“ESTADÍSTICAS
A PROPÓSITO DEL…
DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES (15 DE OCTUBRE)”
DATOS NACIONALES
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Información de la ENOE
estima que en 2014, el monto de población femenina del ámbito rural equivale a
22.8% de las mujeres del país.
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En México, en 2010 se contabilizaron
28.1 millones de hogares; 6.1 millones se ubican en localidades rurales y
representan 21.9% del total de hogares en el país.
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Al segundo trimestre de 2014, más
de tres millones de mujeres del medio rural participan en la producción de
bienes y servicios para el mercado, lo que representa 15.4% de la población
económicamente activa femenina del país.
·
De acuerdo con la medición
multidimensional de la pobreza en México, se estima que en 2012, 8.5 millones
de mujeres rurales viven en condiciones de pobreza multidimensional.
·
De las mujeres de 3 y más años
residentes en localidades rurales, 2.2 millones hablan alguna lengua indígena,
es decir, 17.7% de este grupo.
El Día Internacional de las Mujeres Rurales a celebrarse cada 15
de octubre, tiene su origen en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, coordinada
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y celebrada en Beijing, China, en
septiembre de 1995, y surge como resultado del planteamiento de diversas organizaciones
no gubernamentales, entre ellas, la Federación Internacional de Productores
Agrícolas (IFAP), la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas
(NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF).
El propósito de la conmemoración es destacar la importancia de la
función que desempeñan las mujeres que habitan en localidades rurales, según
los diversos roles que asumen: como madres de familia, campesinas y empresarias
que contribuyen al bienestar de sus familias y al desarrollo de la economía de
su localidad, destacando su participación en la producción de alimentos. De ahí
que esta celebración se realice un día antes del “Día Mundial de la
Alimentación”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consciente de la innegable contribución económica y social de este
sector de la población nacional, pone al alcance de los usuarios y del
público en general información sociodemográfica sobre
las mujeres que habitan en localidades rurales del país.[1]
POBLACIÓN, CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA POR EDAD
Durante las últimas décadas del siglo XX, México experimentó una
creciente urbanización y como efecto de este fenómeno, el porcentaje de mujeres
rurales disminuyó sensiblemente. En 1970, la proporción de mujeres rurales era
de 40.3%, la cual disminuyó a 22.9% para el año 2010.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) 2014, en México residen 14 millones de mujeres en localidades
menores de 2 500 habitantes; el monto equivale a menos de la cuarta parte
de la población femenina del país (22.8%) y representa 11.8% de la población
total del país en 2014.
A nivel nacional, la población rural femenina se concentra en un
número reducido de entidades federativas. Según la ENOE, en 2014, una de cada
tres mujeres rurales reside en Veracruz, Chiapas, Oaxaca o México.
Al interior de las entidades, la mayor proporción de mujeres
rurales se presenta en Oaxaca, donde 52.3%
de las mujeres viven en localidades de menos de 2 500 habitantes. En Chiapas y
Oaxaca, cinco de cada 10 mujeres habitan en localidades rurales; en Hidalgo,
Tabasco, Guerrero y Zacatecas la proporción es de cuatro de cada 10 mujeres.
Las entidades con menor proporción de mujeres rurales son Baja
California, con 7.3%, Nuevo León 5.0% y el Distrito Federal con 0.4 por ciento.
La desagregación por grupos de edad muestra que, en las
localidades rurales la población femenina es primordialmente joven e infante;
48.5% de las mujeres rurales tiene 24 años o menos, proporción que en
localidades de alta urbanización es de 41.7 por ciento. En el país residen 5.6
millones de mujeres de 25 a 59 años en localidades rurales y 1.5 millones
tienen 60 años o más.
EDUCACIÓN
La educación es un derecho humano fundamental, así como un
elemento indispensable para el progreso social y económico. El contar con un
acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación, es un requisito primordial
para la potenciación de la mujer, y un instrumento central para lograr los
objetivos de igualdad y desarrollo.[1]
La asistencia escolar es fundamental para apoyar el desarrollo personal,
familiar y social de la población. De acuerdo con datos de la ENOE 2014, en localidades
rurales 2.1% de las niñas de 5 a 12 años no asiste a la escuela, por 1.6%
de las niñas urbanas. La proporción aumenta a 12.3% en las adolescentes rurales
de 13 a 15 años, porcentaje que en localidades urbanas es de 6.3 por ciento.
