Irene: Sobrevive a 13 trece años de violencia
obstétrica en Oaxaca
México, D.F., domingo, 22 de junio de 2014
Irene sufrió
daños irreversibles causados por violencia obstétrica y falta de atención adecuada
de los servicios de salud
Instituciones
gubernamentales indolentes eluden su obligación
de reparar integralmente los daños
ocasionados
Fundar, Centrode Análisis e Investigación exige reparación
integral de daños para ella y
sus familiares.
El 22 de junio de 2001, Irene Cruz Zúñiga a los
26 años fue sometida a una cesárea de emergencia mal
practicada la cual le causó
severos daños neuronales en el hospital
del IMSS de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Irene fue
víctima de violencia obstétrica que le causó lesiones permanentes
en el cerebro, dañando e interrumpiendo seriamente sus funciones motoras y sensoriales.
A trece años, Fundar, Centro
de Análisis y de Investigación, quien ha
asumido la representación legal de la
familia, exige la reparación integral de daños, garantías de no repetición que
logren revertir la situación de precariedad en la atención a la salud que se
vive en las comunidades marginadas y un alto a la morbilidad materna y
violencia obstétrica.
El derecho a la reparación integral
de daños de Irene y sus familiares es un
derecho reconocido en la Constitución Mexicana y en diversos tratados
internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, dependencias de gobierno sólo
han ofertado el ingreso a ciertos programas y beneficios sociales preexistentes
más que el acceso a verdaderas acciones de reparación integral. Por ello,
Fundar hace un enérgico llamado a las autoridades para detener su omisión e
indiferencia que perpetúa el ciclo de impunidad que vive Irene y su familia
desde hace trece años.
Denunciamos la inacción del IMSS
quien se ha escudado en la prescripción del delito para evadir cualquier
obligación institucional con respecto al bienestar y protección de Irene y su
familia, a pesar de la magnitud de los
daños ocasionados. Incluso el IMSS ha hecho caso omiso a la resolución del
magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca
quien consideró que, si bien tenía que declarar prescrita la acción penal, era
necesario reparar el daño ocasionado a Irene debido a su gravedad y continuidad.
De hecho, mediante un acuerdo
judicial, el magistrado 2 determinó la calidad
de víctimas de Irene y su familia y, tomando en cuenta un peritaje
antropológico, sugirió diversas medidas de reparación que debían de ser
implementadas por autoridades federales y del estado de Oaxaca. Hace trece
años, para exigir justicia, la familia de Irene interpuso una denuncia penal
ante el Ministerio Público adscrito al Hospital Civil de Oaxaca. El proceso
judicial duró más de 10 años en manos de la Procuraduría General de Justicia de
Oaxaca (PGJO) lo que evidenció dilaciones injustificadas y omisiones en la
investigación.
Fue hasta septiembre de 2012 que la
PGJO declinó la competencia a la Procuraduría General de la República (PGR) por
considerarlo un delito federal, ya que la responsabilidad directa recaía sobre
el personal médico del IMSS. De acuerdo al peritaje realizado por la Comisión
Estatal de Arbitraje Médico –y por los propios peritos de la PGR que realizaron
un segundo dictamen-‐ existe un nexo causal entre la mala praxis médica y los
daños ocasionados a Irene. Sin embargo, para cuando el caso fue consignado ante
el juez y se ejerció la acción penal, el delito de lesiones con la agravante de
responsabilidad profesional ya había prescrito.
A Irene le arrebataron su autonomía y la
capacidad de relacionarse con sus seres queridos, pero peor aún perdió la
posibilidad de ver crecer y educar a su hijo quien hoy cumple 13 años. El
olvido durante estos años por parte de
las instituciones de justicia y de las dependencias de salud para atenderla y
mejorar su calidad de vida contrasta con la atención y cariño con el que sus
familiares la han cuidado desde entonces. Irene y su familia viven en Barranca
Fiera, un paraje muy alejado y de difícil acceso, a seis horas de la ciudad de
Oaxaca.
Las barreras que han enfrentado por
más de una década para acceder a la justicia y la reparación de daños son el
reflejo claro de la exclusión social, así como de la indolencia y el
incumplimiento de las autoridades. Irene muestra cómo las múltiples
discriminaciones que enfrenta, en razón de su género, cultura, condición social
y discapacidad son factores determinantes para nulificar cualquier posibilidad
de ejercer efectivamente sus derechos.
Por ello, a trece años de un problema sin solución exigimos la reparación integral de daños para Irene y su
familia.
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Para mayor información, favor de
comunicarse al área de comunicación de Fundar: Ana Isabel Fuentes, coordinadora
comunicación, ana@fundar.org.mx,
55543001 ext. 136, 5526995020 Itzi Salgado, encargada de difusión, itzi@fundar.org.mx, ext. 151 Jaqueline
Saenz, coordinadora del área de derechos
humanos, ext. 116.,5591859869
