- El aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres
Tras una audiencia sobre los Derechos Reproductivos de las Mujeres, solicitada por organizaciones de 12 países, entre ellos México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección.
En un comunicado, este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington, D.C. Estados Unidos, sostiene que frente esa necesidad de ocupar un lugar prioritario en las agendas legislativas y políticas públicas es indispensable “analizar de forma pormenorizada todas las leyes, normas, prácticas, y políticas públicas que en su texto o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus derechos humanos en general”.
La CIDH afirma que los Estados están igualmente obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan como la sanción penal al acudir a estos servicios.
Recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres.
Las organizaciones asimismo presentaron información sobre casos individuales de mujeres que al acudir a servicios de salud para recibir servicios obstétricos por partos prematuros, fueron denunciadas por el delito de aborto u homicidio por parentesco y condenadas a prisión.
Vanessa Coria, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de México, hizo la presentación frente a las y los Comisionados de la CIDH en lo que ha sido calificada como una “histórica” audiencia temática regional, y señaló que en la zona existe una interpretación restringida del derecho a la salud en la mayoría de los países, con la consecuente exclusión de la salud sexual y salud reproductiva de la política pública de salud.
En ese sentido planteó la preocupación de que todavía cinco países de la región tengan penalizado el aborto: Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras, donde las jóvenes y mujeres son obligadas a continuar embarazos, resultado de violación. En tanto que sólo Cuba, Puerto Rico y la ciudad de México permiten la interrupción del embarazo temprano. En otras entidades existen serios obstáculos para que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo.
Vanesa Coria, de GIRE, presentó datos de la Organización Mundial de la Salud y señaló que 95.4 por ciento de los abortos se practican en condiciones inseguras en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas. La cifra de interrupciones de embarazos en estas condiciones en Latinoamérica y el Caribe es de 3.9 y 4.2 millones de abortos, “nos indican que la penalización del aborto ha generado que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo ilegal, clandestino e inseguro, con graves repercusiones en la vida, salud y entorno familiar y social, sobre todo de niñas y mujeres pobres”.
La OMS –añadió- afirma que en el mundo mueren por lo menos 66 mil 500 mujeres cada año como consecuencia del aborto inseguro. En América Latina y el Caribe el 11 por ciento de las muertes maternas es consecuencia de esos abortos.
Agregó que el embarazo y el aborto en adolescentes, es un problema grave de salud pública y refirió que “más de un millón de mujeres y niñas latinoamericanas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro…”. Aunado a ello, existen complicaciones para las mujeres, entre las que mencionó infecciones genital y pelviana, hemorragias excesivas o tardías, lesión de órganos de la pelvis y tejidos, e insuficiencia renal, entre otras.
Sin embargo, las implicaciones a los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y jóvenes van más allá del daño a su integridad física, pues en contextos de absoluta penalización o de negación de los servicios de la interrupción legal del embarazo, las consecuencias repercuten en su integridad psíquica y moral, sin que éste visible.
Otra consecuencia de la penalización es que se propicia un “mercado clandestino” o ilegal de servicios de interrupción del embarazo, que en muchas ocasiones se convierte en una práctica discriminatoria y de injusticia social, pues aquellas que pertenecen a clases más desprotegidas son las que recurren a la interrupción del embarazo de más alto riesgo.
Por ello, recordó la obligación de los Estados de adoptar medidas de prevención de embarazos no deseados, además de crear políticas públicas para atender el aborto clandestino e inseguro y prevenir daños a la salud y la vida de las mujeres.
“Ello es necesario, porque las mujeres abortan a pesar de la penalización existente y a pesar del dilema personal que puede implicar tomar esta decisión; porque muchas mueren o quedan con secuelas físicas irreversibles, y porque hay embarazos que aunque son deseados presentan complicaciones y es médicamente recomendable un aborto”.
Coria añadió que la penalización del aborto es una violación a la libertad personal y a la intimidad, principalmente por personal de salud que ha denunciado a las jóvenes, aún cuando los abortos son espontáneos, partos prematuros o complicaciones del parto o de abortos inducidos. Temen ser acusados de cómplices o participes de la comisión de un delito, por lo que se niegan a atenderlas, las remiten a otros hospitales, o una vez que las estabilizan y dan un mínimo tratamiento, violan el secreto profesional y las denuncian ante las fiscalías o ministerios públicos por el delito de aborto.
Algunas han perdido su libertad, inclusive en casos donde no habría responsabilidad penal. Estas mujeres se han tenido que enfrentar a un sistema de justicia represor y sumamente discriminatorio, que viola su presunción de inocencia. Varias son procesadas por el delito de aborto y en los casos más graves se les reclasifica el delito por homicidio calificado o en razón de parentesco, siendo condenadas a sanciones que van hasta los 40 años de prisión.
Las situaciones hacen imperante que los Estados aborden desde los derechos humanos el problema del embarazo no deseado para evitar la incidencia en abortos clandestinos e inseguros que pongan en riesgo la salud y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Es deber de los Estados generar políticas públicas y marcos jurídicos adecuados que velen por el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, sin discriminación en razón de género, edad, raza, etnia y cualquier otra condición social.
Frente a estos hechos y luego de presentar algunos casos, las activistas de Latinoamérica pidieron a la CIDH que en el Informe que realiza la Relatoría de Derechos de las Mujeres sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales con perspectiva de género, se incorpore un capítulo específico sobre salud reproductiva y acceso a la interrupción legal del embarazo, en donde se elaboren estándares de regulación que puedan servir de guía a los Estados a la hora de definir, modificar o crear leyes, normativas o protocolos en esta materia, que se inste a los Estados a producir y generar información estadística que permita monitorear el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres relacionadas con los servicios de interrupción legal del embarazo.
