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| Alejandra García Morlan |
Mujeres
y Política
Ciudadanía…y
elecciones
Soledad JARQUÍN EDGAR
En el proceso electoral que todavía no acaba, Dulce
Alejandra García Morlan promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Oaxaca para la Protección de sus Derechos
Político-Electorales del Ciudadano contra el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana (IEEPCO). De esta forma, García Morlan, quien milita en
Acción Nacional desde que era muy joven, actual regidora en el cabildo de la
ciudad de Oaxaca y candidata plurinominal al Congreso local, defiende sus
derechos claramente establecidos en la Constitución Mexicana, en la local y en instrumentos
internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.
La impugnación es por el acuerdo CG-IEEPCO-81/2013
emitido por la autoridad electoral en el que asegura no observó el principio de
equidad, paridad y alternancia de género pues aplica un procedimiento sin
considerar hacer efectivos los principios en relación con la lista de candidatos
registrados por el PAN, su partido, y la asignación final que haga vigente y
efectiva la acción afirmativa de género como se establece en la Constitución
mexicana y la del Estado de Oaxaca y su obligación de respetar e interpretar
los derechos fundamentales que se formulan en los tratados internacionales.
Una explicación seria y responsable de los derechos en
todos estos ámbitos la lleva a plantear su inconformidad presentada este 18 de
julio, asegurando que el IEEPCO se aleja del cumplimiento con la regla de la
alternancia de género al validar la lista de candidatos de representación
proporcional a dos candidatos propietarios del género masculino en forma
consecutiva en las personas de Sergio Bello Guerra y Perfecto Rubio Heredia, lo
que deja fuera, claramente, a las mujeres y en específico a ella.
En el amplio documento donde expone las razones de su
impugnación, García Morlan cita las leyes que protegen sus derechos políticos,
mediante la acción afirmativa que busca que más mujeres tengan la posibilidad
de gobernar, aún cuando ella estaba colocada en el número cuatro de la lista de
candidatos de representación proporcional y al ser electa por mayoría relativa
la candidata que estaba en el número dos, la autoridad debería privilegiar su
candidatura y colocarla en segundo lugar para que el PAN llegue al Congreso con
una representación paritaria: un hombre-una mujer.
De lo contrario, la autoridad electoral, plantea García
Morlan, contravendría la regla de la alternancia, transgrediendo el Artículo 1º
de la Constitución Mexicana haciendo nugatorio el principio de equidad de
género y alternancia en la integración definitiva de la lista de asignación de
diputados por el principio de representación proporcional al Congreso local.
Sin duda, lo expuesto en su impugnación por Alejandra
García Morlan moverá hacia la incomodidad a quienes aún piensan que está
equivocada, que no hay razón suficiente en su petición. También “molestará” a
las autoridades y a miembros del PAN, incluido el candidato Perfecto Rubio
Heredia y su suplente, nada más ni nada menos que el ex director del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán.
García Morlan muestra con esta impugnación los huecos,
rendijas y hendiduras por las cuales todavía hay quienes pretenden y buscan
obstaculizar la participación política de las mujeres, una lucha que todavía no
se concreta en México a 60 años de que fueran reconocidos los derechos
políticos de las mujeres, y que ha derivado en lo que ella expone en su
impugnación: búsqueda permanente y por todos los medios de equidad y paridad de
género. Materia que muestra cómo las y los legisladores, que pronto se irán,
nos deben a las mujeres, en general, a la sociedad y por tanto a la tan llevada
y traída democracia, pues en lugar de legislar correctamente emiten actos de
simulación o de plano no hacen nada.
Todo a pesar de lo que establecen, como ya se ha dicho la
propia Constitución Mexicana, la local y pasando, incluso, por encima de la
Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer que establece
con claridad en su artículo 7 la obligación de los Estados parte (como México)
de tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
la vida política y pública del país, garantizando sus derechos políticos y el
reconocimiento de la igualdad de facto; además claro está de jurisprudencia que
al respecto ya se ha emitido y que de alguna forma clarifican en lo legal el
por qué de su impugnación.
Por otro lado, García Morlan ha despertado en poco días
la solidaridad de grupos de mujeres independientes, académicas y feministas,
incluso de otros partidos por la defensa de sus derechos políticos, ya que como
afirma la doctora Alma Rosa Sánchez Olvera, “la ciudadanía de las mujeres se
construye en movimiento, en la práctica social, en la concreción de derechos,
en la deconstrucción de identidades patriarcales que propicien en las mujeres
asumirse como sujetas de derechos…”
El dedo en el renglón
La violencia se ha desatado y
ratifica su existir en las mujeres,
contra quienes ejercen la tarea de informar o defensores de derechos
humanos. Del otro lado, un mundo ciego y sordo no atina a dar respuestas
positivas, claras, precisas y en cambio la sociedad recibe engaños, promesas,
palabras que el viento se lleva. El arte de mentir a través de eso que llaman
comunicación social o escenarios de papel como la creación de más burocracia
cuando lo que reclama la sociedad oaxaqueña es justicia y cero tolerancia a la
impunidad, pero no en discursos que de tanto repetirse se han vuelto viejos
ante una sociedad que de a poco y a pesar de la pobreza lacerante, la
televisión y hasta de la educación deficiente que imparte el gobierno y el
magisterio, aprende paso a paso a no creer solo en las palabras…
El asesinato de Alberto Bello
López, reportero de Policiaca de El Imparcial es una afrenta para la sociedad
que duele en el ánimo de quienes informamos, deja un sitio imposible de llenar
para su familia y será una ausencia lacerante en la vida de sus hijos. Por ello
la exigencia de justicia para Alberto “El Chamaco” y con ello para toda la
sociedad. Lo hemos dicho, una y otra vez, la violencia no tiene justificación
alguna y reclamamos que las autoridades cumplan con su obligación, esa que hace
rato dejaron de lado para dar paso a la simulación.
Este asesinato, como el de las tres
mujeres en Nundaco, Tlaxiaco, son un reflejo de que en Oaxaca hay dos grupos
sociales: uno que reside en el paraíso gubernamental, con su tlatoani Gabino
Cué, rodeado del séquito del gabinetazo, con sus guardias, camionetas blindadas
y dinero en abundancia. El otro, donde está el resto de la sociedad
desprotegida, alejada de la mano del tlatoani, envuelta en la impunidad y el
olvido, no es gratuito que Oaxaca ocupe los primeros lugares históricamente (y
se les llena la boca) en pobreza, educación, salud, seguridad…
Por eso insisto, van 217 mujeres
asesinadas en Oaxaca desde hace 31 meses, desde que gobierna Gabino Cué. Y no
decimos feminicidios para que en el gobierno no se confundan y pretendan
confundir a la sociedad como hacen algunos funcionarios y funcionarias
enfrascados en esa discusión, como pasó está semana con el subprocurador
regional de “Justicia” en la Mixteca, Víctor Alonso Altamirano, en esa estúpida
pretensión de tapar el sol con un dedo, cuando lo que se desea es justicia y no
impunidad. Por eso digo, repito, ¿dormirán bien Gabino Cué y los tres López: Anabel
López de IMO, el procurador Manuel de Jesús
López, y el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López?
@jarquinedgar
