Palabra de Antígona
Violencia contra mujeres, sin control
Por Sara Lovera
El mayor signo de la desigualdad que viven las mujeres mexicanas es, sin
duda, cómo viven y sufren la violencia en todos los aspectos. Esa que nos acosa
nacionalmente y también afecta a toda la población. No obstante, por enésima
vez, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia,
constituido por representantes del gobierno federal, las presidentas de los
institutos estatales de la mujer y presidido por el Instituto Nacional de las
Mujeres, dijo no a los organismos civiles que piden acuciosamente el
establecimiento de la alerta de género para el Estado de México.
Ello, a pesar de los argumentos y las cifras. En el Estado de México en
seis años mil 500 mujeres han sido asesinadas, 60 por ciento fueron halladas en
la vía pública y 40 por ciento dentro de sus hogares; el caso volvió a
analizarse por un mandato de los tribunales, ya que el Observatorio Ciudadano
de la Violencia Contra las Mujeres que preside Rodolfo Domínguez, se amparó
contra la negativa desde 2010.
El contra argumento que hizo votar a 33 personas en contra de la Alerta,
que es obligada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia,
frente a la aceptación de sólo tres presidentas o secretarias de la
mujer, Tabasco, Oaxaca y Baja California, es que de 563 mujeres asesinadas,
sólo 115 podrían identificarse como feminicidio. El tipo penal por el que han
trabajado decenas de mujeres en los últimos tiempos.
Es evidente que el tema de la Alerta se encuentra en un callejón sin
salida. Legaloide. La estructura de la Alerta, se dijo en esa reunión, está mal
hecha. Los requisitos para la Alerta, en un exceso de reglamentación que ha
atacado a las dirigentes y a las diputadas, ahora se ha convertido en la mejor
manera de negar una acción integral en determinado territorio donde las cifras
son alarmantes, pero no aplica el mecanismo.
Pienso que este exceso de reglamentación en el que invierten tiempo y vida
muchas “expertas” y militantes si ha servido para hacer evidente que el asunto
no puede resolverse en una sociedad desigual, injusta, de graves problemas
democráticos y donde el tema de la justicia es preponderante de impunidad, a
todo lo largo y ancho de este país.
Me llama la atención esta negativa, pero más me inquieta que no hay una
estrategia para entrarle al problema de una manera más inteligente. Es claro
que nos acosa la violencia contra las mujeres, tanto que la abogada Patricia
Olamendi, aseguró que la violencia en el Estado de México contra las mujeres se
encuentra fuera de control y ha alcanzado “niveles alarmantes”,
Ella, integrante del Grupo de Trabajo del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los temas de
discriminación hacia las mujeres y Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida
como Belem Do Para, política en activo, sabe lo que dice.
Y argumentó: “…las cifras del INEGI
no mienten: 55 por ciento de las mexiquenses sufre violencia y éstas son las más
altas en el país. Aunque el gobierno del Estado de México emprendió desde 2010
—bajo presión política— diversas reformas y acciones para atender las denuncias
de violencia generalizada contra su población femenina, como la creación de la
ley estatal para erradicar la violencia contra la mujer y una Fiscalía de
Feminicidios, la realidad es que estos avances no bajan a la población”.
Habló en Toluca, el 18 de julio, mismo día que se negó
establecer la Alerta de Género, con sobrada responsabilidad y experiencia: las mujeres no son atendidas en los ministerios públicos, además de que en
la realidad ni jueces ni autoridades ministeriales ejercen su facultad de
brindarles las medidas precautorias que recién se aprobaron en ley, pero que no
operan en la práctica.”
Me parecen suficientemente claros. Es preciso que sean sus propias palabras
las que aclaren lo que sucede. Agregó: “La buena noticia para el Estado de
México es que ya cuenta con un excelente marco legal para las mujeres, la mala
noticia es que no se aplica; la buena noticia es que ya hay una subprocuraduría
para la atención de delitos contra la mujer, la mala noticia es que si vas al
ministerio público no te atienden”, luego llamó directamente al gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila, para que acepte la alerta de género.
Ello se decía mientras la negativa era reiterada. Olamendi, que como digo
sabe lo que dice, señaló que lo de la Alerta: “está más politizada que la
propia solicitud que se hace desde 2010 por organizaciones de derechos
humanos”.