De acuerdo con la misma fuente, la condición de alfabetismo en
2014, para las mujeres de 15 años y más es de 93.6 por ciento. Este indicador
es de 95.7% en localidades urbanas y 85.6% en localidades rurales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) propone calcular el indicador de analfabetismo funcional,
que define como la condición de las personas que no pueden comprender lo que
leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o bien se les dificulta
realizar operaciones matemáticas elementales. Para cuantificarlo, se considera
analfabeta funcional a aquella persona de 15 y más años que tiene aprobados
menos de tres grados de primaria.
De
acuerdo con datos de la ENOE, al segundo trimestre de 2014, la proporción de
mujeres analfabetas funcionales de 15 y más años es de 21.8% en localidades
rurales, mientras que en localidades urbanas disminuye a 8.1 por ciento.
En
el ámbito rural, 15 de cada 100 mujeres de 15 y más años no tienen instrucción,
39% tienen estudios de primaria, 28.9% cuentan con estudios de secundaria y 11
de cada 100 tienen estudios de nivel medio superior y solo 4.2% tienen estudios
superiores.
FECUNDIDAD Y ANTICONCEPCIÓN
La fecundidad es el resultado de la capacidad reproductiva
efectiva de una persona, que se concreta en un hijo nacido vivo; su medición
relaciona el número de hijos nacidos vivos durante un periodo determinado y el total de una
población definida.
En lo que respecta al total de nacimientos, de acuerdo con las
Estadísticas Vitales de Nacimientos, en 2012 se registraron 2.5 millones de
nacimientos, de los cuales 8.8% ocurrieron en localidades rurales.
En estas localidades, en dos de cada cinco nacimientos registrados
(41.1%) el parto tuvo lugar en el domicilio de la madre; mientras en las localidades
urbanas el porcentaje de nacimientos que tuvieron lugar en esta condición fue
de 2.2% y el promedio nacional fue de 6.1 por ciento.
Por entidad federativa y en localidades rurales, estados como
Chiapas (77.8%), Guerrero (58.9%) y Oaxaca (45.5%) tienen altos porcentajes de
partos atendidos en la vivienda de la mujer; en contraste, en entidades como Distrito
Federal (0.7%), Colima (1.7%), Nuevo León (2.3%) y Sonora (3%) se registran los
menores porcentajes de nacimientos atendidos en el domicilio de la madre.
La evolución demográfica de nuestro país ha experimentado un
descenso en los niveles de fecundidad, principalmente a partir de la década de 1970
y derivado de procesos de cambio más generales entre los que se ubica el
incremento en el nivel de escolaridad de las mujeres y su mayor injerencia en la
actividad laboral fuera del ámbito doméstico, lo que ha incentivado una participación
más dinámica en la vida social y política del país[1].
La caída de la fecundidad coincide con la implementación de una
política de población en la que destacan los programas de planificación
familiar puestos en marcha a partir de la segunda mitad de la década de 1970,
los cuales generaron las condiciones para que la población pudiera acceder a
métodos anticonceptivos que le permitieron concretar sus ideales sobre el número
de hijos[2].
Los datos del Censo 2010, indican que la Tasa Global de Fecundidad
(TGF)[1] se ubica en 2.4
hijos por mujer a nivel nacional. En las localidades de menos de 2 500
habitantes se registra un mayor número de hijos por mujer (2.9) que el promedio
nacional, este comportamiento ocurre en un contexto en el que existe menor
nivel de instrucción, de participación en actividades económicas, así como el
limitado acceso a servicios de salud y de planificación familiar. En contraste,
en las localidades de mayor concentración poblacional (de 100 mil y más
habitantes), se observa una TGF más baja (dos hijos por mujer).
