Soledad Jarquin Edgar en Mujeres y política
Es tiempo de indignación, vaya capacidad la nuestra para no dejar de asombrarnos, para no dejar de lamentar nuestra realidad violenta. Indignación por los asesinatos y la violencia que se comete contra las mujeres, y peor aún, indignación que provoca la verborrea de la clase política que es capaz de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Las mexicanas soñamos con un país distinto al que tenemos, queríamos un país de oportunidades, de libertad… pero el sueño se esfuma. Ser mujer en México significa vivir en riesgo permanente desde que nacemos. Se ejerce violencia por sumisas o insumisas, no hay forma de escapar de ella, no hay manera de evitar que a lo largo de la vida de una mujer alguien le grite, insulte, golpeé, violente sexualmente, lastime, arrebate, prohíba, impida, obstaculice, reprima o asesine.
El sueño de libertad, el anhelo a una vida sin violencia para las mujeres se esfuma, frente a la impunidad que permiten los gobiernos emanados del PRI, del PAN, del PRD o de cualquier otra sigla política y que Felipe Calderón “El Valiente” ignora porque sigue empecinado en regar el país entero con sangre a pesar del clamor de la ciudadanía de NO + SANGRE. Todos son iguales: las mujeres “importan”, en tanto, puedan ser herramienta de descalificación en un proceso electoral, pero cuando eso no sucede, cuando no está de por medio el poder político, la violencia sexista no figura en las agendas de los “indignados políticos”.
Vayamos a los hechos, lamentables hechos que hablan de cómo se desvanece el sueño: en Chihuahua dos activistas han sido asesinadas en menos de un mes -Marisela Escobedo y Susana Chávez-. Chihuahua donde el feminicidio ha cobrado cientos de víctimas, sus familias no se ven ni se escuchan; en Colima una serie de violaciones sexuales han sido cometidas por cuatro encapuchados en los últimos días; en Oaxaca tres funcionarios del gabinete tienen antecedentes de violencia contra sus parejas o ex parejas; en el Estado de México más de 900 mujeres asesinadas en cinco años; en Guerrero la violencia institucional se refleja en la muerte materna donde persisten las más altas del país; en Tamaulipas un funcionario prohíbe el uso de minifaldas a las trabajadoras; en Guanajuato, el gobierno persigue a mujeres por abortar y en 17 entidades se reconoce el derecho y protección a la vida desde el momento de la concepción, criminalizándose la suspensión del embarazo; en Querétaro, la prensa local se permite encabezados como el de “Vampiresas contra policías”, cuando se refiere a trabajadoras sexuales; en Quintana Roo hay una nula actividad procesal contra los asesinos de mujeres originada por la ineficiencia, corrupción e impunidad…
Estos son los botones de muestra, son entidades gobernadas por las tres principales fuerzas políticas en México; en los tres casos sus actores políticos ven la paja en el ojo ajeno y no sienten la viga que traen en el propio.
El feminicidio en Chihuahua no tiene límite alguno, la victima de esta semana fue Susana Chávez, poeta y activista, a quien se le atribuye la frase “Ni una muerta más”, utilizada en las campañas de denuncia por los imparables crímenes que se cometen contra mujeres en esa entidad.
El territorio de la impunidad –gobernado en alternancia por panistas y priistas- donde apenas en diciembre pasado fue asesinada Marisela Escobedo, cuando protestaba a unos pasos de las puertas del palacio de gobierno. México y el mundo vieron los hechos. Pudimos imaginar a Marisela Escobedo reconociendo a su agresor, porque de otra manera ella no habría corrido pretendiendo salvarse. México y el mundo observó, a través de la televisión, como el asesino le disparó en la cabeza. México y el mundo fueron testigos de su asesinato y la vimos caer sobre la banqueta, inerte. Solo así podía estar quieta, pensaron sus asesinos.
Me pregunto si el señor Felipe Calderón vio lo mismo que el resto del país observó a través de la televisión. Chihuahua, la tierra de la impunidad, donde la jueza Catalina Ochoa decidió liberar al asesino de Rubí Marysol Frayre, hija de Maricela Escobedo. La segunda víctima de una misma familia, que no es la familia de Felipe Calderón “El valiente”, ni del señor César Duarte “El ingenuo”. Como tampoco nada tienen que ver con Susana Chávez, a quien sus asesinos le mutilaron una mano, para que dejara de escribir poemas y para que nunca más pudiera escribir “Ni una muerta más”. Su asesinato tampoco es motivo de dolor para el señor Calderón, para Duarte ni para nadie de quienes conforman los gobiernos en la entidad fronteriza.
En Colima, hay consternación entre las mujeres. Al menos 11 fueron violadas en 20 días por cuatro hombres encapuchados ¿de qué se trata? La respuesta de la autoridad que encabeza el gobernador Mario Anguiano, del PRI, es lenta y las organizaciones de mujeres tienen que exigir, demandar, que las víctimas sean atendidas conforme a la norma oficial mexicana 046 y que por otro lado esta violencia no quede impune. La clave está en las leyes. La violencia sexual es un acto en el que algunos hombres suponen la sumisión total de las mujeres, la reducción de ellas a objetos.
