Palabra de Antígona
González Ruiz: abuso sexual sin comprobar
Por Sara Lovera
Increíble. Hace cerca de 30 años un grupo de mujeres nos reunimos durante varios meses en un espacio ofrecido por la Alianza Francesa para dilucidar y reflexionar el contorno social, cultural y jurídico de la violencia contra las mujeres.
Invitadas por la abogada Mireya Toto, autora de la primera iniciativa sobre la violencia contra las mujeres, de esas reuniones surgió un documento donde el centro del debate era cómo lograr que los delitos de hostigamiento, abuso y violación sexual, considerados ocultos, sin testigos, impunes y despreciados en la opinión pública pudieran judicializarse empezando por creer en la palabra de la afectada y de ahí partir a la investigación, comprobación y conseguir justicia.
La iniciativa presentada en el Senado con el apoyo de diez senadoras, allá en 1981, jamás fue discutida y en cambio recibió todas las burlas y el descrédito de brillantes hombres del poder. Me acuerdo muy bien de las insinuaciones, las burlas y el desprecio que trajo consigo.
Se trata de una batalla cultural que todavía no se zanja. Creer en la palabra de la afectada, de una mujer que sujeta a una presión inaudita tenía que declarar, presentarse, carearse con el presunto agresor y vivir un tremendo proceso: sujeta a ser juzgada en su vida privada y amedrentada por todo el engranaje de lo que se llama investigación judicial.
Increíble. Muchos años han corrido, y las cosas han cambiado diametralmente. Hoy contamos con estudios, encuestas, protocolos, modelos de atención, perfil psicológico del daño y muchos datos estadísticos.
Naturalmente para las de sin nombre ni destino, no hay justicia. El péndulo siempre va de un lado a otro. Todavía hay incrédulos y defensores de miles de agresores. Pero también es cierto que del tránsito de esos casi 30 años a la fecha, profundamente doloroso, el problema y la preocupación han sido colocados en una gran franja de la población. Hoy hablamos de los derechos humanos de las mujeres y hemos logrado, al menos, cierta preocupación oficial en todo el mundo. Es verdad que hay evidencias de una cultura que rechaza el abuso sexual y la violencia feminicida contra las mujeres.
Esa es la cultura que también abre la posibilidad de usar tan oprobiosa situación para defenestrar a algunos inocentes, hombres acorralados por intereses de los verdaderamente poderosos.
Recuerdo un pasaje penoso de un hostigador y prepotente en un diario capitalino de corte izquierdoso, que siendo del todo responsable, con una acusación sólida, fue perdonado y defendido por hombres y mujeres de aquella comunidad que buscaba dar voz a quienes no la tienen y buscar justicia. El hombrecito sigue tan campante en el diario La Jornada.
Lo otro es el uso de una supuesta agresión para ganar políticamente. Por ahí de 1981, el dirigente obrero inobjetable, el ferrocarrilero Demetrio Vallejo fue envuelto en una supuesta agresión sexual para separarlo de sus importantes encargos en el entonces Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Periodísticamente investigué el caso. El hombre fue injustamente acusado. No hubo pruebas y su conducta y acción política fue definitiva. Sin embargo, fue echado del PMT, viejo y enfermo.
Hoy, Enrique González Ruiz defensor de los presos políticos, de estudiantes y personas perseguidas, que ha enarbolado los derechos humanos. Se le considera valiente y coherente, sencillo, incluso poco platicador. Constructor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), fue acusado de hostigamiento sexual. Durante más de un año se han hecho investigaciones. No hay pruebas ni indicadores, esos los que hemos construido para determinar a quienes son culpables.
A Enrique González Ruiz lo he tratado en las últimas tres décadas, es un individuo claro y transparente, de conducta pública y privada irreprochable.
Esto nos lleva a una triste y grave situación que echa por tierra nuestra búsqueda de justicia. Se trata de un uso político, el de nuestros afanes y claridades respecto de la desgracia humana del uso de poder contra las mujeres. El poder se ha enseñoreado contra González Ruiz para evitar que estuviera en la lista de candidatos a la rectoría de la conflictiva UACM, donde se disputa el uso de su presupuesto.
A González Ruiz se le ha puesto en la picota: hostigamiento sexual y hostigamiento laboral, porque no se le puede defenestrar ni por incapacidad académica, ni por falta de compromiso social, ni por malos manejos en los puestos desempeñados, ni por incongruencia política. Es claramente enemigo del poder y el autoritarismo, que como Demetrio Vallejo, está lleno de simpatías y reconocimientos a su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos tan importantes en esta etapa de la vida. Profesor querido y respetado.