El embarazo adolescente es un tema de suma importancia en materia
de política pública, no solamente por el impacto que tiene en términos del
desarrollo integral de la mujer, sino también en términos de salud, ya que por
las condiciones biológicas de las adolescentes el embarazo representa riesgos para
la vida de la madre y de su producto. En este sentido, el inicio de la vida
sexual a una edad temprana y el escaso e/o inadecuado uso de métodos
anticonceptivos, exponen a las mujeres a infecciones de transmisión sexual, lo
cual agrava la situación.
Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2009, muestran que en el ámbito rural, una de cada cuatro adolescentes de entre
15 y 19 años había iniciado su vida sexual (25.1%); de ellas, 80.5% no utilizó
método anticonceptivo alguno en su primera relación sexual, porcentaje que
supera al promedio nacional en casi 20 puntos porcentuales.
En México existe un amplio conocimiento de los métodos
anticonceptivos por parte de las mujeres en edad fértil; no obstante, existen
diferencias según el tamaño de localidad de residencia. De las mujeres de 15 a 49
años que residen en localidades rurales, 93.4% mencionó conocer alguno, en
tanto que entre las residentes en localidades urbanas, el porcentaje de mujeres
que conocen al menos un método anticonceptivo es de 99.1 por ciento.
A la condición de las mujeres que están expuestas a un embarazo y
no hacen uso de métodos anticonceptivos a pesar de su deseo expreso de querer
limitar o espaciar su descendencia, se le denomina demanda insatisfecha[1]. De acuerdo con
estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) que tiene
como base los datos de la ENADID 2009[2], una de cada 10
mujeres unidas (9.8%), experimenta una demanda insatisfecha[3] de métodos
anticonceptivos; según el ámbito de residencia este indicador resulta ser mayor
en las localidades rurales (15.9%), ya que casi duplica al registrado en localidades
urbanas (8.1 por ciento).
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD
La salud destaca como uno de los derechos humanos más importantes,
ya que también es una condición habilitante para ejercer otros derechos. Este
carácter ha dado lugar a diversos compromisos nacionales e internacionales para
ampliar la cobertura de los servicios de salud, con la aspiración a su
universalización.
Expertos en salud pública reconocen que las personas que se
encuentran en estadios de vulnerabilidad y socialmente desfavorecidas, tienen
menos acceso a los recursos de salud, situación que agrava su condición pues
las restringe para el pleno disfrute de derechos sociales.
Desde la perspectiva de género, la equidad en el acceso a
servicios de salud implica la disponibilidad de una oferta necesaria y oportuna
de los mismos. En ese sentido, la Plataforma de Acción de Beijing, promovida
durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en septiembre de 1995,
establece en el apartado correspondiente a la mujer y la salud:
• La mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud física y mental.
• La salud de la mujer incluye su bienestar emocional, social y
físico.
• El principal obstáculo que impide a la mujer alcanzar el más
alto nivel posible de salud es la desigualdad entre sexos y entre mujeres de
distintos estratos sociales, grupos étnicos, zonas geográficas, etcétera.[4]
de salud. Esta proporción es menor a la condición de derechohabiencia
femenina en asentamientos urbanos, donde el indicador señala que 66.9% de las
mujeres urbanas es derechohabiente de por lo menos una institución de salud.
Por grupos de edad, en las mujeres rurales sobresale que 37% de no
derechohabientes tiene de cero a 24 años, y 35.5% de las adultas mayores no
cuentan con derechohabiencia a servicios de salud.
MORTALIDAD
De acuerdo con los registros administrativos de estadísticas
vitales, en el año 2012 se contabilizaron 39 mil 892 defunciones femeninas ocurridas
en localidades rurales, cifra equivalente a 15.5% del total de muertes
femeninas en el país.
De estos fallecimientos, 8.5% ocurrieron en mujeres menores de 30
años de edad; 16.1% en mujeres de 30 a 59 años y 75.4% en mujeres de 60 años y
más, y 28.0% se presentaron en las mujeres de 85 y más años.
