A LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO DE LA SECCIÓN XXII DEL SNTE
AL PUEBLO EN GENERAL
Quien suscribe, JUAN SOSA MALDONADO, defensor de derechos humanos, ante los
arteros crímenes que se cometen en nuestro país, con el dolor que nos causa la
ejecución extrajudicial de la compañera Rocío Mesino Mesino expongo lo
siguiente:
Las acciones criminales en nuestra geografía nacional, mismas que día con
día aumentan el número de víctimas de una guerra no declarada contra el pueblo,
sus organizaciones sociales y las mejores hijas e hijos de nuestra patria, debe
obligarnos a repensar los esquemas de solidaridad y acompañamiento que
requerimos encaminados hacia la unidad del pueblo contra las políticas
depredadoras de un estado fallido.
Las acciones encaminadas a la ejecución extrajudicial de los cinco
integrantes de mi familia, entre ellos tres menores de edad, el miércoles 16 de
octubre de 2013, debe evaluarse en el contexto general de mi quehacer como
defensor de derechos humanos, mi condición de víctima de desaparición forzada
en 1998 para que me declarara, mediante torturas físicas y psicológicas durante
25 infernales días, miembro del Ejército Popular Revolucionario y aceptara
cargos por delitos no cometidos, las amenazas de muerte para mí y mi
familia si denunciábamos los hechos, el posterior aislamiento e incomunicación
en el Reclusorio Regional de Matías Romero durante 45 días; mi permanencia
durante 13 meses en dicho reclusorio hasta lograr un amparo para ser trasladado
a la Penitenciaría Central del Estado, lugar donde 5 meses después por órdenes
del entonces Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, ordenó mi
traslado al penal de máxima seguridad conocido entonces como “Almoloya”, donde
permanecí durante 15 meses hasta lograr la libertad en el primer expediente por
la vía de la amnistía y sentencia absolutoria en el segundo expediente.
Nuestro compromiso con la libertad de los Presos políticos y de Conciencia
de la Región Loxicha nos ha llevado a realizar múltiples manifestaciones y en
octubre de 2002 denunciamos penalmente a Diódoro Carrasco y compañía, acción
legal que trajo como consecuencia las nuevas detenciones de quienes eran parte
en esa demanda, de manera arbitraria.
He participado activamente en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca,
APPO, incluso en las mesas de Diálogo con la Secretaría de Gobernación y
siempre he sido crítico de las políticas de los gobernantes en turno que
atentan contra los intereses de los pobres y los indígenas.
En este sexenio he denunciado el falso discurso de derechos humanos mientras
se llevan a cabo desapariciones forzadas, feminicidios, ejecuciones
extrajudiciales de líderes de organizaciones sociales, diputados,
periodistas y defensores de derechos humanos.
Ante las amenazas, atentados y violaciones de derechos humanos de que somos
objeto se observa una negligencia criminal de las autoridades y la clara
intención de minimizar los hechos, además de una brutal incapacidad que
pretenden ocultar con declaraciones vanas.
No se pretende denostar sin fundamento, pero es inadmisible la falta de
resultados en la investigación y castigo a los responsables a todos los
crímenes cometidos en este sexenio, tal pareciera que la responsabilidad no es
solamente por omisión sino también por comisión.
No se puede permitir que las cosas sigan así, nuestra sociedad, nuestro
pueblo, los habitantes todos de nuestra querida tierra no nos merecemos estas
bajezas, no corresponde al legado histórico que nos han dejado nuestros
antepasados, la barbarie no debe ser el destino de un pueblo que se precia de civilizado.
No puede ser posible que sigan las desapariciones forzadas, que las
ejecuciones extrajudiciales se lleven a cabo prácticamente a las puertas de la
casa del pueblo, del Palacio de Gobierno, que la justicia no se encuentre por
ninguna parte.
Es necesario recordarle al Gobernador a sus funcionarios, que han jurado
cumplir y hacer cumplir la Constitución, que las víctimas no merecemos vivir en
la zozobra permanente, que están obligados a brindarnos seguridad a todos, que
para eso les pagan, creemos que nuestro en nuestro Estado hay gente muy capaz,
solamente es cuestión de que haya voluntad política para cambiar el rumbo de
nuestros destinos.
Asís las cosas: es mi deseo acogerme a la
protección que nuestra Constitución, tratados, convenios internacionales y
demás leyes secundarias proveen para preservar la vida y la integridad física y
psicológica de mis tres menores hijos, mi esposa, mía y demás familiares que
pudieran verse expuestos a agresiones por parte de los autores materiales e
intelectuales que perpetraron estás acciones tendientes a ejecutar
extrajudicialmente a mis tres menores hijos, a mi esposa y a mí.
Como es natural, todos tenemos miedo, principalmente mi esposa que es
consciente del grave riego y la falta de garantías que enfrentamos, mis hijos
que han padecido en carne propia la agresión directa de quien o quienes han
pretendido ejecutarnos.
Ruego encarecidamente se realicen todas las acciones necesarias con el fin
de que en nuestro carácter de víctimas se nos brinde la atención y protección
para el respeto de los derechos que como seres humanos tenemos.
Para nosotros, la protección y mecanismos de acceso a la justicia implican,
la investigación, castigo a los responsables y la reparación integral por todo
el daño que desde 1998 se nos han causado.
Pero finalmente, en el ámbito local, el Gobernador del Estado tiene la
última palabra y lo responsabilizamos directamente de lo que pueda llegar a
sucedernos.
Agradecemos infinitamente el favor de su atención.
RESPETUOSAMENTE,
Defensor de
derechos humanos:
Juan
Sosa Maldonado
044 951 115 15 77
Oaxaca; 20 de octubre de 2013
