· * No hay recursos, hay
una separación de las organizaciones y el gobierno
Soledad JARQUÍN EDGAR
En tanto en el centro
de la capital oaxaqueña la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía
para la Atención de delitos
Cometidos por Razón de Género, conmemora el Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia contra la Mujer con una Cuarta Carrera Atlética,
los expedientes de las mujeres en demanda de justicia siguen amontonados en
algún rincón de esa y otras dependencias gubernamentales donde lo que reina es
la burocracia y se favorece la impunidad y, por si fuera poco, un feminicidio
más se reportaba en Jalapa del Marqués.
Los testimonios de la falta de acceso a la justicia para las
mujeres víctimas están a flor de piel. Minerva cuenta su historia, por “María”
una menor habla un familiar, por Dafne e Ivón hablan sus madres.
En Oaxaca las cifras de la violencia son aterradoras para la
sociedad, pero el gobierno sigue ajeno a dar respuestas efectivas y correctas, está
alejada de la gran mayoría de las organizaciones civiles, no hay acuerdos
concretos, señalan expertas.
Los casos
En 2013 y 2014, la Procuraduría de Justicia de Yucatán
solicitó a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca su colaboración para que pudieran
cerciorarse de la integridad física y emocional de una menor que había sido
sustraída por su padre tras la separación de su esposa.
Sin embargo, no hubo respuesta, pese a que la madre de la
menor aseguraba en su denuncia, presentada en Yucatán, la probabilidad de abuso
sexual por parte del padre, un médico de profesión que se radicó en la
población mixteca de Tlaxiaco.
Ante la falta de respuesta, la madre de “María” se desistió de
las demandas presentadas en Yucatán en abril de 2014, y con tal de ver a su
hija aceptó la conciliación del juzgado mixto de Tlaxiaco. En agosto cuando le
tocaba llevarse a la niña de vacaciones el padre no cumplió, por lo que
presentó una nueva denuncia en la vicefiscalía para la Atención de delitos
Cometidos por Razón de Género, con sede en esa población, de esta forma se
solicitan los oficios de colaboración de Yucatán, y fue posible hasta entonces
presentar a la menor pese a la resistencia de su padre.
La menor acompañada de su abuela paterna, fue sometida a una revisión
médica con la que se confirmó que la niña había sido abusada sexualmente y en
dicho de la niña había sido su papá quien la había violado.
A raíz de ello se giró una orden de recuperación de la menor
y se invirtió la guarda y custodia de la menor. En tanto que el médico de
nombre José Luis González Jiménez, padre de la niña fue detenido, lo que
ocurrió hasta agosto de 2014.
Sin embargo, las omisiones de la Fiscalía de Oaxaca al no
hacer caso de los oficios de colaboración solicitados por el Estado de Yucatán
favorecieron la tortura sexual a la que fue sometida la niña, por lo que se
interpuso una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca, sin que ningún funcionario haya sido castigado, ya que cambió el
funcionariado de esa dependencia estatal.
Burocracia y más burocracia
Minerva Rosas Cruz fue
agredida por su ex pareja luego de que ella denunció su caso de manera anónima
en un programa en la radio comunitaria de Mitla. Los hechos ocurrieron un
sábado.
Ella afirma que llamó a
la policía municipal, la respuesta que recibió es que no atendían casos por
teléfono que debía presentarse ante la comandancia. Pese a tener el rostro
ensangrentado y otros golpes en el cuerpo, le informaron que debía ir a la
clínica de salud para que certificaran las lesiones, pero como era sábado no
había médico y el domingo tampoco hubo quien la atendiera. Ese mismo día acudió
a Tlacolula, municipio cercano a la Villa de Mitla, pero tampoco había personal
para atenderla.
Fue hasta el lunes
cuando le dieron un certificado, pero en la comandancia le dijeron que no
podían hacer nada porque las lesiones ya no se le veían y que debía presentarse
ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca, ubicada en el complejo
administrativo denominado Ciudad Judicial en la agencia de Reyes Mantecón,
municipio de San Bartolo Coyotepec, donde finalmente la atendieron hasta el
siguiente jueves ya que “había mucha gente poniendo denuncias”.
Ahí se encontró con la
respuesta del médico legista quien apuntó que no podían hacer nada porque ya
que sus lesiones sanarían en menos de 15 días.
Pero Minerva Rosas Cruz
no quitó el dedo del renglón y logró que finalmente se levantara la denuncia.