Entre las principales causas de muerte entre la población femenina
se ubican a las enfermedades del sistema circulatorio como las más frecuentes,
tanto para el área urbana (26.2%) como
en la rural (29.4%), particularmente las enfermedades isquémicas del corazón (12.2% en áreas urbanas y 14.0% en áreas
rurales) y cerebro vasculares (6.2% en áreas urbanas y 6.3% en áreas rurales);
las enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas son la segunda causa
de muerte más frecuente en la población femenina, (19.8% en áreas urbanas y
19.2% en las rurales). Entre este tipo de causa sobresale la diabetes mellitus (17.0% en áreas
urbanas y 15.0% en áreas rurales); la proporción de muertes a causa de tumores
malignos es mayor en áreas urbanas (15.4%), que en rurales (13.6%),
predominando el tumor maligno de la mama, con 2.3% del total de muertes urbanas
y 1.0 de las rurales. La proporción de muertes femeninas causadas por enfermedades
del sistema respiratorio resultan más altas en el medio rural (8.5%) que en el
urbano (8.3%), principalmente enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores (5.3% en el ámbito rural y 3.9% en el urbano).
Las estadísticas de mortalidad de 2012 registraron 106 casos de
muerte materna en mujeres rurales relacionadas con el embarazo, parto y
puerperio; esto representa 0.3% del total de muertes femeninas en áreas rurales.
Este porcentaje es menor al que se registró en 2012 en las localidades urbanas
que fue de 0.4%. Del total de muertes maternas en localidades rurales, la mitad
corresponde a complicaciones del trabajo de parto y después del parto; 10.4%
están relacionadas con edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el
embarazo, y 17.2% con otras afecciones obstétricas.
LA POBLACIÓN FEMENINA RURAL HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA
Parte de nuestra diversidad cultural se expresa en la pluralidad
lingüística practicada en el territorio nacional. Al 2010, los datos censales
indican que la población de tres y más años hablante de lengua indígena
asciende a 6.9 millones de personas, de las cuales seis de cada 10 residen en
el medio rural; sin embargo, se ha observado un moderado incremento en la
proporción de hablantes de lengua indígena residentes en áreas urbanas, por
ejemplo, en el año 2000, 37.5% residía en localidades urbanas y en 2010 esta
proporción representó 38.5 por ciento.[1]
De los 12.3 millones de mujeres de 3 y más años residentes en
localidades rurales, 2.2 millones hablan alguna lengua indígena, es decir, 17.7%
de este grupo. Las lenguas indígenas más habladas por la población femenina
rural en el país son: el Náhuatl, 24.0%; el Tzeltal (Tseltal) 8.2%; Mixteco
8.0%; Tzotzil (Tsotsil) 7.8%; Maya 6.1%; Zapoteco 4.4%; Otomí 4.2% y Chol
(Ch´ol) 4.1 por ciento.
La distribución por grupos de edad de la población femenina rural,
hablante de lengua indígena, presenta una distribución en la que 27.2% tiene 14
años o menos, 26 de cada 100 tiene entre 15 y 29 años, 33.2% tiene de 30 a 59
años y 13 de cada 100, 60 años o más.
Expertos en el tema sostienen que el acceso a oportunidades de
desarrollo económico y social es más limitado en las comunidades rurales,[2] situación que
se acentúa por características específicas como el sexo y el origen étnico. En
cuanto al acceso a la educación, datos censales de 2010 muestran que la tasa de
asistencia escolar de la población femenina rural de 5 a 14 años es de 93 por
cada 100 habitantes; esta proporción disminuye cuando la niña rural es hablante
de lengua indígena: en esta condición el indicador muestra que 88.6% asiste a
la escuela. Esta diferencia se acentúa en el grupo de 15 a 19 años, en el cual
44.4% de las mujeres rurales asisten a la escuela, pero cuando la adolescente
es hablante de lengua indígena, el porcentaje es de 38.2.
La proporción de población femenina rural de 5 a 14 años que sabe
leer y escribir es de 76.5 por ciento. Sin embargo, las niñas rurales hablantes
de lengua indígena en este mismo rango de edad, registran un porcentaje
notoriamente más bajo en cuanto a esta habilidad: 66.4 por ciento. Esta misma
diferencia se presenta en niñas hablantes de lengua indígena según la
localidad; en las localidades urbanas 72.3% sabe leer y escribir.
