Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
En nuestro país, el ámbito político gubernamental se esfuerza frenéticamente por parecer democrático e, intrincadamente, buscan la conexión permanente con la justicia y los derechos humanos –por supuesto en sus retóricos discursos- sin lograr la credibilidad ciudadana y mucho menos la práctica efectiva y eficiente de acciones públicas dentro del derecho y la legitimidad que hagan realidad el objetivo fundamental de cualquier gobierno: el bienestar general y el orden común.
Las acciones políticas que indudablemente describen los procesos partidarios en aras de reforzar sus espacios de poder dentro y fuera del ejercicio público, alcanzan dimensiones que impactan todos los ámbitos de nuestra vida, como es la decisión bélica gubernamental, manipulada por intereses de la Casa Blanca del país vecino, por supuesto en acuerdos non sanctum de Calderón con el anterior presidente republicano Bush Jr., que independientemente de la guerra sangrienta e injusta, por sus terribles y mortales consecuencias para los millones de mexicanas y mexicanos que vivimos en el terror incomprensible de vernos en medio del fuego cruzado, el dolor de y la incerteza atroz de un sin futuro para nuestros hijos e hijas; padecemos la falta absoluta de garantías que debe otorgarnos precisamente el gobierno en salud, educación, empleo, vivienda, seguridad y otros.
¿Nuestro derecho a vivir dignamente y con oportunidades para alcanzar la felicidad, se desvaneció sólo por decisión de un señor, de un partido político? ¿Quién y cuándo nos van a restituir lo perdido? Sí, lo perdido: la tranquilidad de las madres cuando sus hijos salen a la escuela o a divertirse con todos los peligros y sentencias de muerte sobre ellos y ellas, las visiones y pesadillas que vivimos en esta neurosis colectiva de terror y violencia, la desesperanza y recelo, porque no alcanzamos a ver el futuro. ¿Quién va a ser responsable? Sin duda es patético, tenemos gobernantes pero no gobiernos.
Hablando de restituir los agravios, habemos a quienes no se nos olvida que el gobierno de Oaxaca, el de la paz y el progreso, el que obtuvo un triunfo incuestionable debido a su promesa de campaña que ratificó en su toma de protesta en diversas líneas.
Cito… “no permitiré la impunidad, y no habrá protección para quienes con sus actos traicionaron la confianza y la voluntad de la gente, desquebrajando así el tejido social del pueblo de Oaxaca”.
Hasta ahora, a casi cinco meses, vemos al operador político, al hombre de URO, Jorge Franco “El Chuqui” considerado el responsable siniestro del operativo del conflicto 2006, como aliado, sí aliado a los poderes coaligados en el gobierno de Gabino Cué, quien como URO, tiene a su hombre de confianza, a su operador, también perverso y manipulador, se trata de Benjamín Robles “Cara sucia”.
Seguimos esperando, el castigo ejemplar, pero hasta hoy, ninguno de los hombres o mujeres del gobierno anterior, responsables de actos atroces, que atentaron contra la legalidad y el orden, que violaron derechos humanos flagrantemente, está siendo investigado seriamente ni se ha iniciado ningún procedimiento que implique responsabilidad penal o administrativa; todo es mediático, engañoso, mentira.
Nuevamente cito a Cué:”…Oaxaca vivía con miedo, miedo de un sistema desigual que fomentaba la diferencia y la exclusión… Miedo a una represión continua, a violaciones a los derechos humanos…
Miedo que se enraizó al ver la libertad del oaxaqueño manipulada de acuerdo a conveniencias políticas, escalando a conflictos de intereses y discursos estériles mientras nos dejaban sin poder otorgar una vida digna a nuestros hijos, forzándonos a buscar otras fronteras para encontrarla”.
Es cierto, difícilmente se puede negar.
Sin embargo, las cosas no han cambiado, antes, los intereses políticos se controlaban y aprovechaban desde el PRI, ahora las expectativas se caen ante el azoro de la ciudadanía al darse cuenta que, sin recato alguno, las conveniencias políticas se ejercen, controlan y aprovechan, desde las cuotas que se arrebatan los partidos coaligados -PAN, PRD, PT y Convergencia- y alguna que otra ONG que se le amansó con algún puesto en el nuevo gobierno democrático.
Habría que revisar el caso sui generis de la aliada sección 22 del SNTE, fuerza esencial del movimiento social de la APPO, que sin su abierto apoyo el resultado electoral seguramente hubiera variado, y recordar otra cita más del aludido discurso de Gabino Cué:“Nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir. Nunca más el uso de la fuerza pública para callar demandas sociales”.