Dos meses después, agentes ministeriales se presentaron en su casa y le
solicitaron dos mil pesos para ejecutar la orden de aprehensión que ya llevaban
en la mano. Ella se negó a dar el dinero, primero porque consideró que era
incorrecto y segundo porque afirma no tenía esa cantidad. Después, compañeros
de trabajo de su ex pareja, Rogelio Hernández Sosa, se enteró que los mismos
agentes sí recibieron dinero de este y por tanto no ejecutaron la orden de
aprehensión. Durante un tiempo Hernández Sosa vivió amparado.
Al cumplirse un año de
su denuncia, le pidieron nuevamente presentarse ante la Fiscalía, la revisó un
médico quien apuntó que no había cicatrices de la agresión y por tanto no había
más que hacer.
La revictimización
siguió cuando ella solicitó el divorcio y pensión alimenticia para sus cuatro
hijos. Gran sorpresa se llevó, dice cuando le negaron ambos, por lo que incluso
le quitaron una pensión provisional de mil 900 pesos que mensualmente le
otorgaban, así como también los bienes familiares.
El divorcio lo obtuvo
cuando fue Rogelio Hernández Sosa quien solicitó la separación legal, hecho que se consumó en agosto pasado, ahora,
después de casi cuatro años sigue peleando la pensión alimenticia para sus dos
hijas menores. Tuvo que emprender un nuevo negocio para mantener a su familia
ya que él se quedó con todo, gracias a las autoridades, dice con enfado, tras
denunciar la burocracia, la falta de sensibilidad y los muchos engaños que ha
sufrido tanto en la búsqueda de procuración de justicia como por las
determinaciones de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Dafne, Ivón y todas las demás
Las madres de Dafne Carreño Bengoechea y de Ivón Jiménez
Camacho siguen esperando justicia para sus hijas, ambas asesinadas por sus ex
novios en 2013 en fechas distintas. En el caso de Dafne, Alejandro Enrique
Rivera López, fue detenido, pero no ha sido sentenciado; en tanto que el
victimario de Ivón, de nombre Kevin Gonzalo Rojo Martínez, sigue prófugo.
Zoila Bengoechea
refiere que desde el asesinato de su hija Dafne Carreño Bengoechea no tiene
paz, ella como lo fue su hija en abril de 2013, es hoy víctima de la burocracia
que imparte justicia en Oaxaca. El caso no se ha movido desde entonces.
Alejandro Enrique Rivera López, quien asesinó a su hija a puñaladas el 9
de abril de 2013 no ha sido sentenciado, primero lo quisieron hacer pasar como
homicidio calificado y no como un feminicidio, con lo que buscaban reducir la
pena, pese a que fue encontrado con el cuchillo con el que mató a Dafne en el
departamento de ella.
Defne tenía 24 años, Alejandro fue detenido pero a decir de la madre de
la víctima, el feminicida goza de muchos privilegios en la cárcel, gracias a
que proviene de una familia pudiente en Oaxaca. Aunque ha hablado con el
gobernador Gabino Cué Monteagudo y el caso fue tomado por las organizaciones de
la sociedad civil, las cosas siguen igual desde el 9 de abril de 2013, detenido
pero sin sentencia.
Por otra parte, Elvira Camacho, tiene como Zoila Bengoechea, la tristeza
en todo el cuerpo, se refleja en su voz apenas audible. Dice que no debe perder
las esperanza en que su hija Ivón, asesinada el 4 de agosto de 2013,
presuntamente por su ex novio Kevin Gonzalo Rojo Martínez, finalmente reciba
justicia.
Las pruebas son claras, todo apunta a que fue ese muchacho, con quien su
hija se fue la mañana de aquel domingo, cuando salió de misa en la iglesia del
ex Marquesado, un popular barrio de la capital oaxaqueña.
Hace dos meses, dice Elvira Camacho, Kevin fue visto acompañado de su
madre, Alma Alicia Martínez Morales, empleada del Poder Judicial del Estado de
Oaxaca. En dos ocasiones el presunto homicida de Ivón llegó a la comunidad
religiosa católica que se reúne en el templo de La Merced.
Cuando le preguntaron qué había pasado con el caso de la hermanita Ivón,
la madre de Kevin apuntó que su hijo no era responsable del feminicidio y que
la prueba más fehaciente es que podía andar libre. Después de las dos ocasiones
en que se le vio no se volvió a saber de él.
Sin embargo, dice Elvira Camacho, sus dichos son contradictorios, pues
en junio pasado, Alma Alicia Martínez Morales, madre de Kevin pidió
entrevistarse con ella y en esa reunión le suplicó que le otorgara el perdón a
su hijo. “Si su hijo no hubiera sido el responsable del asesinato de mi hija,
ella no me habría pedido que le otorgara el perdón”, apunta la entrevistada.