La tasa de alfabetismo de la población femenina rural de 15 y más
años es de 81.8%, indicador que disminuye a 59.9% cuando la mujer rural es
hablante de lengua indígena. Esta proporción también es menor al comparar la
tasa de alfabetismo de las mujeres hablantes de lengua indígena en localidades
urbanas, 71.2% son alfabetas.
MIGRACIÓN
En México, como en la mayoría de los países, los movimientos
migratorios están estrechamente vinculados a las condiciones del desarrollo
social y económico. De manera particular, el surgimiento de bloques económicos
regionales, los crecientes flujos internacionales de capital, información,
bienes y mano de obra, contribuyen cada vez más en el tipo y localización de las
actividades productivas y de servicios, incidiendo en la dirección, estructura
demográfica y magnitud de los diversos flujos migratorios.[3]
Así, las principales corrientes migratorias internas ya no se
dirigen a las grandes ciudades, sino a aquellas de tamaño medio; predominando
los movimientos de carácter urbano-urbano, urbano-metropolitano y
metropolitano-urbano, aunque subsisten, con menor intensidad, las corrientes
rural-urbano y de tipo rural-rural.
De acuerdo con el Censo 2010, de los 3.2 millones de migrantes
recientes, esto es, población de 5 y más años que en el año 2005 residía en una
entidad diferente a la de su residencia actual, 226 mil corresponde a mujeres
de origen rural.
También con base en información del Censo 2010, respecto a los
aproximadamente 1.1 millones de emigrantes internacionales del periodo 2005-2010,
31.9% son mujeres y de ellas 26.2% han emigrado desde localidades rurales; esta
proporción representa al 8.1% del total de migrantes internacionales, es decir,
de cada 100 migrantes internacionales para el periodo 2005-2010, ocho son
mujeres rurales.
NUPCIALIDAD
La postergación de la primera unión es uno de los cambios
demográficos observados en las últimas décadas en el país y esto se acentúa en
un grupo cada vez mayor de mujeres que consideran como elementos imperantes en
su proyecto de vida el logro profesional, laboral y académico.
Tradicionalmente la edad al primer matrimonio se considera el hito
que marca el inicio de la vida en pareja, lo cual se relaciona en general con
la separación del hogar materno, la salida del sistema educativo y el inicio de
la vida laboral y reproductiva. En 2009 la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID) reportó que la edad promedio a la primera unión de las
mujeres de 15 a 54 años y alguna vez unidas es de 20.4 años. Este indicador en
las localidades rurales es de 19.2 años.
En el medio rural y conforme a los datos de la ENOE 2014, se
observa que la situación conyugal predominante de la población femenina rural de
12 años y más, es la de casada o unida (57.6%); una de cada tres mujeres rurales
es soltera (31.9%) y 10.5% es separada, viuda o divorciada.
Al analizar la situación conyugal por grupos de edad para las
mujeres rurales, se observa que en la población menor a 24 años predominan las
mujeres solteras (74.5%); en edades adultas, a partir de los 25 y hasta los 59
años la proporción de mujeres rurales unidas supera 78 por ciento y 8.1% de
este grupo está separada, divorciada o viuda, condición que aumenta a 39.6% en
las mujeres de 60 años y más.
HOGARES
En México los resultados del Censo 2010 muestran que existen 28.1
millones de hogares censales. Las localidades rurales registran 6.1 millones de
hogares, los cuales representan 21.9% del total y en ellos residen 25.8
millones de personas, lo que significa que cada hogar censal rural tiene en
promedio 4.2 miembros, valor que supera al tamaño medio de los hogares censales
urbanos (3.9%).
En cuanto al tipo y clase de hogar, los datos censales muestran
que del total de hogares en localidades rurales, 91.4% son familiares; dentro
de ellos 72.7% son nucleares, 35.0% ampliados y solamente 0.7% son compuestos.
