Por Sara Lovera
La violencia en México se ha disparado. El investigador Fernando Escalante Monsalbo publicó en el último número de la revista Nexos un estudio basado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que muestra un aumento en los homicidios en el país hasta de un 50 por ciento, respecto de lo que él mismo publicó un año antes, cuando sostuvo que habían disminuido los homicidios sistemáticamente.
Reconoce que entre 2008 y 2009, en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón se rompió la tendencia de manera violentísima y dice, sin acabar de reconocerlo, que ello tiene relación con la forma como se ha enfrentado al crimen organizado y ligado a la declaración de guerra. Y si no está relacionado el crecimiento de los homicidios con la guerra ¿entonces? La conclusión es sencilla, en esas cifras están escondidos el feminicidio y la violencia contra las mujeres, que entre 2009 y junio de 2010 cobraron la vida de mil 728 mujeres.
¿Por qué tomo a Escalante como referencia? Porque su estudio publicado hace más de un año causó, frente a los hechos y las cifras, un verdadero escándalo, porque sólo le creyó Héctor Aguilar Camín, que está prendido de la idea de que seguimos en la transición democrática y ahora Felipe Calderón no sabe qué hacer frente a las elecciones del Estado de México, el próximo 6 de julio, donde se dará la batalla más importante hacia 2012.
Lo cierto es que la noticia de la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mueres (SNPASEVM) para establecer la alerta de género en el Estado de México, ha mostrado como nunca el límite de la norma legal frente a la realidad interesada en no mirar lo que está pasando en esa región del país, que por no ser la única, es una zona donde la muerte tiene permiso y todo mundo quiere ocultarlo, para quedar bien con Enrique Peña Nieto, el elegido del antiguo partido de Estado.
En la tierra de Peña Nieto no pasa nada. Es como puede interpretarse a las 20 funcionarias priistas que dirigen Institutos de las Mujeres que coincidieron en que no era necesaria la declaratoria de Alerta contra la violencia de género en tierra mexiquense.
Claro, se trata de funcionarias adheridas directa e indirectamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), mujeres que han logrado, a veces como parte de un gabinete, conseguir el ansiado sitio donde se toman decisiones, ese que denodadamente muchas desean.
En el Estado de México no existe un Instituto de las Mujeres y actualmente se concentran algunas ex militantes feministas que están asesorando el programa electoral del próximo candidato o candidata a la gubernatura.
Ahí, donde en dos años han sido documentados los asesinatos de 446 mujeres, donde existen al menos seis municipios de verdadera peligrosidad, el mismo lugar donde los índices de delincuencia se han disparado y hay más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplirse, relacionadas con ejecuciones, secuestros, homicidios, lesiones, robos con violencia y violación a mujeres. Sí, es el Estado de México donde –dijeron- no es necesaria la declaratoria de alerta de género.
El pasado 8 de diciembre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron ante el SNPASEVM, una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México, mecanismo creado a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad.
La respuesta fue sorprendente. El 11 de enero el Sistema Nacional decidió de manera infundada, en sesión extraordinaria, negar la procedencia de dicha solicitud. Dijeron que no ¿por qué no? No se sabe quién se come a quién, porque mientras tanto también en los pasillos calderonistas se oculta cómo crecieron los feminicidios en el país y se buscan justificaciones biologistas o neurolingüísticas para explicar la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres.
Lo más grave, dicen los pronunciamientos que han menudeado ante la inexplicable decisión, es que se anuló la posibilidad de sentar un precedente para operar un mecanismo de ley, encaminado a proteger a las mexicanas de la violencia feminicida y todos los estudios niegan los diagnósticos que colocan al Estado de México, como uno donde la discriminación femenina y la falta de valoración de las mujeres ha provocado que el feminicidio crezca y mutile miles de vidas y deje huérfanos a miles de niños y niñas, mientras el gobierno actual no ha resuelto la impunidad que lo rodea.
Las mujeres organizadas por ahora protestan y denuncian: la determinación tomada fue contraria a los estándares internacionales de protección a una vida libre de violencia, fortalece el patrón de impunidad y de discriminación y hace ver que en México puede haber leyes, pero mientras no haya cambio de conciencias y verdaderos compromisos, no podemos consentir a las autoridades, como se les justifica y consciente cuando únicamente cumplen con su deber, si es el caso.
¿Qué se buscaba con la Alerta? Se buscaba iniciar una investigación, apresar a los delincuentes, tomar medidas precautorias en los lugares peligrosos y salvar vidas. No sólo intentar detener la violencia contra las mujeres y sus asesinatos, sino hacer operar la seguridad, tan llevada y traída en los vacíos discursos.
Se trataba de revisar los 546 asesinatos, tener acceso a los expedientes, pedir rendición de cuentas, como cuando se solicitó en Chihuahua desde 1993. Se desoyó esa solicitud y el resultado fue fatal, la impericia y el desprecio son inenarrables.
Las frases incluso tecnocráticas: “modificar el patrón de impunidad”, tampoco fueron oídas. Lo cierto es que ahora esta decisión pone en evidencia el límite de las mujeres que consiguen esos puestos, han preferido proteger a su probable candidato que ejercer lo que muchas funcionarias de los Institutos de las Mujeres pregonan. Ellas no sólo encubren y manipulan, sino que forman parte de la simulación generalizada.
Es verdad que no tienen herramientas ni dinero, tienen limitación en sus intervenciones, algunas argumentan: “somos tan pocas” y “no nos hacen caso”, bueno entonces, como diría en su célebre frase el empresario Alejandro Martí: “sí no pueden que renuncien”.
Lo espeluznante es lo que pasa y lo que sabemos. De todas las víctimas la autoridad dice que en 99 casos no están identificadas. Recuerdo entonces a los y las funcionarias de Chihuahua por el feminicidio de Ciudad Juárez y las mil y una clasificaciones, si son o no feminicidios, si eran por razones de género, si en realidad son asesinos en serie y mientras tanto continúa esta barbarie.
Es grave que ante las grandes deficiencias del sistema de justicia, uno de los pocos mecanismos de protección ideal con los que cuentan las mujeres y la sociedad civil estén en manos de los intereses políticos y de autoridades que se encuentran en el poder. Este será uno de los arietes en la discusión política electoral, sin duda. Hace falta mayor presión.
En estos días habrá solidaridad con las mexicanas en muchas partes del mundo, se insiste en nuevos mecanismos legales como la modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia para que se incluya la participación ciudadana y académica en el Sistema Nacional con el objeto de que se garantice un mecanismo imparcial y efectivo.
También se pide la modificación del Reglamento de la Ley para eliminar los requisitos que van más allá de los establecidos por la Ley General y se exige que los Institutos de las Mujeres estén dirigidos por mujeres comprometidas con los derechos de las propias mujeres y no con los intereses políticos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado la gravedad del problema en el Estado de México; los diagnósticos que la Secretaría de Gobernación tiene engavetados y despreciados, pudieran ser el comienzo de una solución global, siempre y cuando se pidan cuentas. Es curioso cómo se manipula la información en las televisoras que se benefician de estos ocultamientos y cómo se desvía la atención de los problemas de fondo. Mientras tanto veremos este año, en tierra mexiquense, la danza de los discursos y un constante enfrentamiento.