Elvira Camacho como Zoila Bengoechea siguen a la espera de la justicia y
que las autoridades hagan su trabajo, entre tanto van y vienen entre juzgados y
despachos de abogados, pero sobre todo, apuntan por separado, siguen sufriendo
la ausencia de sus dos jóvenes hijas.
Desde que inició la gestión gubernamental de gobierno de Gabino Cué
Monteagudo, el 1 de diciembre de 2010 a la fecha, en Oaxaca han ocurrido un
total de 459 feminicidios, 77 de ellos este año de 2015, porque el domingo 29
de noviembre fue encontrado el cuerpo de la profesora Marjori Solís Meléndez,
de 36 años, originaria de Santa María Jalapa del Marqués y quien se encontraba
desaparecida desde el pasado 27 de noviembre. Todo ello ocurría en tanto 10 mil
policías federales resguardaban “la seguridad” de una prueba de evaluación a
los mentores oaxaqueños.
Opinan las feministas jóvenes
Anel Flores Cruz, integrante
de la Red Mujeres Tejiendo Saberes y del Círculo de Lectura por Nosotras Mismas,
apuntó que el problema fundamental está en que ni las instituciones de gobierno
pueden entender la violencia contra las mujeres y que esta tiene su raíz en la
desigualdad, porque no hay acciones que caminen buscando cerrar esa brecha.
En entrevista para
SemMéxico, la joven feminista apuntó que es preocupante que ante la realidad
que viven las mujeres en Oaxaca no se invierta en acciones que reduzcan la
desigualdad y en cambio, dijo, se hagan acciones superfluas sin sentido como la
carrera atlética celebrada este domingo o los cortes de pelo, en referencia a
“los servicios” que ofreció el Centro de Justicia para Mujeres en el marco de
las actividades a favor de la no violencia.
Lo que si están
haciendo esas instituciones que deben procurar justicia a las mujeres víctimas
de la violencia machista es “tomarnos el pelo”.
Aunado a ello, agregó
que en ninguna de las instancias que trabajan a favor de las mujeres, lo que
incluye al Instituto de la Mujer Oaxaqueña, hay acciones a largo plazo y
generalmente, cuando “trabajan” con la sociedad civil siempre son las mismas
organizaciones, las amigas y las incondicionales. No hay un consenso sobre el
problema con el resto de las asociaciones o colectivos, se trata de improvisar,
tampoco existe continuidad en los programas, “tal vez sea por soberbia o por
ignorancia”.
El problema es que la
violencia sigue y cada vez es más grave, puntualizó la entrevistada.
Por su parte, Yamile
Gómez, integrante de la Colectiva Lilias y consultora independiente, consideró
que es necesario un programa estatal, con el consenso de la sociedad civil, que
trabaje la violencia desde la perspectiva de los derechos humanos de las
mujeres.
Por otro lado, recalcó
que es grave que se omita, de alguna manera, desde el ámbito social y el
político la violencia del exterminio de las mujeres y las niñas, así como la
violencia sexual de niñas y niños y adolescentes.
No se quiere hablar de
esa violencia, como tampoco se habla de la interrupción legal del embarazo, de
la falta de servicios adecuados en materia de salud sexual y salud reproductiva
ni de los feminicidios, este último tema que pareciera asunto exclusivo de un
grupo.
Para la también
comunicadora, lo que hay es una omisión tanto en el ámbito social, como en el
político, aunado a la cada vez mayor sexualización del cuerpo de las mujeres en
los medios, redes sociales, otro tipo de
violencia de la que no se habla, pero en cambio se permite y se refuerza.
Por otro lado, indicó
que existe una pulverización de los esfuerzos contra la violencia de género
tanto del lado institucional como de parte de la sociedad civil organizada,
aunado al escaso presupuesto que se asigna a la promoción de los derechos
humanos de las mujeres y a su derecho a vivir libres de violencia, porque
programas hay lo que no hay es dinero que alcance, de ahí que los esfuerzos se
reduzcan a la creación de una agenda de trabajo sin mas.
En mucho ayudaría, opina
Yamile Gómez, si el gobierno tuviera un acercamiento con las organizaciones de
la sociedad civil, con todas. Estas organizaciones tienen experiencia, trabajan
con las mujeres, tienen trabajo de campo, entonces eso enriquece el trabajo,
sin embargo, reiteró hace falta reconocimiento de uno y de otro lado.
Las cifras
En tanto las cifras
oficiales siguen creciendo, entre 2010 y 2014, se reportaron casi 200 denuncias
por trata de personas; más de siete mil denuncias por violencia familiar y casi
tres mil denuncia por violencia sexual. Detrás de cada una inicia el peregrinar
de las víctimas. (SemMéxico)