Respecto de la jefatura, dos de cada 10 hogares rurales están
encabezados por una mujer, 79.8% en hogares familiares, particularmente
nucleares (57.8%) y ampliados (39.2%) y 19.9% reside en hogares no familiares. Cabe
señalar que de estos, más de 233 mil hogares son unipersonales, lo que
significa que 19.6% de los hogares rurales con jefatura femenina está
conformado por una mujer sola, proporción superior a la de los hogares urbanos
encabezados por mujeres que es de 15.8 por ciento. El tamaño promedio de los
hogares rurales encabezados por una mujer es de 3.4 miembros por hogar.
Los 13.1 millones de mujeres que residían en áreas rurales durante
2010, presentaron una distribución por parentesco en la que cerca de la mitad son
hijas (43.1%), una tercera parte cónyuges (34.2%), 9.1% son jefas y 13.6%
tienen otro parentesco o vínculo con el jefe, de las cuales la mayoría son
nietas (6.2%), 3.2% nueras y 1% madres, entre otros lazos.
OCUPACIÓN Y EMPLEO
El trabajo, entendido como “conjunto de actividades humanas,
remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que
satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento
necesarios para los individuos”[1] constituye además
un eje estructural de la vida de las personas y debería ser fuente de
satisfacción y de autonomía para hombres y mujeres.[2] Sin embargo, el
que esto sea posible depende en gran parte de la calidad y el tipo de trabajo
que realicen.
En la mujer han recaído tradicionalmente tareas asociadas a las
labores domésticas, la crianza de los hijos, así como el cuidado de enfermos,
ancianos y personas con discapacidad, situación que se acentúa en las mujeres
rurales, ya que además de participar activamente en la producción de cultivos y
el cuidado del ganado, realizan tareas relacionadas con el suministro de
alimentos, agua y combustible para sus familias, diversificando los medios de
subsistencia.
En la actualidad, la mayor presencia femenina en el mercado
laboral responde a procesos de modernización y a una estrategia generadora de
ingresos con la cual las mujeres contribuyen a la manutención de sus familias,
actividad que normalmente compaginan con la realización del trabajo doméstico
en el hogar, por lo que se puede hablar de la existencia de una doble jornada
de trabajo (doméstico y extradoméstico).[3]
El trabajo de las mujeres rurales, sin duda, es de gran valía en
el desarrollo de sus comunidades. De acuerdo con datos de la ENOE al segundo
trimestre de 2014, en las localidades rurales se concentra aproximadamente la quinta
parte del total de la población económicamente activa del país (20.3%); esta
proporción equivale a más de 10.6 millones de personas, de las cuales más de 3
millones son mujeres de 14 años o más. La población ocupada femenina en el
ámbito rural alcanzó 94.5% del total de la PEA, mientras que 3.0% buscaron
incorporarse a alguna actividad económica (tasa de desocupación)[1].
En lo que corresponde al sector de actividad 64.6% están ocupadas en el sector servicios,
26.2% se ocupa en el comercio, 10.2% en servicios de restaurantes y servicios
de alojamiento y 28.2% en otros servicios. Sobresale que 17.1% de las mujeres
rurales se ocupan en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza
y pesca.
De las mujeres rurales ocupadas, 32.7% trabajan por cuenta propia
y 16.3% son trabajadoras que no reciben remuneración por su trabajo.
Prácticamente una de cada dos mujeres ocupadas (49.1%) son subordinadas y
remuneradas. El 64.6% de estas mismas trabajadoras no cuenta con la prestación
de servicios de salud; más de la mitad (54.3%) no cuenta con prestaciones; y 45.2%
cuenta con prestaciones sin considerar acceso a los servicios de salud.
La mayoría de las ocupadas subordinadas y remuneradas (nueve de
cada 10), es asalariada y 4.5% recibe percepciones no salariales. Respecto a la
formalización de la relación laboral, sobresale que seis de cada 10 (62.6%) no
tiene contrato por escrito y 36.9% cuenta con contrato formal. De ellas 73.9%
es trabajadora de base, planta o por tiempo indefinido y para 25.5% su contrato
es temporal.