De esa asociación que abonó al triunfo de la coalición de la paz y el progreso, sólo quedó, en un cargo de gran importancia política y redención de la lucha revolucionaria, la verdadera revolucionaria, el académico Víctor Raúl Martínez Vásquez, quien aparte de asesorar las políticas que abren los caminos de la democracia, califica a los verdaderos luchadores sociales, teniendo un lugar especial en su corazón y sus recomendaciones, aquellos que fueron perseguidos como él, por el monstruo que ya cayó; por cierto, su esposa lo acompaña en otro frente del gobierno.
Recordemos el cambio de discurso del ahora jefe de asesores cuando la represión a los maestros en febrero pasado, la justificó argumentando que había infiltrados y provocadores… ¿Qué no decían eso los del PRI entonces, en el 2006?
Por ahí, en alguna silla del nuevo gobierno democrático, también se encuentra Fausto Díaz Montes y familia; igualmente, en último momento y bajo presión se nombró a Isidoro Yescas. Los tres catedráticos de la UABJO y consejeros intelectuales de la APPO. Al parecer ya deslindados de su base social revolucionaria.
Los discursos siguen siendo estériles y cínicos, nuestra perspectiva de participación ciudadana en las decisiones públicas que permitan la esperanza de una vida mejor se esfuma, así lo demostró el flamante poder Legislativo con su descarado desinterés a las propuestas enviadas por la asociación civil EDUCA.
Legislativo donde las cuotas de partidos hacen un mosaico de intereses y poderes repartidos que ineficientan y anulan cualquier posible actividad en beneficio de la sociedad.
Cuotas que engrosan los bolsillos de quienes integran la diputación, con beneplácito de sus cercanos por los puestos de “trabajo” conseguidos. Aquí, por supuesto, la fracción parlamentaria del PRI le entró al gran reparto. La reforma va, de todas maneras va.
Qué decir de las dos súper secretarías, habilitadas en grande para dos empresarios exitosos y millonarios:
Uno, José Zorrilla de San Martín Diego, Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, gran amigo de la infancia del propio gobernador Cué, pertenecientes ambas familias a “lo mejorcito” de la socialité local, llamada coloquialmente la vallistocracia.
El otro, Netzahualcóyotl Salvatierra López, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, empresario constructor que alcanza la panacea del éxito adjudicándose contratos millonarios en el gobierno de Diódoro Carrasco y ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
En ambos casos su experiencia se suscribe exclusivamente al ámbito privado, acostumbrados a pagar todo lo necesario para operar con éxito sus negocios, ahora en la función pública siguen actuando como empresarios, contratan despachos y consultorías a costos escandalosos, en una clara actitud de desprecio y desconfianza del personal de servicio público a quien les disminuyen salarios y prestaciones, ya que a su criterio no responden a lo que implica el servicio contratado y pagado de categoría, incluso, internacional.
Es decir, que la obra pública y la economía del Estado están en manos de ricos administradores, que no saben qué hacer en el ámbito público y no entienden que los recursos públicos son del pueblo no de sus arcas personales. Se requiere servicio, no lujosas propuestas ni políticas patronales. El pueblo que gobiernan es su patrón, no al revés.
Seguir con el rosario de acomodos partidistas sería largo y tortuoso, baste la mención de un Salomón Jara Cruz y Lenin López Nelio del PRD en SEDER, picándose los ojos entre ellos haber quien “ejerce” más presupuesto; a la recién creada Secretaría del Trabajo entregada al PT, sin programas ni planeación; o los puestos medios otorgados a las hermanas Jiménez Valencia del PAN y la lista de nombres que por recomendación de los “aliados diversos” a quien se tuvo que responder, y ahora ocupan puestos de mayor o menor relevancia, por designación de Marcelo Ebrad, Diódoro Carrasco, Javier Corral, Elba Esther Gordillo, entre otras personas.
Pues no, no hay gobierno, hay quienes se ostentan como gobernantes, se acomodan, se cuadran, algunos hasta se someten, pero lo que se dice gobernar…pues no, a pesar que en el multicitado discurso del ahora gobernador de la paz y el progreso -sumiso entonces, impertinente ahora- se comprometió en palabras de Don Benito Juárez García:
“No temáis, pues, que el inmenso poder que hoy se deposita en mis manos, se convierta en un instrumento que os oprima, ni que sirva para favorecer a una familia, a una clase o a un partido.
No oaxaqueños. El primer Gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley: la felicidad común debe de ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley.”
