Las próximas elecciones de gobernador en el estado de Guerrero, fijadas para el 30 de enero, parecen teñidas de la herencia del caciquismo que a esa entidad la mantiene sumida en la pobreza, la violencia y la impunidad.
Se trata de la entidad con la tasa de fecundidad más alta del país (2.6 hijos por mujer); ahí la muerte materna es del doble del promedio nacional, con 119 muertes anuales por cada cien mil nacidos y las mujeres viven uno de los mayores atrasos educativos y de salud.
La muerte violenta contra las mujeres ocupó entre el tercero y quinto lugar en un análisis de 25 años, realizado por la Cámara de Diputados, entre 2001 y 2005 fueron asesinadas 883 mujeres; de 2005 a 2010 las asesinadas sumaron 239 casos.
Tiene una población indígena de 17 por ciento, se hablan cuatro lenguas. El atraso ha hecho una de las principales entidades expulsoras de población hacia Estados Unidos (más de 950 mil guerrerenses radican en ese país, entre ilegales y nacionalizados/INEGI).
Inició, dicen analistas, un proceso de democracia en 2005 cuando fue derrotado el partido de Estado (PRI), pero al final el gobierno de Zeferino Torreblanca, ungido por el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD), decepcionó a propios y extraños, sobre todo porque no avanzó en el progreso de un pueblo sometido y pobre, disperso y que vive una situación de violencia imparable.
La tasa de violencia contra las mujeres es de 65.9 por ciento, superior al promedio nacional que es de 60.4 por ciento. Guerrero tiene el sexto lugar en el país en incidencia delictiva y violencia.
Contradictoriamente, en la entidad sureña, se creó en 1987 la primera Secretaría de la Mujer, con rango de gabinete y muy adelantada a su tiempo. Eso sucedió durante el gobierno priista de José Francisco Ruiz Massieu y, sin embargo, en 2005 en Guerrero existía el municipio de mayor incidencia de muerte materna, una muerte, se sabe, evitable y ligada a la falta de atención y políticas públicas, axial como a la subordinación y opresión femeninas.
Del mismo modo, las estadísticas la ubican en el número 30 de las entidades por su bajo desarrollo humano y su no promoción de la mujer ni en educación, ni en salud ni en ingresos.
El reto del futuro nuevo grupo gobernante es inmenso, pero lo más grave es que la sensación y los hechos muestran que ahí las decisiones pragmáticas de la izquierda, así como las malas y antiguas prácticas del PRI, concluyen que no hay diferencia entre los partidos y los candidatos, en estilo, origen, ni de historia, menos de propósitos.
En este contexto social, las más recientes ejecuciones del 8 de enero en el Puerto de Acapulco, que llegaron a 25 de las cuales 14 fueron decapitaciones, estremecen, y aunque los análisis señala que no están conectadas con el proceso electoral, sin discusión representan una trama lamentable.
Todo lleva a la conclusión de que en Guerrero la profundización de los cambios democráticos, que la sociedad civil logró en 2005, podría estar de antemano frustrada. No obstante, la coalición Guerrero nos Une, encabezada por Ángel Heladio Aguirre, ofrece algunas esperanzas, pero en su programa y sus discursos, incluso entre sus promotores, el tema de la situación objetiva de las mujeres no parece ser importante y por tanto no habla de ningún progreso esperable. Es como si en el país viviéramos una situación dual.
En toda la República se habla de incluir en cada política la visión de género –como se llama reconocer la desigualdad entre hombres y mujeres- y también se anuncian pomposos programas, nuevas leyes para la igualdad y contra la violencia, pero lo cierto es que no existe voluntad política y el contexto antidemocrático, de pobreza y violencia, no parecen ser buenas compañías para atender esta “visión de género” tan llevada y traída por los discursos oficiales.
Y decía. Las prácticas caciquiles y autoritarias aparecen sistemáticamente. La muestra es que Josefina Martínez García, quien durante años se desempeñó como supervisora del Sistema Nacional del DIF, reconocida como buena sicóloga y buena funcionaria pública, fue despedida por no promover el voto -con los recursos de la administración pública- para la campaña de Manuel Añorve Baños, el candidato del PRI, quien por cierto, está 10 puntos abajo en las encuestas preelectorales.
No es de llamar la atención este tipo de represiones, aunque la diferencia es que Josefina Martínez García lo ha hecho público y lo advirtió a sus superiores hace meses, el cómo fue presionada y amenazada y finalmente despedida, por no aceptar ser comparsa electorera.
Podemos imaginar, en ese lugar donde decreció la esperanza democrática, que estas presiones y represiones han sucedido frecuentemente y se recrudecen a medida que se acerca la fecha electoral. Se trata, de una muestra, simplemente, de lo que ahí manifiestan los analistas, donde no hay nada nuevo respecto del modo caciquil en que se conducen las y los políticos de distintos bandos.
En Guerrero no existe la amenaza de modificar la Constitución para darle personalidad jurídica al feto, pero tampoco avance alguno en los derechos sexuales y reproductivos de la población, los presupuestos fueron siempre restringidos para dotar de capacidad y cobertura a la anticoncepción de emergencia y no existió interés real, del PRD como partido gobernante, para mejorar la participación social y política de las mujeres, por lo que estas primeras elecciones de 2011, no ofrecen a las mujeres entusiasmo alguno.
En cambio la trama violenta, la imposición y los actos como los realizados contra las y los trabajadores del gobierno, como los ataques a la libertad de prensa, ejemplificados con el artero atentado al diario El Sur, como ocurrió recientemente, indican que la situación es lamentable.
Josefina Martínez García, despedida por no prestarse al juego electoral, se ha caracterizado por ser defensora de los derechos de las mujeres y brindar asesoría sicológica a mujeres en situación de violencia, dice la periodista Graciela Ledezma, quien difundió la denuncia, “obvio Josefina no está dispuesta a ser títere de nadie”. Una ciudadana consciente, sin embargo, ha perdido su empleo y la capacidad que este le daba para atenuar la condición social de las mujeres de Guerrero.
