Palabra de Antígona
6 Años de aborto legal en el DF : Festejo
Por Sara Lovera
Nadie podría atinar sobre la cantidad de
vidas salvadas en seis años, desde que la interrupción del embarazo es legal
hasta las 12 semanas y sin restricción . Nadie puede calibrar este avance
para la capital del país. Hace seis años no podíamos creer lo que estaba
sucediendo en la Asamblea Legislativa. Era 24 de abril.
Esto es tan importante como cuando se ha
terminado una guerra y llega la paz. Deja de haber homicidios y pérdidas de
vidas valiosas.
El 9 de abril pasado el Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE) difundió un informe detallado de
cómo los gobiernos panistas violaron sistemáticamente los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
Este informe además de las escandalosas
cifras de encarcelamiento de mujeres, 600 pisaron las cárceles desde que en
2008 comenzaron los cambios a las constituciones locales en favor de “la vida
desde la concepción”, digo este informe revela que hay graves
limitaciones oficiales para tener información veraz, suficiente y sustentada.
De modo que no podemos establecer fehacientemente
cuántas vidas fueron salvadas en el Distrito Federal, pero sí sabemos que hay
47 millones de mujeres que mueren cada año a causa de abortos inseguros y
que ello suceden en países de legalidad restringida. Sabemos también, porque se
acerca a la verdad la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el 13 por
ciento de todas las muertes maternas vienen de abortos provocados o
clandestinos. Y que, como dice GIRE, es una fortuna que en el Distrito Federal
ni cárcel ni muerte para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. En
este sentido el sexto aniversario de su legalización si que es un festejo.
Pero el problema continúa para las 31
entidades del país donde el aborto es un delito y dónde a pesar de las
excepciones, como dijo la directora de GIRE, Regina Tamez, hay interpretaciones
a capricho e idea de cada funcionario: las excepciones son eso, a pesar de que
la Constitución local diga que se protegerá la vida desde la concepción. Las
interpretaciones hacen que las mujeres no puedan acceder al aborto legal, por
esas causas excepcionales y muchas de ellas mueran en el camino.
Las reformas comenzaron en 2008 y hasta
ahora en 17 entidades del país se ha puesto ese letrero en la Constitución
local. En contraste, a partir de la aprobación de las reformas
constitucionales en varios estados que protegen la vida desde la concepción,
durante el periodo 2009-2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el
delito de aborto, es decir, 226.3 mujeres en promedio al año.
Ello significa que van a la cárcel, que son
perseguidas, que son desprestigiadas en el espacio público y significa que hay
personas –el estudio de Gire dice que médicos y enfermeras—que las denuncian. A
veces sin que exista aborto inducido, sino que creen que se lo indujeron y las
envían a la cárcel.
Es curioso que una de las entidades de
mayor preocupación por estos hechos sea Guanajuato, casualmente el sitio
donde no se han aprobado leyes sobre igualdad ni sobre violencia contra las
mujeres. Donde se ha evitado legislar sobre los derechos de niñas y niños y ahí
donde por tercera ocasión a pesar de los datos el gobierno se niega a declarar
la alerta de género. Es curiosa la semejanza entre la derecha extrema y la
negativa a los derechos de las mujeres.
Es tiempo de poner una alerta para estos
gobiernos, donde se persigue a las mujeres que pretenden ejercer su derecho a
las excepciones de aborto, y es ahí donde se niegan los derechos humanos
elementales para las mujeres. Es esta doble moral, fomentada, además por sus
testaferros de la televisión comercial.
Por otro lado el informe de GIRE, según se
lee en el capítulo de metodología, encontró otra contradicción. No hay
información sistematizada, los gobiernos la envían encapsulada, de difícil
acceso, a pesar de la ley. Descubrió en este camino la dificultad para dar
cifras y datos contundentes. Encima de las 600 solicitudes de información
que hizo a dependencias federales y locales, se recibió poca, atribuible a la
ignorancia de las instituciones públicas encargadas de implementar la
normativa en materia de derechos reproductivos y a los prejuicios de quienes
aportan esa información.
Lo cierto es que según la OMS, la
ilegalidad y la criminalización del aborto sólo impactan en la
inseguridad de los procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida, la
salud y la libertad de las mujeres, mas no en su incidencia, es decir, que las
mujeres de todas formas interrumpen los embarazos no deseados. Ponen en riesgo
su vida, es cierto, pero deciden. El problema es que no hay mecanismos que las
protejan como en el Distrito Federal. En todo caso se trata de una más de las
violencias que se hacen contra las mujeres.
