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Mujeres y Política
Transporte inseguro
Soledad JARQUÍN EDGAR
El pasado viernes 11 de julio se cumplen ocho años
desde la agresión sexual de elementos del Ejército Mexicano a 14 mujeres en
Castaños, Coahuila, uno de los hilos que cambió definitivamente cómo se
tendrían que juzgar estos hechos tanto por la sociedad como por las autoridades
judiciales, fue el parteaguas que nos permitió mirar que dentro del Estado
Mexicano estaba y sigue estando otro Estado, con leyes y normas propias, a
veces, incluso, por encima de las leyes mexicanas.
Las 14 mujeres, bailarinas y trabajadoras sexuales
de la zona de tolerancia del municipio de Castaños interpusieron una denuncia, en
total 12 de más de 20 que formaban el comboy militar fueron reconocidos y
juzgados por la justicia civil, aunque sólo tres de ellos recibieron penas
carcelarias.
Por este caso y otros
muchos, como el de Rosendo Radilla, quien desapareció en Atoyac, Guerrero,
durante la guerra sucia en 1974, llevaron a determinar, primero por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en 2011 y después a hacer la reformas necesarias
para acotar el fuero militar, lo que ocurrió hasta abril de 2014, cuando la
Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma enviada por el Senado, para que
los miembros de las fuerzas armadas puedan ser juzgados ante tribunales civiles.
Coincidencia o no, pero
nuevamente en julio solo que ocho años después, tuvimos conocimiento de un
hecho más que resulta realmente lamentable. Un militar ebrio agredió
sexualmente a una mujer, hechos que ocurrieron en el autobús 2351 de la línea
Cristóbal Colón de la empresa ADO. Ella es integrante de la organización
UCIZONI y de la Red de Mujeres Defensoras.
La agresión ocurrió en el
traslado de Matías Romero a la ciudad de Oaxaca. La víctima pidió ayuda al chofer
y también en el retén militar de San Pedro Totolapan, pero tampoco tuvo
respuesta. De hecho, señala el reporte emitido por las organizaciones, era un
militar de grado y por eso no podían hacer nada. Se trata de un delito previsto
en el artículo 241 del Código Penal de Oaxaca, y una abierta violación a los derechos
humanos.
Como era de esperarse la
empresa no brindó ninguna garantía de seguridad para la defensora, incluso se
deslindó de la misma. Esto no es nada nuevo en las empresas de transporte
público en carreteras federales, la verdad es que es bastante común que ocurran
agresiones a mujeres por parte de hombres, sean o no militares, y en medio de
la nada ninguna persona auxilia a la persona agredida.
Dos cosas. Por un lado, la
sociedad no sabe como enfrentar estos hechos machistas y misóginos. Es más ni
siquiera intervienen para apoyar a la agredida. Todo el mundo hace mutis o se
hacen los dormidos. Hace tiempo conocí de un caso donde incluso un chofer le
pidió a la víctima “que dejara de hacer escándalo” porque el resto de los
pasajeros dormían.
No cabe duda, como sociedad
la mexicana se sigue doblegando ante las “figuras de poder”, como suele ser el
caso de los militares y policías vestidos de civiles, a quienes muchas veces no
sólo se les permite abordar el autobús bastante intoxicados de alcohol sino
hasta armados, porque cuando los señores dicen no es no: no dejo mi arma y
punto y háganle como quiera. En cambio si usted no demuestra ser militar o
policía y tiene aliento alcohólico o está borracho, simplemente no lo dejarán
subir.
Pero no es todo. Si usted
quiere viajar por la empresa ADO, también puede encontrarse con la novedad de
que han ideado una forma de ganar dinero con esto de las políticas positivas
para favorecer a las mujeres, porque tienen sus llamados “asientos rosas”, es
decir, que una mujer puede viajar al lado de otra mujer, pero claro, eso tiene
un costo adicional.
Es decir, si las mujeres
viajamos en ADO tenemos que pagar por hacerlo de forma segura en lugar de que
la empresa brinde el servicio sin que nos cueste nada a las mujeres, estas no
son respuestas sino formas de institucionalizar la impunidad frente a los actos
machistas, que ocurren en México sin que el IMO ni INMUJERES se den por
enterados, permiten que cada quien saque su propia tajada de un asunto que no
debería pasar si se tomaran las medidas correctas.
Cierto ADO dona recursos
para la lucha contra el cáncer de mama, eso es loable, además de pagar sus
impuestos de manera correcta para que este país siga funcionando, eso es mejor
aún. Pero no se ha dado a la tarea de capacitar, orientar o sensibilizar a su
personal sobre lo que es una política de igualdad, cómo actuar frente a la
irracionalidad de los aún existentes “seres superiores” denominados machos
puros, machos alfa, que siguen lastimando la dignidad de las mujeres.
Frente a este tipo de actos
aberrantes, misóginos y machistas, de aprovechar la oscuridad de un autobús
para atacar a una mujer, los conductores y también el resto de los pasajeros
deberían actuar rechazando y condenando esa conducta, no haciendo mutis.
