad de género encuentran caminos diversos que aceleran o retardan los
logros dependiendo de lo arraigado de las costumbres y tradiciones que pueden o
no fomentar las igualdades y discriminación que sufren las mujeres.
En Oaxaca, como en el resto del país sigue
imperando la presencia de los varones en la política, condición que se agudiza
por las particularidades de la entidad, su diversidad política, social,
cultural y étnica, que multiplica el número de municipios y problemas.
Los retos aún siguen siendo claros, sabemos
perfectamente que la problemática de las mujeres no sólo se reduce a la
violencia, que la inequidad y la distribución asimétrica de puestos laborales,
de acceso a la salud, educación, bienes y servicios son parte de la tarea que
aún debemos realizar.
*Extracto de la ponencia presentada en el
Foro Nacional de Análisis Político, Buenas Prácticas Municipales, en Monterrey
N.L., octubre 2014.
