Mujeres y Política

Una historia repetida


“La inocencia es la defensa más débil.
La inocencia dice una y otra vez: yo no lo hice.
La culpa tiene muchas voces y todas ellas son mentiras”:
Leonard Peltier.

Lo ocurrido el martes en la zona que ocupa el grupo étnico Triqui es una muestra de la inacción gubernamental, cuyo primer responsable es Ulises Ruiz a quien se le mandató para gobernar Oaxaca.
El resultado del ataque a la caravana el pasado martes cobró la vida de dos personas, un observador de origen filandés, Tyti Antero Jaakkola, y la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Alberta Cariño Trujillo, tres personas más fueron heridos y dos periodistas, Érika Ramírez y David Cilia, estuvieron desaparecidos –hoy sabemos que escondidos en el monte para no ser acribillados por los “paramilitares”- a quienes ejercemos esta profesión nos llenó de alegría la noticia de su rescate la madrugada del 30 de abril.
Este es el más reciente filón de la violencia en los triquis, donde las comunidades han sido dividas por grupos políticos cuyo interés no se sabe, bien a bien, cuál es. Por un lado, el autollamado -desde el 1 de enero de 2007- municipio autónomo de San Juan Copala y el MULTI (incisión del MULT producida en abril de 2006; por otra parte UBISORT, que nació en octubre de 1994 ligado al gobierno priista y a quien se le acusa de actuar con grupos clandestinos de hombres armados que violentan la zona y, el primero de todos, el MULT que surgió en 1981 dirigido entonces por los llamados “líderes naturales”, entre ellos Juan Domingo Pérez Castillo, para contrarrestar aquellos cacicazgos políticos que dañaron por décadas la zona triqui.
Queda claro que la confrontación por el poder político, una inentendible lucha interétnica, está atizada con leña al fuego por intereses ajenos a las comunidades triquis, provocando una interminable cadena de venganzas que cobran la vida de varios cientos de hombres y mujeres a lo largo de los tiempos; pero que también han tenido en el cuerpo de ellas un “botín de guerra”, han provocado el éxodo forzado de miles de personas lo que favoreció que el mapa étnico de México se modificara en el pasado siglo XX, hoy hay triquis en Oaxaca, Baja California, Querétaro, Sonora y el Distrito Federal, entre otros estados.
Aunado a ello, hay otras víctimas en los triquis, son las niñas y los niños. El dato que tengo con nombres es de Rastrojo y dos comunidades aledañas. Ahí, el número de huérfanos ha crecido exponencialmente, lo mismo que de niñas y niños abandonados por sus padres y madres que han tenido que salir de sus comunidades para no ser asesinados. Estos niños y niñas no tuvieron ninguna celebración el 30 de abril, para ellos no hay parques de diversión; bueno, ocasionalmente tienen profesores en sus aulas.
Cuando se plantea el problema de la población triqui, surgen algunas voces que señalan por qué el gobierno no mete al ejército para acabar con el problema. Esto me suena a por qué si tenemos una plaga no les echamos insecticida para acabar con la plaga. Sin duda, solicitar que el ejército mexicano entré ha sido una de las mayores tentaciones de todos los gobiernos desde los años cincuenta. Los casos que lograron ser denunciados son:
1956, el gobierno federal ordenó la invasión del barrio Cruz Chiquita por los militares vía terrestre y área. Quienes pudieron se refugiaron en la sierra, los que no lograron hacerlo (niños, mujeres y ancianos fueron fusilados y ahorcados). En 1978, María Marcelina Ramírez, explica que el 31 de julio de 1978, el presidente municipal de San Juan Copala, Antonio Ramírez Flores, y una partida militar, “rodearon mi casa, donde estaba mi esposo al que asesinaron y a mí y a mis hijos también nos balearon (su hija de cuatro años de edad murió días después como resultado de las heridas).
El Rastrojo 1979, 14 mujeres de Rastrojo denuncian ante el gobernador del Estado que el 19 de enero militares de San Juan Copala se acuartelan en la escuela y golpean a dos niños. El 21 catean los domicilios y roban dinero en efectivo y otros objetos como huipiles y animales. Se llevan a las señoras atadas a quienes amenazan poniéndoles el cañón del fusil en la boca para hacerlas confesar, pero ellas no hablan castellano, hablan triqui, entonces nadie sabe qué confesaron.
Santa Cruz Chiquita 1979, el 21 de enero, nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa denuncian ante el procurador agresiones por parte de militares, queman 12 casas y les roban sus propiedades. El Rastrojo 1979, el 29 de octubre de 1979, María Agustina Josefina Álvarez y Ana María denuncian ante la PGJE que en Rastrojo Pablo Martínez, alcalde de San Juan Copala, y Mateo Francisco, comandante, disfrazados de soldados asesinan a Juan Celestino Vázquez. María Agustina y Ana María señalan que también fueron saqueadas sus casas. (Los Triquis/Francisco Bárcenas)