Entre los argumentos de las señora que deben velar por la ley, por la paz,
por el cese de la violencia contra las mujeres, están más al lado de la
burocracia. Señalaron que “no hay violencia sistemática como lo define la Corte
Internacional: genocidio y crímenes de lesa humanidad”; y además, “ya existe
una Fiscalía Especializada” y encima las estadísticas, es decir, los hechos de
homicidio “sucedieron antes de que se tipificara el feminicidio”.
El enredo puede ser peor. Ello obliga a marcar la retirada de ese engorro
que es infernal, arrastrar el lápiz por hacer y hacer leyes. Sobre la igualdad
y la mejor vida de las mujeres conté seis; de planes y programas ni hablar,
millones de pesos invertidos para cambiar el lenguaje y, sin embargo, lo que
hasta ahora no se ha logrado es cambiar la mentalidad de ministerios públicos y
jueces. Hace falta cambiar la estrategia; se necesita una verdadera y nacional
protesta, organizar a las mujeres para hacer efectivas leyes que ya existen,
que se multiplican en todo el país, que pocas personas conocen y pocas exigen;
hacen falta imaginación, entrega y menos palabras. En muy pocas palabras Patricia
Olamendi ha puesto el dedo en la llaga.
Ojalá que se tomarán en serio los hechos y que nos cimbraran de tal manera
que se elijan estrategias y no nuevas leyes. Veamos: en el Estado de México hay
un subregistro de los casos de violencia contra las mujeres de 91 por ciento,
pues según la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), solo nueve casos de cada 100 se
denuncian.
Los resultados indican que 55 por ciento de las mexiquenses ha sufrido
violencia, 46 por ciento trabaja y 43.7 por ciento no. La violencia alcanza
todos los ámbitos y se recrudece en las comunidades indígenas, de acuerdo a la
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI).
Las cifras de la ENDIREH 2011, explicadas por Jaime Arturo Vergara,
representante de INEGI en el Estado de México son contundentes: el tipo de
violencia más frecuente en esa entidad es la emocional, con un 82.4 por ciento;
le sigue la económica, con 53.5 por ciento; la física, con 16.5 por ciento, y
la sexual se encuentra en el último sitio, con 6.8 por ciento.
Lo más grave, los “hechos” más frecuentes de violencia física que sufren las
mexiquenses son en primer lugar los “golpes con manos y objetos”, en 17 por
ciento; empujones y jalones de cabello, en segundo lugar con una incidencia de
16 por ciento; arrojarles objetos, 8.8 por ciento, y patearlas, seis por ciento.
En violencia sexual, 13.6 por ciento de las mujeres reportó ser forzada u
obligada a mantener relaciones sexuales; mientras que 3.9 por ciento reportó
ser forzada a realizar “cosas que no quieren” durante el acto sexual.
En pleno siglo XXI, el 24.8 por ciento de las encuestadas dijo que su
pareja les prohíbe trabajar o estudiar; 21.4 por ciento reportó “tacañería” de
sus parejas para solventar algunos gastos, a pesar de tener los recursos; 13.2
por ciento dijo que su pareja no aporta el gasto; en tanto que 16.1 por ciento
acusó a su pareja de gastárselo en otras cosas, mientras que 3.4 por ciento han
sido despojadas de objetos o bienes.
Las mujeres que reportaron “violencia extrema”, en los 12 meses previos al
levantamiento de la encuesta, fueron el 14.5 por ciento, mientras que 12.8 por
ciento reportó “violencia extrema” a lo largo de toda su relación. En el caso
de las mujeres indígenas, 64.1 por ciento dijo vivir con violencia, mientras
que un 38.1 por ciento de todas las mujeres encuestadas reportó haber vivido
“violencia extrema” alguna vez.
Y lo más sorprendente, dirían en la comentocracia televisiva, vea usted lo increíble.
Sí para quien apenas se asoma a la desigualdad social mexicana.
Ahora es cuando, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) llama a
la ciudadanía a presentar propuestas que permitan elaborar el Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
2013-2018. El Programa, al que se llama a ponerle propuestas, servirá para
trazar los objetivos, las estrategias y las metas necesarias para que
todas las personas de nuestro país gocen de igualdad para desarrollarse en un
marco de respeto a los derechos humanos y libre de discriminación y violencia.
Tan, tan… veremos.
