* Guerrero, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo donde más reportes surgen
Soledad Jarquín Edgar, corresponsal.
SemMéxico, Oaxaca, 7 diciembre 2016.- Oaxaca es una de las cinco entidades del país que más reportes de violencia de política registra, señaló aquí el Fiscal Especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, quien dijo que los otros estados son Guerrero, Chiapas, Puebla y Quintana Roo.
En conferencia de prensa, en la que un grupo de diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras electas, así como ex funcionarias llamaron a poner un alto a la violencia política contra las mujeres, Nieto Castillo dijo que las políticas enfrentan diversos tipos de violencia:
La que se ejerce contra funcionarias electorales Oaxaca (2015), además de los recientes de Quintana Roo, Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí; los casos contra presidentas municipales se han presentado en Oaxaca, Chiapas y Guerrero con el mayor número de incidentes, y hay casos donde la violencia está relacionada con campañas de desprestigio que no se trata de una responsabilidad en el ámbito de lo penal pero sí en el ámbito de lo administrativo electoral que hemos encontrado en toda la geografía nacional.
El Fiscal sugirió desarrollar un protocolo –por las autoridades electorales- para atender los casos de violencia política de género, esto permite visibilizarlo, segundo tener canales institucionales de comunicación para mejorar la atención de los casos, que no sea una institución aislada la que conozca y tener reuniones periódicas de seguimiento.
Aunque reconoció que en 1974 llegó a México la igualdad formal entre mujeres y hombres, luego de la reforma al Artículo 4º. Constitucional, sin embargo, esa ha desarrollado desigualdades en el plano de los hechos. Estamos viendo dobles jornadas laborales, un incremento en los discursos antidemocráticos en varias partes del mundo y con efectos de naturaleza violenta en varios países de América Latina.
Por ello, es importante avanzar hacia la igualdad sustantiva, eso implica primero acciones de paridad, no sólo en las candidaturas sino también en los cargos administrativos, en los partidos y en toda la estructura social.
Santiago Nieto Castillo dijo que la FEPADE de manera conjunta con otras instituciones atienden la violencia política de género y explicó que en 2015, producto de la “gran reforma de paridad de género” hubo 38 casos de violencia política, para 2016 se documentaron 103 casos.
Algunos de ellos están consignados ante jueces penales, otros se integran capetas de investigación los expedientes para judicializar y ejercer acción penal contra básicamente hombres, pero también mujeres que han violado los derechos políticos de las mujeres.
También se refirió a la construcción de un protocolo que hoy permite iniciar las carpetas de investigación a partir del núcleo del sistema penal acusatorio y a la oficina de DDHH de la Fiscalía darle el carácter de víctimas a las mujeres que ha sido violentadas en sus derechos político electorales, con lo que se pueden solicitar medidas de protección.
Recordó que la CNDH ha llamado a la cero tolerancia en los casos de violencia política, pero señaló necesario reforzar los tipos penales, que se tipifique a nivel federal el tipo penal de violencia de género, donde se señale que todas las mujeres que participan en el espacio público pueden ser sujetos pasivos de la comisión de esta conducta delictiva, y se establezca un modelo de elemento objetivo que permita sancionar a quienes afecten los derechos político electorales de las mujeres.
Con el agravante –como tema fundamental- cuando esa violencia sea acompañada de actos de violencia física, sexual, psicológica y el concurso de delitos con otros tipos penales que lesionan la dignidad humana y los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal electoral.
A su vez, la Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Norma Inés Aguilar León, dijo que todo acto de violencia política es reprochable y que contraviene la constitución política y diversos instrumentos internacionales.
En su explicación dijo que la violencia política de género ha sido incluida apenas en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de ocho entidades del país y, agregó, solo en Oaxaca está tipificada.
Aseguró que esta violencia, que afecta también a las personas cercanas a las mujeres, conlleva el ejercicio del poder en detrimento de los derechos políticos de las mujeres, y puede ser cometida por personas o actores políticos con capacidad de influencia.
Aguilar León llamó al funcionariado, periodistas y a comunicadores a asumir el compromiso de cero tolerancia.
Queremos que la paridad que conlleva que un mayor número de mujeres ocupen cargos de elección popular no signifique más violencia, se busca impulsar la presencia de las mujeres en distintos campos para erradicar las nociones culturales que sustentan los estrépitos de género, la discriminación y que fomentan la violencia en distintos tipos y modalidades, tanto en lo público como en lo privado, que históricamente han limitado presencia de las mujeres en los espacios públicos.