Un análisis de los ingresos derivados del trabajo en el total de
la población femenina rural muestra que una de cada tres trabajadoras (31.0%)
recibe hasta un salario mínimo; 27.4% recibe más de uno y hasta dos salarios
mínimos; 19.2% recibe más de dos y 17.8% no recibe ingresos por su trabajo,
sobresaliendo que solo dos de cada 100 trabajadoras rurales recibe más de cinco
salarios mínimos mensuales.
Respecto de la jornada laboral de las trabajadoras rurales, 24.9%
cumple una jornada de 40 a 48 horas por semana, 18.3% tiene una jornada mayor a
las 48 horas, 29.8% trabaja entre 15 y 34 horas, para 17.2% su jornada semanal
es menor a las 15 horas y 2.6% es ausente temporal con vínculo laboral.
POBREZA EN MUJERES RURALES
La pobreza es un fenómeno que se acentúa en este ámbito: poco
menos de una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas rurales y cerca
de dos terceras partes de la población en pobreza habita esas áreas. La pobreza
rural difiere de la urbana en muchos aspectos importantes. Existen diferencias
en las fuentes de ingreso entre los pobres rurales y los urbanos. La presencia
de grupos indígenas es mucho mayor en las zonas rurales al igual que los
riesgos económicos y de otros tipos que enfrentan los habitantes en condiciones
de pobreza de las zonas rurales, así como sus estrategias para enfrentarlos
difieren de las de aquellos que habitan en las zonas urbanas[1].
Los habitantes en condiciones de pobreza de las zonas urbanas
están rodeados de servicios y oportunidades —aunque tengan acceso limitado a
ellos— que no están al alcance de aquellos que habitan en las zonas rurales. En
cambio, los habitantes de las zonas rurales en condiciones de pobreza se
benefician de redes de seguridad como la agricultura de subsistencia y vínculos
dentro de la comunidad local que no están al alcance de los pobres urbanos[2].
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en
México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), se estima que en 2012, 45.5% de la población
mexicana vive en condiciones de pobreza multidimensional[3], de los cuales,
27.6 millones son mujeres; de ellas 8.5 millones habitan en zonas rurales.
Seis de cada 10 mujeres rurales (62.1%) se encuentran en situación
de pobreza, más de 3 millones son pobres
extremas y 5.5 millones son pobres moderadas.
La pobreza extrema en la población femenina es una situación
mayormente presente en el ámbito rural, pues en este ámbito 35.2% de las
mujeres pobres multidimensionales está en pobreza extrema y, en su contraparte
urbana, solo 15 de cada 100 mujeres pobres multidimensionales están en pobreza
extrema.
Otro de los aspectos relevantes en la medición multidimensional de
la pobreza en México es la vulnerabilidad por carencias sociales, la cual es
definida por el CONEVAL como la falta de acceso de la población a beneficios
como: educación, salud, seguridad social, infraestructura de la vivienda,
servicios básicos y alimentación.
En ese aspecto, 93.5% de las mexicanas rurales son vulnerables por
carencias sociales; 31.4% presenta este tipo de vulnerabilidad pero no es
vulnerable por ingreso; entre las principales carencias sociales se encuentra
el rezago educativo con 33.3%; 18.3% es carente social por falta de acceso a
servicios de salud; 78.1% no tiene acceso a seguridad social y 25.7% es
vulnerable por acceso a la alimentación.
Se considera que la población es vulnerable por ingresos, cuando estos
son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades. En este aspecto, 63.5% de las mujeres rurales son
vulnerables por ingresos; 1.4% es vulnerable por esta característica pero no lo
es por carencias sociales.
Según se afirma, la
situación de las mujeres rurales está en peor condición, pero los porcentajes
no lo expresan: 1.4 mujeres rurales es vulnerable por ingresos. Las mujeres
urbanas en esta situación representan un 8.1 por ciento.
La proporción de mujeres rurales no pobres y no vulnerables (5.1%)
es muy baja en relación con la de las mujeres urbanas; 24.8% de las urbanas es
no pobre y no vulnerable.
Otro aspecto a destacar es que nueve de cada 10 mujeres en
localidades rurales tiene por lo menos una carencia social y casi la mitad
(46.9%) al menos tres carencias. Entre estas, destaca la carencia por acceso a
seguridad social (81.2%), la carencia por servicios básicos en la vivienda
(57.4%) y la carencia por acceso a la alimentación (31.1%), porcentajes todos
muy superiores en el ámbito rural en referencia al urbano.
