Palabra de Antígona
Mancera: Sus retos
Por Sara Lovera
En el centro de la ciudad de México las
madres de Ciudad Juárez se han plantado nuevamente. Hace 20 años que gracias a
los artículos periodísticos fue denunciado el feminicidio en Ciudad Juárez. Dos
décadas después sabemos que en ese municipio de la frontera norte hay 108
desaparecidas y que son las familias las que investigan, las que están detrás
de cada expediente, las que no se cansan.
Este gravísimo fenómeno parece no
importar gran cosa a los señores del poder. A ver, estamos viviendo, como si fuera
1928, una etapa reformadora que se nos quiere presentar amablemente tras largos
12 años de equivocaciones. Peor, el asesinato sistemático de mujeres en el país
parece no importar a nadie. El próximo día 21 de nueva cuenta se discutirá la
alerta de género para el Estado de México y parece que es más importante la
política, el arreglo, que la realidad.
Esta vez el plantón de madres de Ciudad
Juárez está aquí para exigir al gobierno que investigue, simplemente eso. Que
de una vez por todas, el gobierno se ponga en el lugar de las familias, que
busque indicios, que haga su trabajo. Es como el caso de la impunidad
permanente respecto del homicidio de periodistas, hombres y mujeres en todo el
país. Nunca nadie sabe nada de quién o quiénes son los culpables. En el caso de
la desaparición de mujeres, de su asesinato, las autoridades que no atinan qué
decir sobre sus funcionarios corruptos, tampoco saben cómo encarar el problema
del feminicidio en el país y no obstante la condena internacional, no dan
resultados. Dan discursos.
Con toda tranquilidad asumimos que en el
centro de Ciudad Juárez opera una red de trata de mujeres encabezada, dice la
organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, por una pandilla denominada como
Los Aztecas, y presuntamente relacionada con lo que se define como crimen
organizado.
Las madres atribuyen el fenómeno a “la
embestida de la Operación Conjunta Chihuahua –cuando el gobierno federal les
incautó armas, personas y drogas- esa pandilla empezó a traficar con
jovencitas.”
No es que se trate de algo nuevo.
También nadie oye, ni escucha, ni pone atención al tema de la traba de
jovencitas, de niños y niñas. Se hacen oídos sordos a cómo peligran las niñas y
los niños, las adolescentes por este fenómeno ya estudiado por las Naciones
Unidas, que tiene una cifra de ganancias, dentro de esa cosa que definen como
crimen organizado en toda la orbe.
Se trafica para explotación sexual y
explotación laboral. Eso sucede en muchos lugares del país, pero es en Ciudad
Juárez donde no se quita el dedo del renglón y según la activista María Luisa
García Andrade, la desaparición de mujeres en aquella frontera arreció en 2008,
es decir hace cinco años, tienen el seguimiento. ¿A quién le toca resolverlo? ¿Quién
o quiénes, además de las madres está detrás de las investigaciones? ¿Dónde
están las comisiones de equidad y género del Congreso? ¿Dónde se esconden los
llamados abogados democráticos? ¿Qué hacen las comisiones de Derechos Humanos?
Estos verdaderos elefantes blancos que comen y se desarrollan gracias a
nuestros impuestos.
Las madres explican que la desaparición
de jovencitas en Ciudad Juárez sucedió
el mismo año en el que creció la ola de homicidios atribuidos a la
guerra del cartel de Juárez –para el que trabajan los Aztecas- contra el de
Sinaloa por el control del narcotráfico en esa ciudad, es decir, las madres
tienen la información, la viven. El tema es que no se las toma en serio, lo
cual es grave.
Es el Juárez, herido de muerte, donde
según García Andrade todo se inició en 2008 una ola sin precedentes de
desapariciones de jovencitas, se ha documentado que existe una lista, con
nombres y apellidos, expedientes de 108 casos, sin que haya ninguna
respuesta de parte de las autoridades. Lo grave es que se crean nuevas
instancias que nos costarán y cada día aparece una nueva, de “expertos o
expertas” en seguridad ¿para qué?
La impunidad parece ser el signo de
estos tiempos, a pesar de los discursos, a veces convincentes, de las autoridades
del gobierno de Peña Nieto. La verdad es que veo un nuevo problema. No hay de
dónde tener expedientes ordenados, no tienen antecedentes las autoridades o los
ocultan; no pueden iniciar procesos y diligencias, no obstante todas las
evidencias que se ven y se explican a la opinión pública.
Ese es el caso de ex gobernadores que
dejaron desmantelados los proyectos de atención a la salud, que no sé cómo se
califique. Dejar sin medicinas los hospitales para la clase popular es como una
operación de lesa humanidad. Ahora van a ver cómo juzgan al nuevo ex gobernador
acusado. Los otros ya huyeron y nadie se acuerda de los documentos apócrifos de
Coahuila; ni tampoco de las atrocidades fraudulentas de Veracruz, menos de los
hospitales vacíos en Oaxaca y lo sucedido en Guerrero y Aguascalientes. Hay
quien, en la pantalla de televisión defiende al ex gobernador de Tabaco, quien
escenifica el nuevo show.
Menos van a reconocer que la falta de
justicia permite que las jovencitas y muchos niños y niñas son sujetos de la
trata. No hay tiempo, hay que hablar más bien de las instituciones.