Durante el acto se presentó un pronunciamiento de las mujeres oaxaqueñas que exigen alto a la violencia política y los testimonios de varias autoridades electas que han recibido amenazas.
En conferencia de prensa, en la que un grupo de diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras electas, así como ex funcionarias llamaron a poner un alto a la violencia política contra las mujeres, Nieto Castillo dijo que las políticas enfrentan diversos tipos de violencia:
La que se ejerce contra funcionarias electorales Oaxaca (2015), además de los recientes de Quintana Roo, Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí; los casos contra presidentas municipales se han presentado en Oaxaca, Chiapas y Guerrero con el mayor número de incidentes, y hay casos donde la violencia está relacionada con campañas de desprestigio que no se trata de una responsabilidad en el ámbito de lo penal pero sí en el ámbito de lo administrativo electoral que hemos encontrado en toda la geografía nacional.
El Fiscal sugirió desarrollar un protocolo –por las autoridades electorales- para atender los casos de violencia política de género, esto permite visibilizarlo, segundo tener canales institucionales de comunicación para mejorar la atención de los casos, que no sea una institución aislada la que conozca y tener reuniones periódicas de seguimiento.
Aunque reconoció que en 1974 llegó a México la igualdad formal entre mujeres y hombres, luego de la reforma al Artículo 4º. Constitucional, sin embargo, esa ha desarrollado desigualdades en el plano de los hechos. Estamos viendo dobles jornadas laborales, un incremento en los discursos antidemocráticos en varias partes del mundo y con efectos de naturaleza violenta en varios países de América Latina.
Por ello, es importante avanzar hacia la igualdad sustantiva, eso implica primero acciones de paridad, no sólo en las candidaturas sino también en los cargos administrativos, en los partidos y en toda la estructura social.
Santiago Nieto Castillo dijo que la FEPADE de manera conjunta con otras instituciones atienden la violencia política de género y explicó que en 2015, producto de la “gran reforma de paridad de género” hubo 38 casos de violencia política, para 2016 se documentaron 103 casos.
Algunos de ellos están consignados ante jueces penales, otros se integran capetas de investigación los expedientes para judicializar y ejercer acción penal contra básicamente hombres, pero también mujeres que han violado los derechos políticos de las mujeres.
También se refirió a la construcción de un protocolo que hoy permite iniciar las carpetas de investigación a partir del núcleo del sistema penal acusatorio y a la oficina de DDHH de la Fiscalía darle el carácter de víctimas a las mujeres que ha sido violentadas en sus derechos político electorales, con lo que se pueden solicitar medidas de protección.
Recordó que la CNDH ha llamado a la cero tolerancia en los casos de violencia política, pero señaló necesario reforzar los tipos penales, que se tipifique a nivel federal el tipo penal de violencia de género, donde se señale que todas las mujeres que participan en el espacio público pueden ser sujetos pasivos de la comisión de esta conducta delictiva, y se establezca un modelo de elemento objetivo que permita sancionar a quienes afecten los derechos político electorales de las mujeres.
Con el agravante –como tema fundamental- cuando esa violencia sea acompañada de actos de violencia física, sexual, psicológica y el concurso de delitos con otros tipos penales que lesionan la dignidad humana y los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal electoral.
Reprochable la violencia política de género
A su vez, la Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Norma Inés Aguilar León, dijo que todo acto de violencia política es reprochable y que contraviene la constitución política y diversos instrumentos internacionales.
En su explicación dijo que la violencia política de género ha sido incluida apenas en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de ocho entidades del país y, agregó, solo en Oaxaca está tipificada.
Aseguró que esta violencia, que afecta también a las personas cercanas a las mujeres, conlleva el ejercicio del poder en detrimento de los derechos políticos de las mujeres, y puede ser cometida por personas o actores políticos con capacidad de influencia.
Aguilar León llamó al funcionariado, periodistas y a comunicadores a asumir el compromiso de cero tolerancia.
Queremos que la paridad que conlleva que un mayor número de mujeres ocupen cargos de elección popular no signifique más violencia, se busca impulsar la presencia de las mujeres en distintos campos para erradicar las nociones culturales que sustentan los estrépitos de género, la discriminación y que fomentan la violencia en distintos tipos y modalidades, tanto en lo público como en lo privado, que históricamente han limitado presencia de las mujeres en los espacios públicos.
Durante el acto se presentó un pronunciamiento de las mujeres oaxaqueñas que exigen alto a la violencia política y los testimonios de varias autoridades electas que han recibido amenazas.