Como en Chihuahua y Colima no hay botín electoral que perseguir, los políticos guardan ese sospechoso silencio frente a la violencia sexual cometida contra esas 11 mujeres y frente a los arteros y cobardes crímenes cometidos contra Rubí, Marisela y Susana, tres de varios cientos de víctimas del feminicidio y a pesar de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez al gobierno mexicano, parece no importar a la clase política.
En cambio en el Estado de México, donde el rechazo de la alerta de género por los casi mil asesinatos cometidos contra mujeres en sólo cinco años, ha causado toda clase de indignaciones por parte del responsable de la política interior Francisco Blake Mora “El Feo” y por legisladores y gobernantes del PRD y PAN.
Como es usual entre muchos políticos se revuelve la gimnasia con la magnesia. En Chihuahua, son tres lustros de ignominia, de oprobio y vergüenza por parte de los gobiernos de la alternancia y no ha habido manifestaciones de indignación por parte de los secretarios de Gobernación (PRI-PAN) o del propio PRD que ahora consideran lamentable y vergonzoso el blindaje hecho por los gobiernos priistas para impedir que se investigue el feminicidio en Edomex.
Pero no se trata de ver la paja en el ojo ajeno. Se trata del derecho de las mujeres a vivir sin violencia. No se trata de hacer “bolita” para ir en contra de un gobierno, como lo hacen ahora el PAN-PRD contra el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Se olvidan los políticos que su obligación es gobernar y mantener el Estado de Derecho, es decir, de cumplir y hacer cumplir las leyes y garantizar la vida –derecho fundamental-.
Es imperativo no permitir que los funcionarios, legisladores o gobernantes –todos varones- utilicen a las mujeres para sus fines políticos, menos aún que utilicen el feminicidio, el dolor de las familias de las víctimas, como premisa de campañas políticas.
Nadie niega la suma de equívocos en el gobierno mexiquense, que ahora pretende justificar la violencia contra las mujeres señalando que son ellas las que se arriesgan, las que se ponen en peligro por sus relaciones personales, por su condición social, por la pobreza en la que viven…Sin duda tiene razón Calderón cuando afirma con una amplia sonrisa en la boca que el dinero no da la felicidad y menos cuando es poco.
La supina ignorancia aflora en aquella entidad. ¿Acaso estas mujeres -922 asesinadas entre 2005 y 2010- no fueron violentadas desde que el gobierno no garantiza sus derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad? ¿Acaso ellas, forzadas por esa circunstancia de marginación, abandono y abuso permanente, tuvieron ninguna otra opción?
¿Sabrán que a mayor educación de las mujeres, se prevé menor violencia, más ingresos, mejores condiciones de vida para ellas, sus familias y la comunidad? No, por supuesto que no lo saben ni en Edomex ni en Chihuahua. Para ambas entidades es mejor la “mano de obra calificada” de las mujeres en la producción de fábricas y maquiladoras, así el señor Calderón dirá que el empleo creció en México, aunque el sueldo sea miserable y ellas, las mujeres víctimas del feminicidio, sean ahora víctimas de la verborrea política cuando se dice que ellas son las que se ponen en riesgo.
"Se involucran sentimentalmente con parejas a las que conocen poco; se involucran con varias parejas a la vez; forman parte de bandas de jóvenes; forman parte de grupos delictivos o sostienen relaciones con miembros de los mismos". Solo falta que digan que las niñas, por ser niñas, seducen a los pedófilos y, por tanto, son las únicas responsables y no sus violadores.
En Oaxaca -retomando la denuncia del columnista Felipe Sánchez- el gobierno de la alternancia, el de la derechaizquierda, nombró a tres funcionarios de primer nivel en su gabinete que cuentan con sendas denuncias por violencia contra sus parejas o ex parejas: Germán Tenorio, secretario de Salud; Rufino Domínguez, en el Instituto de Apoyo a Migrantes, y Rogelio Rodríguez en el Instituto Estatal de Educación para Adultos.
Gabino Cué “El Bueno” desoyó la solicitud de las integrantes del Colectivo Huaxyacac, que pidieron y advirtieron que no permitirían funcionarios con este tipo de antecedentes. ¡Bien! ¡Muy bien! Pero, no, la historia se repite sexenio tras sexenio y de esa forma los gobernantes en turno (del partido político que sean) confirman que lo que menos les importa es la vida de las mujeres. El problema con Cué es que prometió cambios, pero resultó igual que los otros.
Todo esto sucede en el país, desde el norte hasta el sur, bajo la mirada y el silencio cómplice de las instituciones creadas para las mujeres y lo peor aún, como plantea Felipe Sánchez, que las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres guardan silencio como si les hubieran llegado al precio, como dice el autor de la columna Escaparate Político.
A juicio político debemos llevar las mexicanas a varios gobernadores y ex gobernadores y nos harán caso cuando las mujeres pasemos de “botín de guerra” a “botín electoral”, pero de fondo nada.
No + sangre. No + feminicidios. No + violencia contra las mujeres.