Me dirán que el feminismo, el nuestro de los años setenta, promovió una incuestionable “verdad” que rezaba: dado que los hombres han sido construidos para ejercer el poder, “todos” son abusadores en potencia. De modo que como hemos conseguido poner en el centro el problema, la desgracia de la violencia contra las mujeres y esto ya es reconocido como parte de la relaciones hombre/mujer, de los gobiernos y sus instituciones, también se puede acusar impunemente a quien sea de tal fechoría, sin consecuencias a la vida y, si además, lo quitan de en medio a un probable candidato ganador en un proceso de cambio de rectoría, mucho mejor.
El despido de Enrique González Ruiz empieza a ser rechazado por la comunidad, por los abogados decentes, por su familia, por sus amigos y quienes realmente lo conocen. Es un desacierto fenomenal que afecta a las mujeres que estamos contra la impunidad del 97 por ciento de los casos denunciados.
El 30 de abril de 2014, la administración del rector de la UACM, Enrique Dussel, a través del abogado general Federico Anaya Gallardo despidió a Enrique González Ruiz. Lo curioso es que se trata, de un proceso interno, fuera de los protocolos legales. Así en casa, donde no se ha podido comprobar la conducta por la que lo denunciaron las académicas o profesoras Clementina Correa González y Carmen Rodríguez Sánchez.
La acusación es considerada no como una decisión académica sino una que tiene vocación de dañarlo. Una carta pública afirma que se trata de un desatino relacionado con el montaje de un escenario para que no pudiera participar como candidato a la rectoría.
Las palabras del maestro Roberto Josué Bermúdez Olivos son elocuentes. Copio: “Querido amigo y profesor Enrique González Ruiz, esta noticia duele, duele por que se busca manchar una trayectoria digna y valiente. Duele porque tu probidad está comprobada en décadas de lucha a lado de hombres y mujeres que han sido perseguidos injustamente. Duele porque eres fundador e impulsor de esta Maestría que tantas herramientas para combatir las injusticias han dado, creando un ejército de Defensores comprometidos con las causas justas y la justicia social. Fuiste impulsor de la Universidad pueblo enfrentándote a poderosos caciques y gente de poder arriesgando tu vida por la solidaridad con las causas más justas... Has sido alguien que ha buscado la verdad y la justicia y hoy te golpean con las armas de la mentira y la injusticia lo que me indigna y lastima. Duele porque has educado a decenas de generaciones de estudiantes y nunca se puso en duda tu honra y actuar profesional. Los que te conocemos y te hemos visto luchar a lado de los presos, de los estudiantes, de los perseguidos no creemos ni un ápice de las mentiras que la venganza y el rencor envidioso gritan visceralmente…”
Para “investigar “la denuncia, se instauró un procedimiento interno en la Universidad, que duró alrededor de diez meses, tiempo necesario para que no pudiera registrar su candidatura a la rectoría. Eso significó una sanción con tres meses de suspensión por la Coordinadora Académica, sin derecho de audiencia y después se le excluyó de las actividades relacionadas con la reforma al Plan de Estudios de la Carrera de Derecho, cuya versión actual elaboró junto con especialistas reconocidos y militantes del ejercicio alternativo del Derecho.
Después se instauró un proceso laboral. Sujeto a más de 30 pruebas, entre ellas un dictamen psiquiátrico para que se determinara si tenía perfil de un acosador sexual. Se ofrecieron testimonios de tres personas: Gaby González, Carlos Fazio y Pilar Calveiro (reconocidos por su coherencia y posición) y un reporte de la Dirección de Obras acerca de las características del establecimiento del Postgrado en Derechos Humanos. Se investigó incluso el cubículo donde las acusadoras dicen que ocurrieron los hechos. Con esas pruebas, quedó demostrada la falsedad de las imputaciones.
Y sólo como botón de muestra, la representante legal de Correa y Rodríguez, sometió Carlos Fazio a una sesión de preguntas y repreguntas por más de 12 horas.
En fin, esta vez podríamos estar en presencia de una barbaridad, desviando la tarea fundamental de evitar la violencia contra las mujeres. Un precedente contrario a todos nuestros afanes: terminar con la violencia contra las mujeres. Hasta ahora en el caso la UACM ha destinado 23 mil pesos en dictámenes. Se rechazó la participación del obispo Raúl Vera y de Ma. Consuelo Mejía, dirigente de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, impulsora del Observatorio del Feminicidio, o una sea experta.
Finalmente, todo este enredo y su proceso desaseado pone en riego, también, el Postgrado en Derechos Humanos en la UACM. La paradoja es que no hay pruebas, todo está fundado en la palabra de las acusadoras. Una verdadera maldición, para quienes luchamos porque la palabra de las mujeres fuera escuchada.
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