Tal vez por ello sea tan importante
recordar que en México a partir del 11 de junio de 2011, los derechos contenidos
en los tratados internacionales ratificados por el Estado son parte integral de
la Constitución y todas las autoridades tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
tomando en consideración las resoluciones emitidas por los órganos de
vigilancia de los tratados internacionales.
GIRE lo recuerda y señala que cuando los
servicios de aborto son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o
cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden ser
responsables a nivel constitucional e internacional por las violaciones a los
derechos humanos de las mujeres. La falta de acceso al aborto legal y seguro es
una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene un impacto
negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y
su futuro.
Frente a eso menudo problema tienen los
estados de la República Mexicana, donde estoy segura nadie ha leído con calma,
responsabilidad y sabiduría el artículo uno de las Constitución Mexicana.
Cientos de dirigencias, abogacías organizadas, defensoras y defensores de los
derechos, no han calibrado la importancia de estos cambios constitucionales,
sucedidos, efectivamente, en el último año de gobierno campeón en violación a
los derechos, de Felipe Calderón. Todavía oigo a las feministas hablar de las
garantías en los tratados, en lugar de recurrir a nuestra Constitución, con eso
basta.
El artículo uno de la Constitución recoge
los acuerdos internacionales que México ha firmado, las convenciones y los
tratados. Esto es todo lo que protege los derechos sexuales y reproductivos que
ahora nos los quieren cambiar por nada. El gobierno de Enrique Peña Nieto,
donde hay de todo, tiene que hacer gala a su dicho: primero respetar la ley.
Bueno está bien claro, tendría que haber alrededor del 10 de mayo una cruzada
por los derechos de las madres a su salud, a su libre decisión sobre número y
espaciamiento de sus hijos, a su derecho a la información y la anticoncepción;
derecho a hacer uso de todas las excepciones de aborto y en su caso, a ser
escuchadas para cambiar las leyes y legalizar el aborto que deja decenas de
mujeres muertas o lisiadas cada año.
Si de hacer vigente el estado de derecho se
trata. Bueno, le debemos tomar la palabra a Peña Nieto: queremos hospitales
seguros; queremos no una maternidad protegida cuando se muera ¿o fue el seguro
a madres para sus niños reconocimiento de las muertes por aborto? Digo, si fue
así, en lugar de liberalizar el aborto, están protegiendo a los huérfanos.
Según la OMS, en el mundo, alrededor de
cinco millones de mujeres cada año padecen secuelas por abortos inseguros,
enfermedades permanentes o mutilaciones inaceptables. ¿Será que tenemos las
cifras? ¿Me amarro la herida antes de que sangre corra?
A ver si ahora el gobierno, como dice y
repite, realmente hace valer la Ley. Me gustaría ver al procurador Jesús
Murillo Karam recomendando a los procuradores de las entidades, que violan
la Constitución si meten a las mujeres a la cárcel, que se ajusten al pacto
federal. Me gustaría ver la misma enjundia que utilizó el señor procurador para
el congreso de Guerrero sobre una ley de educación anticonstitucional y lo
mismo dijo a los maestros de ahí, recordando que nadie puede estar
por encima de la Constitución.
Me gustaría un levantamiento de las
temerarias y valientes mujeres del PRI contra el apresamiento de campesinas e
indígenas, que según el estudio de GIRE son las más vulnerables en esto de los
abortos inseguros. Me encantaría una cruzada por la salud de las mujeres y no
estas historias de que no hay cómo hacer efectivo el seguro popular, como
sucede en Chiapas y nadie se asusta.
Me encantaría una cruzada por la legalidad
para hacer efectivos los cuatro primeros artículos de la Constitución, para garantizar
la vida de las mujeres, sus derechos amplios incluyendo de manera precisa y
definida a las mujeres indígenas (Artículo 2º) y para que todas realmente
tengan derecho a la educación (Artículo 3º) y finalmente a la igualdad como
dice el Artículo 4º.
O sea menudo asunto para los políticos que
hoy quieren y desean conseguir a toda costa su legitimidad. Y sí, habrá
elecciones el 7 de julio sería bueno que también ahí haya una cruzada a favor
de la verdad y el equilibrio.
Que las y los candidatos, a propósito
de la transversalidad de género, hagan una cruzada informativa sobre los
derechos de las mujeres y que lo hagan los órganos del IFE o de los institutos
electorales de los estados en la radio y televisión. Que por favor dejen de
simular. Que por favor lean las leyes y no sólo hagan declaraciones en el
vacío.
Veremos.
saraloveralopez@gmail.com www.diezcomunicacion.com.mx