¿Qué esperamos? En el caso
de este militar “de grado”, sin duda debe haber una investigación que imponga
castigos conforme a la ley, además de actuar en contra del conductor por no
auxiliar de manera adecuada a la víctima y obligar a la empresa a tomar medidas
efectivas y que igualmente castigue a quienes en el retén declararon no poder
hacer nada por tratarse de un alto grado del Ejército mexicano.
Mucho bien se podría hacer
si el Legislativo federal asume una política de difusión sobre las actividades que
realiza, sobre los cambios legislativos para que la sociedad sepa que desde
abril pasado se modificaron los artículos necesarios para quitar ese velo de
impunidad del que gozaban los militares y que desde 2011 ya tenía contemplada
la SCJN.
Es lamentable lo sucedido a
la activista por los derechos humanos de la defensora oaxaqueña y esperamos
justicia para ella, porque a través de ella se podrá hacer justicia a muchas
otras mujeres que han sido víctimas del machismo de muchos pasajeros, sin que
nada haga algo por ellas.
Compraron boleto
Esta semana, aunque no se trató de una visita oficial,
organismos de la sociedad civil presentaron ante la relatora de la ONU, Rashida
Manjoo un panorama sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
Consorcio Oaxaca presentó un informe del que hablaremos con más amplitud
después, pero entre los datos sobresale el hecho de que tan sólo en los
primeros cinco meses de 2014 se incrementó en 215 por ciento el porcentaje de
feminicidios ocurridos en el mismo lapso del año 2013.
Las estadísticas que para muchas personas suelen ser
frías, revela sin duda el tamaño del problema que vivimos en Oaxaca y del que
desafortunadamente las autoridades, digan lo que digan, no están haciendo lo
correcto y la resultados presentados ante la relatora de la ONU son la mejor
muestra de su ineptitud: 267 hechos de feminicidio, 653 casos por
violencia intrafamiliar, 538 mujeres fueron víctimas de algún
ataque de violencia sexual, 78 mujeres desaparecidas y 67 mujeres
decidieron quitarse la vida.
Por cierto, esta semana se registró un hecho que pasó
casi desapercibido, pero que Norma Reyes Terán, ex directora del Instituto de
la Mujer Oaxaqueña, comentó en las redes sociales, y es sin duda una metida de
pata por parte de la actual titular del IMO, Anabel López Sánchez, y me queda
claro que fue una metida de pata de la funcionaria porque de otra manera estaba
obligada a aclarar.
En una entrevista a El Imparcial del Istmo, López
Sánchez sostiene que las costumbres no dañan a las mujeres, es más así se
titula la nota periodística publicada el 9 de julio y en ella dice que “los usos y costumbres como
el “rapto” o las dádivas que dan por una mujer en matrimonio, no transgreden la
integridad ni los Derechos Humanos de las féminas porque no son un delito ni
acción que lleve al daño del sexo femenino”.
Agrega que es lo común, la
práctica cotidiana…y que “Hay que hacer una diferencia entre tradiciones y
venta de mujeres. La primera es una práctica de fortalecimiento y vínculo de
los lazos familiares y eso hay que diferenciarlo de la venta de mujeres
que se hace por grupos criminales…¿será que sólo por ellos?
Precisó que la única venta
de mujeres se llama trata de blancas
y es un delito que se castiga con cárcel pero que no se relaciona con las
tradiciones de algunos pueblos como el Istmo de Tehuantepec, donde ofrecen
guajolotes y panes como regalo a cambio de aceptar el matrimonio de una mujer”.
Fue entonces que la ex
titular del IMO, Norma Reyes Terán comentó en Facebook que las declaraciones de
Anabel López Sánchez eran desafortunadas. No es para menos considerando que no
todos los “raptos” son con la voluntad de la joven y que además de guajolotes y
panes hay otro tipo de negociaciones que después se comprueba se han convertido
en trata de personas (no en trata de blancas como inapropiadamente dice la nota
periodística y que dudamos sea expresión de una servidora pública).
No es para menos, Reyes
Terán emprendió esta batalla e intento se legislara desde hace muchos años para
tratar de poner otra mirada en las costumbres que sí quebrantan los derechos
humanos de las personas.
Al final de esa misma nota,
la titular del IMO, Anabel López Sánchez, sostiene que “…algunas tradiciones
quebrantan los Derechos Humanos de las mujeres para casarse, pues son obligadas
por los mismos padres a contraer nupcias por intereses sociales o económicos
que existen en sus pueblos”.
¿Entonces qué doña Anabel
López Sánchez se quebrantan o no, se prestan o no a violentar los derechos de
las mujeres, puede o no constituir la trata de personas?
Sin duda, coincido con
Reyes Terán son lamentables en grado extremo las declaraciones de la titular
del IMO y si ella no planteó así las cosas pues que las aclare porque la dejan
muy mal parada.
@jarquinedgar
