Propone
Flavio Sosa modificar Constitución
de
Oaxaca a favor de despenalizar el aborto
• Busca eliminar protección a la vida desde la concepción | Esa medida fue
una estrategia perversa de Ulises Ruiz para dividir a izquierda y derecha, dice
| Aborto seguro y legal debe ser derecho de las mujeres
El diputado local Flavio Sosa Villavicencio presentó la noche de este
viernes ante el Congreso de Oaxaca una iniciativa para modificar el artículo 12
de la Constitución, lo que abriría la puerta a la despenalización del aborto en
el estado.
La propuesta prevé eliminar del texto constitucional la estipulación de que
“en el estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser
humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y
se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte
natural”.
Al defender su iniciativa en la tribuna legislativa, el diputado Flavio
Sosa consideró que en Oaxaca es necesario legalizar el aborto, pues su
penalización deriva en la muerte de miles de mujeres que se ven obligadas a
someterse a intervenciones de ese tipo en condiciones inadecuadas.
“Los abortos clandestinos son causa de enfermedades, infertilidad y
muerte”, pues “practicados en condiciones de riesgo son la tercera causa de
muerte materna en México, según cifras del Consejo Nacional de Población, y
constituye el 25 por ciento de los ingresos al Hospital General de la Ciudad de
México”, dijo.
En nuestro país, agregó, la tasa de muerte materna es de 83 por cada cien
mil nacidos vivos registrados, lo que es alto de acuerdo con los estándares
internacionales, pero además en Oaxaca el problema se agudiza y alcanza la
alarmante cifra de 98.7, la tasa más alta del país.
Agregó que la organización Ipas y el Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE), especialistas en salud reproductiva, han demostrado que las
mujeres pobres tienen menor acceso a información sobre sexualidad y métodos
anticonceptivos y ante un embarazo no deseado recurren al aborto clandestino.
Agregó que según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Alan
Guttmacher, cerca de 68 mil mujeres mueren cada año en el mundo por complicaciones
de un aborto inseguro y entre 2 y 7 millones al año sufren complicaciones y
enfermedades graves y prolongadas por la misma causa.
Las mismas instancias concluyeron que el aborto es seguro en los países
donde es legal, pero peligroso en los países donde es declarado ilegal y se
realiza clandestinamente.
De acuerdo con estadísticas de la OMS, dijo, la tasa de riesgo fatal por el
aborto inseguro es de uno sobre 270, pero según otras fuentes, el aborto
inseguro es responsable de una de cada ocho muertes maternas.
Citó también un artículo de la instancia de Naciones Unidas, en el cual
considera que el acceso al aborto seguro y legal debe ser un derecho
fundamental de la mujer, independientemente de su lugar de residencia, y
considera las cifras de aborto inseguro y sus consecuencias como una epidemia o
pandemia silenciosa.
“Como se ve, la legalización del aborto es un asunto de justicia social”,
pues “hoy, las mujeres con recursos económicos van a cualquier clínica, donde
pueden tener acceso a intervenciones seguras, pero las mujeres pobres mueren en
el intento”, expresó.
Mencionó al Plan Estatal de Desarrollo, según el cual en el estado se
registran 2 mil 300 abortos por año, pero considera que en el mismo lapso puede
haber cerca de 9 mil 200 abortos clandestinos, la mayoría de los cuales se
realizan en condiciones insalubres e inseguras.
Señaló que el derecho a la vida desde la concepción fue incluido en el
artículo 12 de la Constitución por instrucciones del entonces gobernador Ulises
Ruiz con el fin de intentar eliminar la posibilidad de una alianza entre el PAN
y la izquierda para el año 2010, cosa que evidentemente no logró.
Cuestionó que en la papelería oficial del Congreso se haya incluido el lema
“2013. Año de la protección de los derechos de la mujer”, cuando la Legislatura
no ha hecho lo suficiente por hacer efectivas las garantías a las que las
mujeres deberían tener acceso con base en el derecho internacional de los
derechos humanos.
Recordó, en ese sentido, que continúan sin dictaminarse sus iniciativas
para aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, como una
medida para erradicar el matrimonio infantil, que lesiona gravemente los
derechos de la infancia, principalmente de las niñas que pueden ser víctimas de
trata.
También mencionó su propuesta para aumentar
las penas al delito de estupro, pues consideró inaceptable que en el estado sea
más grave robar una vaca que atentar contra la integridad de una niña o un
niño.
