Por Sara Lovera
El 30 de septiembre, un grupo de periodistas --hombres y mujeres--, llamado por el Grupo de las 100, se apostó frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para pedir que se acelere la investigación y conocer que se castiga a quienes cegaron la vida de Marcela Yarce y de Rocío González Trápaga, asesinadas de forma artera y con los agravantes de feminicidio, el 1 de septiembre pasado.
A un mes del asesinato estuvimos representantes de varias organizaciones de periodistas y de derechos humanos: la Casa de Protección a Periodistas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Sección Sindical de Radio Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de El Sol de Puebla, colaboradores de la revista Contralínea, integrantes de la Fundación Manuel Buendía, Reporteros sin Fronteras, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y otras organizaciones de derechos humanos y periodistas de la talla de Miguel Ángel Granados Chapa.
La protesta no consiguió reunir a todas las mujeres que hubiéramos deseado, pero consiguió que por primera vez en 30 días, el Procurador capitalino Miguel Ángel Mancera se sentara con una comisión para explicarnos qué están haciendo.
Lo único que se puede decir, como lo dijo en el mitin el abogado Manuel Fuentes, es que están abiertas las líneas de investigación, pero en la práctica todavía no hay respuestas suficientes, claras y precisas.
Es de entenderse que no pueden interrumpirse las investigaciones, pero quienes ahí estuvimos nos quedamos con una sensación de incomodidad. La conversación no sólo nos dio poca información y hubo momentos en que parecíamos dar vueltas a una noria. Nada parece haber avanzado y sólo se nos ofreció una política de puertas abiertas para mantener el diálogo.
Lo cierto es que los asesinatos de nuestras compañeras periodistas Marcela Yarce, de la revista Contralínea, y Rocío González, ex reportera de Televisa, se han sumado a otros 84 asesinatos de informadores e informadoras, que se quedan sin investigaciones serias y, por tanto, hasta ahora están en total impunidad.
En la Procuraduría capitalina exigimos que se destine suficiente personal para averiguar en todas las líneas de investigación necesarias, porque la ofensiva contra la revista Contralínea es grande y preocupa saber cuáles han sido los móviles reales.
Además, protestamos una y otra vez, por la manera como se trató el caso en el momento de ambos crímenes, utilizando trascendidos antes de aclarar qué pasó realmente, provocando confusión que podría incluso echar al olvido tan reprobable hecho. Aunado a que, como en la mayoría de los asesinatos dolosos contra las mujeres, hubo una intentona por juzgar a las víctimas.
Quienes estamos en la decisión de hacer todo lo necesario para que se limpie la integridad de las mártires de este horrendo crimen, les pusimos un límite a las autoridades: deben darnos resultados, ofrecer seguridad a las familias que sufren por la incertidumbre y rendir cuentas sobre la investigación.
Ahí se manifestó que las y los periodistas seguiremos en movilización constante. Más allá de las protestas, las cartas y los desplegados hay una decisión de vigilar los pasos de las autoridades. Hoy, en el Distrito Federal, dijimos: queremos congruencia y resultados, queremos justicia. Eso simplemente.
Esta vez nadie nos va a callar porque en lo que va del año han asesinado a cuatro mujeres periodistas: Yolanda Ordaz de la Cruz, quien colaboraba con Notiver, en Veracruz; María Elizabeth Macías Castro, jefa de información del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo Tamaulipas, apenas el sábado 24 de septiembre, y a Marcela Yarce y Rocío González.
Sin dejar de tener en cuenta la lista enorme de otros atropellos, como los que se viven en Quintana Roo, tal como se manifestó en un seminario organizado por la Casa de Protección a Periodistas, la única instancia de periodistas en activo que ha levantado la voz para detener la barbarie que la libertad de expresión atraviesa en todos los ejes, la seguridad para quienes ejercen esta profesión y lo que significa hacer callar a quienes hacemos posible el derecho de información de la población mexicana.
Le recordamos al Procurador que en el Distrito Federal, solamente en 2011, se han documentado 481 homicidios dolosos contra las mujeres y que están en la impunidad. No dejaremos que la impunidad nos cubra, como sucede con las ejecuciones por doquier, la inestabilidad de familias y víctimas, la desaparición sin respuesta y el ultraje como sistema contra más de la mitad de la población.
Tampoco vamos a dejar de exigir que el aparato de justicia de la capital del país responda y sea congruente con las políticas a favor de las mujeres que pensamos distinguen a este gobierno, pero no será con la parálisis y las cortinas de humo como van a resolverse los crímenes contra las mujeres.
No admitirse que, como en el país, en la ciudad donde el movimiento de mujeres ha avanzado tanto, ahora resulte igual que en el gobierno federal, que tiende a minimizar los asesinatos contra las mujeres en edades productivas, a quienes se les arranca de su desarrollo, sin culpables, sin investigación, sin seriedad.
Esta situación se da en un momento de emergencia nacional, donde miles y miles de familias sufren los estragos de una política irregular que ha dejado una estela gigante de dolor y angustia entre las y los mexicanos.
Por ello, en el llamado a no cejar, a estar en constante protesta y vigilancia, se señala que las y los trabajadores de los medios de comunicación estamos consternados por la creciente agresión hacia las y los periodistas, que como se dijera en la protesta, es una profesión maravillosa y satisfactoria.
Creemos, igualmente, que la definición del delito de feminicidio se está convirtiendo en una camisa de fuerza. Los móviles de los asesinatos no son exclusivamente, aunque los contenga, aquellos que castigan a las mujeres sólo por ser mujeres. Quizá por ello, habrá que revisar(,)si definir ese delito puede convertirse en un medio contra nosotras.
El acceso de todas a una vida sin violencia requiere de transformaciones amplias del sistema y de la democracia; de la justicia y la desaparición de la impunidad y de interpretaciones lacerantes y limitativas sobre la intimidad y la vida de las víctimas.
Hoy queremos libertad de expresión, libertad para las mujeres en las calles, en el trabajo, en sus hogares, mujeres que buscamos una mejor vida y sólo puede ser garantizado por un sistema donde todos y todas seamos dignas y respetadas.
Marcela Yarce y Rocío González fueron sujetas a tortura, a vejaciones; sus cuerpos, como el de María Elizabeth Macías, fueron arrojados como basura a la calle, tal como suman decenas, cientos de casos en el país, donde el feminicidio está presente.
En México se ha instalado el permiso para matar, porque no tenemos resultados, investigaciones ni culpables. Parar la muerte como destino, realmente, no con golpes de pecho y andanadas de las y los conservadores contra los derechos de la mitad de la población; las mujeres tienen derecho de interrumpir legalmente un embarazo, a obtener salarios iguales a los varones, a una ciudadanía completa, al ejercicio de sus libertades fundamentales que el Estado tiene y debe garantizar para salvar al país.
saralovera@yahoo.com.mx