Con esta información, el INEGI brinda indicadores para el conocimiento
de la situación de la mujer en el ámbito rural. Consulte este documento en el
sitio del INEGI www.inegi.org.mx, en la Sala de Prensa: http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=274&e=
BIBLIOGRAFÍA:
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, México DF. CONEVAL, 2010.
http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%c3%b3n/Metodologia.asp, agosto 2013.
Departamento de Desarrollo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La Mujer y el Empleo Rural. Perspectivas Económicas y Sociales, agosto
2009
Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica, 2009. Base de datos. México, INEGI, 2010.
——Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012. Módulo de Condiciones
Sociodemográficas. ENIGH 2012 Nueva construcción. Base de datos.
—— Estadísticas de nupcialidad. Consulta interactiva de datos. México, INEGI, 2012.
—— Estadísticas de mortalidad. Consulta interactiva de datos. México, INEGI, 2012.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (INEGI-STPS). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
2014. Segundo trimestre. Infolaboral y Bases de datos.
[3] La pobreza
multidimensional está definida como la situación de una persona cuando no tiene
garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo
social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades.
[1] La Tasa de desocupación
se refiere al Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se
encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo.
[1] Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Tesauro OIT, 6ª.ed., 2008. Recuperado el
16 de agosto de 2013 en: http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp.
[2] FAO-CEPAL 2009. El empleo de las mujeres rurales. Lo que dicen las cifras. Recuperado
el 14 de agosto de 2013 en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0616s/i0616s00.pdf
[3] INMUJERES 2008. Guía metodológica para la sensibilización en género La perspectiva de género. Vol II. Recuperado el 19 de agosto de
2013 en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100973.pdf
[1] Ambos porcentajes están
calculados respecto de la población de 5 años y más, hablante de lengua
indígena y residentes en localidades de 2 500 habitantes o más. Fuente: Series históricas, Consulta interactiva de datos,
Población total y de 5 años y más según características demográficas y
sociales.
[3] Coral,
Erades: “El impacto demográfico de los nuevos patrones migratorios en
México" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 149, 2011. Recuperado
el 22 de agosto de 2013 en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/
[1] Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE). Demanda Insatisfecha de Planificación Familiar.
Recuperado
el 13 de agosto de 2013 en: http://celade.eclac.cl/redatam/PRYESP/CAIRO/WebHelp/Metalatina/demanda_insatisfecha_de_planificacion_familiar.htm.
[2] Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
Principales indicadores de Salud Reproductiva, 2009. Recuperado el 16 de agosto de 2013 en http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/216/1/images/6DemandaInsatisfecha.pdf.
[3] La demanda insatisfecha de
anticonceptivos (DIA), también conocida como Necesidad insatisfecha de
anticonceptivos (NIA) se define como la: Proporción de mujeres expuestas a un embarazo y que
no usan anticonceptivos a pesar de manifestar su deseo expreso de no querer
tener hijos por un tiempo (necesidad para espaciar) o nunca más (necesidad para
limitar). En: Nuevas estimaciones de las necesidades insatisfechas de anticoncepción
en México. CONAPO, 2010. Recuperado el
10 de septiembre de 2014 en: http://www.portal.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2010/02.pdf
[4] INEGI. Mujeres y
Hombres en México, 2011. Recuperado
el 9 de agosto de 2013 en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/mujeresyhombres/2011/myh2011.pdf.
[1] Se refiere al
número total de hijos que tendría una mujer al final de su vida reproductiva de
acuerdo con el nivel de fecundidad del año para el cual se ha hecho la
estimación.
[1] Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Mujeres y Hombres en México, 2011.
Recuperado el 9 de agosto de 2013 en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/mujeresyhombres/2011/myh2011.pdf,
Recuperado
el 12 de agosto de 2013 en http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs2.htm,
[1] En
México se considera como población rural a la que reside en localidades con
menos de 2 500 habitantes. Las estadísticas aquí presentadas corresponden
a este sector de la población.