Por eso y otras razones no denunciadas, las mujeres como muchos hombres, no quieren saber nada de la intromisión de las fuerzas armadas. La abogada Martha Figueroa Mier, del Grupo Mujeres de San Cristóbal A.C., señaló que las mujeres que pertenecen a algún grupo indígena son las principales víctimas de los actos de terrorismo (como el que ejercen estos grupos paramilitares, aparentemente de UBISORT) y que provocan en las mujeres torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamientos forzado, me explicó en una entrevista para una investigación periodística en la que documentaba los casos de violencia contra mujeres producto de la presencia de grupos militares, policiacos y paramilitares en México.
El rasgo principal de esta violencia entre las mujeres indígenas y no indígenas por parte de los cuerpos de seguridad legales o ilegales es la impunidad que claro está permiten autoridades. Por ejemplo, el actual Secretario General de Gobierno, antes Procurador de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, “excelso” catedrático de la UABJO, es un promotor de la impunidad en la zona triqui, porque de manera sistemática se niega a realizar las investigaciones sobre diversas acciones cometidas en contra de las mujeres. Un caso concreto la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, hecho que ocurrió el 5 de julio de 2007, a pesar de que había testigos y nombres de quienes presuntamente habían cometido el delito de desaparición forzada de estas dos mujeres, una de 20 años y la otra de 14, el entonces procurador nada hizo para no exponer a sus policías, como me declaró en una entrevista. Después cuando fueron asesinadas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ambas locutoras de la Voz que Rompe el Silencio, se lavó la manos cuando el caso fue tomado por la PGR, que como la procuraduría local nada han resuelto sobre estos dos delitos cometidos contra cuatro mujeres. Sin contar las innumerables denuncias sobre asesinatos y violaciones que fueron denunciadas ante estas “autoridades competentes”.
Pero esta no sería la primera vez que eso ocurriría. Ya antes en 1998, cuando este funcionario, que no servidor público, era titular de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos, un grupo de mujeres loxichas pidieron la intervención de ese organismo luego de que habían sido violadas sexualmente por los llamados “guardias blancas” o paramilitares.
La denuncia, según testimonio de la entonces titular de la LIMEDDH, Angélica Ayala Ortiz, no prosperó por intimidación que el propio Martínez Ramírez hizo a las mujeres que fueron advertidas de que tendrían que demostrar los hechos o de lo contrarío irían a la cárcel. Se trataba de un grupo de mujeres que en muchos casos no hablaban el castellano, indígenas y pobres que no tenían cómo enfrentar la justicia bajo estos “argumentos” de quien entonces era el ombudsman de Oaxaca. Se olvidó el abogado que la violación sexual es un delito que se realiza de manera oculta y muchas veces sin testigos. El caso, habría que decir, sólo mereció una anotación en el “cuaderno de antecedentes”, con el número: CEDH/CA/21/(17)/OAX/1998, donde se da cuenta del inicio de una queja de oficio como resultado de una nota periodística titulada Guardias blancas, violan a mujeres en M Loxicha, que el diario El Gráfico publicó en su página 17.
Hoy, el asunto de los triquis está en el ámbito nacional e internacional y Ulises Ruiz pide no “politizar el caso”, pero –sin politizar eh!- acusa a Gabino Cue, candidato de la Coalición “Unidos por la Paz”, de tener las manos metidas en el asunto por la presencia de dos integrantes de la APPO en la caravana que fue atacada a tiros el pasado martes.
Lo cierto, es que no se trata de acusar a unos y otros, en eso se han pasado las últimas cinco o seis décadas, sino deberían saber sus asesores, amigos y colaboradores todos bien pagados por las y los oaxaqueños, que lo necesario es resolver el problema de la pobreza que lacera y causa violencia. Tendría que saber el gabinete completo que en los triquis, como en muchas otras comunidades, no hay atención a los derechos fundamentales de las personas y que eso genera una desigualdad terrible en este siglo XXI, mientras una buena cantidad de funcionarios se frotan las manos para que en unos meses, cuando finalmente termine este sexenio, se puedan ir a casa a disfrutar, los nuevos ricos, como les llaman.
Ah!, otra cosa, por cierto de todo lo anterior no tienen la culpa los extranjeros que vienen a Oaxaca en calidad de turistas u observadores, da lo mismo. Mi abuelita decía que poner pretexto es, además de una palabrota, salirse por la tangente.