Eso me recuerda el estudio magnífico de
Luis Javier Garrido, que estudió cómo se formó el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en 1929, sin democracia, juntando los intereses de todos
los caciques, argumentando que había que poner en paz al país, no importaba en
nada la justicia social por lo que habían muerto un millón de hombres y mujeres
durante la la Revolución Mexicana. No, no se trataba de eso sino de mantenerse
y hacer crecer su poder.
Igual ahora, en tiempos de discursos y
reformas anunciadas. Los grandes asuntos no tienen respuesta. Menos pueden ser
caminos para la democracia y pareciera que nos indican que tampoco es un tema
de ética, sino de pragmatismo. Lo que importa ahora es quiénes y cómo llegan a
ocupar los puestos de poder. Vean si no las discusiones radiadas o televisivas
de esa nueva clase de opinadores y opinadoras. Las asesinadas, las
desaparecidas, las madres desesperadas están ahí, en un rincón de la ciudad de
México apenas percibidas por la opinión pública.
Cuando estas mujeres hablan. Dicen con
claridad, dónde fueron vistas su hijas por última vez, sencillo: el sector de
la zona centro de Ciudad Juárez, territorio considerado último reducto del
otrora poderoso cartel local.
Las madres explican su exigencia: que el
gobierno federal atraiga los casos que contienen indicios de participación del
crimen organizado en lo que muy probablemente es una red de trata de mujeres
con base en el centro histórico juarense.
“Es un foco rojo, casi todas se han
perdido ahí, y hemos dicho que se haga algo con ese lugar del Centro, pero no
han hecho nada (…) Ahí está la banda, ahí es donde operan”, dijo una de las
madres y aunque algunas personas se dan golpes de pecho, todavía no conseguimos
que realmente se parapeten y no se cansen, frente a las instituciones que no
dan respuestas.
Y cuál es el relato. Al parecer las
investigaciones periodísticas son muy claras. Se trata de la trágica calle
Javier Mina de Ciudad Juárez. Según la hipótesis de García Andrade, eso
coincide con una investigación periodística realizada por El Diario de
Chihuahua en 2012, sobre los casos de once víctimas, la cual encontró que al
menos siete pasaron o debían pasar por la misma calle del centro de Ciudad
Juárez antes de que se les perdiera la pista. ¿Por qué no se hace algo?
La descripción es precisa: la calle
ubicada dos cuadras al sur de la Catedral –a pocos metros de la frontera con
Estados Unidos-, es la Francisco Javier Mina, caracterizada por la presencia de
prostíbulos y frecuente en los recorridos de las jóvenes del poniente de Juárez,
porque ahí se detienen los camiones públicos que las conectan con el resto de
la ciudad.
Ahí, mostró la investigación
periodística, entre 2008 y 2011 fueron vistas por última vez María Guadalupe
Pérez Montes, de 17 años; Cinthia Jocabeth Castañeda, de 13; Perla Marisol
Moreno, de 16; María de la Luz Hernández, de 18; Jessica Ivonne Padilla, de 16,
y Nancy Iveth Navarro Muñoz, de 18 años.
Una de ellas, María Guadalupe Pérez
Montes, fue encontrada a inicios de 2012 junto a los restos óseos de al menos
otras once mujeres halladas en un descampado al sur del Valle de Juárez
conocido como “Arroyo del Navajo”, donde las madres presumen podrían haberse
encontrado más cadáveres.
Apenas la semana pasada, la Fiscalía
General del Estado le notificó a Bertha Alicia García, de 46 años, que un par
de restos craneales, también encontrados en el Valle, correspondían con el
perfil genético de su hija Brenda Berenice Castillo García, reportada como
desaparecida desde 2009.
Como otras siete madres de mujeres
víctimas, Bertha Alicia García integró el grupo que decidió viajar a la Ciudad
de México para exigir la investigación que no se ha resuelto en aquella
frontera.
“A Berenice me la entregaron el
miércoles de la semana pasada, dos pedazos (óseos) es todo lo que hallaron”,
dijo la mujer con tono de cansancio a los periodistas del Distrito Federal y
agregó: “Yo no estoy de acuerdo con lo que me dieron ni confío para nada, por
eso estoy pidiendo una segunda prueba”. Como otras víctimas, Berenice tomó una
unidad de transporte público para dirigirse a las mismas cuadras aledañas a la
Catedral en las que todo indica que se perdieron varias de las otras
jovencitas.
Las madres están aquí desde el pasado
lunes 10 de junio; se reunieron ya con el titular de
la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia, quien se comprometió a resolver este
martes si la federación atrae o no los casos. Pernoctan en la calle,
hacen mítines. Protestan, llaman la atención de los transeúntes. Están solas,
hace 20 años que oímos hablar de Ciudad Juárez, cuya verdadera entereza son
estas madres, que no se resignan.
Claro, si se pidiera la Alerta de Género
en Ciudad Juárez, también les dirían que no, que no tienen los datos ni se
ajustan al formulario, que en realidad es pura percepción y un imaginario que
no tiene relación con la realidad, como se ve ni los nombres, ni las
circunstancias, ni el sitio donde las jóvenes desaparecen convencen a nadie. Es
lo mismo, tampoco sabremos dónde están los ocho u 11 jóvenes secuestrados en un
bar del Distrito Federal. Nadie sabe nada y nadie parece ser capaz de atender
lo importante, mientras como el general Calles, se reparte el poder y los
puestos. Las elecciones del 7 de julio, son el tema.
Veremos.
